Reforma eléctrica: Qué quiere AMLO y qué alertas hay ante la iniciativa
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Reforma eléctrica de AMLO: ¿qué quiere el presidente y cuáles son las alertas ante la iniciativa?

El presidente acusa que esquemas como el de subastas eléctricas son una 'perversa maquinación' para favorecer a privados; analistas y organizaciones señalan que la reforma planteada provocará que se compre energía más cara y sucia.
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19 de marzo, 2021
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La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que aprobó el Congreso ha hecho ‘corto circuito’ en la opinión pública, con dudas y críticas sobre su impacto en el país, y ahora incluso con una suspensión definitiva a su aplicación, concedida por un juez.

El presidente Andrés Manuel López Obrador la puso como prioridad este año, al ser su iniciativa preferente.

¿Y cuál es su objetivo?

Según el gobierno, “fortalecer” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) -que es la empresa pública que genera y transmite electricidad-.

Y poner “orden” en el sistema eléctrico nacional, evitando abusos a favor de empresas particulares que también están en el mercado eléctrico.

“Necesitamos fortalecer a Pemex y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, rescatarlas, porque las estaban destruyendo de manera deliberada para dejarles el mercado de los energéticos a las particulares, a las empresas particulares nacionales y sobre todo extranjeras”, dijo el presidente este 24 de febrero.

Aunque por otro lado la oposición, analistas y la Comisión Federal de Competencia (COFECE) dicen que esta reforma limita la competencia, y desincentiva o incluso excluye a la generación de las energías más limpias, como la solar y eólica.

Además, advierten, provocaría que todos los mexicanos terminemos pagando con subsidios electricidad más cara.

¿Qué establece?

Con la reforma se establece un cambio en el esquema con el cual la energía eléctrica que se usa en el país se compra por medio de subastas, en las que se elige la mejor oferta, la opción más barata.

En esas subastas, desde la reforma energética de 2013, participan generadores privados, e incluso puede hacerlo la propia CFE.

Lo que se cambia con la reforma es que la CFE ya no esté obligada a comprar por medio de subastas la electricidad que luego ‘vende’ o hace llegar a los consumidores.

En cambio, que tenga la libertad de comprar directamente la opción que le parezca, sin subastas de por medio, incluyendo a su propias unidades de generación.

“Las subastas son una perversa maquinación ideada con el único propósito de garantizar la rentabilidad de las inversiones de los generadores privados en detrimento de la CFE”, dice el texto.

“Los contratos correspondientes tienen una vigencia de 20 años, los precios no están sujetos a las variaciones del mercado, se relega la generación proveniente de las centrales eléctricas de la CFE y, por si ello fuera poco, se aprovecha de la infraestructura de la CFE”.

En el mismo sentido, la reforma establece un criterio de preferencia para despachar o ‘inyectar’ la energía a la red eléctrica, en el que la primera opción sea la energía hidroeléctrica, un tipo de energía donde la mayoría de las plantas son de CFE.

“Las energías limpias también es la hídrica, y nadie menciona que estamos repotencializando y dándole prioridad a la energía hidráulica, que es constante, que esa no es intermitente”, mencionó la secretaria de Energía, Rocío Nahle, en una entrevista con Joaquín López Dóriga.

Sin embargo, sobre este punto, en el parlamento abierto sobre esta reforma eléctrica se señaló que la energía hidráulica también tiene ciclos, por lo que no podría cubrir gran parte de la demanda y se daría más espacio entonces a la generación con combustibles fósiles (gas, carbón, combustóleo), que son los más contaminantes y son los que aparecen en segundo lugar de prioridad en la reforma, además de la energía geotérmica y nuclear.

“Lo que se propone en la iniciativa es, primero, darle prioridad a las hidroeléctricas. Pero recordemos que los embalses en México no tienen la capacidad para generar energía durante todo el año, porque sabemos que continuamente se agotaría el agua y, sobre todo, en los meses secos”, dijo Ricardo Rubén Cruz Salinas, de la organización Iniciativa Climática de México.

Hasta el tercer lugar de prioridad para abastecer a la red eléctrica estarían las plantas que producen energía eólica y solar, donde en su mayoría las empresas generadoras son privadas.

Y por último, también las plantas de privados, aunque con tecnología de ciclo combinado, con gas natural y vapor.

“La modificación del criterio de despacho relega a generadores limpios y competitivos a favor de plantas de generación tradicionales”, criticó el investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestal (CIEP) Joel Tonatiuh Vázquez Pérez.

“Dado que la energía de los primeros es más barata y limpia, esto implicaría mayores costos de energía para CFE suministrador, al igual que mayores emisiones de Gases de efecto invernadero producidas por el sector eléctrico”.

¿Y por qué el gobierno rechaza las subastas?

El gobierno se opone a la obligatoriedad de comprar la energía eléctrica en subastas porque a su parecer en ellas no hay una competencia real, los privados obtienen beneficios económicos incluso a costa de la CFE y la Comisión queda relegada.

“No es que estemos en contra de los privados, estamos haciendo un ordenamiento de los privados”, mencionó Nahle en su charla con Radio Fórmula.

Sobre todo, el gobierno pone su crítica en los generadores de energía a los que llama “intermitentes”, como la solar y la eólica, que en México son principalmente privados.

Al participar en subastas, según la administración federal, se presentan como las que ofrecen la energía más barata.

Sin embargo, acusan, el costo real es más alto porque sus cifras están “subsidiadas” por la propia CFE, al encargarse del “respaldo” de energía cuando no hay sol ni aire, y del pago para desarrollar infraestructura de transmisión.

Argumentos que son cuestionados por especialistas consultados, señalando que aunque CFE critica, por ejemplo, el gasto que hace en infraestructura para que las eólicas y solares puedan ‘subir’ y transmitir energía a la red, en realidad termina siendo un negocio para la Comisión, con energía que compra barata y luego revende a un precio más alto a sus clientes, negocios y particulares.

Respecto a la ‘intermitencia’ de la energía solar y eólica, especialistas señalan que en realidad su variabilidad es “totalmente predecible”.

“Las renovables demandan ofertas de despacho de cómo van a operar con 24, 48 y 72 horas de antelación a Cenace. Son predecibles totalmente a diferencia de lo que pueden ser las fallas, por las indisponibilidades por falla de las demás centrales”, dijo Cruz Salinas, de Iniciativa Climática de México.

Las verdaderas pérdidas de la Comisión, refirieron expertos, no se dan en el rubro de transmisión si no con plantas de su infraestructura que ya resultan obsoletas, produciendo energía a un costo más alto y por lo tanto obteniendo menos ganancias.

Si se sigue apostando por ellas, mencionaron, se podría tener energía más cara e incluso más contaminante -al recurrir a combustóleo, diésel o carbón cuando en ciertos momentos del año no se tenga disponible agua para las plantas hidroeléctricas-.

Y ya que el gobierno se comprometió a no subir el precio de la luz, entonces entrarían subsidios que de cualquier forma terminarían pagando los ciudadanos.

“Actualmente, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 asignó 70 mil millones de pesos para el subsidio de tarifas eléctricas”, señaló Vázquez Pérez del CIEP.

“De aprobarse la iniciativa, este subsidio aumentaría debido a los mayores costos en la generación”.

Restringen acceso a las redes de transmisión

Sobre el acceso generadores públicos y privados a las redes de transmisión y distribución de energía eléctrica, en la iniciativa se menciona que dicho acceso se dará cuando sea “técnicamente factible”.

Es decir, no estará garantizado o se deja en incertidumbre qué empresas generadoras sí podrían usar dicha red pública.

Esto, según COFECE, también va en contra de la competencia y de obtener mejores precios de generación de electricidad.

“Para poder competir y llevar la energía desde las centrales eléctricas hasta los usuarios finales, los generadores y suministradores ineludiblemente requieren del acceso abierto no indebidamente discriminatorio a estas redes.

Contrario a ello, la Iniciativa propone que el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) otorgue dicho acceso ‘cuando sea técnicamente factible’, sin señalar los criterios para ello y sin considerar que la legislación ya regula las condiciones para las conexiones e interconexiones”.

Pareciera que la CFE busca excluir a los privados del mercado, consideró el investigador Diego Díaz del IMCO, “a costa del bolsillo de los mexicanos”.

Porque estos privados, opinó, podrían estar haciendo las inversiones, “pero la CFE para desplazarlos va a producir electricidad” a costos hasta tres veces mayores.

“Se busca reposicionar a la CFE, que ahora genere una mayor proporción de la energía que se consume en el país, y apelan a argumentos nacionalistas, a esta idea de la soberanía o de la fortaleza del Estado mexicano, para cuestionar la participación del sector privado”.

La CFE, en tanto, defiende que no solo se buscan contrarrestar abusos a su parecer generados por la reforma energética, sino que además se quiere garantizar la soberanía energética del país, sin depender de la generación de privados.

Excluyen a la energía solar y eólica

En la reforma se señala un nuevo esquema de contrato, llamado Contrato de Cobertura Eléctrica con Compromiso de Entrega Física. Este, señala el análisis del CIEP, “se caracteriza por incluir la compraventa de energía en una hora o fecha futura determinada”.

Debido a la intermitencia de las tecnologías eólica y solar -que mayormente generan privados en México-, “un generador con este tipo de tecnologías estaría imposibilitado para celebrar este tipo de contratos”.

El director de Energía de la Iniciativa Climática de México (ICM), Daniel Chacón, coincidió en que la reforma excluye a energías renovables como la solar y eólica.

Aunque se tienen pronósticos meteorológicos cada vez más precisos, dijo en un foro del CIDE, con este tipo de tecnología “no es posible en términos estrictos decir a qué horas voy a generar, cuánto voy a generar”, porque siempre habrá un grado de incertidumbre.

“El contrato por entrega física es un contrasentido, porque resulta incompatible con las energías renovables (solar y eólica)”, refirió. “Volvemos a los viejos tiempos, es un regreso a los años 70”.

Un último punto sobre el que advirtió la COFECE es que en la reforma se plantea un cambio para que plantas limpias de CFE construidas antes de 2014, y no solo después de ese año, puedan adquirir también los instrumentos de mercado llamados Certificados de Energía Limpia (CEL).

Al multiplicar la oferta de estos Certificados, refirió, se elimina su efectividad para promover la instalación de mayor capacidad de generación limpia en el país.

El año pasado, en México, 25.48% de la electricidad en México fue producida por energías limpias, y la Ley de Transición Energética (LTE) establece que en 2021 debe ser el 30%.

La energía hidroeléctrica representó el 8.76%; eoloeléctrica el 5.88%; fotovoltaica o solar el 4.29% de la generación neta total del año pasado, y nucleoeléctrica 3.63%.

La organización FUNDAR señaló en esta publicación que está a favor de que el Estado recupere el control del sector y “detenga la ola privatizadora de las renovables, que ha venido de la mano de la proliferación de grandes megaproyectos energéticos en territorios indígenas”.

Esa “ola privatizadora”, detalló, ha ido de la mano con megaproyectos energéticos en territorios indígenas, como la ‘Eólica del Sur’, en regiones como el Istmo de Tehuantepec o la Península de Yucatán, “que no difieren a las formas de imposición a la megaminería a cielo abierto, en la que se vulneran sistemáticamente derechos colectivos como la libre determinación, el territorio y el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades y donde los grandes beneficios económicos y del uso de la energía se lo llevan grandes corporaciones”.

Sin embargo, advirtió que la búsqueda de la soberanía energética “no debe agotarse en la profundización de un modelo extractivista fósil que usa gas, petróleo y carbón para la generación de la energía eléctrica, originando severos impactos socioambientales”.

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