De qué trata la consulta y por qué no es para enjuiciar a expresidentes
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De qué trata la consulta popular, cómo se llevará a cabo y por qué no es para enjuiciar a expresidentes

La pregunta de la boleta no gira en torno a casos puntuales, ni se enfoca en señalar a personas en específico, pues la Constitución no lo permite.
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24 de junio, 2021
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El próximo 1 de agosto el país tendrá por primera vez una consulta popular producto de la reforma de 2014. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que con este ejercicio se busca llevar a juicio a expresidentes, aunque la realidad es que, según confirman expertos, el resultado de ninguna forma obligará a instancias de procuración de justicia a procesar, enjuiciar o encarcelar en automático a exmandatarios. 

“La justicia no se consulta”, es la frase que han repetido abogados y activistas en distintos espacios, insistiendo en que el gobierno engaña prometiendo que un “sí” pondría a un paso de la cárcel a expresidentes, dejando de lado todo el proceso judicial que se requeriría para ello y que, además, sin una consulta de por medio ya se podría denunciar a los expresidentes y presentar pruebas en su contra.

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Lo que sí mencionan especialistas es que la consulta, con el enfoque y el impulso ciudadano adecuado, podría dar pie a un esfuerzo de crear mecanismos como las comisiones de la verdad, que indaguen en el pasado de impunidad en el país para tratar de reparar el daño a víctimas y, en un momento dado, incluso lleven a que expresidentes sí sean investigados. 

Sin embargo, también refieren que no han observado en el gobierno federal un interés real de que se haga justicia por hechos del pasado. Al contrario, señalan, López Obrador ha mostrado desdén por las víctimas, olvidando su compromiso de justicia transicional y, a fin de cuentas, utilizando la consulta hasta ahora solo como una forma de propaganda. 

La pregunta que validó la Suprema Corte es: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

La respuesta parece muy sencilla, consiste simplemente en un sí o un no. Pero el camino que llevó a ella, y cómo interpretar su posible resultado, han generado discusiones y confrontación política. 

Entre los puntos de debate, está el hecho de que se utilizará dinero público, al menos 500 millones de pesos, para un ejercicio con una pregunta ambigua y de resultado incierto, que quizá ni siquiera alcance el nivel de participación necesario para que se le considere válida, y su resultado se considere “vinculante”.

Para ello se requiere que participe y vote el 40% del listado nominal (37 millones de personas), según marca la Constitución; esto, mientras el INE ha señalado falta de recursos para darle difusión, y organizarla.

El propio gobierno recordó que, para alcanzar esa cifra, requeriría 7 millones de votos más que los que obtuvo López Obrador cuando ganó la presidencia, en 2018. 

Lo que dice  López Obrador y lo que en verdad aparecerá en la boleta

“¿Quieres que se investigue, y de conformidad con la ley que se juzgue a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto?” 

Así resumió el presidente López Obrador su visión de cuál es el sentido de la consulta en la mañanera del 22 de junio, pero esta interpretación, según explicaron a Animal Político tres expertos en el tema, está lejos de lo que se estará votando. 

Si bien, en la petición de consulta que envió al Senado, López Obrador sí se mencionaba tal cual los nombres de los expresidentes, luego la Suprema Corte discutió esa propuesta de pregunta y la modificó, hecho que también fue blanco de críticas, con especialistas señalando que el resultado fue una pregunta ambigua, buscando más complacer de algún modo al Ejecutivo.

En la pregunta que validó la Corte no se incluye en ninguna parte la palabra “expresidentes” ni los nombres de aquellos a los que se pretende llevar a juicio. Tampoco se pueden sumar nombres.

La pregunta de la boleta no gira en torno a casos puntuales, ni se enfoca en señalar a personas en específico, pues la Constitución no lo permite.

El artículo 13 establece que no se puede juzgar a nadie a través de leyes privativas, que son leyes que refieren a personas de manera nominal, y esto aplica también en el caso de una consulta popular. Es decir, la ley indica que no se puede preguntar de manera específica si queremos juzgar a alguna persona, en este caso los expresidentes.

Lo que sí se pregunta, como lo explicó Tito Garza Onofre, especialista en Derecho Constitucional, es si estamos de acuerdo en iniciar distintos procesos de investigación con respecto a los actos y decisiones que tomaron los actores políticos en el pasado. La cuestión es amplia y ambigua, por lo que puede ser interpretada de distintas maneras, y no aplica a un solo caso en particular.

Al no estar definido un periodo de tiempo específico dentro de la pregunta, la frase actos políticos del pasado podría ser interpretada de muchas maneras, según Jacobo Dayán especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos. A su parecer, sería posible incluir actos políticos pasados del propio sexenio del presidente López Obrador.

En cuanto a los actores políticos, la pregunta da a entender que podría ser cualquier persona que haya fungido como tal en el pasado. En pocas palabras, se podría investigar a cualquiera de las miles y miles de personas que han tenido algún cargo político en el país.

Resumiendo esto, la consulta pretende que los mexicanos decidan si se investigan o no a los actores políticos del pasado, sea lo que sea que se interprete con ello, pero la Fiscalía General y otras instancias de justicia que se supone son autónomas no estarían obligadas a actuar contra ciertos personajes, aunque ganara el sí. Y si gana el no, tampoco se impediría que actuaran si existen las denuncias correspondientes. 

“La Fiscalía no necesita una consulta popular para empezar a ejercer acciones de investigación o de esclarecimiento y demás”, refiere Garza Onofre.

A pesar de la ambigüedad  de la pregunta un punto que tiene a favor, de acuerdo con él, es que “deja abierta la posibilidad para que se inicien mecanismos a los que no estamos acostumbrados jurídicamente en México, para procesar distintos fenómenos sociales”.

Oportunidad de justicia

Uno de los mecanismos a los que se podría abrir la puerta o que podría empujar la ciudadanía, al apropiarse de la consulta, es la creación de comisiones de la verdad, de acuerdo con Jacobo Dayán, especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos.

Estas comisiones son herramientas para la implementación de la justicia transicional en entornos de violencia y una gran cantidad de víctimas, como ha ocurrido en México.

“La verdad que surge de los procesos judiciales no alcanza para entender la verdad, los hechos, las condiciones, los actores, las motivaciones de las distintas violencias que se viven en el país. Es por ello que en distintos países se implementan comisiones de la verdad, que lo que intentan es recuperar los testimonios de víctimas, de perpetradores, de funcionarios, para generar una gran narrativa sobre las violencias o varias narrativas sobre las violencias en el país”, explica Dayán.

En caso de que la consulta llegue a ser vinculante y positiva, habiendo participado por lo menos el 40% del electorado, Dayán afirma que el gobierno tendrá la obligación de implementar algún tipo de mecanismo que corresponda con lo planteado en la pregunta. 

El artículo 35 constitucional señala que la consulta sería vinculante “para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes”.

Las comisiones de la verdad, explica Dayán, tendrían como misión “encontrar los vínculos que hay entre la clase política, grupos empresariales o grupos económicos y grupos criminales que generan violencia, y encontrar esos canales de comunicación entre la violencia, la corrupción y la impunidad”. 

En ese sentido, el activista Alfredo Lecona opinó en entrevista con W Radio que la pregunta de la consulta es “para las víctimas”, para que colectivos pugnen por mecanismos de verdad, “dándole la vuelta” a la mentira de que la consulta es para juzgar a expresidentes. 

Si la consulta se responde de ese modo con un sí, comentó, el presidente se vería forzado a impulsar los mecanismos de justicia transicional que había prometido en campaña, y que luego olvidó, mostrando un desdén hacia la agenda de víctimas y su derecho a la verdad. 

López Obrador, menciona Tito Garza Onofre, puede intentar usar la consulta para obtener réditos políticos, pero más allá de eso este ejercicio puede demostrar que la ciudadanía, que muchas veces se siente excluida, quiere incidir más en las decisiones.

“Es que si hay una amplia participación, vamos a darnos cuenta que la ciudadanía tiene ganas de participar y que, en todo caso, la pregunta debería ser más relevante sobre temas que realmente afecten la vida nacional, sea matrimonio homosexual, mariguana, o la creación de nuevas secretarías”, declaró.

¿De qué modo sí se podría llegar a juicios?

Así como la pregunta es amplia y no especifica mecanismos, tiempos o acciones en concreto, esta consulta tiene el potencial de establecer comisiones de la verdad e investigaciones que, en un momento dado, pueden llevar a la presentación de denuncias y procesos judiciales. 

De acuerdo con Ana Vanessa Cárdenas, especialista en análisis político y seguridad nacional, “si hubiera voluntad política no se haría la consulta y las fiscalías actuarían como deben de ser en tiempo y forma.”

En caso de que llegaran a encontrar pruebas incriminantes, entonces sí se podría llegar a un juicio, explicaron los especialistas, pero esto no solo incluiría a expresidentes, sino a todos aquellos quienes estuvieran implicados.

“El texto de la pregunta habla de actores políticos, y hay miles de actores políticos que podrían entonces pasar por esta pregunta y por esta consulta para garantizar una justicia y derechos de las posibles víctimas”, dijo Cárdenas.

Explicó que la posibilidad de llegar a juicios existe porque la jurisprudencia internacional ha sostenido que en estos casos se debe de fortalecer la investigación, la persecución, la captura, enjuiciamiento y la condena de aquellos actores en cuestión. Aunque enfatiza que es necesario que exista una real voluntad política y un funcionamiento adecuado de los órganos legislativos, judiciales y de las fiscalías.

En su opinión, hasta ahora el gobierno ha mostrado que con la consulta su fin es político y no el de la “justicia transicional, restituir a las víctimas”, aparentando y movilizando a las personas a fin de que “se sientan en un ambiente de participación”.

Dificultades presupuestales del INE y menos mesas de votación 

Se aprobó la pregunta y la consulta está programada, sin embargo el Instituto Nacional Electoral (INE) señaló que hay obstáculos presupuestales para la realización de este ejercicio, y desplegará menos mesas de votación que las que se observaron el 6 de junio. 

Para que el resultado de la consulta tenga alguna repercusión y sea “vinculante”, como ya se mencionó, se requiere participación de 40% del electorado, algo que para Jacobo Dayan será difícil lograr. 

“Si la elección intermedia hace unas semanas tuvimos el cincuenta y tantos por ciento de participación, siendo una elección importante. Y al no haber gran difusión del tema de esta consulta, yo no creo que se junte el 40% de votos.”

El pasado 19 de abril, la Secretaría de Hacienda negó al INE una ampliación de presupuesto, para organizar la consulta. Ante ello, el Instituto confirmó a Animal Político que la consulta será financiada con economías del proceso electoral federal.

En un momento se contempló un monto de 890 millones 472 mil pesos para las actividades; sin embargo, ante el rechazo de ampliación de presupuesto, finalmente se destinarán 520 millones de pesos para la consulta, según dijo José Roberto Ruiz Saldaña, presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral.

Con parte de ese monto, el Instituto tiene planeada una campaña para dar difusión a la consulta del 15 de julio al 1 de agosto, que consistirá en la publicación de anuncios en radio, televisión, medios impresos y digitales.

“Aún con todos los obstáculos, como institución estamos garantizando que haya condiciones para el ejercicio pleno de nuestro derecho”, declaró Claudia Zavala, consejera del INE en una entrevista con Leonardo Curzio.

Dentro de las medidas que tomarán para poder realizar la consulta, detalló, se encuentra aprovechar los recursos con los que ya se cuenta por el proceso electoral del pasado 6 de junio.

Zavala especificó que el INE estará reutilizando el material que sobró de las elecciones. De acuerdo con ella, objetos como las tintas indelebles aún se encuentran en condiciones óptimas para poder ser empleadas. 

También estarán invitando a las personas que ya fueron funcionarios de casilla en el proceso anterior para participar en la consulta, y así podrán ahorrar en cuanto a la capacitación de nuevos funcionarios.

A diferencia del proceso electoral, en el cual se contó con 163,000 casillas, en la consulta popular el INE tiene previsto colocar entre 50,000 y 59,000 mesas de opinión con hasta 2,000 boletas en cada una. 

En cuanto a las boletas, dijo Zavala, esta vez no serán impresas en papel seguridad ya que su producción debe ser con mucha antelación y además es costosa. A pesar de esto, mencionó que sí estarán garantizando la seguridad del proceso con otras medidas, que no especificó.

Las mesas receptoras de votos, dijo el consejero Ruiz Saldaña, “no estarán necesariamente en el mismo lugar en que han sido instaladas las casillas (en elecciones previas), pero seguramente muy cerca de esos lugares”. 

El Instituto, detalló, tiene previsto dar a conocer los resultados el lunes siguiente, el 2 de agosto. 

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