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El Vaso Medio Vacío
Por Gerardo Esquivel
Economista. Profesor-Investigador de El Colegio de México. Síguelo en Twitter: @esquivelgerardo... Economista. Profesor-Investigador de El Colegio de México. Síguelo en Twitter: @esquivelgerardo (Leer más)
El Acuerdo de Certidumbre Tributaria: una pésima ocurrencia
Comprometerse a que no haya más modificaciones al marco tributario de aquí al 2018 es un error porque equivale a un intento de invasión de funciones de parte del Poder Ejecutivo que le corresponden al Congreso, conduce a congelar un statu quo que sabemos que está mal y renuncia a la creación del prometido sistema de seguridad social universal.
Por Gerardo Esquivel
5 de marzo, 2014
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El pasado 27 de febrero el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció la firma de un Acuerdo de Certidumbre Tributaria. Dicho acuerdo pretende “… otorgar certeza a los agentes económicos en la toma de decisiones, facilitar el proceso de planeación de las empresas –pequeñas, medianas y grandes– y permitir a los hogares programar adecuadamente sus adquisiciones y ahorro. Todo ello con el objetivo de fomentar la inversión y el crecimiento económico en el país con impacto sobre el bienestar de las familias”.

Entre otros compromisos, el acuerdo establece que “a partir del día de hoy y hasta el 30 de noviembre de 2018, el Gobierno Federal no propondrá cambios al marco tributario”- Lo anterior implica el compromiso explícito del gobierno de “No proponer nuevos impuestos; No aumentar las tasas de los impuestos existentes; No reducir o eliminar los beneficios fiscales ni las exenciones existentes”.

El Acuerdo también plantea el compromiso de “… mantener la trayectoria descendente del déficit público previamente anunciada, con el fin de contribuir a mejorar las condiciones de acceso a financiamiento para las familias y empresas del país”. Finalmente, “… se corrobora el compromiso por mejorar la eficiencia, la oportunidad y la transparencia en el uso de los recursos públicos”.

No sé a quién se le ocurrió que un Acuerdo de Certidumbre Tributaria era necesario o que era una buena idea. No es ni lo uno ni lo otro. Es, por el contrario, una pésima ocurrencia. Es una decisión que ata de manos al gobierno, que lo limita y que acota su capacidad de decisión e influencia en la conducción económica del país. Lo peor es que se trata de una decisión propia, un castigo autoinfligido. Ni siquiera es un acuerdo, pacto o compromiso en el que participen otros sectores de la sociedad. Es un acuerdo firmado por 12 Secretarios de Estado y por otros miembros del gabinete ampliado. En él se comprometen a hacer cosas que uno supone que no sería necesario reiterar: “Combate a la evasión fiscal”, “Pleno respeto a los derechos constitucionales y a las decisiones del Poder Judicial de la Federación”, “Mejorar la eficiencia y la oportunidad en el uso de los recursos públicos y la transparencia en los ingresos y en el ejercicio del gasto” y “Comunicación permanente y cercana con la sociedad civil”.

Sin embargo, de todos los compromisos establecidos en el Acuerdo de Certidumbre Tributaria, el peor de ellos es el de comprometerse a no modificar el marco tributario de aquí a 2018. Y lo es por diversas razones. Entre otras, porque equivale a un intento de invasión de funciones de parte del Poder Ejecutivo ya que, de acuerdo a la Constitución, es el Congreso quien tiene la facultad “para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto” (Art. 73, fracción VII) y “para establecer contribuciones 1º. Sobre el comercio exterior, 2º. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales…, 3º Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros, 4º. Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación y 5º. Especiales…” (Art. 73, Fracción XXIX). Es por ello que, debido a la reserva de ley establecida en el art. 31, fracción IV de la Constitución, el Ejecutivo en realidad sólo puede comprometerse a no proponer modificaciones aunque, en principio, no podría hacerlo a que no las hubiere, ya que esto sale de su ámbito de decisión para caer en la órbita de las facultades del  Poder Legislativo.

Por otro lado, comprometerse a que no haya más modificaciones al marco tributario es un error porque ello conduce a congelar un statu quo que sabemos que está mal. La carga tributaria en el país es una de las más bajas del mundo, incluso después de la reforma fiscal de 2013. Además, el esquema tributario actual es insuficientemente progresivo, por lo que no contribuye a reducir la desigualdad que se genera en los ingresos antes de impuestos. Peor aún, debido a la excesiva dependencia de los ingresos derivados del petróleo (cerca de 40% del total), los ingresos del gobierno siguen siendo altamente vulnerables a choques en los precios o en la producción de petróleo. Por ello, comprometerse por más de 4 años a no introducir nuevos impuestos o a no modificar los ya existentes es equivalente a envolverse por su propia voluntad en una camisa de fuerza. Es, paradójicamente, una locura.

Finalmente, y quizá más importante aún, es el hecho de que al congelar el marco tributario actual, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha decidido renunciar a una de sus promesas de campaña más importantes y a lo que quizá era la reforma más ambiciosa que podía haber emprendido: la creación de un sistema de seguridad social universal. Este esquema, que por sus requerimientos de financiamiento debía ir precedido por una reforma fiscal de cierta envergadura, ha sido, en los hechos, cancelado por lo que resta del sexenio. En ese sentido, el Acuerdo de Certidumbre Tributaria es, al mismo tiempo, el acta de defunción (al menos temporal) de un incipiente Estado de Bienestar que podía haber dotado a los mexicanos de un mayor y mejor acceso a servicios de protección y seguridad social. Así de simple y así de grave.

Sinceramente, no entiendo qué pudo haber orillado a un gobierno que está empezando su gestión (apenas acaba de terminarse el primer cuarto del sexenio) a renunciar de esta manera al uso de uno de sus pocos instrumentos de política económica: la política monetaria le corresponde al Banco de México, que es una institución autónoma, mientras que en materia cambiaria tenemos un tipo de cambio relativamente flexible que se rige, al menos hasta cierto punto, por las leyes de la oferta y la demanda de divisas. El único instrumento que realmente le quedaba al gobierno para enfrentarse a las vicisitudes del ciclo económico era el de la política fiscal y ahora ha renunciado a utilizarlo. Así, al menos en materia económica, el gobierno ha renunciado a actuar como tal. Por ello, en lo que resta del sexenio navegaremos en la economía en una especie de piloto automático. Esperemos que no haya demasiada turbulencia.

 

@esquivelgerardo

 

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