Por qué el derecho al aborto seguro no es algo que necesite consultarse
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Por qué el derecho de las mujeres al aborto seguro no es algo que necesite consultarse, como dice AMLO

El presidente López Obrador descartó emular al mandatario argentino para impulsar vía el Congreso la despenalización del aborto, y planteó la opción de una consulta.
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Por Arturo Daen y Lidia Sánchez
3 de enero, 2021
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A contrapelo de lo planteado por su propio partido, legisladoras, integrantes de su gabinete e incluso de su propia familia, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró el último día de 2020 que la despenalización del aborto “es un tema que debe de consultarse”. Al ser cuestionado sobre la decisión de Argentina de despenalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación, y los llamados para que aquí ocurra lo mismo, insistió en que no debe ser un tema de “estructuras de poder” o “un asunto de gobierno”, sino que decida “el pueblo”.

En marzo del 2019 ya había hecho ese planteamiento, y tanto entonces como ahora mujeres en redes sociales le recordaron al mandatario que los derechos humanos, como el de las mujeres a decidir de forma libre sobre su cuerpo, preservar su dignidad humana y su salud, sin tener que recurrir a abortos clandestinos que pueden poner en riesgo su vida, ni ser criminalizadas, no deben someterse a consulta ni decidirse por lo que opine una mayoría.  

Incluso en noviembre de 2018 durante su participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó estar a favor de la despenalización del aborto “que quiere decir que las mujeres no sean procesadas por un aborto. Las mujeres no tenemos por qué ir a la cárcel (…) Quiero decirles a todos, va mi vida de por medio con mis causas, con mis derechos y con los derechos de todos, porque los derechos no se ponen a consulta, sólo se reconocen”. 

Como indica una de las fuentes consultadas para esta nota, la alternativa que plantea el presidente equivaldría a decir que ahora, en plena pandemia, se someta a consulta si los pacientes con coronavirus deben recibir atención médica o si deben aplicarse vacunas, siendo que el Estado tiene la obligación de procurar la salud de todos los habitantes. Esto incluye dar a las mujeres opciones seguras para que puedan interrumpir su embarazo en los primeros meses de gestación, si así lo desean, y sin ser criminalizadas por ello. 

“Sería tan absurdo como decir ‘bueno ahora vamos a consultarle a toda la ciudadanía si las mujeres pueden o no expresarse sobre temas políticos’, por ejemplo, que tiene que ver con el ejercicio de la libertad de expresión. Y eso no se le puede preguntar a la ciudadanía por más que el 99.9% dijera que las mujeres no deben opinar sobre temas políticos, eso no es válido porque implica una afectación directa sobre el ejercicio de un derecho humano”, dijo al respecto Rebeca Ramos, abogada y directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). 

De acuerdo con datos de la ONU, se calcula que cada año en el mundo se realizan 22 millones de abortos en forma insegura, lo que produce la muerte de alrededor de 47,000 mujeres y discapacidades en otras 5 millones. En México, solo dos estados, la Ciudad de México y Oaxaca, despenalizaron y permiten ahora mismo el aborto sea cual sea el motivo, hasta la semana 12  de gestación. En el resto, los códigos penales hacen que ‘el camino’ para que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo se vaya haciendo más estrecho. 

Integrantes de organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y que les ofrecen redes de apoyo, especialistas e incluso una diputada federal coincidieron en señalar que detrás de los dichos del presidente, más que la intención de evitar que no se decida “desde arriba” sobre el tema, lo que hay es “un cálculo político”, un intento de postergar o relegar la discusión, para no asumir una responsabilidad que pudiera costarle votos en los grupos más conservadores. Además, ya que el presidente no ha puesto el tema como una prioridad, hay hasta ahora una omisión del Legislativo en los congresos donde su partido, Morena, tiene mayoría y donde podría impulsar con toda su fuerza legislativa reformas a los códigos penales.

“Nosotras aquí descartamos la posibilidad de llevar este tema a consulta popular, porque entendíamos que es un tema que el Congreso podía resolver. Así como en el año 1921 decidió penalizar a la mujer, ahora también los legisladores podíamos decidir también despenalizarla”, dijo este jueves Silvia Lospennato, diputada argentina, en entrevista con Aristegui Noticias sobre los dichos del presidente mexicano. 

“Si no hubo una consulta popular en aquel momento, tampoco tendría por qué haberla ahora”. 

Lo que dice el artículo 35, los derechos y las consultas 

López Obrador mencionó en la conferencia mañanera el artículo 35 de la Constitución, señalando que en él se establece el mecanismo con el que “se reúne un número determinado de firmas, se solicita una consulta y esa consulta puede ser vinculante y lleva a que se modifiquen las leyes o no, dependiendo de la opinión de las mujeres”.

Lo que no dijo el mandatario es que en el mismo artículo se establece que “No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución”.

Ese es uno de los primeros puntos que resaltó la diputada federal, Martha Tagle. “El artículo 35 deja claramente estipulado que no se pueden hacer consultas populares sobre derechos humanos, el derecho de las mujeres no se puede someter a consulta”.

La especialista en temas de Derechos Humanos, Mariana Díaz, coincidió en ese punto, insistiendo en que los derechos de las mujeres al desarrollo personal, la dignidad humana, la privacidad y la salud, si quieren realizarse un aborto, no deben estar sometidos a la decisión de una mayoría, en un mecanismo como el que refirió el presidente.  

A fin de cuentas, dijo, se estaría sometiendo a consulta si se quiere poner en riesgo o no a las mujeres, sobre todo a las que tienen menos recursos, ya que son las que tienen menos acceso a salud reproductiva y métodos anticonceptivos, y son quienes acuden a las forma de aborto clandestinas más peligrosas, ante las restricciones legales que prevalecen. 

“Lo dice la propia declaración universal de los Derechos Humanos, CEDAW, la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de Naciones Unidas, que los Derechos Humanos son inherentes a todas las personas, que todas las personas las tienen, ponerlos a consulta es pedirle a las personas que digan si otras tienen derechos o no. Ahí se están desconociendo derechos.

“Al ser inherentes, los derechos humanos pasan más allá de la subjetividad, de decisiones arbitrarias de reconocerlos o no. Porque muchas personas, por creencias o por ideologías, podrían decidir reconocer ciertos derechos…. los derechos humanos no son susceptibles de opinión de las personas, los tenemos todos”, refirió Díaz. 

Sobre el tema del artículo 35, Mariana Velasco, Investigadora Postdoctoral en la Universidad de Göttingen, comentó que a su parecer no se debe hablar de forma tajante de que “los derechos no se consultan”, ya que hay ciertos matices que deberían considerarse, incluyendo el tipo de tema que esté a discusión, o el punto de partida o la realidad social de un país. 

Además, mencionó que los ciudadanos pueden sacar jugo a los mecanismos de democracia participativa, si en verdad se los apropia la gente y no están cooptados por la clase política. 

En específico, en cuanto al derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y abortar, dijo que una consulta, con la pregunta pertinente, podría abrir la puerta a ampliar los derechos de las mujeres, aunque también habría un riesgo. 

“Si la gente dijera que sí se legaliza el derecho a decidir, entonces no estarías restringiendo derechos, sino ampliándolos. Si la respuesta fuera no, ¿se estarían restringiendo derechos? En realidad, quedaríamos en un estatus quo, ahora mismo no hay un derecho a decidir en todo el país”, señaló. 

El riesgo que apuntó Velasco es el de que México aún es un país aún conservador y donde prevalece el machismo, por lo tanto, un no al derecho de las mujeres a decidir en una consulta ciudadana podría justo fortalecer esas visiones restrictivas. Por ello, señaló, es importante que los movimientos feministas persistan en hacer presión social, para ir cambiando la mentalidad del país. 

En este sentido una encuesta del periódico El Financiero, publicada en septiembre de 2019, reveló que sólo el 32 por ciento de los consultados a nivel nacional están a favor de la despenalización del aborto. 

Un punto que no precisó el mandatario federal es si en la consulta que plantea, de realizarse, solo votarían las mujeres, o si también los hombres podrían opinar. En el artículo 35 no se precisa algo respecto a mecanismos diferenciados o de género, por el tipo de tema.

Entérate: 7 de cada 10 mexicanos, en contra de que una mujer pueda abortar sin ser penalizada: Parametría

Lurel Cedeño, doctora en psicología social de la Facultad de Psicología de la UNAM, comentó que además de los cambios legales es necesario eliminar el “estigma” hacia las mujeres que deciden abortar. “Todo su caminar desde que saben que están embarazadas hasta que se les practica el aborto es un caminar de miedo”. 

El ‘arma’ de las consultas públicas 

El presidente López Obrador, al hablar del artículo 35, no estableció si él haría uso de su facultad para promover una consulta sobre el aborto, o si se refería a que sean los ciudadanos y ciudadanas quienes la promuevan. Así lo precisa el artículo, que los ciudadanos tienen la facultad de promoverla, aunque para hacerlo necesitan reunir firmas en “un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores”. Es decir, 1.8 millones de firmas.

“Que no intervengan estructuras de poder, esto es que no sea un asunto de gobierno o de los poderes o de las iglesias, sino que sea un asunto de las mujeres, de los ciudadanos, de la gente, del pueblo. Por eso pienso que lo mejor es la democracia, que la gente se exprese, se hace una consulta y a partir de ahí el gobierno tiene que actuar. Es mandar obedeciendo en todo”, mencionó el presidente.

Isabel Erreguerena, codirectora de la organización Equis Justicia, consideró “preocupante” que el presidente esté haciendo uso de las consultas para justificar decisiones ya tomadas por él y evitar costos políticos, o en este caso para no tomar una, como sí lo hizo el mandatario argentino Alberto Fernández, quien impulsó el proyecto para que las mujeres decidan sobre su cuerpo hasta la semana 14 de gestación. 

“La consulta pública debe ser una herramienta de la ciudadanía, no una herramienta del gobierno para legitimar sus acciones”, mencionó Erreguerena. 

Oriana López, de la organización Fondo María, refirió que al plantear una consulta, lo primero que está definiendo el presidente López Obrador es que él no va a seguir el camino del presidente argentino, quien presentó directamente una iniciativa o proyecto de ley a diputados. 

Si bien el presidente no prometió despenalizar el aborto en todo el país, señaló Oriana, sí está yendo en contra de lo que ha dicho su partido o integrantes de su gabinete, respecto a que seguirían una agenda progresista y a favor de las mujeres. 

“El presidente parece estar tratando de diferir decisiones en las que no quiere asumir la responsabilidad política él solo”, mencionó Velasco, investigadora Postdoctoral en la Alexander von Humboldt Chair of Comparative Constitutionalism, Universidad de Göttingen.

“Es un arma política útil para él (la consulta)”, agregó. 

Rebeca Ramos, de GIRE, resaltó que el partido del presidente es el que tiene mayoría en 19 congresos (y en el legislativo federal) y “políticamente si su mensaje fuera distinto, sí podría darle prioridad al tema, demostrar que es un tema importante en su gestión”. 

El mensaje que da el presidente en las mañanas, agregó, “debería usarse de una manera más responsable en términos de no confundir con decir que estos temas se deben de someter a consultas a la ciudadanía. Más bien estar comprometido con el ejercicio de los derechos humanos”.

Tomándole la propia palabra al presidente, de que sea el pueblo el que decida, refirió la diputada Tagle, “debería dejar que las mujeres decidan si continúan o no con un embarazo, no consultarles”. 

Ante la tardanza legislativa… presión ciudadana 

El tema central que haría innecesaria una consulta es lo expresado por su partido, Morena, con mayoría en el Congreso Federal y en 19 congresos estatales, al congratularse por el proceso vivido en Argentina. Si elogian lo ocurrido allá, ¿por qué no replicarlo en México, desde las cámaras?

Para el presidente, “aun existiendo una representación legal, legítima, como lo es el Poder Legislativo”… en estos casos lo mejor sería la aplicación de la democracia participativa, una consulta. 

Esto “habla de cómo él no ve el Congreso como una figura importante”, consideró Isabel Erreguerena, codirectora de la organización Equis Justicia. No lo ve como una figura importante o no le da un peso a las determinaciones autónomas que pueda tomar este poder, con un grupo de legisladoras de Morena diciendo que están listas para legislar la despenalización del aborto. 

“Las mujeres de Argentina nos dieron una lección con el nivel de debate que dieron en el Congreso. Morena felicitaba a las compañeras argentinas, y yo creo que justo debería de haber ese nivel de debate”, agregó. 

Al respecto, la investigadora Mariana Velasco consideró que si bien se tiene la vía de que surjan de la representación del Congreso las iniciativas para despenalizar el aborto de forma homogénea en los estados, también sirve la opción ciudadana, de que las mujeres se organicen, junten firmas y logren impulsar consultas netamente ciudadanas sobre el tema, sin que el presidente o su partido hagan uso político de ellas, y con las preguntas adecuadas. 

“Tenemos un mecanismo de consulta popular que está a nuestra disposición, y que si nos organizamos lo suficiente para poner cosas que nos importan a consulta, directamente nosotros, lo podríamos hacer”.

Por el contrario, Oriana López, de Fondo María, enfatizó que no debería llegarse a ese punto, sobre todo si hay disposición para legislar el tema. “No tendríamos que llegar a ese nivel, tendríamos que pedirle a las personas que nos representan en las cámaras que se pongan las pilas, y que se pongan a discutir de verdad a profundidad y con seriedad el tema, en Argentina así se dio”.

Mariana Díaz, especialista en temas de Derechos Humanos, coincidió: “El trabajo del Congreso es legislar sobre el tema. Por eso se elige a los representantes populares. Elegimos a personas que hagan las mejores leyes para todas las personas, y se supone que tendrían que hacer su trabajo objetivamente, no subjetivamente. Deben legislar para todas las personas, no para un sector”.

Tras los dichos del presidente López Obrador, un grupo de 13 legisladoras que integran la bancada de Morena en la Cámara de Diputados federal emitieron un comunicado, en el que señalaron que como representantes populares les corresponde, desde el Congreso de la Unión, obedecer el mandato de la ciudadanía para garantizar los derechos de las mujeres. 

“Podemos decirle al presidente Andrés Manuel López Obrador que contamos con avances para poder legislar la despenalización del aborto, en respeto a la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres, para sí lograr los cambios legislativos indispensables que eviten la muerte por un aborto mal practicado cuando el Estado está en la disposición de garantizar a las mexicanas ‘la libertad, la gratuidad, la seguridad, el derecho a decidir y no ser criminalizadas en el ejercicio de este derecho’”, refirieron.

“Las diputadas de Morena, como representantes electas por las mujeres, que enfrentan la difícil decisión de interrumpir su embarazo, apoyamos que sean las propias mujeres las que puedan decidir libremente”. 

Incluso el hijo del presidente, José Ramón, calificó como un “gran avance” lo sucedido en Argentina y expresó su apoyo para que también se despenalice en México.

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