Corte decidirá si padrón de telefonía viola derechos y debe invalidarse
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Cuartoscuro/Archivo

Corte decidirá si padrón de telefonía del gobierno viola derechos y debe invalidarse

En medio de señalamientos hacia la Corte, ahora analizará otro asunto que “enfrenta” al gobierno federal con institutos autónomos y organizaciones civiles: el Panaut.
Cuartoscuro/Archivo
24 de abril, 2022
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El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá el 25 de abril si el padrón de telefonía con biométricos, que el presidente Andrés Manuel López Obrador defiende como una medida para “proteger al pueblo”, en realidad viola derechos constitucionales y debe invalidarse.

Las modificaciones a la Ley de Radiodifusión y Telecomunicaciones, aprobadas en 2021 pero actualmente suspendidas, hicieron obligatorio entregar datos personales como nombre, domicilio y biométricos para acceder a una línea de telefonía celular. 

Con tal información se conformaría el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), una base de datos a la que tendrían acceso autoridades de seguridad y justicia en el país y que supuestamente ayudaría a reducir delitos.

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Pero esta medida ha sido criticada por personas usuarias, organizaciones civiles, senadores, así como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Y, en este sentido, el proyecto elaborado por la ministra Norma Piña busca declarar inválido el Panaut, pues considera que “genera una afectación a los derechos a la privacidad, intimidad y protección de datos personales que no resulta razonable”. 

Sin embargo, como sucedió con la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que desató señalamientos por una confusión en el conteo de votos, es necesario que ocho de los 11 ministros apoyen el proyecto para que se declare inválido el Panaut

Seguridad, biométricos y “condicionamiento”

El Congreso, con mayoría de Morena, aprobó en 2021 los cambios a la ley para crear el Panaut, argumentando que serviría para reducir delitos cometidos con dispositivos móviles, como extorsión y secuestro.

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Dichos objetivos coinciden con los utilizados para la creación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), que se implementó durante el gobierno de Felipe Calderón en 2009, que se vendía ilegalmente en internet y finalmente se canceló en 2012.

Registrar todas las líneas de telefonía celular, dijeron ahora los legisladores, permitiría identificar a delincuentes y sería una “valiosa plataforma para lograr un mayor éxito en las investigaciones de las autoridades”.

Por eso establecieron que el Panaut debía incluir el nombre del titular de la línea, su domicilio, nacionalidad, INE o CURP y “datos biométricos del usuario” –aquellos que forman parte tus características biológicas y fisiológicas– aunque no se especifica cuáles.

También, fijaron que los concesionarios de telecomunicaciones deberían recabar estos datos.

El Panaut encendió alarmas entre organizaciones civiles e institutos autónomos, quienes advirtieron que atenta contra la privacidad, la protección de datos personales, la intimidad e interés superior del menor además de que inhiben la libertad de expresión y el acceso a la tecnologías, al condicionar el uso de telefonía con la entrega de información.

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La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) insistió en que implica un riesgo severo en la seguridad de los ciudadanos, pues se solicitan biométricos, hay registro de filtraciones de bases de datos en México, se pueden presentar casos de suplantación de identidad y no hay garantía que disminuyan los delitos.

“El riesgo de vulneración de la base de datos es muy grande, dado que tendría más de 100 millones de líneas telefónicas móviles, con un mecanismo de recolección y almacenamiento centralizado, toda la información en el mismo lugar. Es una mala práctica de seguridad, incentiva los ataques y las vulneraciones”, explicó a Animal Político Luis Fernando García, director de R3D.

Vladimir Cortés, oficial del programa de derechos digitales en Artículo 19, señaló: “Es un condicionamiento, tener que entregar tus datos biométricos para poder acceder a los servicios de telefonía celular, es una manera de condicionar el acceso, de poner una barrera y de por sí tenemos una brecha digital”.

En esta nota te contamos a fondo sobre los riesgos que ven especialistas sobre el Padrón

No obstante, el gobierno ha defendido esta medida. El 21 de abril de 2021, Ricardo Mejía Bermeja, subsecretario de seguridad, insistió en que “el principal objetivo de este padrón es la seguridad” y dijo que “algunos grupos de interés, sus personeros, sus corifeos, han tratado de posicionar es el tema de los datos personales y biométricos”.

López Obrador, por su parte, acusó que se trataba de defender a las empresas: “El propósito de esta ley que tengamos un registro para proteger al pueblo, pero como a las telefónicas lo único que les importa es el dinero, su dios es el dinero, entonces se lanzan, porque van a dejar de vender, según ellos, van a dejar de lucrar”.

Proyecto en la Corte, por la invalidez del Panaut

A raíz de la acción de inconstitucionalidad promovida por el INAI y por un grupo de senadores, la ministra Piña elaboró un proyecto con el que se busca declarar la invalidez del Panaut, aunque necesita el respaldo de otros siete ministros.

En su argumentación, menciona que el decreto no establece ningún tipo de salvaguarda, mecanismo de protección o estándares mínimos para proteger los datos de las personas usuarias

“No hacerlo así coloca a los derechos humanos a la privacidad y protección de datos personales en una grave situación de riesgo que no puede avalarse”, añade el proyecto.

Dado “el fuerte impacto” del PANAUT, señala el documento, la emisión del Decreto impugnado requería de una “Evaluación de impacto en la protección de datos personales”, la cual no existió, por lo que somete a los derechos a la privacidad, intimidad y protección de datos personales a un “riesgo que no puede ser avalado”.

Como en el caso de la Ley de la Industria Eléctrica, para declarar la invalidez del Panaut y su marco normativo es necesaria la mayoría calificada, que son ocho votos de los ministros. En caso de que no se alcance este número, se desestimará el asunto y deberá resolverse caso por caso, tomando en cuenta la argumentación de la Corte.

Si esto sucede, explica el especialista de R3D, relanzarán su campaña para promover amparos contra el Panaut, para que así la gente pueda evitar que sus datos personales entren en este registro.

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