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El Vaso Medio Vacío
Por Gerardo Esquivel
Economista. Profesor-Investigador de El Colegio de México. Síguelo en Twitter: @esquivelgerardo... Economista. Profesor-Investigador de El Colegio de México. Síguelo en Twitter: @esquivelgerardo (Leer más)
Rápidos y Furiosos...pero mal informados
Por Gerardo Esquivel
16 de marzo, 2011
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La gran mayoría de los periodistas y analistas mexicanos reaccionaron enérgicamente cuando se enteraron de la existencia de una estrategia de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés) conocida como “Fast and Furious” (“Rápido y Furioso”). Hubo, como era de esperarse, el clásico desgarramiento de vestiduras frente a lo que muchos consideraron una clara violación a la soberanía del país o como un signo evidente de la desconfianza que tienen las autoridades norteamericanas de sus contrapartes mexicanas a quienes no les habían informado de los detalles de la estrategia. Lo interesante del caso, sin embargo, es que nuestros periodistas y analistas mexicanos por lo general opinaron, en el mejor de los casos, con muy poca información o, en algunos casos extremos, con una información completamente distorsionada sobre el programa o estrategia en cuestión. Veamos algunos ejemplos (subrayados propios): El domingo 13 de Marzo, Miguel Ángel Granados Chapa publicó un artículo titulado “Contrabandistas con credencial”. En él, Granados Chapa describía lo siguiente:

“El Centro de Integridad Pública,…, pudo percatarse de que las armas utilizadas para ultimar a esos agentes de órganos de seguridad estadounidenses eran parte de una colosal remesa que a lo largo de 15 meses había sido organizada por la ATF, la agencia responsable de combatir el contrabando de armas, alcohol y tabaco. Cerca de 2 mil armas habían sido trasladadas a México por agentes encubiertos, con el propósito de seguir su pista y localizar a los compradores finales, presumiblemente bandas de narcotraficantes. … “La agencia responsable de organizar ese trasiego ilegal tuvo que reconocer la existencia de la operación, pero el gobierno de Estados Unidos se ha rehusado a admitir abiertamente su responsabilidad en el asunto.”

Por su parte, en un programa de televisión, el periodista Ciro Gómez Leyva afirmó:

Malísima noticia que los grupos policiacos, las agencias de seguridad de EU, sean tan ineficientes en este operativo, metieron 2 mil armas y hoy solo puedan dar más o menos cuenta de 700, que ineficacia.”

Asimismo, Pablo Hiriart, Director de La Razón, escribió recientemente:

“La versión de que el Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) introdujo ilegalmente a nuestro país armas de asalto no ha sido desmentida, tan sólo matizada con un ‘estamos investigando´.”

El columnista de El Universal y conductor de un noticiario matutino, Salvador García Soto, escribió lo siguiente:

Lanzar 2 mil armas a un país que se encuentra convulsionado por la violencia, pero además mandarlas para que terminen en manos de criminales, con un supuesto operativo encubierto para “investigar” el mercado negro de armas en México, es una acción ilegal de tales dimensiones por parte de la administración Obama, que bien podría compararse con el escándalo Irán-Contra …

Pero no crean que sólo los periodistas tienen una idea errónea de en qué consistía el operativo, también reconocidos expertos en temas de seguridad han afirmado cosas similares. Así, por ejemplo, el analista Jorge Chabat, en un programa de televisión afirmó lo siguiente:

“Entraron a México provenientes de Estados Unidos cerca de 2000 armas de alto poder, el dato de por sí preocupante, lo es más cuando se descubre que este contrabando fue patrocinado por la oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego del gobierno estadounidense.“

De igual forma, la analista Ana María Salazar escribió hace poco en su columna de El Universal:

“¿Qué puede hacer ahora el gobierno de México? Puede exigir que se investigue y castigue penalmente a los agentes y a sus supervisores involucrados en la operación. Pedirlos en extradición para que los juzguen en México por el delito de tráfico de armas.”

A juzgar por estas opiniones, uno podría pensar que la estrategia Rápido y Furioso era en efecto un sinsentido y que el gobierno mexicano debería estar sumamente molesto por una estrategia de esta naturaleza. Pero, ¿es eso cierto? ¿Es verdad que la ATF organizó una colosal remesa de armas a México, que las armas fueron trasladadas por sus agentes encubiertos, que organizó o patrocinó un trasiego ilegal de armas, o que metió, introdujo o lanzó al país esas 2 mil armas, por lo que agentes y supervisores de esa organización deberían ser juzgados por el delito de tráfico de armas?

 

La respuesta es un contundente “no”, nada de eso es cierto y nuestros rápidos comentaristas mexicanos harían bien en investigar y entender mejor de que se trata la operación que con tanta furia critican. Deberían saber también que es falsa la versión, repetida hasta el cansancio, de que las supuestas armas de este operativo fueron utilizadas para matar a 2 agentes federales norteamericanos (uno en la frontera y otro en San Luis Potosí).

 

La estrategia conocida como “Rápido y Furioso” era (o es) sólo una parte de la estrategia general conocida como “Project Gunrunner” de la agencia ATF. El objetivo de esta estrategia Rápido y Furioso era identificar y detener a un grupo de contrabandistas de armas norteamericanos, presumiblemente vinculados a organizaciones criminales en México. Para conseguir ese objetivo eran necesarias tres cosas: primero, conseguir a un vendedor de armas que aceptara proporcionar información de adquisiciones sospechosas, ya sea por la frecuencia, el tipo de arma o el medio de pago. Esto era necesario porque, increíblemente, las empresas que venden estas armas no están obligadas a reportar este tipo de adquisiciones y sólo están sujetas a restricciones muy menores en el tipo de operaciones que pueden realizar. De hecho, el único papeleo que deben cumplir las empresas vendedoras de armas es con solicitar al comprador el llenado de un formato que indique que las armas son para uso personal (así sea un poderoso rifle calibre .50). Así, lo primero que hizo la ATF fue comprometer a algunas cuantas distribuidoras de armas de Arizona para que aceptaran cooperar en esta estrategia (véase Anexo 2 de esta carta). Segundo, era necesario conseguir que un miembro menor de la organización criminal, un “straw buyer”, aceptara cooperar para poder identificar el arma adquirida, darle seguimiento, e informar sobre la persona que lo había contratado para comprar las armas. Estos compradores son piezas relativamente menores de las organizaciones y normalmente realizan las compras de armamento a cambio de un pago de alrededor de $100 dólares por arma. Finalmente, la ATF necesitaba infiltrar a la organización directamente para poder asegurarse que podrían detener a algunos eslabones más altos de la cadena y que no se quedarían únicamente con los miembros de menor jerarquía dentro de la organización. Esto es deseable si lo que pretende era desmantelar realmente la organización entera y no sólo detener a los compradores minoristas que son aquellos que salen relativamente rápido de la cárcel ya que el delito por el que se les suele acusar es relativamente menor (haber mentido al momento de llenar el formulario). Así, lo que la estrategia Rápido y Furioso hacía era permitir que se llevaran a cabo las compras de armamento de parte de individuos sospechosos y tratar de armar un caso para detener a los involucrados. (véase el Anexo 1 de esta carta). Hasta donde se sabe, la ATF no introdujo a México, no patrocinó la compra y no traficó con dichas armas. La idea era arriesgada, pero podría valer la pena si se lograba detener y desmantelar a la organización en general.

 

Hasta aquí la estrategia. ¿Qué si fue un fracaso? No necesariamente. No deja de llamar la atención que la estrategia haya sido tan cuestionada precisamente poco después de que había rendido los primeros frutos y después de que se hubiese detenido en un operativo importante a varios de los individuos que la ATF había estado vigilando desde principios de 2010. De hecho, la detención de varios de estos individuos tuvo lugar el 15 de Diciembre de 2010, un día después de que el agente de la patrulla fronteriza Brian Terry muriera en un enfrentamiento en Arizona cuando intentaba detener a un grupo armado que se dedicaba a robar a migrantes ilegales. Como resultado de ese enfrentamiento se detuvo a 4 sospechosos y se incautaron varias armas, dos de las cuáles coincidieron con las armas adquiridas por estos individuos en Enero de 2010 (Anexo 8 de esta carta), con lo que quedaba en evidencia el vínculo entre los compradores de armas y la delincuencia organizada en Estados Unidos.

 

Como resultado de esta acción, se iniciaron cinco procesos judiciales en Estados Unidos que implicaban a 34 personas, los cuales fueron acusados de diversos delitos que iban desde mentir en la adquisición de un arma, conspiración, posesión e intento de distribución de mariguana y lavado de dinero. La información relativa a estas acusaciones se dio a conocer al público apenas el pasado 25 de enero de 2011 y, junto con esta información, se divulgó un mapa con la distribución de las armas recuperadas que habían sido adquiridas por parte de los sospechosos que eran objeto de la investigación “Rápido y Furioso”.

 

El mapa es claro, 2 de cada 3 armas recuperadas estaban aún en Estados Unidos, básicamente en Arizona y Texas, mientras que apenas un tercio de esas armas se habían recuperado en territorio mexicano, desperdigadas a lo largo de 11 entidades federativas. Como es obvio, las armas de la operación “Rápido y Furioso” no fueron introducidas, metidas o lanzadas a territorio mexicano por la ATF.

 

Lo único de lo que quizá se pueda acusar a la ATF es de la lentitud para actuar (llevaban más de un año siguiendo a Jaime Avila) o de lo arriesgado de la estrategia. Sin embargo, es claro que los oficiales de la ATF tenían esas dos cosas presentes, pero también estaban conscientes de la disyuntiva entre actuar pronto y esperar y tratar de capturar a los miembros más importantes de la organización (véanse Anexos 3 y 4 de esta carta). No se trata pues, de una operación sinsentido ni que tuviera como propósito inundar de armas a México. Se trataba, en suma, de una operación de gran envergadura que pretendía atender un problema en conjunto y no sólo a los eslabones más débiles o más pequeños de la cadena. Finalmente, las autoridades norteamericanas están cosncientes que aún si detuvieran a los compradores de paja (o “straw buyers”), habría muchas otras personas dispuestas a sustituirlos fácilmente por unos cuantos dólares.

 

En otro post abundaré sobre el por qué los ataques a la ATF sobre este operativo tienen más que ver con el debate en Estados Unidos sobre la regulación y control de la venta de armas que con la guerra contra el crimen organizado en México. Verlo desde esta perspectiva, nos ayudará a entender por qué al sumarse a las críticas a la ATF le estamos haciendo el juego a la extrema derecha norteamericana y nos estamos olvidando del verdadero problema: la venta indiscriminada de armas de asalto en Estados Unidos. Eso es precisamente lo que quería la extrema derecha norteamericana, distraer la atención del tema de fondo, y a eso es a lo que están colaborando los análisis simplistas y mal informados que predominan en la prensa mexicana. El enemigo no es la ATF, son las armas. No lo olvidemos.

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