close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Cuartoscuro

Qué sí y qué no propone la Ley de Amnistía enviada por AMLO al Congreso

¿Es una invitación a delinquir, una propuesta para disminuir la injusticia social del sistema jurídico o una estrategia para modificar las cifras delictivas? Expertos lo explican.
Cuartoscuro
22 de septiembre, 2019
Comparte

Por la iniciativa de Ley de Amnistía que envió el Presidente a la Cámara de Diputados se ha publicado información falsa o supuestas interpretaciones legales sobre temas que la ley ni siquiera contempla. ¿Es una invitación a delinquir, una propuesta para disminuir la injusticia social del sistema jurídico o una estrategia para modificar las cifras delictivas? Expertos explican qué sí dice y qué no esta propuesta, a quién se aplica y qué impacto podría representar en el sistema jurídico federal.

La propuesta

El pasado domingo 15 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Amnistía. Hubo quien acusó al presidente de promover la impunidad y la comisión de delitos, o quienes aplaudieron la propuesta por considerarla una acción a favor de la justicia social del país.

Lee: AMLO lleva al Congreso Ley de Amnistía para presos políticos, mujeres que abortaron y quienes robaron sin violencia

En la conferencia de prensa del pasado 17 de septiembre, López Obrador aseguró que “esta iniciativa en particular tiene que ver con la gente humilde que no fue asistida, que no tuvo abogados, es dejar en libertad a indígenas que están en las cárceles de manera injusta, mujeres, ancianos, quienes no tuvieron una defensa adecuada que no se les asistió, no se les ayudó; y los delitos por los que son acusados no son graves, no son delitos de sangre, de violencia”.

A quién se le otorga Amnistía 

Según la exposición de motivos de la propuesta presentada a la Cámara de Diputados, en los penales federales existe un número significativo de personas que están recluidas en los penales por delitos menores, “provocados por el hambre y la pobreza”.

Según la iniciativa son las mujeres, los jóvenes y los indígenas los grupos más afectados. Las primeras muchas veces presionadas y amenazadas por sus parejas, los segundos por no contar con oportunidades de educación ni empleo, y los terceros por enfrentar el proceso sin un traductor.

Por ello, la iniciativa contempla decretar amnistía a las personas que no sean reincidentes en los siguientes delitos, si fueron cometidos antes de que esta Ley entre en vigor:

  • Aborto, tanto para la mujer que lo haya cometido, como para el personal que la haya asistido;
  • delitos contra la salud cometidos en condiciones de extrema pobreza o alta vulnerabilidad obligados por algún familiar o un miembro del crimen organizado;
  • cualquier delito cometido por personas pertenecientes a una comunidad indígena que no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado;
  • delito de robo sin violencia que no amerite más de 4 años de prisión,
  • delito de sedición, que es el levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno.

La amnistía no contempla a quienes hayan atentado contra la vida o la integridad corporal, quienes hayan cometido secuestro, ni para quien haya empleado un arma de fuego para cometer algún delito.

La propuesta indica que no desaparecen los delitos, solo se extinguen las penas, por lo que las cifras estadísticas de comisión de delitos no tendrían que modificarse.

Entérate: Liberan a seis indígenas defensores del agua; gobierno revisa 583 expedientes de “presos políticos”

Miguel Alfonso Meza, consultor del Despacho de investigación y litigio estratégico (DILE), explica que esta ley se aplica a actos y personas con características específicas. Por lo que la amnistía no se otorgará de forma masiva, por el contrario, serán pocas las personas a quienes se les otorgue la amnistía.

Gabriela Morales, académica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán y de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), señala que desde una perspectiva de derechos humanos la iniciativa busca “disminuir las desventajas que sufren los grupos vulnerables porque las personas destinatarias de la ley son mujeres o pertenecientes a comunidades indígenas o jóvenes que por diversas circunstancias sociales y económicos se han visto obligados a delinquir”.

La académica agrega, que esta iniciativa también considera la perspectiva de género, “otra de las demandas más fuertes de la sociedad pues considera a las mujeres que se han practicado un aborto, así como a los médicos que las asistieron”.

En redes sociales, hay quien denuncia que con lo que propone esta ley, el robo menor a 52 mil pesos no será sancionado, pero el especialista de DILE explica que esto no funciona así, pues la amnistía sólo es aplicable a delitos que se cometieron antes. “Tampoco creo que nadie que tiene la tentación de robar, tome la decisión de hacerlo solo porque el presidente lanzó esa iniciativa al Congreso”, señala.

La ley indica que cualquier persona indígena puede aspirar a la amnistía independientemente del delito cometido, pero también señala que no se le puede otorgar la liberación a quienes emplearon la violencia o atentaron en contra de la integridad, o la vida de otras personas.

Considerando que la amnistía no va a ser aplicable a ningún delito que se cometa en el futuro y que sólo considera pocos delitos cometidos en el Fuero Federal, para Miguel Alfonso Meza esta legislación tendrá poco impacto, “pues los delitos que prevé son menores, y generalmente no se persiguen en el ámbito Federal. El aborto y los delitos contra la salud generalmente son delitos locales”.

El colaborador de DILE explica que son muy pocas las personas que han cometido los delitos federales que señala esa ley. No a todas esas personas les es aplicable, y todavía tienen que hacer la solicitud y seguir el proceso burocrático. Por tanto, “va tener una incidencia que en términos loables apenas se va a percibir, sus efectos prácticos van a ser nulos”.

Según el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2018 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al cierre de 2017 se registraron 200 mil 228 presuntos delitos del Fuero Común en las intervenciones policiales realizadas con dicha finalidad por las instituciones de seguridad de las Administraciones Públicas Estatales, frente a 12 mil 868 presuntos delitos del Fuero Federal. El narcomenudeo representa el 22% de estos delitos, el resto de los supuestos a los que se les podría aplicar la amnistía representan menos del 10%.

Salen pocos, entran muchos

Para Miguel Alfonso Meza, “la política penal va en contra de todos los supuestos buenos motivos que están detrás de esta ley” pues, “según el gobierno quiere pacificar al país, que los jóvenes no sean criminalizados, quiere que no se aumente la desigualdad, pero por el otro lado el gobierno sigue aprobando delitos con prisión preventiva oficiosos que lo único que hace es que haya  jóvenes, pobres e inocentes en la cárcel, por un lado libera a pocos y por otro encarcela a muchos a quienes no se les a probado el delito”, apunta.

Luisa Gabriela Morales coincide, “es un paliativo que no ataca la raíz la causa, lo que se tiene que hacer es revisar todo el sistema de procuración y administración de justicia. Porque entonces vamos a tener un sistema de procuración de justicia que va a estar encarcelando a los pobres, a los indígenas, a las mujeres que abortan, pero por otro lado vamos a tener una ley que los va a sacar. Es contradictorio”.

Presos políticos, un pendiente

El especialista de DILE señala que para poder aplicar esta ley se debe realizar un trámite frente a la Fiscalía, pero el delito de sedición es cosa aparte. Este se hace a través de la Secretaría de Gobernación, quien decidirá a quién se aplica, y eso es un pendiente, coinciden expertos.

“El presidente no ha explicado en quien ha pensado cuando se piensa en liberar a personas por el delito de sedición, mejor conocidos como presos políticos, debemos exigir en quienes está pensando al proponer eso y que sea explícito a quienes está dirigido esta ley”, señala.

Para la académica de la UNAM “una cuarta arista de esta ley es la de liberar a los llamados presos políticos, ese es el más polémico, pues finalmente puede servir para liberar a personas que pueden ser oponentes o personas que pueden ser instrumentalizadas por el gobierno”.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.