Posibles delitos que AMLO minimiza al ignorar pleito Scherer-Gertz
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Cuartoscuro Archivo

Los posibles delitos que AMLO minimiza al ignorar el pleito entre Scherer, Gertz y Cordero

La confrontación ha exhibido posibles conductas delictivas como tráfico de influencias, abuso de autoridad y faltas administrativas graves, en el nivel más alto de funcionarios.
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25 de marzo, 2022
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El presidente Andrés Manuel López Obrador eludió el tema de las acusaciones vertidas por su exconsejero jurídico Julio Scherer Ibarra en contra del fiscal General de la República, Alejandro Gertz, y su exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

“Nosotros no vamos a meternos en esas diferencias”, dijo en la conferencia del 21 de marzo.

Sin embargo estos hechos,  los denunciados por Scherer en su texto en la revista Proceso y el audio filtrado de Gertz, involucran posibles conductas delictivas como tráfico de influencias, cohecho, abuso de autoridad y faltas administrativas graves.

Y especialistas consultados refieren que no solo se trata de un pleito personal o político, porque entre otros puntos está inmiscuido el fiscal general, y el presidente tiene una responsabilidad constitucional respecto a su actuación.

Lo dicho por Scherer en su carta y los posibles delitos

En su texto en Proceso, Scherer acusó a Gertz y a Sánchez Cordero de supuestamente ofrecer en el pasado criterios de oportunidad a cambio de mentir y que lo denunciaran, en los casos de Gómez Mont y Juan Collado.

Un análisis de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) menciona que en ese caso se podría estar violando el artículo 247 del código penal federal, donde se establece una pena de de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa a quien:

  • Soborne a un testigo, a un perito o a un intérprete, para que se produzca con falsedad en juicio o los obligue o comprometa a ello intimándolos o de otro modo.
  • Al que con el propósito de inculpar a alguien como responsable de un delito ante la autoridad, simule en su contra la existencia de pruebas materiales que hagan presumir su responsabilidad, se le impondrá prisión de dos a seis años y de cien a trescientos días multa.

Otro señalamiento de Scherer es que supuestamente el fiscal Gertz le pidió como favor impedir que su cuñada Laura Morán y su hija, Alejandra Cuevas Morán, obtuvieran un amparo por la acusación del homicidio de su hermano, Federico Gertz Manero. 

Con ese hecho, de comprobarse, se estaría incurriendo en tráfico de influencias.

Esto se establece en el artículo 221 del Código, donde se menciona que comete ese delito el “servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión”.

Otra situación mencionada es la de que “Gertz ha pedido información de todo tipo de trámites que yo haya hecho ante todas las dependencias públicas en los últimos 11 años”.

En ese sentido, se estaría incurriendo una violación al artículo 225 del código penal, donde se señala que va contra la administración de justicia el “ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o concedan a alguien una ventaja indebidos”. 

Un punto más que refirió Scherer es que supuestamente Gertz “hace uso de la fiscalía como si fuera su despacho privado y tiene a Juan Ramos López, su subprocurador, como abogado de cabecera para privilegiar el avance de sus asuntos personales por encima de las cuestiones emblemáticas del gobierno”.

En ese caso, según la Fundación, el de utilizar a personal de la FGR para asuntos personales, “no sería constitutivo  de delito, sino de una falta administrativa grave de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Además, se tendría que acreditar que lo hizo dentro del horario laboral”.

La abogada Estefanía Medina coincide en señalar la presunta comisión de delitos como tráfico de influencias, de acuerdo con los dichos de Scherer, aunque también señala posible abuso de autoridad y faltas administrativas graves, señaladas en los artículos 57 y 61 de la ley general de responsabilidades administrativas.

Medina y el abogado Martín Reyes recordaron también la grabación filtrada de Gertz, como un hecho que debería ser investigado, ya que en ella hay indicios de presión a la Corte, obtención de documentos de forma irregular y uso de la FGR para motivos personales. 

Desde la perspectiva de Medina, con lo escuchado en el audio podría investigarse un posible delito de cohecho. 

Esto, según el artículo 222 del C, se da cuando un servidor público solicite o reciba ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, “para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión”. 

Responsabilidad constitucional de AMLO

Al estar inmiscuido el fiscal general -principal figura de investigación de delitos a nivel federal-, el presidente López Obrador tiene una responsabilidad constitucional y política, de vigilar que Gertz esté actuando conforme a la ley y, si es necesario, incluso destituirlo, señalaron las y los especialistas consultados.

Sobre todo, considerando que en el diseño actual de la FGR no hay contrapesos ni mecanismos de control efectivos para vigilar su actuación al interior del propio organismo, y es improbable que la propia Fiscalía que comanda lo investigue.

“Hay una tremenda irresponsabilidad constitucional del presidente de la República cuando minimiza esas acusaciones de su consejero jurídico Scherer, no solo por la gravedad de lo que ahí se está diciendo, sino por la responsabilidad constitucional que tiene el presidente”, señaló el abogado Javier Martín Reyes. 

“Quien tendría que estar verificando que la FGR no cometa irregularidades, que no cometa violaciones graves a la Constitución es precisamente el presidente de la República”, agregó.

En cuanto a Scherer, quien tenía un cargo clave como consejero jurídico de la  presidencia, enfrenta distintas indagatorias y denuncias de usar el alto nivel que alcanzó en el gobierno de López Obrador, su cercanía al poder, supuestamente para obtener réditos con negocios particulares. 

La FGR lo investiga tras recibir denuncias en su contra por, presuntamente, frenar un procedimiento administrativo y penal por irregularidades en la concesión del Viaducto Bicentenario otorgada a OHL (hoy Aleática). Además, Juan Collado lo acusó a él y a un despacho de abogados presuntamente cercanos a él de pedirle más de 2 mil mdp para salir libre.

“Aunque ellos están debatiendo a un nivel más político, a nivel legal el punto es que los dos casos se deberían estar investigando con el mayor detalle y acuciosidad, porque podría ser que los dos terminen siendo objeto de sanciones, no son excluyentes”, dijo la abogada Estefanía Medina sobre las acusaciones recíprocas entre Gertz y Scherer, en las que también se nombra a Sánchez Cordero.

FGR, sin contrapesos

Martín Reyes y Medina coinciden en que no debe darse automáticamente por buena ninguna de las versiones si antes no se realiza una investigación profesional que aclare lo ocurrido. 

Sin embargo, señalan las deficiencias estructurales que dificultan que esto ocurra. 

“Los delitos que son cometidos por personal de la propia fiscalía extrañamente no están a cargo de la fiscalía anticorrupción, están a cargo de una unidad de asuntos internos, de acuerdo a la ley”, refiere Medina. 

Asuntos internos, señala, depende completamente del fiscal general. 

Entonces, “si hago algo, prácticamente me lo van a denunciar a mí mismo, y entonces yo puedo si quiero no investigar y el asunto no queda en nada”.

Por esa circunstancia, los abogados y especialistas mencionan el papel que debería tener la presidencia de López Obrador y también el Senado, para funcionar como contrapesos y evitar que funcionarios de la Fiscalía se sientan impunes.

“Habrá que ver si son acusaciones verdaderas o  falsas. Pero se tendrían que investigar, idealmente a nivel interno, de la FGR, pero el presidente y el Senado deberían tener una función importante en su papel de contrapeso que les da la Constitución”, dijo Reyes. 

Medina también mencionó que la Consejería Jurídica de la Presidencia debería investigar estas acusaciones, para descartar que el presidente López Obrador termine teniendo un grado de responsabilidad, por no actuar cuando era necesario.

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