Pensión para personas con discapacidad: con escasa difusión y falta cobertura
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Pensión para personas con discapacidad: con escasa difusión y cobertura insuficiente

Según Coneval, la pensión para personas con discapacidad opera con falta de difusión y de claridad para sus beneficiarios.
26 de septiembre, 2022
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Con una cobertura de apenas 65% de su población objetivo, y carencias en la organización y difusión, es como ha operado el programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente (PPBPDP).

Lo anterior, de acuerdo con la evaluación más reciente realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) al funcionamiento del programa.

En el estudio de 2021 se detectó “una limitada articulación entre las Reglas de Operación y la Guía de procedimientos”. Tampoco existía un manual de procesos y, en conjunto, esto causó que las diferentes unidades administrativas que participan en el Programa no tuvieran claro hasta dónde llega su responsabilidad.

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El presidente López Obrador ha presumido avances en este programa en más de una ocasión; así lo hizo en julio y en su discurso por su cuarto informe de gobierno, donde repitió que la pensión para niñas y niños pobres con discapacidad se estaba ampliando a otras edades con la celebración de convenios con los gobiernos estatales, para convertirlo en un programa universal. 

Incluso, el presidente aseguró, falsamente, que “todos los discapacitados del país de hasta 29 años tienen su pensión”. Pero lo cierto es que las cifras no respaldan su dicho y, momentos después, el mismo López Obrador señaló que aún se estaba llegando a acuerdos con algunos estados.

Según el Coneval, en 2021 el Programa que está a cargo de la Secretaría de Bienestar ejerció 15 mil 500 millones de pesos para atender a 990 mil 967 personas. Esto significó una eficiencia de cobertura de 65.37% respecto de la población objetivo de este mismo año.

Es decir, de cada 10 personas elegibles para recibir este apoyo, solo 6.5 lo obtuvieron.

Para el año en curso, el Programa cuenta con un presupuesto aprobado de 20 mil 037.52 millones de pesos y una población atendida de 927 mil 790, en el primer trimestre del año. 

3 años en operación

En 2019 el Programa se creó como una acción institucional; pero en 2020 se modificó el artículo cuarto de la Constitución donde se estableció que el Estado debe garantizar la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente. Es decir, el apoyo se elevó a rango constitucional.

En la Constitución también se detalla que para recibir esta prestación tendrán prioridad personas menores de dieciocho años, indígenas, afromexicanas hasta la edad 64 años; así como las personas que se encuentren en condición de pobreza.

En este sentido, la recomendación central del Coneval es “fortalecer que la población derechohabiente del Programa identifique que no recibe un beneficio del Programa, sino que la pensión representa el cumplimiento del Estado mexicano a un mandato de orden superior normado en la Constitución”.

La baja cobertura del programa (65% de la población objetivo en 2021) es un hecho que ya había sido descrito por organizaciones como Yo también. Por ejemplo, a inicios de agosto documentó que aunque se amplió el plazo para nuevos beneficiarios, “no fue suficiente para que la cobertura llegará ni siquiera a la mitad de las metas fijadas por la Secretaría de Bienestar”.

Aunque vale la pena destacar que el monto de los apoyos monetarios otorgados se ha incrementado en cada ejercicio fiscal, ya que en 2019 el apoyo era de mil 275 pesos; en 2020, de mil 310 pesos y, en 2021, de mil 350 pesos, según el Coneval.

Sin coordinación y falta de información

El Coneval también encontró que el Programa no cuenta con un mecanismo para conocer la satisfacción de las personas beneficiarias, e identificó que uno de los problemas es la falta de claridad en la información que se le hace llegar a quienes reciben el apoyo. 

Como ejemplo describe que los funcionarios o Servidores de la Nación encargados de dar información y gestionar la entrega de los apoyos solo mencionan a los beneficiarios los requisitos de ingreso y el monto, pero sin dejarles un referente impreso para que tengan claros los requisitos y los documentos necesarios.

Al no tener la información completa, “las personas derechohabientes como las personas adultas auxiliares desconocen otras formas de apoyo económico y/o en especie, como es el pago de marcha y los vales para el bienestar”, describe el informe. 

El pago de marcha es un apoyo económico que se entrega por única ocasión al familiar designado por el beneficiario si este fallece. 

Respecto de dichos vales, también se identificó que “el personal operativo conoce poco sobre el mecanismo para la incorporación de las instituciones que pueden brindar dichos servicios”. Por ello, es fundamental mejorar la comunicación y difusión al respecto. 

El análisis que se desarrolló mediante técnicas de carácter cualitativo y trabajo de campo detalla que “el proceso de difusión cuenta con un grado de consolidación operativa bajo”. En su evaluación, obtuvo 5 de 10 puntos posibles. 

Respecto del proceso de selección de derechohabientes, el Coneval lo calificó con un grado de consolidación operativa medio al obtener 7 de 10 puntos.

Además, destaca que se necesita un manual de procesos donde se especifiquen los procedimientos internos, pues no hay articulación entre las Reglas de Operación (ROP) y la Guía de Procedimientos para el Operativo de Bienestar.

Aunque Coneval reconoce que la difusión del Programa ha sido adaptada a las características de la región, por ejemplo, usando la radio local o el perifoneo “el contenido de los mensajes requiere especificar aspectos relevantes”.

La recomendación específica es que en la difusión se especifiquen los criterios para ser beneficiario del programa, incluyendo la definición de “discapacidad permanente” que considera el Programa. 

Además, de que se informe tanto a los beneficiarios como a los funcionarios las razones por las que las personas, en su caso, lleguen a ser rechazadas. Pues ni los operadores locales tenían claridad sobre las razones de rechazo. 

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