Falso que eliminar prisión preventiva oficiosa impida encarcelar a 'factureros'
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync

Es falso que eliminar la prisión preventiva oficiosa impida que ‘factureros’ pisen la cárcel

La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló eliminar la prisión preventiva oficiosa para los delitos de fraude fiscal, contrabando y uso de facturas, pero queda la prisión preventiva justificada.
Frase
Hoy la SCJN decidió echar atrás la prisión preventiva por fraude fiscal, contrabando y uso de facturas falsas
Autor
Citlalli Hernández, secretaria nacional de Morena.
Lugar y fecha
25 de octubre de 2021. Publicación en Twitter.
26 de octubre, 2021
Comparte

El presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria nacional de Morena, Citlalli Hernández, aseguraron que con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de avalar que se elimine la prisión preventiva oficiosa para delitos de fraude fiscal y uso de facturas falsas, se impide que “delincuentes de cuello blanco” o factureros puedan “pisar la cárcel”.

Sin embargo, esos dichos son falsos. Lo que hizo la Corte es validar que ya no se aplique la prisión preventiva automática cuando una persona sea acusada por alguno de los delitos ya mencionados, como el uso de facturas falsas, sin embargo, aún puede aplicarse la prisión preventiva justificada y seguir el camino judicial hasta definir si son culpables o no. 

Incluso, en redes sociales se ha difundido desinformación al respecto de esta decisión.

Lo que resolvió la SCJN no interfiere con ese proceso, de investigación y resolución de los juicios, hasta determinar si una persona merece o no estar en la cárcel. 

El ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar destacó sobre la resolución que  “no implica que sin prisión preventiva oficiosa delincuentes peligrosos o que han defraudado de manera muy importante al país están en libertad, lo único que significa es que en estos casos, la juez o el juez, tendrán que dictaminar una resolución de por qué una persona debe o no debe estar detenida mientras se resuelve sobre su responsabilidad”. 

Lee más: Corte invalida prisión automática para contrabando, defraudación fiscal y uso de facturas falsas

La diferencia entre prisión preventiva oficiosa y prisión preventiva justificada 

En su mensaje en Twitter, la secretaria general de Morena habló de que la SCJN había decidido “echar atrás la prisión preventiva por fraude fiscal, contrabando y uso de facturas falsas”.

Habló en general de “prisión preventiva”, sin especificar que la Corte había invalidado solo la prisión “preventiva oficiosa”, y no la prisión preventiva justificada, por lo que abogadas especialistas como Estefanía Vela, de Intersecta, le señalaron que su dicho era falso.

“Esto es falso, Citlalli. La @SCJN invalidó la prisión preventiva OFICIOSA en estos casos. Sigue existiendo la prisión preventiva JUSTIFICADA, que obliga a la fiscalía a demostrar, en cada caso, por qué la prisión preventiva es necesaria”, le apuntó Vela. 

En México existen dos tipos de prisión preventiva, según explica la organización Impunidad Cero: la oficiosa, en donde automáticamente una persona va a la cárcel antes de recibir su sentencia, y la justificada, donde un Ministerio Público tiene que justificar ante el juez las razones por las que se debe de emitir prisión preventiva en lo que se resuelve el caso.

Para justificar la solicitud de prisión preventiva en los delitos mencionados, explica Javier Martín Reyes, abogado y académico del CIDE, con la resolución de la Corte los ministerios públicos deben comprobar ante el juez que si la persona lleva su proceso en libertad se corre el riesgo de fuga, se vuelve un riesgo para las víctimas o impide el desarrollo del proceso penal. 

Martín recuerda que la prisión preventiva “es una medida cautelar que te sirve para mandar a prisión en lo que se termina la investigación, y hasta que concluya el juicio”. 

En su lugar, detalla, pueden ser utilizadas otras medidas. “A las personas les pueden quitar el pasaporte, les pueden pedir que pasen a firmar cada determinado tiempo, se les puede pedir alguna garantía económica, se les puede pedir incluso resguardo en su domicilio con vigilancia, se les puede pedir que se excusen de acudir a ciertos lugares o reuniones, se les puede prohibir que se acerquen a las víctimas, ese catálogo de medidas cautelares es muy amplio”, comenta Martín. 

Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se ha pronunciado ante la prisión preventiva oficiosa refiriendo que viola el principio de la presunción de inocencia. 

Si no hay prisión preventiva es porque fiscalías no demuestran ante el juez que sea necesario aplicarla

En el tuit que lanzó Citlalli Hernández sobre el tema se coloca un video en el que asegura que los mayores beneficiados con la resolución de la Corte serán los “grandes delincuentes”.

“La Suprema Corte de Justicia acaba de probar una acción de inconstitucionalidad que promovieron los corruptos del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano para que la prisión preventiva en delitos graves como corrupción, defraudación fiscal, los factureros y el contrabando, no se aplique a los grandes delincuentes de este país”, dice Citlalli. 

Incluso refiere que personas como la conductora Ines Gómez Mont, acusada de fraude al fisco y enriquecimiento ilícito, podría nunca pisar la cárcel gracias a este cambio. Pero los especialistas coinciden en que esa idea es equivocada. 

La directora de Intersecta, Estefanía Vela, explica que en un caso como el de Gómez Mont “(el que no pise la cárcel) no es producto de que se quite la prisión preventiva oficiosa, eso es producto de que la Fiscalía no pueda justificar por qué ella debe estar de manera preventiva en la cárcel… si una Fiscalía no es capaz de sustentar frente a un juez por qué una persona debe de estar en prisión preventiva, esa fiscalía claramente está haciendo mal su trabajo”.

El abogado Javier Martín Reyes comenta que con la eliminación de la prisión preventiva oficiosa para estos delitos, contrario a lo que dice Citlalli en el video y lo que mencionó el presidente López Obrador en la conferencia matutina, los beneficiados pueden ser personas ajenas al poder y el dinero.

Por ejemplo, personas que creen que genuinamente no tenían que pagar una contribución o que por alguna situación dejaran de pagarla, y por ello se les inicie un caso de defraudación. 

Estas personas, agrega Martín, pueden tener un trabajo estable, familia, personas que dependen económicamente, que no tenga propiedades en otro país, ni otra nacionalidad, ni grandes cantidades de dinero, ni pasaporte, ni  la posibilidad de influir en el sistema de justicia. 

“Entonces es una persona que tiene una mínima posibilidad de fuga porque tiene trabajo, tiene dependientes, lleva viviendo en la misma dirección, ¿Por qué tendría que hacer prisión preventiva un caso así? Si no hay víctimas en riesgo, no hay un riesgo de que se entorpezca el proceso, pues tendría que seguir su proceso en libertad, esa tendría que ser la regla”, enfatiza Martín. 

Impunidad Cero sostiene que de hecho la prisión preventiva oficiosa afecta a las personas de menos recursos, y la medida no combate o reduce la impunidad. 

De acuerdo con la investigación publicada por Animal Político e Intersecta, al 85% de los detenidos por prisión preventiva en México el año pasado no se les ha podido pobrar el delito por el que se les acusa, y siguen en la cárcel. 

Lee más. La cárcel es la regla: se acabaron los inocentes, van a prisión 85% de los detenidos sin probar el delito. 

Los partidos políticos no fueron los únicos solicitantes 

En su video, Citlalli asegura que quienes promovieron la acción de inconstitucionalidad fueron PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, pero es inexacto. 

Quienes lo hicieron fueron integrantes del Senado de México -sí, pertenecientes a esos partidos-, pero también la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 

Las acciones de inconstitucionalidad, detalla Martín, “son un mecanismo que permiten que la Suprema Corte revise si una ley secundaria es conforme  o no a la constitución, después de que se aprobó esa ley”. 

“La CNDH puede impugnar cuando se tratan de reformas que violan derechos humanos. Y las minorías parlamentarias también. En cierta medida (las acciones de inconstitucionalidad) son contrapeso porque pudieron haber perdido el debate parlamentario y pueden acudir a la Corte”, agrega Javier Martín Reyes. 

Según el comunicado de prensa de la SCJN, la impugnación se dio contra una reforma ocurrida en noviembre de 2019, que aumentó la lista de delitos con prisión preventiva oficiosa, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y el Código Fiscal de la Federación.

En la revisión de los casos, los ministros decidieron invalidar estas reformas, dándole la razón la CNDH y el Senado.

En su discusión, los ministros sostuvieron dos argumentos para invalidar. El primero es que los diputados se excedieron en aquella ocasión al calificar los delitos fiscales como amenazas para la seguridad nacional. Lo segundo es que, de acuerdo a artículo 1° de la Constitución, los tratados internacionales y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la prisión preventiva es una medida cautelar excepcional que sólo puede dictarse cuando existe un riesgo comprobado.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.