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¿Cómo se regulará el uso de la fuerza de la Guardia Nacional? Esto dice la primera iniciativa

Esta es la primera de las tres leyes que requiere la Guardia Nacional. Se prohíbe uso de fuerza letal para retirar bloqueos y manifestaciones. Se autorizan armas de descargas eléctricas pero no balas de goma.
Cuartoscuro
25 de febrero, 2019
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Construir una base de datos de cada arma y cartucho que pudiera ser accionado; implementar seis exámenes a todo aquel que portará un arma de fuego; aplicar una escala de cómo actuar dependiendo del riesgo que se enfrente; prohibir el uso de fuerza letal en manifestaciones civiles, y contratar seguros por daños colaterales e indemnizaciones.

Estas son algunas de las reglas y condiciones con las que se pretende regular el uso adecuado de la fuerza en las distintas policías y fuerzas armadas del país, de acuerdo con la primera iniciativa que ya se presentó en el Senado, en el contexto del debate y aprobación de la Guardia Nacional.

La Ley Nacional para Regular el Uso de la Fuerza es una de tres leyes complementarias que el Congreso tiene la obligación de formular y aprobar en cuanto entre en vigor la reforma constitucional de Guardia Nacional, en cuyos artículos transitorios se establece un plazo de 90 días para ello.

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La iniciativa para crear esta ley, de la que Animal Político tiene copia y que no se había hecho pública, es la primera que se presenta en el contexto de esta discusión y fue elaborada por el senador Miguel Ángel Mancera, integrante de la Comisión de Justicia. Dicha comisión será la responsable de dictaminar esta iniciativa y otras que pudieran presentarse.

Desde hace varios años organismos internacionales han advertido a México de la necesidad de crear una ley de uso de la fuerza aplicable en todo el país, lo que hasta ahora no existe. Solo 7 entidades (Ciudad de México, Estado de México, San Luis Potosí, Oaxaca, Morelos, Hidalgo, y Puebla) han creado leyes o reglamento locales de uso de la fuerza.

En las audiencias públicas de discusión sobre el dictamen de Guardia Nacional el representante de la Oficina para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Jan Jarab, consideró como uno de los mayores puntos positivos de la discusión sobre Guardia Nacional la expedición de la Ley de Uso de la Fuerza.

A continuación se presentan los puntos clave de esta iniciativa que se prevé sea apoyada por varios grupos parlamentarios.

¿Para quién aplicará la ley de uso de la fuerza?

El artículo 1 de la iniciativa señala que esta ley será de “observancia general” para los cuerpos de seguridad pública y fuerzas armadas del país. Esto significa que aplicará a la Guardia Nacional, al Ejército y la Marina, así como a las corporaciones de policía federal, estatales y municipales.

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La iniciativa precisa además que es responsable de la fuerza tanto el elemento que ejecuta la acción así como su superior jerárquico inmediato.

¿Qué es el uso legítimo de la fuerza?

Técnicamente el artículo 2 lo denomina como la “inhibición por medios mecánicos o biomecánicos de las funciones corporales que lleva a cabo una persona autorizada por el Estado sobre otra, siguiendo los procedimientos y protocolos que establece la norma”. Se rige por cuatro principios que son legalidad, absoluta necesidad, proporcionalidad y transparencia.

En síntesis se trata del sometimiento de una persona por una autoridad utilizando alguno de los grados de fuerza. Esto siempre que se haga de forma legal, transparente, con una respuesta proporcional a la amenaza y cuando otras opciones como el diálogo se hayan agotado.

¿Cuáles son las fases de uso de la fuerza?

El artículo 13 y 15 de la iniciativa establecen niveles y procedimientos progresivos en el uso de la fuerza. En términos generales se trata de cuatro fases.

La primera es la persuasión o disuasión solamente verbal de la persona a la que se enfrenta una autoridad.

La segunda se denomina “reducción física de movimientos” y significa el sometimiento de la persona utilizando fuerza cuerpo a cuerpo, sin ningún otro objeto.

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La tercera fase, agotadas las anteriores, es el uso de “armas incapacitantes no letales” a fin de controlar la resistencia violenta de una persona.

Y la última fase es la utilización de armas de fuego o de fuerza letal, es decir, que pueden causar la muerte.

¿Cuáles son las armas que se pueden utilizar?

El artículo 18 de la iniciativa divide en dos grupos el tipo de armamento o utensilios con que cuentan las autoridades para hacer uso legítimo de la fuerza.

El primer grupo son las “armas incapacitantes o no letales” como el bastón “PR-24” o tolete, los dispositivos que generan descargas eléctricas, esposas o candados de mano, sustancias irritantes en aerosol y mangueras de agua a presión.

Lo anterior significa que elementos como cañones de aturdimiento o balas de goma no están permitidos.

El segundo grupo son las armas letales y comprende el uso de armamento permitido dentro de la Ley Federal de Armas de Fuego Explosivos. Cabe recordar las corporaciones de policía y Guardia Nacional pueden usar armas cortas, largas y semiautomáticas, pero otras de mayor poder o automáticas son de uso exclusivo de fuerzas armadas.

¿Cuándo se presume que hay abuso de la fuerza?

Cuando un agente de la autoridad utiliza alguno de los recursos con los que cuenta de uso de la fuerza, de forma desproporcional a la amenaza que se enfrenta.

Hay algunos casos que la iniciativa propone que sean considerados en automático como uso excesivo de la fuerza, salvo que una investigación pruebe lo contrario. Se trata de los casos donde haya menores de edad muertos, o  donde se utilice fuerza letal contra una persona ya detenida.

¿Qué exámenes deben acreditar los elementos?

La iniciativa establece que los elementos que vayan a hacer uso de la fuerza deben acreditar una batería de seis exámenes: de conocimientos; examen práctico; de procedimientos para ejercer legalmente la fuerza; de conocimientos sobre derechos y obligaciones; de ejercicio físico; y de conocimientos sobre mecanismos de protección.

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¿A qué tienen derecho las victimas de uso excesivo de la fuerza o daños colaterales?

El artículo 29 establece que las personas afectadas por un abuso en el uso de la fuerza “tendrán derecho a que se les pague indemnización correspondiente, previo procedimiento que fijen las leyes”.

Además si una persona llegara a perder alguna capacidad física o función como resultado de un uso indebido de la fuerza tendrá derecho a “atención médica, sicológica, cuidados y rehabilitación según sea el caso”.

Un punto importante de la iniciativa, establecido en el artículo 26, es que las fuerzas policiales y armadas deben contratar un seguro permanente que cubra en su totalidad los “daños colaterales” ocasionados por el uso incorrecto de la fuerza. Es decir, apoyo para terceros que pudieran resultar afectados por un uso incorrecto de la fuerza de elementos de la Guardia Nacional o de alguna policía.

¿Cuáles son los controles sobre las armas?

La iniciativa busca fortalecer mejores controles sobre el armamento letal. Por ejemplo en el artículo 23 se establece que los cuerpos de seguridad y fuerzas armadas deberán contar con una base de datos que contenga el registro detallado de las huellas y características de los proyectiles y ojivas. Esto además del registro de todo el armamento y cartuchos.

Además el artículo 49 establece que siempre que se utilice la fuerza en cumplimiento de alguna función deberá realizarse un reporte pormenorizado de los hechos dirigido al superior jerárquico. Semestralmente deberán además presentarse informes que contengan entre, otras cosas, indicadores de letalidad en el uso de la fuerza.

Uso de la fuerza en manifestaciones

La iniciativa establece que los cuerpos de seguridad podrán hacer uso de la fuerza en las manifestaciones civiles siguiendo los principios de proporcionalidad. Sin embargo, el artículo 36 indica que cualquier bloqueo civil de avenidas no ameritará bajo ninguna circunstancia el uso de fuerza letal.

Incluso si en el contexto de la manifestación surgen hechos de violencia, se establece que esta deberá ser contenida con elementos “no letales”. Si se hacen detenciones estas deberán ser acordes a la norma y siguiendo protocolos establecidos para ello.

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