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¿AMLO puede enfrentar cargos penales por la liberación de Ovidio Guzmán?

Publicaciones en WhatsApp, Facebook y Twitter aseguran que el presidente puede enfrentar hasta 20 años de prisión por este hecho, según el Artículo 150 del Código Penal Federal, pero los expertos explican por qué no se puede aplicar en este caso.
24 de octubre, 2019
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Ante publicaciones de usuarios en redes sociales que aseguran que el presidente Andrés Manuel López Obrador puede enfrentar cargos penales por la liberación de Ovidio Guzmán López, tras un operativo fallido, expertos explican que esto no puede aplicarse así, pues formalmente no existió una detención.

Las publicaciones en WhatsApp, Facebook y Twitter aseguran que el presidente puede enfrentar hasta 20 años de prisión por este hecho, según el Artículo 150 del Código Penal Federal, que dice lo siguiente: 

“Se aplicarán de seis meses a nueve años de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido, procesado o condenado. Si el detenido o procesado estuviese inculpado por delito o delitos contra la salud, a la persona que favoreciere su evasión se le impondrán de siete a quince años de prisión, o bien, en tratándose de la evasión de un condenado, se aumentarán hasta veinte años de prisión. 

Si quien propicie la evasión fuese servidor público, se le incrementará la pena en una tercera parte de las penas señaladas en este artículo, según corresponda. Además será destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro durante un período de ocho a doce años”

Pero, ¿realmente puede el presidente de la República ser juzgado por estos hechos? Rodolfo Becerra Mendoza, académico de la Facultad de Estudios Superiores (FES), Acatlán, explica que “lo primero que tendríamos que ver es si esta persona estuvo detenida legalmente”. Tal como dice el Código Penal, esto aplica para detenidos, procesados o condenados; y de acuerdo con la última versión de las autoridades, Ovidio Guzmán López no entra en esa categoría.

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Formalmente no hubo una detención

López Obrador informó que los hechos ocurridos el pasado jueves 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, fueron consecuencia de un operativo que llevó a cabo el Ejército, a partir de una orden de aprehensión provisional con fines de extradición emitido por un juez federal contra Ovidio Guzmán López. 

Un día después de los enfrentamientos ocurridos en Sinaloa, el presidente dijo que respaldó la decisión de liberar a Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán, para proteger a los ciudadanos, ya que se ponía en riesgo la vida de mucha gente. “No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas”, aseguró.

El viernes 18 de octubre, el Gabinete de Seguridad reconoció que el hijo de El Chapo Guzmán no estuvo formalmente detenido; “al verse rodeados por una fuerza mayor y todo el despliegue de agresión contra la población, y el hecho de no haber recibido oportunamente la orden de cateo, se ordenó abandonar el inmueble”, afirmó Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, indicó que formalmente no hubo una detención contra Ovidio Guzmán López y que la detención del operativo no involucró ninguna negociación.

El académico de la UNAM también considera importante recordar que la Fiscalía actúa de manera autónoma; entonces para que el presidente pudiera ser juzgado por favorecer la evasión de una persona legalmente detenida, tendría que usar su poder político y dar la orden por escrito de liberarlo. Rodolfo Becerra Mendoza asegura que para poder determinar la procedencia legal contra quien resulte responsable, primero es necesario que se aclaren los hechos. 

María del Socorro Zúñiga Pacheco, experta en derecho penal y también profesora de la FES Acatlán, coincide: “Si no estuvo detenido, este artículo no se puede aplicar”. También explica que para poder ejecutar una orden de aprehensión dentro de un domicilio se requiere una orden de cateo, de lo contrario se estarían violentando derechos humanos. 

La especialista menciona que en Derecho hay jerarquías de valores; “En el caso que nos ocupa, al estar ante un peligro actual, real e inminente,se tuvo que sacrificar un bien jurídico -la seguridad pública- para salvaguardar otro de mayor jerarquía que es la vida de los ciudadanos y la tranquilidad de ese sector social. Por lo que, en este caso difícilmente se puede aplicar el artículo 150 al presidente.”

El Partido Acción Nacional presentó una denuncia ante la FGR contra el presidente de la República y el titular de la Secretaría de Seguridad, Alfonso Durazo, y quienes resulten responsables de la liberación del presunto narcotraficante. Ante ello, López Obrador se dijo dispuesto a comparecer ante las autoridades, si así lo solicitan, para expresar sus razones sobre lo acontecido en el operativo.

En la conferencia de prensa del día de este jueves, el presidente dijo que “se tiene que investigar y analizar la falla del operativo”, pero aseguró que  la decisión que se tomó, de detener la acción, fue acertada.

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