Marea verde: Iniciativa ciudadana dio paso a despenalizar aborto en BCS
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Marea verde: Una iniciativa ciudadana abrió la puerta para despenalizar el aborto en BCS

En un país dónde sólo un tercio de los estados no criminalizan el aborto, la iniciativa ciudadana se convierte en una opción para proteger el derecho a decidir.
8 de junio, 2022
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Baja California Sur se convirtió en el décimo estado mexicano en donde abortar no se considera un delito. Pero es el primero que lo consigue gracias a una iniciativa ciudadana, que además fue presentada y aprobada en una semana.

“Se abrió esta puerta a través de las iniciativas ciudadanas y creo que lo que es importante saber es que hay diversas maneras de hacer realidad legalmente lo que ya tenemos, que es nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos”, comenta Ninde MolRe, abogada especialista en derechos reproductivos de la organización GIRE.

En 2007, la Ciudad de México se convirtió en la primer entidad en despenalizar el aborto por la vía legislativa. Más de una década después, en 2019, Oxaca también lo consiguió. En 2021 cuatro estados se sumaron a la marea verde: Veracruz, Hidalgo, Baja California y Colima. Mientras que en 2022, Sinaloa y Guerrero también lograron legislar la interrupción voluntaria del embarazo.

De acuerdo con un informe de GIRE, en Ciudad de México, fueron los partidos de la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata integrados por los partidos Alternativa, PT y Convergencia los principales impulsores de la reforma que contó con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil. 

En Oaxaca, por ejemplo, los impulsores de la medida fueron diputados de Morena, Partido del Trabajo y Mujeres Independientes; en el caso de Veracruz e Hidalgo, las iniciativas también fueron presentadas por legisladoras y legisladores morenistas. 

Coahuila es otra historia, pues en este caso la despenalización del aborto se consiguió tras una sentencia de la Suprema Corte, aunque el estado todavía no ha modificado su Código Penal. 

Y ahora, la iniciativa ciudadana interpuesta por la activista Mónica Jasis Silberg, y apoyada por colectivas feministas y de organizaciones de la sociedad civil, se convirtió en una nueva vía que podría ayudar a impulsar la despenalización del aborto en los 22 estados del país en donde ejercer el derecho a decidir sigue sin ser una realidad. 

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Una nueva puerta para la ‘marea verde’

Mónica Iris Jasis, en su papel de ciudadana,  presentó la iniciativa ante el Congreso del Estado el 26 de mayo. La presidencia de la mesa directiva turnó la iniciativa a las Comisiones Permanentes de Puntos Constitucionales, y de Justicia y de Igualdad de Género, para su estudio y dictamen.

Esto fue posible porque los ciudadanos inscritos en el listado nominal están facultados para iniciar leyes, decretos, reformas y adiciones, según se sustenta en los artículos 28 y 57 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, y en el artículo 100 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 

Para que esta iniciativa procediera, tuvo que cumplir con diversos requisitos como ser dirigida a la presidenta de la mesa directiva, debió incluir una exposición de motivos, un proyecto de decreto y “presentarse de manera pacífica y respetuosa”.

Además de estar inscrita en la lista nominal de electores de Baja California Sur, la ciudadana que presentó la iniciativa tuvo que incluir un domicilio en la capital del Estado para oír y recibir notificaciones, y participar en las discusiones en las comisiones respectivas, sin derecho a voto.

Y esto podría influir en estados como Durango, donde en diciembre de 2021, colectivas feministas y organizaciones de la sociedad civil entregaron al Congreso la primera iniciativa popular por el acceso a un aborto legal, seguro y gratuito.

La abogada de GIRE explica que la despenalización del aborto en los otros estados de México, a excepción de Coahuila, ha sido a través del procedimiento tradicional legislativo, en el que algún diputado o diputada presente esta iniciativa apoyada por su bancada, y con el respaldo de las organizaciones de la sociedad civil. 

“Desde varios puntos del país las colectivas privilegian esta vía porque digamos el cabildeo es mucho más sencillo que presentar una iniciativa ciudadana”, señala MolRe.

De hecho, en junio de 2021, el Congreso había desechado otra iniciativa que buscaba la despenalización del aborto en Baja California Sur. En esta ocasión, la iniciativa ciudadana de Mónica Jasis Silberg contaba también con el apoyo de las y los legisladores que la votaron.

La opción de las iniciativas ciudadanas se convierte en la tercer alternativa para buscar acceder al aborto libre y seguro. La primera es la vía legislativa tradicional y la segunda es la vía del amparo que busca obligar a la homologación con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) que, desde 2021, declaró inconstitucional la criminalización del aborto.

A esto último ya le están apostando estados como Aguascalientes y Puebla.

En BCS es ley

La iniciativa ciudadana presentada el pasado 26 mayo se aprobó con 16 votos a favor —de Morena, PT, PRI, PRD y Fuerza por México— y 3 en contra —del PAN—, el pasado 2 de junio. Lo que significa que en dicha entidad se despenaliza el aborto hasta la semana 12.6 de gestación.

“Nadie tiene el poder de decidir sobre nuestra propia vida y con la apertura del aborto seguro se abre una ventana de paradigmas sociales y una eficacia en las trampas puestas para proteger el libre acceso a la salud de las mujeres. Cuántas mujeres  son encarceladas por la táctica de un aborto y las mujeres en situación de desventaja social son quienes más sufren las consecuencias de un bandidaje jurídico que no faculta a las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos, precisamente por ser mujer”, destacó en la discusión la diputada de Morena María Guadalupe Moreno Higuera.

Lo que se aprobó es que se modificó la definición del delito de aborto  para que este se considere como tal a partir de la semana 13.1 de gestación y se eliminó la pena de prisión para quien aborte o ayude a realizar un aborto voluntario, aunque el embarazo supere las 13 semanas de gestación.

En estos casos, la pena será de trabajo comunitario. 

Cabe señalar que se consideran como excluyentes de responsabilidad penal en el delito de aborto cuando haya violación, inseminación artificial no consentida, esté en peligro   la vida, signifique daño a la salud, haya alteraciones genéticas, se trate de un aborto culposo que es accidental o espontáneo, y cuando una autoridad se niegue a realizarlo antes de las 12.6 semanas de gestación. A esto se le conoce como causales.

“Lo que significa es una despenalización parcial del delito de aborto, es decir, ya no va a ser un delito de aborto hasta la semana 12.6. Después de esta semana sí es un delito si abortas de manera voluntaria sin alguna justificación”, dice Ninde MonRel, quien explica que aunque el aborto se realice después de las semanas establecidas, no va a ser investigado penalmente, siempre y cuando se haya hecho por alguna de las causales ya mencionadas. 

Lo que sigue siendo un delito que se castiga con cárcel, sin importar las semanas de gestación, es el aborto forzado. En este caso, se establecen penas de prisión de 3 a 5 años; si incluye  violencia física, emocional, psicológica o moral , entonces la pena sube de  8 a 10 años.

Y en caso de que el aborto forzado lo cause el personal médico o partera habrá suspensión profesional o de oficio.

La Ley de Salud también se modificó con esta iniciativa, y ahora se establece que el servicio será gratuito y universal, sin importar si se es o no beneficiario de algún servicio de salud, y establece un plazo  máximo de 5 días para realizar el procedimiento, a partir del que es solicitado.

También hubo cambios en la objeción de conciencia, que se trata del  derecho del personal de salud a no realizar ciertos procedimientos por interponerse con sus creencias religiosas.

Ahora debe garantizarse que siempre haya personal médico y de enfermería dispuesto  a realizar el procedimiento de aborto en las instituciones de salud. La objeción de consciencia no procede si la negativa pone en riesgo la vida de la mujer o persona gestante, sea urgencia médica, implique una carga desproporcionada a la mujer o persona gestante, o el motivo sea por odio o discriminación.

El personal objetor está obligado a canalizar a la mujer o persona gestante con el personal que sí esté dispuesto a realizar el procedimiento. Además,  todo el personal médico debe dar información clara y apegada a la ciencia, sin poder persuadir para cambiar de decisión.

Además, las colectivas feministas a favor del derecho a decidir siguen operando y acompañando a las mujeres y personas gestantes en sus procesos para lograr el derecho a un aborto libre, legal y seguro. 

Ahora “es momento de que el Ejecutivo local implemente las acciones de política pública necesarias para garantizar una provisión de aborto seguro, disponible, con insumos necesarios, personal capacitado y libre de estigma y discriminación”, señaló Ipas México en un comunicado. 

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