Qué normas violó oficina de AMLO y qué pasa si incumple fallo del TEPJF
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Cuartoscuro Archivo

¿Hasta cárcel? Qué normas violó el gobierno de AMLO y qué ocurre si se incumple una sentencia del TEPJF

El TEPJF estableció que tanto López Obrador como funcionarios de vocería violaron la ley; el presidente dijo que acató la sentencia para evitar que los arrestaran.
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31 de marzo, 2022
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Luego de que el Tribunal Electoral determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador y funcionarios de la vocería incurrieron en propaganda personalizada y uso indebido de recursos, el mandatario publicó un mensaje en redes sociales atendiendo la sentencia y dijo que “si no lo hago arrestan a Jesús y a la pobre de Jessi”.

Durante la conferencia de prensa matutina del 30 de marzo, agregó que le “replicaron” que si no lo hacía, “lo que seguía era una multa, y luego de una multa un arresto de 36 horas”.

Sin embargo, la sentencia no incluye una advertencia directa sobre el arresto hacia funcionarios del área de comunicación.

Y especialistas consultados por Animal Político afirman que es raro que el Tribunal ordene tal acción por incumplimiento de la sentencia, dado que hay otras medidas que puede utilizar.

Entonces, ¿qué normas violó el presidente junto con su equipo de comunicación, qué sanciones se les asignaron y en qué caso sí podría aplicarse un arresto?

Incurrieron en propaganda personalizada y uso indebido de recursos públicos

La sentencia que llevó al presidente a escribir dicho tuit parte de una queja del Partido de la Revolución Democrática (PRD) contra el presidente López Obrador y su evento “Tres años de Gobierno”, presentada el 6 de diciembre pasado.

El partido acusó que con el mensaje del 1 de diciembre se transgredieron las reglas de difusión de informe de labores, hubo difusión de propaganda gubernamental en período prohibido, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, con lo que se influenció en elecciones locales y en el proceso de revocación de mandato.

Sin embargo, de estas acusaciones, la sentencia de la Sala Regional Especializada únicamente validó que el gobierno de López Obrador incurrió en promoción personalizada y el uso indebido de recursos públicos.

En el caso de la promoción personalizada, estableció que en el informe emplearon el “contraste entre el ejercicio de la administración pública que encabeza con ejercicios o períodos anteriores”, y utilizaron palabras para asociarse logros del gobierno, lo cual, indicó, contrario al artículo 134 de la Constitución.

Específicamente, en su análisis expuso que el presidente utilizó “conjugación de verbos en primera persona del plural (nosotros) y en primera persona del singular (yo), para asociarse con los logros, acciones y promesas gubernamentales en lo individual o como titular de la administración pública federal”.

Por otro lado, encontró que para la organización, consecución y difusión del evento se emplearon 5.3 millones de pesos, participaron 22 servidores públicos y se utilizaron cuentas oficiales del gobierno, lo cual genera “una afectación al principio de equidad” en las competencias electorales locales en Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas, también contraria a la Constitución.

En este sentido, el Tribunal determinó que las personas infractoras son el presidente, la persona titular de la Jefatura de la Oficina de la Presidencia o quien asuma sus funciones; el director del área de la Unidad de Administración y Finanzas, Francisco Javier Cortés, y el director del CEPROPIE, Erwin Sigfrid Frederick Neumaier.

Y específicamente del área de comunicación de Presidencia son Jesús Ramírez; la directora general de comunicación digital, Martha Jessica Ramírez, y el jefe de departamento de la coordinación, Pedro Daniel Ramírez.

Las medidas impuestas por el Tribunal

Según la sentencia, el Órgano Interno de Control de la Oficina de la Presidencia debe determinar la gravedad de las infracciones cometidas por cada uno de los servidores públicos e imponerles una sanción –a excepción del presidente–, las cuales debe comunicar al Tribunal.

Estas personas estarán inscritas en el Catálogo de Sujetos Sancionados de la Sala Regional Especializada, y sus sanciones deberán publicarse en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia.

Por otro lado, se instruyó a Jesús Ramírez a retirar la publicación de los materiales del evento denunciado en todas las plataformas oficiales “a fin de llevar a cabo su edición y eliminar la totalidad de manifestaciones que han sido calificadas como infractoras en esta sentencia”.

Instruye también que él y su personal publiquen en los canales oficiales del Gobierno de la República y del presidente, el extracto de la sentencia llamado Anexo Tres durante un período de quince días naturales.

Al realizar las publicaciones, especifica, deberán abstenerse de “incluir comentarios o expresiones ajenos a dicho extracto”.

Si bien esta sentencia es del 18 de marzo, apenas el 29 se difundió en las redes sociales oficiales del presidente.

El Instituto Nacional Electoral y los institutos locales de Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas, también tuvieron que publicar el Anexo.

¿Pueden ser arrestados los funcionarios?

La sentencia de la Sala Regional Especializada no incluye ninguna advertencia explícita sobre un posible arresto de los funcionarios de la vocería, Jesús Ramírez ni Jessica Ramírez.

Lo que señala es que todas las acciones que realicen al cumplir sus medidas deberán informarse a la Sala Especializada del Tribunal o, de lo contrario, se impondrá alguno de los “medios de apremio”.

Estos medios de apremio están previstos en el artículo 32 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y son: apercibimiento, amonestación, multa de cincuenta hasta cinco mil veces el salario mínimo diario, uso de la fuerza pública y arresto hasta por treinta y seis horas.

De acuerdo con Jesús Martín Reyes, académico del CIDE, no es común que la Sala Regional Especializada solicite el arresto de una persona por el incumplimiento de una de sus sentencias. 

“Es poco común. Las autoridades y los sujetos que han sido condenados por el Tribunal tienden a obedecer lo que indiquen”, explica el especialista. “Si incumplen, todavía hay pasos a seguir antes que un posible arresto”.

Yo creo que el presidente lo hizo para plantear un tema de propaganda, al final de cuentas se plantea como víctima, porque no hay razón para el arresto de estos funcionarios”, comenta.

Gustavo López Montiel, académico del Tec de Monterrey, coincide en que comúnmente se cumplen las sentencias del Tribunal Electoral y sus salas. 

“Los medios de apremio que están en el artículo 32 de alguna manera van mostrando cierta graduación. En la aplicación rige un principio de proporcionalidad: uno tiene que ir agotando los medios menos intrusivos y solo cuando no son suficientes, le puede ir incrementando”, comenta.

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