¿México puede replicar el sistema brasileño de voto electrónico?
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¿México puede replicar el sistema brasileño de voto electrónico? Los pros, contras y resistencias

Contrario a lo dicho por el presidente, no es algo que se logre de la noche a la mañana de cara a la elección de 2024, lo que implicaría un gasto importante.
3 de noviembre, 2022
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El Tribunal Electoral de Brasil reportó el domingo pasado, solo dos horas después de cerrar las casillas, que se había hecho un escrutinio del 90% de los votos, con una ventaja del 1% para Lula da Silva, hoy presidente electo del país sudamericano. 

En medio de la discusión sobre una nueva reforma electoral en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador elogió el “increíble” sistema de aquel país, porque se había tenido un proceso eficiente y rápido, y aprovechó para nuevamente criticar el desempeño del INE en el conteo de votos, donde interviene la ciudadanía. 

Diferentes usuarios de redes sociales le recordaron al mandatario que esa velocidad brasileña en el procesamiento de resultados se da porque allá tienen un sistema de urnas electrónicas, algo que López Obrador planteó copiar, con el argumento de que “seguro que cuesta menos, que no es tanto gasto”. 

Al respecto, especialistas consultados refirieron las ventajas del sistema electrónico adoptado ya en distintos países, no solo en Brasil, aunque subrayaron que, como cualquier esquema, también con riesgos, relacionados con la forma en que se compran los equipos y cómo se programan. 

Y contrario a lo dicho por el mandatario, también señalaron que implementar un sistema electrónico similar al brasileño no es algo que se logre de la noche a la mañana, de cara a la elección de 2024, lo que implicaría un gasto importante.

Además de presupuesto, ¿qué se requeriría para avanzar a un sistema como el de Brasil? ¿Qué experiencia acumula hasta ahora México con urnas electrónicas? Te explicamos:

Brasil tiene 22 años con urnas electrónicas; México solo las usa para algunas elecciones locales 

Si bien Brasil no es el único país con urna electrónica —hay otros 23 países del mundo, entre ellos Venezuela—, el caso de Brasil es reconocido por ser exitoso. 

Para entender ese éxito, es necesario saber que en 1995 se establecieron las directrices del voto electrónico en su Ley Electoral, y desde el 2000 la urna electrónica se utiliza para el 100% de la emisión de sus votos. Incluso, en 2018 se determinó que la votación impresa ponía en riesgo el secreto del sufragio, y para 2022 ningún votante pudo hacerlo de manera impresa. 

En México, en tanto, el voto electrónico es implementado desde hace más de una década, pero solo como un ejercicio en algunos procesos electorales locales y para recibir el voto de mexicanos en el extranjero.  

Por ejemplo, en Coahuila, se utilizó en 2005 para elecciones a gobernador, diputados y ayuntamientos. En 2009, la Ciudad de México y Jalisco usaron la urna electrónica. La primera entidad empleó algunos de estos aparatos para todas las votaciones, mientras que la segunda entidad solo para diputados y ayuntamientos. 

En 2020, Coahuila e Hidalgo utilizaron las urnas electrónicas y, según datos del Instituto Nacional Electoral (INE), a siete de cada 10 votantes les generó confianza. Un año más tarde, el INE lanzó un programa piloto donde permitió la instalación de 50 urnas en Coahuila y 50 más en Jalisco, el equivalente al 0.06% de las urnas en el país. 

Actualmente, los únicos estados donde el voto electrónico está regulado son Ciudad de México, Jalisco, Yucatán, Zacatecas y Baja California. Comúnmente, estas entidades utilizan las urnas para votaciones de consejeros o representantes de niveles locales.

Para que aumente el número de urnas electrónicas, se necesita modificar la ley

Expertos consultados refieren que, para lograr tener una votación donde todo sea con urnas electrónicas, el primer reto sería modificar la Constitución y ley electoral, ya que ese marco jurídico no prevé la urna electrónica para elecciones federales.

Actualmente, la ley dice que el voto es impreso y puede haber algunos apoyos, pero no especifica o aprueba el uso de la urna electrónica.

Una de las iniciativas sobre el tema en el Congreso fue hecha por el propio presidente de México, y consiste en elevar a rango constitucional la garantía del uso de tecnologías de la información para emitir el voto, para que así la ley contemple la votación electrónica.  

Sin embargo, especialistas refieren que los partidos políticos en México han mostrado reticencia a avanzar con el voto electrónico.

Un ejemplo de ello ocurrió en 2020, cuando el partido Morena impugnó sin éxito la decisión de implementar un programa piloto de urna electrónica, con 50 casillas únicas en Coahuila y Jalisco para elegir diputados federales y locales.

En aquel entonces, Morena acusó que el “voto electrónico” no estaba previsto en la Constitución ni en la ley para el caso de las elecciones federales, y que su implementación transgredía diversas disposiciones.

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Más rápidas, pero debe tener mayor presupuesto inicial

El presidente López Obrador defendió el sistema de Brasil asegurando que “dista mucho de ser tan caro como el órgano electoral que tenemos en México”, pero expertos advierten que se necesita de un presupuesto inicial gigantesco y de un presupuesto anual fijo para hacer funcionar un sistema electrónico como el de Brasil

Roberto Castellanos, profesor de la UNAM y asesor de la presidencia del Consejo General del INE, insistió en que a largo plazo el ahorro financiero podría ocurrir, pero el presidente debería tener en cuenta que los gastos iniciales serían mayores. 

Castellanos recuerda que de 1996 al 2000 en Brasil se hizo una inversión inicial gigantesca para que se cubriera el 100% del electorado con urnas electrónicas. Después de ello, la autoridad también tuvo que contemplar un presupuesto fijo al al tema “porque la población va aumentando y se necesitan más casillas, además de mantenimiento”, dijo Castellanos. 

Por otro lado, tener urnas electrónicas permitiría que disminuyan los costos de impresión y distribución de las boletas, así como los tiempos en que se realizan los PREPS o los conteos rápidos y las jornadas en las que los funcionarios de casilla terminan de contar los votos al día siguiente de la elección. 

Sería necesario hacer un balance de dichos gastos.

Un costo elevado por unidad 

Para 2019, el costo estimado de cada urna electrónica en Brasil —que algunas de ellas son adquiridas en Smartmatic era de 17 mil pesos. De acuerdo con Danial Ravel, consejera electoral del INE, actualmente las urnas electrónicas tienen un costo aproximado de 20 mil pesos. 

Castellanos trata de hacer un cálculo breve para saber cuál sería la inversión necesaria para obtener una mayoría de urnas de manera electrónica. En 2021 se instalaron más de 154 mil casillas para votaciones locales y estatales, cada casilla tiene un aproximado de entre dos o tres urnas. 

Para sustituir por lo menos 360 mil de esas urnas por electrónicas, estimó Castellanos, se necesitaría una inversión de 7 mil 200 millones de pesos. 

La consejera Ravel señaló que en Brasil “la inversión ha sido paulatina y su actualización depende de un presupuesto fijo. Para 2024 se prevé renovar 136 mil #urnasElectrónicas con una inversión equivalente a más de 3 mil millones de pesos”. 

Por su parte, las consejeras Dania Ravel y Carla Humphrey explicaron a Milenio que para transicionar al voto digital, el INE está tramitando ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el registro de su propia urna electrónica que podría tener un costo de entre 16 mil y 25 mil pesos. Actualmente el INE está fabricando un paquete de 350 urnas que se utilizaran en 2023 en los estados de Coahuila y el Estado de México.

“Al final, el costo se vuelve redituable, si van a funcionar por 20 o 25 años”, explica Gustavo López Montiel, académico del Tec de Monterrey y especialista en temas electorales. 

Un reto de implementación

El asesor Castellanos mencionó que es un reto su instalación, pues una vez que se compraran las urnas electrónicas tendría que haber otro presupuesto para el resto del sistema de votación y para la capacitación, con el fin de que pudieran converger los votos por la vía manual y electrónica. 

“Ese costo —de las casillas— es solamente para la urna electrónica, a eso habría que agregarle el papel muy especial, la impresión, pero también tendría que hacerse trabajo de capacitación a los funcionarios de casilla”, enfatizó Castellanos. 

Por eso, advirtió que es un sistema difícil de aplicar. “Los políticos son muy desconfiados, si algo no les gusta cómo está funcionando, pues creen que es muy fácil cambiarlo. Creen que debería hacerse, sin comprender lo que hay detrás de funcionamiento, procedimiento, aunque ya haya una inversión mayúscula”.

En esto concuerda el académico López Montiel: “Así los partidos no saben quién vota y les da ansiedad porque no pueden controlar a la gente que vota. No pueden tomar foto a la boleta, sacar a la boleta. A los partidos políticos no les gusta porque no tienen certeza de quién está votando”. 

¿Hay riesgos?

Autoridades electorales y expertos sostienen que el sistema de votación es seguro, aunque también hay voces que persisten en señalar que ningún sistema es infalible, y que habría que poner candados respecto de las empresas a las que se compren los equipos y cómo se programan. 

Jaime Rivera Velázquez, consejero del INE, asegura que la autenticidad del voto con este sistema “está totalmente garantizada”, dado que los equipos utilizados no se conectan a internet.

Sin embargo, Vladimir Chorny, investigador asociado de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), recomienda evitar el uso masivo de las urnas electrónicas, porque pueden ser manipuladas aunque no estén conectadas a internet.

“Tal vez mientras se hace la jornada electoral efectivamente no sean hackeadas. Pero, por ejemplo, el software con el cual se programan las urnas electrónicas, la carga de la memoria de cierto tipo de información, el momento en el que se aplica, eso pasa por internet”, advirtió.

Sería más fácil la votación y se desarticulan conflictos electorales

López Montiel refirió que en Brasil existen cerca de 50 partidos políticos, lo que haría tener una impresión de alto costo para cada boleta; por ello, “con la versión electrónica es más fácil votar; además, te permite votar con tu huella digital”. 

Si bien en México solo existen siete partidos políticos nacionales, permitiría una votación de alianzas sin oportunidad de equivocarse, al señalar, cuando el votante indique, si su respuesta podría ser anulada o es válida, dijo López Montiel. 

Otra de las ventajas, comentó el académico, es que las auditorías en urnas electrónicas son muy rápidas. La certificación de una votación podría durar menos de un día. “Al tener resultados en el mismo día, se desarticulan muchos conflictos electorales”, dijo. 

Por su rapidez y trabajo computarizado, no necesita de una gran cantidad de personal y disminuye el tiempo necesario para saber los resultados. 

López Montiel enfatizó que una de sus ventajas mayores es que “una urna presencial se puede quemar y con ella los votos, pero es más difícil que con una urna electrónica se pierda toda la información”. 

Reformas propuestas en México relacionadas a la urna electrónica 

Según el Senado, estas son las cuatro iniciativas que ya han sido presentadas por la 65 Legislatura del Congreso para permitir el uso de la urna electrónica a nivel federal y que legisladores podrán discutir como parte de la reforma electoral:

  1. El diputado Carlos Alberto Puente, del Partido Verde Ecologista, promueve una reforma constitucional para que se pueda dar el voto presencial a través de la urna electrónica o de manera remota vía internet previa identificación de sus datos biométricos. 
  2. La morenista Patricia Armendáriz promueve una ley secundaria para permitir el voto por vía electrónica. 
  3. El senador priista Mario Zamora Gastélum promueve una reforma constitucional para que cualquier proceso electoral federal o local, consulta popular y procesos de revocación de mandato, se realicen con boletas impresas o electrónicas. 
  4. El presidente López Obrador propuso una reforma constitucional para elevar a rango constitucional la garantía del uso de tecnologías de la información y comunicación para la emisión del voto. 
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