Autoabasto, tarifas y porteo: Claves sobre la reforma eléctrica (segunda parte)
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Autoabasto, tarifas y porteo verde: Puntos clave para entender la reforma eléctrica (segunda parte)

El esquema de autoabasto es uno de los que más critica el gobierno. ¿Cómo opera y qué se plantea en la reforma eléctrica?
Por Arturo Daen y León Ramírez
18 de enero, 2022
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Además de cambiar el orden de despacho, que te mencionamos en la primera parte de esta guía, la reforma que propone el gobierno de López Obrador plantea la cancelación de “todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad, así como las diversas figuras de generación privada y las solicitudes pendientes de resolución”.

Según esta iniciativa, la reforma energética de 2013 creó un “mecanismo que establece con figuras ilegales monopolios privados y generadores independientes parasitarios, que viven de la CFE, de la que extraen recursos, para crear nuevos negocios, que terminan atacando a la CFE”.

Esa es la visión del gobierno, sin embargo, analistas consultados han señalado falacias en los dichos de funcionarios, como la acusación de que existen “subsidios” a privados, de lo que no hay evidencia, aunque grandes empresas sí tienen esquemas diferenciados para obtener su energía, el famoso autoabasto y el llamado porteo “verde” o “estampilla”:

¿Cadenas como Oxxo pagan menos por la luz?

El gobierno de López Obrador difundió un comparativo en el que se menciona que cadenas como Oxxo pagan tres veces menos por la luz que cualquier “familia mexicana”, sin embargo, resultó engañoso porque en su referencia a un hogar promedio colocó el dato de cobro para hogares de alto consumo, que aplica a muy pocas familias en el país, según cifras oficiales.

Pero más allá de ese comparativo, ¿cadenas como Oxxo sí tienen una tarifa preferencial?

Sobre este tema, un primer punto a aclarar es que cadenas como Oxxo de Femsa, y otras de las  empresas más importantes del país en cuanto a generación de empleo y con un alto consumo de energía, como Bimbo, Telmex, Walmart y Sabritas, utilizan un esquema distinto de generación y consumo de electricidad, que se conoce como autoabasto. 

Este en realidad se permitió desde la década de 1990, antes de la reforma eléctrica de 2013. 

Con él, las empresas obtienen la mayor parte de la electricidad que consumen de sus propias centrales generadoras o de las de otras empresas que también obtuvieron permisos de autoabasto, y con las que establecen acuerdos. 

De ese modo, no dependen del suministro de CFE y buscan obtener electricidad más barata, con plantas más modernas y con menores costos de generación.

En el caso de Oxxo, por ejemplo, obtiene electricidad por medio de una empresa que obtuvo un permiso de autoabasto en 2015, Energía Eólica del Sur, que instaló un parque de generación eólica en el estado de Oaxaca. 

Dicha instalación también da electricidad a Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, y  el contrato de autoabasto fue de al menos 20 años de duración.

¿Y por qué se les permite generar su propia energía y no ser como el resto de los hogares? 

El autoabasto se estableció en la ley desde 1992, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. La idea era dar a grandes empresas o grupos industriales la posibilidad de tener energía a un mejor costo de la que ofrecía CFE, a fin de ser competitivas a nivel internacional, de cara al TLC, en áreas como la manufactura.

Ya en 2010, a estas empresas con autoabasto también se les dio acceso a una tarifa preferencial o de menor costo para el denominado “porteo” o “porteo verde”, en el caso de las plantas que generen electricidad con tecnología de fuentes renovables, como eólica y solar. 

El porteo son los cargos de uso de infraestructura o de la red para transmitir la electricidad -del punto de generación o central eléctrica hacia el lugar que requiere la energía-, y también los cargos de servicios conexos o de respaldo, para ‘cubrir’ con otra fuente a la tecnología renovable en los momentos en que sea intermitente. 

Su tarifa de porteo tiene el beneficio de no aumentar aunque haya una distancia más grande entre el lugar donde se genera la energía y el sitio donde se utiliza.

¿Es una tarifa preferencial? Sí, porque lo que se buscaba era incentivar la generación renovable en México cuando no había mercado”, nos dijo sobre el pago de porteo en el esquema de autoabasto la analista de energía Rosanety Barrios.

Con la reforma eléctrica de 2013, explicaron especialistas, se estableció un esquema de transición para que en lugar de otorgar más permisos de autoabasto grandes consumidores de electricidad se registraran o migraran a la figura de “usuarios calificados”, con otro tipo de regulación y tarifas. 

Los contratos de autoabasto establecidos desde 1992 tienen fecha de vencimiento o “caducidad”, explicaron especialistas, aunque en los datos abiertos que ofrece la Comisión Reguladora de Energía (CRE) todos los permisos de autoabasto en operación tienen la leyenda de vigencia “indefinida”. 

¿Qué denuncia el gobierno sobre el esquema de autoabasto?

El gobierno ha denunciado que empresas con autoabasto de electricidad y tecnología de fuentes renovables “no pagan porteo”, que como ya mencionamos incluye los costos de transmisión y respaldo.

Sin embargo, en entrevistas funcionarios como la secretaria de Energía Rocío Nahle y Mario Morales Vielmas, Director General de Intermediación de Contratos Legados de la CFE, han aclarado que sí hay un pago, aunque a su parecer es “ínfimo”.

Según Morales Vielmas, al no pagarse el costo real de porteo la CFE deja de percibir unos 10 mil millones de pesos al año. 

En 2020, recordó Vielmas en una entrevista con ADN 40, la Comisión buscó implementar un aumento importante en el porteo para energía renovable (de entre 500% y hasta  800%, según los niveles de tensión), sin embargo, amparos como el presentado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y empresas impidieron su aplicación. 

La administración de López Obrador también acusa que aunque solo se tiene el registro de 239 centrales de autoabasto, y solo debería de haber 239 consumidores de esa energía autogenerada, en realidad hay 77 mil 767 centros de carga  de esa electricidad en “sociedades de autoabasto”, que según su perspectiva constituyen un mercado paralelo e ilegal  de venta de electricidad entre privados.

Desde 1992, en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, se incluyó la posibilidad de que varios solicitantes del permiso de autoabasto se unieran como socios para obtener electricidad de una misma central eléctrica.

En la reforma energética de 2013, ya con Peña Nieto, se respetaron los permisos de autoabasto ya otorgados por la CRE, que incluyen las asociaciones que rechaza el gobierno actual.

Un ejemplo de este esquema se da con la empresa española Iberdrola, que entre 2002 y 2015 obtuvo 9 permisos de autoabasto. Uno de sus permisos, obtenido en 2012, estableció que la generación eléctrica de una planta que funciona con gas natural en Tamazunchale, San Luis Potosí, podía dar electricidad hasta a 27 socios, entre ellos las empresas Kimberly Clark, Nissan, Tiendas Chedraui, Soriana, y Cementos Apasco.

Un permiso previo de autoabasto, en 2002, dio a instalaciones de Iberdrola en Monterrey, Nuevo León, la posibilidad de dar electricidad a más de 150 socios, entre ellos Coca Cola, Tec de Monterrey, Cementos Mexicanos, con tecnología de ciclo combinado (que usa gas natural).

Un ejemplo más es Desarrollos Eólicos Mexicanos, filial mexicana de otra empresa española, Renovalia Energy. En su caso, tiene permisos de autoabasto para generación eólica en Oaxaca, el proyecto Parque Eólico Piedra Larga Fase I y II, con el que obtienen electricidad Bimbo, Vips, Suburbia y las tiendas Wal-Mart.

Según la iniciativa de reforma, el autoabasto representa el 12% de la electricidad que se genera en el país.

La intención del gobierno, según explicó Rocío Nahle en la conferencia del 11 de octubre, es “eliminar las modalidades ilegales de generación privada”, lo que incluye al autoabasto y las sociedades de autoabasto, según sus señalamientos en la misma conferencia.

En el mismo sentido, la iniciativa de reforma constitucional plantea que “el Estado, a través de la Comisión Federal de Electricidad, llevará a cabo el abastecimiento de energía eléctrica de manera exclusiva”. El Estado, no privados. 

Sin embargo, en un tuit posterior la CFE indicó que “es falso que todas las centrales que operan mediante la figura de autoabastecimiento dejarían de operar con la reforma eléctrica. Las sociedades que se han mantenido con apego a la Ley podrían operar mediante los nuevos contratos”. 

De acuerdo con ese mensaje, el gobierno determinaría bajo su propio criterio qué sociedades de autoabasto podrían permanecer y cuáles no. 

Qué dicen empresas respecto a las acusaciones del gobierno

En marzo pasado, ante las acusaciones que ya hacía entonces el presidente de México, la empresa FEMSA -dueña de las tiendas Oxxo- emitió un comunicado, en el que defendió su esquema de compra de electricidad, señalando que es legal y legítimo, y destacando que al usar preferentemente energía eólica dejó de emitir en 2020 unas 570,000 toneladas de CO2.

Aseguró que cumple con “una serie de pagos a CFE como porteo, uso de líneas de transmisión y un complemento que es un cargo fijo por formar parte de la red eléctrica nacional”. En total, apuntó, en 2020 Oxxo pagó a la CFE 1,576 millones de pesos.

Sobre el autoabasto, analistas consultados también  señalaron en distintas ocasiones que no se trata de un esquema ilegal, como señala el gobierno, ya que se permitió a partir de reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPE).

¿Y es un esquema injusto o indebido?

Analistas han señalado aspectos como el de que si bien es cierto que estas grandes empresas con autoabasto tienen tarifas preferenciales de porteo, también lo es que han hecho inversiones de infraestructura, primero en la tecnología para generar su energía limpia y luego para construir líneas con qué transmitir esa electricidad, aumentando el tamaño de la red de CFE.

“No se está tomando en cuenta todo lo demás que se utilizó para poder desarrollar estos proyectos. Todos los costos de la interconexión, las subestaciones que se requirieron, incluso la construcción de líneas de transmisión las pagaron 100% los privados, y se las cedieron a la CFE”, nos dijo la especialista Lourdes Melgar, subsecretaria de 2012 a 2014.

Consultadas, expertas nos han insistido en que no es preciso hablar de un “subsidio” hacia empresas privadas por su tarifa de porteo en energía renovable, entendiendo subsidio como una asignación de recursos federales para fomentar alguna actividad o apoyar a algún ente.

En una resolución, cuando un ciudadano preguntó cuál era el momento de los supuestos ‘subsidios’ mencionados por el gobierno, el INAI concluyó: 

“Lo que se está interpretando como subsidio para las empresas, es en realidad un ahorro para los privados por el hecho de generar su propia energía con sus recursos propios al amparo de una legislación que les permitió obtener los permisos para realizar tal actividad, y al buscar comparar los posibles ingresos que le representarían a la Comisión Federal de Electricidad, es que se interpreta erróneamente como un subsidio”. 

En redes sociales y espacios de opinión, sin embargo, algunas voces también han criticado que ciertas empresas privadas contaron con financiamiento del gobierno para la construcción de plantas que les dan electricidad, con autoabasto y pagando menos porteo al usar renovables.

La empresa Energía Eólica del Sur, que construyó un parque eólico en Oaxaca con el que Oxxo y Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma obtienen energía, por ejemplo, tuvo en 2017 un apoyo financiero de 1,151 millones de pesos de parte del Fondo Nacional de Infraestructura, en una obra con inversión total de 13 mil millones de pesos.

Si se quita a empresas de las sociedades de autoabasto, ¿qué repercusiones habría?

Del lado del gobierno, su expectativa es que CFE sume como “clientes” a grandes empresas que ahora obtienen energía en sociedades de autoabasto, para suministrarles electricidad y sumar lo que paguen a su bolsa de ingresos.

Aunque, por otro lado, analistas han señalado que si ocurre esto, y la CFE entra como intermediario para venderles la luz, subiría el costo de la electricidad para empresas o industrias. 

Entonces las empresas podrían trasladar esas alzas en vender productos o servicios más caros a la gente, aumentando la inflación, o incluso repercutir en que negocios ya no sean redituables, y se pierdan empleos.

El propio Manuel Bartlett, director de la CFE escribió al respecto en un tuit que la reforma eléctrica planteada tiene como objetivo que “las empresas privadas paguen más que un hogar mexicano”.

¿La reforma de AMLO es ‘expropiatoria’?

Como tal, la reforma no establece  quitar a empresas privadas su infraestructura eléctrica en el país, para que pase a manos del Estado. 

Sin embargo, análisis como este de la organización México Evalúa dicen que la reforma sí podría considerarse expropiatoria, en el sentido de que cambiar las reglas del juego de forma abrupta, siempre a favor de CFE, arruina los planes e inversiones millonarias de empresas privadas en el sector eléctrico mexicano.

“La iniciativa deja a la generación privada un máximo del 46% del mercado, la cual, además, podrá participar condicionada a la aceptación unilateral de la CFE y bajo un régimen de exclusión del artículo 134 constitucional, la norma que obliga a privilegiar la licitación como mecanismo de asignación. Tal margen de discrecionalidad podría provocar un patrón de arbitrariedad y corrupción en el otorgamiento de estos contratos que terminaría por quebrar a las empresas privadas en el mercado, pues haría inviables sus modelos de negocios.

Ante este escenario, probablemente las empresas se verían forzadas a vender sus activos a la CFE, y es por esta razón que los términos que la iniciativa de reforma plantea son expropiatorios”.

Otra consecuencia que han señalado especialistas es el monto millonario que tendría que pagar el gobierno por indemnizaciones, al cancelar contratos que ya se tenían con privados, si se concreta la reforma. Aunque el director de la CFE, Manuel Bartlett, dijo al respecto:

“Desde que planteamos esto dicen: ‘va a costar una cantidad enorme de dinero al gobierno porque van a tener que pagarles a todos y porque van a ir a enfrentarse con el Tratado de Libre Comercio y van a venir los senadores americanos’, no es así; este es un rearreglo, no hay aquí indemnizaciones, es una decisión de la Constitución de México”.

También lee: Orden de despacho, generación y emisiones: Puntos clave para entender la reforma eléctrica (primera parte)

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