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El Vaso Medio Vacío
Por Gerardo Esquivel
Economista. Profesor-Investigador de El Colegio de México. Síguelo en Twitter: @esquivelgerardo... Economista. Profesor-Investigador de El Colegio de México. Síguelo en Twitter: @esquivelgerardo (Leer más)
La Reforma Hacendaria-Social o la creación de Levinstein
Llama la atención que las propuestas de pensión universal (que no es tal) y el seguro de desempleo vayan acompañadas por un aumento descomunal del gasto público por medio billón de pesos, sobre todo si consideramos que los programas propuestos sólo requerirán 3.8% del gasto adicional solicitado.
Por Gerardo Esquivel
11 de septiembre, 2013
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A la gente en el actual gobierno le gusta citar con frecuencia a Santiago Levy, el respetado economista mexicano que es hoy Vicepresidente del Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID). Repiten, hasta el cansancio, que Levy es su fuente de inspiración para la creación de un programa de seguridad social universal (SSU) que, al modificar la forma tradicional de su financiamiento, podría reducir los costos de las empresas y, por lo tanto, podría también detonar mejoras importantes en la productividad y el crecimiento. Justo eso fue lo que planteó el propio Enrique Peña Nieto en un artículo en El Universal en 2010 (énfasis mío):

… debemos plantearnos como una gran meta nacional la construcción de un nuevo Sistema de Seguridad Social Universal que garantice a toda la población acceso a los servicios de salud y otorgue una pensión a todos los adultos mayores del país. (…) De igual forma, se debe garantizar que todos los trabajadores tengan seguro de riesgos de trabajo y seguro de desempleo.

Este nuevo Sistema de Seguridad Social Universal debe unificar el sistema de salud para alcanzar dos objetivos. Primero, que los usuarios puedan decidir la clínica y el médico de su elección para fomentar la competencia entre las instituciones de salud y mejorar así su calidad. Segundo, evitar que se dupliquen los servicios para poder reducir el costo total del sistema.

El nuevo sistema debe ser financiado mayoritariamente por impuestos generales, en lugar de cuotas que castigan el salario de los trabajadores y el esfuerzo de los emprendedores. De esta forma, toda la población, sin excepción, tendría pensión y acceso a la salud, al mismo tiempo que dejarían de existir barreras para acceder al trabajo formal, lo que aumentaría la calidad de los empleos, la productividad y el crecimiento económico.

Para hacer realidad este objetivo debemos abandonar la lógica de las pequeñas reformas sin sentido estratégico. Necesitamos una reforma integral en la que, a la par de la creación del Sistema de Seguridad Social Universal, se apruebe una reforma fiscal para poder financiarlo y se transforme la legislación laboral para poner en sintonía a empresas y sindicatos con un nuevo esquema de derechos universales y de mayor productividad.

Cabe señalar que ésta fue, también, una de las principales propuestas de campaña de Peña Nieto y una que se detalla con bastante amplitud en su libro “México, la gran esperanza: Un estado eficaz para una democracia de resultados”.

Ahora bien, ¿es esto lo que plantea la propuesta de reforma hacendaria-social que dio a conocer el gobierno el fin de semana pasado? No, ni mucho menos.

Para empezar, la parte social de la propuesta simplemente descartó el tema de la salud. Ni siquiera se menciona y no parece haber ningún avance o propuesta específica en la dirección de la consolidación de los distintos esquemas públicos que actualmente proveen servicios de salud en el país.

En cuanto a la pensión universal, se anunció la creación de un programa así llamado, pero que en realidad no es universal. Y no lo es, porque establece una serie de condicionantes para poder acceder a ella. En particular, sólo son elegibles para esta pensión aquellas personas “que tengan un ingreso mensual igual o inferior a quince salarios mínimos; que no reciban actualmente una pensión contributiva, y que a partir de la entrada en vigor de la Ley no se pensionen bajo un régimen de reparto del IMSS, del ISSSTE o de las entidades paraestatales”. Es decir, sólo serán elegibles aquellas personas que tengan un ingreso inferior a $972 mensuales y que no tengan ninguna otra pensión contributiva. Estos requisitos, además de quitarle el carácter de universal, implicarán la necesidad de crear un sistema administrativo de vigilancia, control y supervisión que sería innecesario bajo un esquema verdaderamente universal. Además de ello, es importante señalar que el monto que se propone en  este programa ($1,092), es tan bajo que es incluso inferior al nivel de ingreso necesario para adquirir una canasta básica en las zonas urbanas de acuerdo al criterio de la Línea de Bienestar Mínimo del CONEVAL.  Por lo tanto, un adulto mayor que viva en zonas urbanas y que sólo reciba esta pensión mínima seguirá estando en condiciones de pobreza alimentaria o extrema.

En cuanto al seguro de desempleo, lo que se está planteando es que sea un programa financiado por las contribuciones patronales, del cual una parte se destinará a una subcuenta individual nueva y una parte se irá a un fondo solidario. En caso de que los recursos acumulados no alcancen para cubrir el seguro, el resto será cubierto mediante recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). En cualquier caso, lo que llama la atención es que, a diferencia de lo prometido, no se trata de un programa financiado por impuestos generales, sino a partir de las contribuciones ya existentes. En ese sentido, este programa sigue estando a cargo de las contribuciones de los patrones y no abarata la contratación de trabajadores formales. Por ende, tampoco se podrán alcanzar por esta vía los supuestos beneficios en términos de creación de  empleo formal, aumentos en productividad y crecimiento económico.

Finalmente, llama la atención que la propuesta de estos programas venga acompañada de  un aumento descomunal en el gasto público por medio billón de pesos, es decir, por $500,000,000,000, el cual equivale a un aumento del gasto de 9.3% en términos reales. Cabe señalar que este aumento en el gasto público no es el resultado de los nuevos programas sociales. Esto se debe a que el seguro de desempleo es, en principio, autofinanciable con las contribuciones patronales ya establecidas, por lo que corre a cargo de los empleadores; mientras que el programa de la pensión universal planea utilizar fundamentalmente los recursos ya asignados al Programa 65 y más. De hecho, comparando el PEF 2014 con el del año pasado se observa que los recursos para este programa crecen de $26,000,000,000 a $45,000,000,000, por lo que los recursos adicionales necesarios para financiar estos dos programas son de únicamente $19,000,000,000 (diecinueve mil millones de pesos). Esto implica que los nuevos programas solo requerirán el 3.8% del gasto adicional solicitado en el PEF 2014, mientras que el 96.2% de éste será para otros programas y proyectos.

En resumen, esta propuesta hacendaria-social, supuestamente inspirada en las ideas de Santiago Levy, en realidad representa una versión bastante deformada de la original; que se queda muy corta en su componente social, que no cuenta con una adecuada fuente de financiamiento, que no elimina las distorsiones en la carga  fiscal de las empresas y que, para colmo, trata de ser aprovechada para justificar un enorme incremento de gasto público adicional. Es, en pocas palabras, la creación de un monstruo fiscal inspirado en una interesante propuesta de Levy pero que el gobierno actual se ha encargado de transformar en un auténtico Levinstein. Como dijera el propio Levy: “Buenas Intenciones, pobres resultados”.

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