AMLO quiere desaparecer autónomos: ¿Qué necesita para lograrlo?
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AMLO quiere desaparecer autónomos: Qué necesita para lograrlo y qué pasaría con sus funciones

Para eliminar los organismos autónomos se necesita una reforma a la Constitución; de lograr AMLO su cometido se afectaría el equilibrio del Estado y podrían afectarse derechos, alertan especialistas.
7 de mayo, 2021
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El presidente Andrés Manuel López Obrador ha declarado en varias ocasiones que a los órganos autónomos se les tiene que eliminar. Dice que duplican funciones, que su costo es elevado, y que son instrumentos de “simulación” creados por gobiernos anteriores.

En específico ha señalado su desacuerdo con la existencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), entre otros. En varios momentos, ha incluido dichos falsos o engañosos para hacer sus críticas.

Consultados por Animal Político sobre la intención del presidente de desaparecer estos organismos, especialistas explicaron en primera instancia que estos no son un conjunto homologado, cada uno tiene funciones y atribuciones específicas, diferentes a las que realiza el gobierno federal.

Desaparecerlos, dijeron, no es un proceso sencillo, pues para lograrlo se requieren reformas constitucionales y no sólo una reforma “administrativa”, como en días recientes ha señalado el vocero de la presidencia, Jesús Ramirez Cuevas

Y más allá de los requerimientos legislativos, de tener mayoría en las Cámaras de Diputados y Senadores y al menos 16 estatales, su eliminación puede significar un retroceso para la democracia del país, alertaron. 

Primero, ¿qué son y qué hacen los organismos autónomos?

El doctor Pedro Salazar Ugarte, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señala que estamos hablando de organismos creados desde la Constitución y que tienen como antecedente a las agencias reguladoras de otros países. 

Es decir, son una figura que existe en otros países, no son exclusivos de México. “Surgen con la finalidad de administrar algunas áreas o sectores estratégicos del Estado, que no deberían estar en manos del gobierno”, refirió. 

“Son un logro y una conquista de la ciudadanía. Son órganos que garantizan y protegen nuestros derechos frente al gobierno y son órganos de los ciudadanos, no del gobierno”. 

Erika Mendoza Bergmans, abogada por la Escuela Libre de Derecho, explica que tradicionalmente el poder se divide en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero la complejidad de la composición del Estado ha hecho necesario dotar de atribuciones a organismos que no se encuentran dentro de estos 3 poderes. 

Por eso, los Organismos Constitucionales Autónomos (OCAs) “están creados en el propio texto constitucional y no están sujetos a ninguno de los poderes tradicionales del Estado”, señala. 

Diana Gamboa Aguirre, académica de la Escuela Libre de Derecho, señala que fueron creados para tener una función más técnica, sin estar inmersos en los “juegos de poder”. 

¿Cómo podría eliminarlos AMLO? 

La investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, María Marván Laborde, señala que para eliminar autónomos se requiere de una ruta legal específica para cada uno de ellos, aunque siempre estarían de por medio cambios a la Constitución.

De acuerdo con el artículo 135, para que avance una reforma constitucional debe ser aprobada por dos terceras partes de los individuos presentes en las dos cámaras legisladoras, de diputados y senadores. Luego, se requiere que al menos 16 congresos locales también den su consentimiento. 

“Este es un mecanismo para que no vaya a llegar cualquier administración pública a querer modificar la Constitución”, dice  Mendoza Bergmans sobre la cantidad de votos que se requieren. 

Ella y el resto de los especialistas consultados detallan que su eliminación tendría que ser de uno en uno, es decir, no podrían borrarse todos los autónomos de un golpe, cambiando solo un párrafo de la Constitución. 

“Sería como destazar la Constitución, porque los OCAs no tienen un capítulo específico, cada uno está en diferentes partes de la Constitución”, apunta Gamboa Aguirre. 

Salazar Ugarte coincide: “si decidieran desaparecerlos, lo que se necesita es un paquete muy grande de reformas constitucionales, y por el otro lado un plan para sustituir a las instituciones que se encargan de funciones tan importantes”. 

Esta acción, agrega, incluso tendría afectaciones prácticas y económicas, por el desempleo en que quedarían personas que legítimamente trabajan en los OCA.

La “macro reforma constitucional” para eliminar los autónomos, criticó Salazar Ugarte, tendría un carácter regresivo y autoritario.

¿Qué pasaría con las funciones de los organismos autónomos?

Marván Laborde dice que dependiendo de las funciones que desempeña cada organismo autónomo podría definirse si el Ejecutivo las puede absorber o no. 

Cada uno tiene características diferentes, apuntó Gamboa Aguirre, y el gobierno necesitaría hacer un plan para trasladar las funciones, recursos y personal de cada uno de esos órganos a una Secretaría dependiente del Estado 

“Hay una serie de vericuetos administrativos, laborales y técnicos que eventualmente generarían un colapso en cuestiones prioritarias”, dice Gamboa, quien también señala que en caso de que organismos como el INE desaparezcan habría un retroceso para la democracia en nuestro país.  

El INE es uno de los organismos más criticados por el gobierno federal. 

Este Instituto, menciona Marván Laborde, “tiene una serie de tareas encomendadas que van mucho más allá del gobierno federal y que tocan también a los gobiernos de los estados, y no tendría manera el gobierno federal de justificar esa intromisión en las demás entidades”. 

Los especialistas recordaron la lucha que se dio en el pasado para que la autoridad electoral no fuera juez y parte, ya que en el pasado era la propia Secretaría de Gobernación la que se encargaba de organizar las elecciones. 

En una entrevista con el diario Excélsior, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, advirtió que si en las elecciones del próximo 6 de junio su partido pierde la mayoría, buscarían convocar a un periodo extraordinario, para sacar una reforma electoral antes de que entrara la nueva Legislatura. 

Políticos de oposición, en tanto, han criticado que Morena busque avasallar la autonomía del árbitro electoral, en “revancha” por sanciones que no le resultan favorables.

Animal Político buscó un posicionamiento de diputados de Morena, pero no respondieron a solicitudes de entrevista hasta la publicación de este texto. 

Equilibrio en riesgo 

“Justamente el ataque del presidente contra el INE, justifica la razón de su importancia y su autonomía”, considera Erika Mendoza Bergmans, quien destaca que el ataque político a estos organismos es lo que recuerda la importancia de su existencia fuera del control del partido en el poder. 

“La pregunta aquí es por qué quiere acaparar el control de esos organismos”, señala. Lo que hay que hacer, insiste, es analizar las verdaderas razones por las que se quieren eliminar, en qué contexto se dan estos intentos,  dice Gamboa Aguirre. 

Los cuatro especialistas coinciden en que es necesario hacer un análisis de cada uno de los OCA para determinar qué se puede mejorar, pero lo más importante es que los ciudadanos tomen conciencia de la razón de su existencia. 

“Los ciudadanos y las ciudadanas debemos recordar de dónde venimos y a dónde no queremos regresar, es decir, venimos de un régimen hiperpresidencialista que nos tardamos muchos años en ir desmontando, y hoy tenemos un Estado mucho más equilibrado”, señala Salazar Ugarte. 

¿Cómo funcionan los autónomos? 

De acuerdo con Salazar Ugarte, los OCA son autoridades del Estado, y como tal  el presupuesto que reciben se contempla en el presupuesto de ingresos de la federación año con año. 

Además, son vigilados por contralores internos y por el poder legislativo. Son susceptibles de rendir cuentas  y ser controlados por la Auditoría General de la Federación. 

Tienen obligación con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y quienes trabajan ahí son servidores públicos pagados por el Estado, y que dependiendo de su jerarquía están obligados a la rendición de cuentas e informar sus declaraciones patrimoniales 

Sus orígenes 

De acuerdo con la doctora María Marván Laborde, los organismos constitucionales autónomos empiezan a surgir “justamente en medio del proceso de transición a la democracia en México”.

La investigadora señala que algunos como el Banco de México, el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de Derechos humanos ya existían desde antes pero no gozaban de la autonomía constitucional, que se les concedió porque de alguna manera formaba parte del poder ejecutivo y eso “hacía que el presidente en turno tuviera una gran influencia en lo que hacían o dejaban de hacer”. 

Un ejemplo que pone la especialista es la tarea de organizar las elecciones. Antes de 1990 esta labor se realizaba bajo el mandato del secretario de Gobernación y del presidente en turno. Por eso, según narra Marván Laborde, esta situación se había prestado a la manipulación política de las elecciones. 

Caso similar es el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuya función es proteger a las víctimas de los abusos que podría cometer el propio Estado. 

Por ello, “se consideró que serían mucho más fuertes y podrían cumplir mejor sus obligaciones si los aislaban del poder del presidente”, dice Marván Laborde, quien describe a los órganos autónomos como “una forma específica de limitar el poder ejecutivo de la presidencia”, lo que podría explicar porqué le molestan tanto a López Obrador. 

Mendoza Bergmans coincide: “Hablando de derechos humanos, tú no quieres que la CNDH esté vinculada al poder ejecutivo, menos si pensamos en violaciones a los derechos humanos cometidos por fuerzas armadas, por ejemplo”. 

De esta forma, explica, se va justificando su autonomía por el tipo de especialización sobre la que versan. 

Tal es el caso de INE, quien se encarga de organizar las elecciones para elegir al poder ejecutivo y legislativo, y por eso es fundamental que sea autónomo. 

En el mismo sentido se expresa Salazar Ugarte, quien refiere que el Banco de México “surgió para evitar que el gobierno pudiera manipular la política monetaria de manera discrecional”. 

También indica que el INEGI “nació para garantizar que la información del Estado, de los distintos temas relevantes para el Estado, los generará una instancia independiente del gobierno para evitar que este alterara datos para transmitir mensajes a su favor.”

El INE, el INEGI, el Banco de México y la CNDH, dice Salazar Ugarte, “fueron en buena medida parte de la transición democrática y de la estabilidad económica en México”.

El académico también señala que, posteriormente, estos 4 órganos fueron complementados por una segunda generación que se hace cargo de otras áreas de gran importancia, como la competencia económica, las telecomunicaciones, el acceso a la información, la medición de la pobreza y como lo es la propia Fiscalía General de la República. 

Gamboa Aguirre menciona que, a partir del gobierno de Enrique Peña Nieto, el número de OCAs aumentó y por eso podría pensarse que “se llegó a un extremo”, pero la pregunta, dice, es ¿cómo se justificó su creación? y de esa forma discutir sobre la viabilidad o adecuación de su existencia en cada caso específico.  

Por ejemplo, ella señala al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que nació en un sector que involucra cuestiones económicas, jurídicas y de comunicación, que precisamente exige que haya un regulador especialmente técnico que no sea parte del juego y que pueda intervenir cuando es necesario. 

“En mi opinión no hay una justificación real de porqué eliminarlos, si con lo que le corresponde al gobierno en turno no les está alcanzando, ahora imagínate agregarle lo que hacen los órganos autónomos”, dice Gamboa Aguirre. 

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