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Cuartoscuro
El Sabueso: Morena usó datos engañosos en el Senado para defender la Guardia Nacional
Morena circuló entre senadores un documento para desmentir supuestos mitos sobre la Guardia Nacional previo a su discusión en el pleno del Senado. Pero no todos los datos son exactos.
Frase
"La Guardia Nacional es un cuerpo de seguridad pública de carácter civil"
Autor
Grupo Parlamentario de Morena en el Senado
Lugar y fecha
Senado de la República, 19 de febrero 2019
Cuartoscuro
Por Yuriria Ávila
20 de febrero, 2019
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La Coordinación del Grupo Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado redactó un documento, firmado por el Senador Ricardo Monreal, para responder a los supuestos mitos que existen en torno a la Guardia Nacional. El documento circuló entre senadores previo a la discusión del dictamen para crear ese cuerpo de seguridad que ocurrirá este jueves en el Pleno.

El Sabueso revisó el documento y encontró que alguna información que se utilizó para desmentir esos supuestos mitos es engañosa.

Aquí puedes ver el documento de Morena completo.

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Según el documento redactado por Morena, el carácter civil de la Guardia Nacional está garantizado porque su jefe supremo, el presidente de la República, es civil y porque se recluta a los integrantes de manera abierta entre la población.

Sin embargo, el proyecto de dictamen que discutirán los senadores eliminó la adscripción y dirección de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad. Estos dos elementos estaban en la minuta aprobada en enero de 2019 en la Cámara de Diputados, pero en la última propuesta se modificó.

La minuta establecía que la “La Ley determinará la estructura orgánica de la Guardia Nacional adscrita a la secretaría del ramo de seguridad”. Dicho enunciado se suprimió, por lo que la profesionalización, disciplina, operación, formación, con el nuevo dictamen, corresponderá al orden militar.

La dirección exclusivamente civil también se eliminó. El nuevo dictamen propone que la dirección de la Guardia Nacional esté compuesta por una Junta de Jefes de Estado Mayor compuesta por integrantes de ramos de Seguridad, Defensa Nacional y Marina. Es decir, dos mandos militares y uno civil.

El documento cita un párrafo del libro 2018. La salida. Decadencia y renacimiento de México, publicado por Andrés Manuel López Obrador en febrero de 2017, cuando todavía no era candidato a la presidencia.

Ahí mencionó que el Ejército y la Armada se convertirían en “instituciones de protección de los mexicanos” y la posibilidad de la creación de una Guardia Nacional conformada por soldados y marinos. Si bien, durante la candidatura en 2018, el presidente no habló de reducir las funciones de seguridad del Ejército, sí lo hizo cuando fue candidato presidencial en 2012.

En febrero de 2012, en un mensaje por internet López Obrador sostuvo: “Tenemos que ir sacando al Ejército de las calles. El Ejército no está preparado para esta función, es otro su encargo, es defender la soberanía nacional  y no debe de seguirse exponiendo al Ejército, es una institución que debemos de cuidar todos, no socavar al Ejército.

En el mismo mensaje, el presidente detalló que el proceso de regresar al Ejército a los cuarteles tomaría seis meses mientras se profesionaliza la policía para encargarse de la seguridad pública.

En marzo de 2010, los estudiantes de posgrado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus Nuevo León, Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado Alonso, fueron asesinados por militares.

En una primera versión de los hechos, el Secretario de Defensa Nacional sostuvo que las dos personas ejecutadas en el enfrentamiento eran dos “peligrosos narcotraficantes” quienes se encontraban armados.

Al comprobarse que se trataba de estudiantes, las autoridades argumentaron que los jóvenes fueron confundidos con sicarios porque los narcotraficantes supuestamente se refugiaron en el ITESM y lanzaron granadas desde adentro contra los militares. Otra línea de investigación que llevó la Sedena fue la muerte de los estudiantes en un fuego cruzado por una bala de los presuntos criminales.

En agosto de 2010, la Comisión Nacional de Derechos Humanos inició un expediente en el cual advierte que el Ejército realizó violaciones a los Derechos Humanos “a la legalidad y la seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal, al trato digno, a la información, al acceso a la justicia y al honor por actos consistentes en el uso arbitrario de la fuerza pública, tratos crueles e inhumanos, alteración de la escena de los hechos e imputaciones indebidas, así como ejercicio indebido de la función pública, cometidos en agravio de Javier Francisco Arredondo Verdugo, Jorge Antonio Mercado Alonso y sus familiares, de la comunidad del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y de la sociedad mexicana”.

De acuerdo con la CNDH, los estudiantes no portaban armas ni viajaban en la camioneta que agredió a los militares y tampoco eran miembros de la delincuencia organizada como sostuvo el Secretario de la Defensa Nacional.

Ambas víctimas contaban con lesiones en el rostro producidas por un traumatismo directo con un objeto de consistencia dura, mientras estos aún estaban con vida.

La posición de los cuerpos fue modificada y le fueron depositadas armas para hacerlos pasar como miembros de la delincuencia organizada. La ausencia de credenciales entre sus pertenencias y mochilas generan la presunción de que fueron sustraídas.

Un video analizado por la Comisión se observa cómo los militares destruyeron la cámara de seguridad perimetral que se encontraba en la caseta de vigilancia del campus. Además, a petición de un elemento militar, el Jefe de Operativos de Seguridad del Campus del Instituto Tecnológico de Monterrey, entregó la videograbación de las cámaras de seguridad que circundan y grabaron lo ocurrido en el plantel educativo

El documental mexicano dirigido por Alberto Arnaut Hasta los dientes, expuesto en marzo de 2018, muestra los vídeos de cámaras de seguridad del Tecnológico de Monterrey en los que es visible el momento en el que los militares manipularon la escena, colocaron las armas y destruyeron las cámaras de seguridad. También se observa cómo los militares atacaron a Jorge y Javier, incluso el momento en que manipulan la escena y colocan armas a los jóvenes.

El argumento sobre las violaciones a derechos humanos de las fuerzas armadas con respecto a las otras fuerzas de seguridad fue retomado de un documento redactado por el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados para reunir sus argumentos a favor de la creación de la Guardia Nacional.

Según se muestra en la gráfica del documento, Morena utilizó datos del Censo de Derechos Humanos de 2017 y 2018 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el número de elementos de Policía Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) que reporta el anexo estadístico del Sexto Informe de Gobierno. Sin embargo, la metodología para calcular dicha cifra fue engañosa.

Morena calcula el número de violaciones a derechos humanos por cada mil elementos. Este cálculo no considera cuántas detenciones realizó cada corporación: No todos los policías federales que existen, ni todos los militares o los marinos realizan detenciones.

Si la comparación se hiciera basada en las violaciones reportadas divididas entre las detenciones realizadas por cada corporación, entonces la conclusión sería que las Fuerzas Armadas son las que cometieron más violaciones de derechos humanos.

De acuerdo con los datos de la  Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016 del INEGI, la Marina fue la institución que registró el mayor porcentaje de agresiones a los detenidos: 80.04% de los hombre detenidos por dicha institución dijeron que entre el arresto y la presentación ante el Ministerio Público fueron pateados, 70.99%, atados, 62% desvestidos, 61% sofocados, 22% quemados y 17% violados.

El Ejército fue la institución con el segundo porcentaje más alto en todos los tipos de agresiones en las detenciones anteriores. 72% de los hombres detenidos reportaron haber sido pateados, 59% atados, 53% sofocados y 11% violados.

El porcentaje de las agresiones que la Policía Federal realizó durante las detenciones fue más baja que la de las Fuerzas Armadas, sin embargo, en la mayoría de los casos, fue mayor al 40%.

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