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¿Se ampliará el periodo de gobierno en BC? 9 claves para entender qué pasará con la reforma aprobada

El gobernador electo se deslinda de la aprobación de la ampliación de mandato en Baja California, mientras el PAN insiste en que los diputados fueron sobornados y prepara una nueva impugnación contra la medida.
Cuartoscuro
Por Arturo Daen y Eréndira Aquino
25 de julio, 2019
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El Congreso de Baja California dio luz verde a la reforma constitucional que amplía la próxima gubernatura en el estado de dos a cinco años, a propuesta del legislador Víctor Manuel Morán, del partido Morena, y a pesar de las críticas de consejeros electorales y distintos líderes políticos a nivel nacional, sobre que es una maniobra antidemocrática.

En una primera votación, el 8 de julio, la iniciativa contó con 21 votos a favor de Morena, Acción Nacional y el PRI, una abstención y ningún voto en contra.

La dirigencia nacional panista, a la postre, iniciaría el proceso de expulsión de los legisladores blanquiazules que respaldaron la propuesta de Morena, que en el Congreso local apenas tiene una fuerza de cinco diputados, junto a sus aliados PT y el partido local Transformemos.

La validación de la reforma, luego de que al menos tres de los cinco ayuntamientos de la entidad la aprobaran (excepto Tijuana y Mexicali), se dio este 23 de julio, en una sesión extraordinaria y a puerta cerrada, en la que solo estuvieron presentes 15 de los 25 diputados.

Para que la reforma entre en vigor, es necesario que sea publicada en el Diario Oficial de Baja California, aunque el gobernador actual del estado, Francisco Vega, aseguró que no la promulgará, ya que, dijo, los ciudadanos votaron por una administración de dos años, y se debe respetar su voluntad.

Pero entonces, ¿qué pasará con la reforma?, ¿podría publicarse aún sin el consentimiento del actual gobernador del estado?

Veto del gobernador

En entrevista con Joaquín López Dóriga en Radiofórmula, el gobernador Francisco Vega afirmó que “por ningún motivo” publicará la reforma que “atenta contra la legalidad”, por lo que la iniciativa regresará al Congreso de Baja California.

A partir de la aprobación formal de la reforma, y de que es enviada al Ejecutivo local para su promulgación, el gobernador tiene un plazo de quince días para publicar los cambios en el Diario Oficial de Baja California, o rechazarlos.

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Sin embargo, esto no significa que se deseche la iniciativa: De acuerdo con Vega, el mismo Congreso tendrá que valorar el acuerdo que tomó inicialmente al aprobar la reforma constitucional local. Es decir, si así lo decide, tiene la facultad de publicar los cambios en el Diario Oficial, con lo que entrarían en vigor.

Por ello, el gobernador insistió en que “lo que debemos pedir es que haya una reflexión y que se dé reversa a este asunto. Yo creo que todavía hay tiempo”.

En caso de aprobarse, dijo, se recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que resuelva si los cambios aprobados por el Congreso local son inconstitucionales. Partidos como el PAN ya han anunciado también que presentarían impugnaciones ante el máximo tribunal.

¿En qué momento se puede acudir a la Corte?

Especialistas han comentado que para que partidos políticos u otras instancias puedan presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, contra la extensión de mandato, primero es necesario que se publique la reforma en el Diario Oficial de Baja California.

De ahí que el pasado 24 de julio, la Suprema Corte considerara improcedentes las controversias interpuestas ya por los municipios de Tijuana y Mexicali, porque la reforma constitucional en Baja California aún no se concreta, no ha sido publicada en el Diario Oficial estatal.

En su columna en el diario Reforma, el exconsejero electoral Eduaro R. Huchim mencionó el escenario de que se publicara el decreto poco antes del 1 de noviembre, y entonces Bonilla tomara posesión por un periodo de cinco años, sin que la Corte se hubiera pronunciado.

Entonces,  “se actualizaría la posibilidad ya apuntada por el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, y planteada explícitamente en la Permanente por legisladores del PRD: la desaparición de poderes, a la que seguiría la designación de un gobernador provisional y la convocatoria a elecciones extraordinarias”, señaló Huchim.

¿Por qué se aprobó una gubernatura de dos años?

En 2014, como parte del proceso de reforma electoral en el país, el Congreso de Baja California aprobó el Decreto 112, con un artículo transitorio en la Constitución local para armonizar o empatar la fecha de sus comicios locales con las elecciones federales de 2021.

En dicho decreto se estableció que, de manera excepcional, el ganador de las elecciones de 2019 tendría un periodo de gobierno de dos años, y después se regularizarían los lapsos.

En otros estados, como Veracruz y Puebla, ya ocurrieron estos miniperiodos de gobierno, de 2016 a 2018.

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Desde el momento en el que fue emitida la convocatoria para las Elecciones Ordinarias 2018-2019, en diciembre de 2018, en Baja California se estableció que el periodo para que se elegiría el gobernador sería de dos años.

Incluso, en los promocionales elaborados por el Instituto Electoral local para el periodo de campañas, se difundió entre la ciudadanía que el periodo del siguiente gobernador sería de 2019 a 2021.

Previo a elección, Bonilla ya buscaba extender mandato

En abril de 2019, previo a las elecciones de Baja California –celebradas el 2 de junio-, como candidato Jaime Bonilla presentó un recurso de impugnación contra el Decreto 112, con el argumento de que había existido un “error procesal”, y no se había informado correctamente a los ayuntamientos de Ensenada, Rosarito y Tecate sobre la modificación del periodo de gobierno.

Antes hubo otro intento por invalidar el Decreto 112: A finales de febrero de 2019, la ciudadana Blanca Estela Favela –esposa del diputado de Morena que presentó la iniciativa de reforma de ampliación de mandato- presentó una impugnación, para que se modificara el plazo de dos a cinco años.

Si bien el Tribunal electoral local aprobó el intento de Bonilla, de extender su mandato, el caso llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y dejó sin efecto la resolución.

Cuatro días antes de las elecciones, el TEPJF decidió “mantener vigente el artículo transitorio octavo, del Decreto 112, que señala los dos años de gestión”.

Entre los elementos que se tomaron en cuenta para emitir el fallo, destacó el Tribunal, “es que se debió solicitar la inaplicación de dicho artículo transitorio desde el momento de la emisión de la convocatoria del proceso electoral local”.  

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¿Por qué propuso Morena ampliar el periodo de gobierno?

En la iniciativa para ampliar el mandato de Bonilla, aprobada el 8 de julio, Morena explicó que las principales razones son evitar un gasto excesivo al tener tan pronto nuevas elecciones, en 2021, y que un periodo de dos años no permitiría al nuevo mandatario estatal establecer un plan de gobierno “de largo alcance”.

Morena señaló que “no se puede pensar en tiempos cortados, en procesos políticos inacabados, en truncar un proyecto que debe ser de largo alcance, con los espacios necesarios y adecuados para hacer posible las acciones públicas que beneficien a todos”.

Baja California actualmente se enfrenta al mayor endeudamiento público de su historia, por lo que, de acuerdo con la iniciativa aprobada, tener de nuevo elecciones en dos años sería “dilapidar recursos y un golpe a las finanzas públicas”.

“Resulta imperante ampliar el periodo de duración del encargo del Gobernador, para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, ya que de lo contrario no podrían establecerse de forma adecuada, el Plan Estatal de Desarrollo y los Planes regionales, lo cual indiscutiblemente generaría incertidumbre económica, política y social, aunado al gasto extraordinario que conllevaría”, se lee en el texto presentado por Víctor Morán.

¿Sobornaron al Congreso de Baja California?

El excandidato por el PRD a Baja California, Jaime Martínez Veloz, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) la probable entrega de sobornos a los diputados locales que aprobaron la reforma para extender el periodo de gobierno.

En la denuncia, Martínez señaló que “el Congreso del estado de Baja California, con apoyo de los presidentes municipales de Ensenada, Rosarito y Tecate, aprobaron sospechosamente de forma acelerada una iniciativa de reforma a la Constitución local con la cual se permite que el gobernador electo, Jaime Bonilla, del partido Morena, pudiera permanecer en el cargo 5 años en lugar de los 2 establecidos”.

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El mismo partido exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que presente una acción de inconstitucionalidad por “el atraco que emprendió el Congreso de Baja California por órdenes de la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky y de Jaime Bonilla”.

El PRD anunció que presentaría una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte por la reforma, y advirtió que dará seguimiento puntual a las denuncias penales que se interpusieron contra quienes resulten responsables por los presuntos sobornos.

Seis de los diputados que votaron a favor de la reforma, quienes pertenecían a Acción Nacional (PAN), presentaron su renuncia al instituto político, antes de que el partido concretara su expulsión.

La dirigencia nacional del PAN, en tanto, anunció que investigaría a los legisladores locales, quienes pudieron haber recibido sobornos por parte de Morena, según su acusación. Incluso este partido señaló que Jaime Bonilla habría sobornado y presionado también a los magistrados del Tribunal electoral local.

“Días antes del inicio de las campañas intentaron comprar y coaccionar a los diputados, incluidos algunos de mi partido, para lograr una reforma constitucional previa a la elección”, dijo Marko Cortés, dirigente nacional panista.

Después de la elección, agregó, “Morena con el aval del presidente López Obrador, presionó y corrompió nuevamente a los integrantes del Congreso del Estado de Baja California, ahora sí logrando que de manera sorpresiva y secreta votaran esta reforma”.

¿La reforma aprobada es inconstitucional?

Los consejeros electorales Lorenzo Córdova, Pamela San Martín, Benito Nacif Hernández y Ciro Murayama se han pronunciado sobre la inconstitucionalidad de la reforma.

Córdova, en una columna en el diario El Universal, señaló que la Constitución federal es muy clara, en cuanto a que los cambios a las leyes electorales solo pueden darse hasta 90 días antes de que inicie el proceso electoral.

“En Baja California, se modificó la Constitución en 2014 para establecer, en un artículo transitorio, que el gobernador que sería elegido en 2019 duraría en su encargo dos años… es decir, todos en ese estado sabían, desde hace un lustro, que quien fuera electo este año duraría únicamente dos años en el encargo”, apunta Córdova.

El consejero presidente del INE cuestionó por qué no antes los mismos diputados locales aumentaron el periodo de gobierno, y sí lo hacen ahora. “Es difícil pensar en otra razón (lícita) que no sea la obvia intención de someterse al nuevo poder hegemónico en el Estado y ganar su favor hacia el futuro”.

Para Pamela San Martín, el que Bonilla gobierne por un periodo de cinco años sería “un golpe al Estado de Derecho”.

En una columna escrita para el diario Reforma, San Martín escribió que “la adición de tres años, a cuenta de esa reforma, desprecia el voto ciudadano y atropella a la democracia”, por lo que, considera, la ampliación de mandato será un reto “que deberá echar a andar los contrapesos democráticos”.

El consejero Ciro Murayama calificó la aprobación de la reforma como un “contraejemplo de abuso contra el respeto al sufragio y a la legalidad”, tal como escribió en una columna para La Jornada.

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El consejero Benito Nacif también criticó la medida en una columna para el diario El Universal. Coincidió en que el artículo 105 de la Constitución prohíbe modificaciones a las leyes electorales 90 días antes de los procesos comiciales, y el de Baja California empezó en septiembre de 2018.

La reforma a la Constitución local, señaló, llega más de un año tarde, es una “jugada perversa” y es anticonstitucional.

Bonilla se deslinda 

Luego de la aprobación de la ampliación de mandato, el gobernador electo en Baja California, Jaime Bonilla, negó que la reforma haya sido su decisión, y dijo que él respeta lo que dicten las instituciones.

En entrevista con Azucena Uresti para Radiofórmula, Bonilla sugirió a quienes critican la reforma que acudan a la Suprema Corte, “y que lo cambien si es que no tiene la razón el Congreso”, y negó que haya dado dinero para que se aprobara la iniciativa.

Finalmente, Bonilla dijo que, en caso de que el actual gobernador Francisco Vega no publique la reforma, él lo hará, siempre y cuando el Congreso local se lo pida (la nueva legislatura, con mayoría de Morena, comienza a trabajar en agosto, y su gobierno inicia el 1 de noviembre).

¿Qué dice el presidente sobre la reforma?

En la conferencia matutina del 24 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la aprobación de la reforma es “un asunto del Congreso local que debe resolver la autoridad competente”, y dijo no estar bien informado sobre lo ocurrido.

El mandatario destacó que la ampliación de mandato fue aprobada “por todos los partidos, empezando por el PAN”.

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López Obrador pidió que no lo involucren en la discusión “porque buscan echarme la culpa de todo”, y señaló que el tiempo en que las decisiones de ese tipo las tomaba el presidente se acabó.

“No opino por eso precisamente, para no dar pie a malas interpretaciones, pero se me hace en el extremo de la hipocresía el ahora estar haciendo un cuestionamiento sobre este asunto, cuando nuestros opositores fueron los que aprobaron esta decisión”, finalizó.

Otras voces en Morena, como la diputada federal Tatiana Clouthier y el coordinador de la bancada, Mario Delgado, ya han expresado su rechazo a la reforma, llamada en diferentes medios como la “ley Bonilla”.

Con información de Radiofórmula y Reforma (suscripción necesaria).

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