Son falsos estos dichos del gobierno sobre la prisión preventiva
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Foto: Presidencia

Son falsos estos dichos del gobierno sobre la prisión preventiva y lo que discutirá la SCJN

El subsecretario Mejía y el vocero Jesús Ramírez usaron dichos falsos en su defensa de que persista la prisión preventiva oficiosa, de cara a la discusión sobre esta medida en la Suprema Corte.
Frase
'Si se elimina la prisión preventiva, como lo pretenden los proyectos hoy en discusión en la Suprema Corte, no solamente se volvería a la ‘puerta giratoria’, sino que podríamos hablar ahora de una puerta abierta, porque 92 mil personas que hoy en México están sujetos a prisión preventiva por delitos graves, secuestradores, narcotraficantes, feminicidas, entre otros delitos, o también delincuentes de cuello blanco, podrían solicitar mediante amparo ser excarcelados, con lo cual habría una gran, gran impunidad'
Autor
Subsecretario Ricardo Mejía y el vocero Jesús Ramírez
Lugar y fecha
Conferencia matutina en Palacio Nacional, 2 de septiembre de 2022
Foto: Presidencia
Por Siboney Flores y Oscar Nogueda
5 de septiembre, 2022
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Funcionarios del gobierno federal criticaron que la Suprema Corte de Justicia (SCJN) pretende eliminar la prisión preventiva, con lo que pueden quedar libres 92 mil personas acusadas por delitos graves, “secuestradores, narcotraficantes, feminicidas y delincuentes de cuello blanco”.

Además señalaron en la conferencia matutina del 2 de septiembre que durante 14 años ni académicos ni periodistas habían levantado la voz para criticar la prisión preventiva.

Pero ambos dichos son falsos.

Para empezar los dos proyectos que discutirá la SCJN no plantean eliminar la “prisión preventiva” o también conocida como “prisión preventiva justificada”, sino la prisión preventiva oficiosa (PPO), que es la que se dicta en automático cuando una persona es acusada por los delitos que menciona el artículo 19 constitucional.

Si prosperan los proyectos en la Corte, explicaron especialistas, solo podrían apelar y solicitar a jueces un cambio de medida cautelar aquellas personas a las que se les aplicó prisión preventiva oficiosa, que no son 92 mil, y sin que esto implique que de antemano haya impunidad y liberaciones inmediatas en todos los casos.

No hay un reporte estadístico del gobierno o el sistema de justicia sobre cuántas personas han sido encarceladas con esa medida cautelar de PPO, pero un análisis de Intersecta publicado en la revista Nexos calculó que del total de más de 90 mil personas al que se aplicó prisión preventiva en 2021, el 41.9% había sido acusado por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Si se elimina la PPO, en cada caso se abrirá “un debate sobre cuál es la mejor medida cautelar para garantizar que esa persona no se escape o dañe a la víctima”, mencionó el abogado Luis Eliud Tapia.

Para acceder a un cambio de medida cautelar, como colocarles un brazalete o hacerlos firmar cada 15 días, las personas acusadas tendrían que solicitar una audiencia, y si se les niega el cambio la última instancia sería un amparo. 

También puedes leer: Corte discutirá si prisión preventiva viola derechos, no la eliminación de delitos, como dijo AMLO

“Van a poder solicitar una audiencia de cambio de medida cautelar, pero eso depende de que tengan abogado, que sea uno con la capacidad de hacerlo, y si no tienen uno particular que el de oficio esté disponible, que haya juez disponible… Aún así, un juez podría decir ‘ya revisé tu caso y digo te quedas en prisión preventiva’. 

“(En el caso) de los amparos, no son automáticos y tampoco baratos. Podría costar más de 50 mil pesos, no hay un tabulador que regule esos precios”, agregó Eliud Tapia.

Otro punto señalado por especialistas es que las autoridades estigmatizan a las personas en prisión preventiva al llamarles narcotraficantes, feminicidas y secuestradores, ya que aún no hay una sentencia en su contra que los defina como criminales, y existe la presunción de inocencia.

En la conferencia de prensa matutina del 2  de septiembre, las autoridades del gobierno federal no dieron un dato de en cuántos de los casos se aplicó PPO por delitos como secuestro, narcotráfico o delincuencia organizada, feminicidio o de delincuentes de cuello blanco.

La investigación que publicaron en 2021 Animal Político e Intersecta encontró que, en sitios como la Ciudad de México, la mayoría de los detenidos a los que se aplicó prisión preventiva (60%) fueron acusados de delitos menores, como robos o narcomenudeo. 

El mismo reportaje destacó que la mayoría de los detenidos son hombres y mujeres en una situación económica vulnerable, que apenas cuentan con un abogado de oficio que lleva hasta 300 casos al mismo tiempo. 

“Son, según datos del Inegi, fundamentalmente personas que tienen estudios de secundaria o menos, que laboran en el comercio informal, como chofer de taxi o en trabajo artesanal; y que debían trabajar toda la semana, sin descanso, para mantenerse”. 

“Durante 14 años, entre 2008 y 2022, nadie levantó la voz para hablar contra la figura de la prisión preventiva, ni en los medios de comunicación, ni en los espacios académicos, ni en la opinión pública, y eso llama la atención”

Respecto a este dicho del vocero del gobierno, Jesús Ramírez, académicas y académicos recordaron distintos estudios o artículos en los que sí se criticó en el pasado el uso excesivo de la prisión preventiva en el país.

La investigadora y abogada Estefanía Vela mencionó el análisis “LOS MITOS de la prisión preventiva en México”, publicado en 2004 por la Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta (Open Society Justice Initiative).

“La prisión preventiva es en muchos casos injusta, porque cada año a más de 40 mil personas (uno de cada cuatro imputados), que inicialmente fueron señaladas por el ministerio público, son dejados en libertad al no comprobarse su responsabilidad”, se refería desde entonces.

Otro análisis sobre el tema publicado en años previos, recordó Vela, es este del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con el título El uso excesivo e irracional de la prisión preventiva en México, y obra del doctor Guillermo Zepeda. 

El abogado Tapia Olivares, en tanto, dio la referencia de una columna que publicó en 2013 el Centro Prodh, con el título Prisión preventiva, automática y excesiva.

También está este estudio de México Evalúa -con el que colaboró la abogada Ana Laura Magaloni y que fue publicado en 2013-, donde se criticó que el “uso y el abuso de la prisión preventiva” era una de las principales causas de la sobrepoblación y hacinamiento en el sistema penitenciario.

Sobre la reforma ocurrida en 2008, dicho análisis destacó que con ella se acotó que la prisión preventiva oficiosa solo podía aplicarse en los casos de cinco delitos: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro y trata de personas. 

“En los estados que han implementado la reforma ya no es forzosa por ley la prisión preventiva por robo sin violencia de artículos menores como galletas o perfumes en tiendas departamentales; o por daños derivados de accidente de tránsito”, señaló el estudio.

Además en 2021, como ya referimos, Animal Político e Intersecta publicaron la investigación Prisión preventiva, el arma que encarcela pobres e inocentes.

El vocero del gobierno también mencionó que el exministro José Ramón Cossío “inició un juicio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para defender a una persona que había sido, con esta figura, detenida sin sentencia durante 17 años”.

Al respecto, Cossío señaló en su cuenta de Twitter que acudió a una audiencia de la Corte IDH, no de la Comisión,  y que lo hizo en calidad de perito de las víctimas para hablar sobre las figuras de PPO y arraigo. 

“No soy abogado de las víctimas, ni litigo el caso, comparecí como perito para dar una opinión constitucional sobre el tema”. 

Del mismo modo, colocó un enlace de un artículo publicado en el diario El País, en 2017, donde criticó que  “la fuerte inseguridad lleva a apoyar la solución del encierro del mayor número de sospechosos”. 

En la conferencia, Cuevas acusó a la abogada Ana Laura Magaloni de participar en “una campaña por la liberación de los asesinos de Acteal”, sin preocuparse por las víctimas, y ahora criticar que se implemente la prisión preventiva oficiosa.

Al respecto, Magaloni recordó que en 2007 la División de Estudios Jurídicos del CIDE se encargó de la defensa de indígenas tzotziles encarcelados como responsables de la matanza de Acteal, en 1997, porque el proceso en su contra había estado lleno de irregularidades, y había gente de bajos recursos sin la capacidad de contratar una defensoría jurídica adecuada, como ocurre ahora con la PPO.

“¿Qué pasó en Acteal? Pues lo mismo que hace nuestro sistema con frecuencia, fabricar culpables”, dijo Magaloni en entrevista con Radio Fórmula, criticando que las fiscalías no realicen investigaciones adecuadas, para en verdad hacer justicia. “Ese mismo sistema que vimos en Acteal, ese mismo sistema no se ha reformado”, agregó.

Aumentan detenidos sin sentencia

Como te contamos en esta otra nota, la Suprema Corte discutirá dos proyectos encaminados a eliminar la figura de la prisión preventiva oficiosa (PPO) u automática. 

En 2008 se aprobó esa medida bajo el argumento de que así se combatiría la impunidad. Al inicio se catalogaron solo seis delitos con los que se aplicaría, aunque en 2019 se agregaron una docena más. 

Pero, como también explicó el especial, la PPO y sumar más delitos para que se aplique no ha logrado reducir la impunidad, ni ayudar a que prevalezca la justicia.

Un ejemplo, es la historia de Ana Georgina, quien fue acusada por el delito de delincuencia organizada, delito catalogado como de prisión preventiva oficiosa. El delito se castiga con 8 años de prisión, pero acumuló 12 años en prisión, sin condena. 

José Luis Gutiérrez Roman, director de la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), señala que con el paso de los años ha quedado expuesto que la PPO incentiva la fabricación de culpables. 

Si te quiero mantener en la cárcel no te acuso de robo, sino de robo con violencia, te pongo un medio violento, ese medio ya te lleva a que sea un tema de prisión preventiva oficiosa, a ese nivel llega (el abuso de la medida)”, comenta el especialista. 

Si la prisión preventiva oficiosa es eliminada, la prisión preventiva deberá quedar como una medida excepcional y no la regla, enfatizan especialistas. 

De lo contrario, aunque se elimine, se seguirá con el mismo problema.

La prisión preventiva es una de las 14 medidas cautelares posibles. Otras son colocar un brazalete localizador, acudir a firmar a una penitenciaría o entregar el pasaporte, por mencionar algunos. 

Con la prisión preventiva, “debe haber un debate de las medidas, para analizar el impacto que tendrá en la persona, una de sus características es que la prisión preventiva sea lo último que debe ser”, subraya Gutiérrez Roman, director de la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal). 

El artículo 20 de la Constitución señala que la prisión preventiva no debe exceder un máximo de 2 años sin importar el delito imputado, y en caso de que se cumpla ese tiempo, el denunciado puede acceder a otras medidas. 

Pero, la realidad es que en México los procesos se dilatan y los denunciados pueden permanecer años en espera de una sentencia, lo cual contraviene a la Constitución y a los tratados internacionales de los que México es parte. 

El economista y extitular del Inegi, Julio A. Santaella, citó el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales #CNSPEE 2022 para referir que en 2021 comparado con 2020 la población privada de libertad sin sentencia aumentó 7.6%

“42.1% de la población privada de la libertad no contó con una sentencia, proporción que ha aumentado y es mayor para las mujeres (52.9%)”, refirió.

“¿Cuánto llevan esperando sentencia? El 29.5% de los hombres internados en centros penitenciarios federales o estatales sin sentencia llevan más de 12 meses internados esperando (25,373 hombres), mientras que para las mujeres el porcentaje es mayor en 31.7% (2,073 mujeres).

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