Secretaria de Seguridad, con escaso margen para liberar reos
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Secretaria de Seguridad tiene escaso margen de acción para liberar reos encarcelados injustamente, como plantea AMLO

En realidad Icela Rodríguez tiene un margen de acción escaso para cumplir el propósito mencionado por el presidente.
31 de agosto, 2022
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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo durante una conferencia matutina que Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad  y Protección Ciudadana (SSPC), tendría un nuevo encargo en el que debería revisar los casos de las personas que están injustamente en la cárcel para que se les libere de inmediato. 

Esto, ante las críticas sobre que en su defensa de la prisión preventiva oficiosa deja de lado  que las personas de bajos recursos son las más afectadas, y se aumenta la población en las cárceles sin garantizar que haya justicia.

El Sabueso preguntó a especialistas y encontró que en realidad Icela Rodríguez tiene un margen de acción escaso para cumplir el propósito mencionado por el presidente,  considerando que de entrada tendría que revisar los casos de 92 mil 595 personas sin sentencia en las prisiones, hasta el reporte de junio pasado.

Más del 80% de esas personas son acusadas por delitos del fuero común, y según la Constitución quien puede ordenar indultos es el presidente de la República, pero sólo respecto a ciertos delitos del orden federal, no del fuero local. 

Además, otro punto que señalaron los especialistas es que al recurrir a mecanismos de la Ley de Amnistía, la instancia que debería intervenir es  la Secretaría de Gobernación, no la de Seguridad.

“La Secretaría de Seguridad tiene un organismo administrativo y desconcentrado para prevención y rehabilitación social de las prisiones federales. Su rol penitenciario solo está ahí”, explicó el experto en seguridad Alejandro Hope.

“El presidente es el único que puede otorgar indultos, hay una ley reglamentaria de eso. Está acotado. No es una facultad así totalmente discrecional de que el presidente perdona a quien quiera”, mencionó a su vez el abogado constitucionalista Javier Martín Reyes. 

Al colocar a Rosa Icela como la funcionaria encargada del proceso, insistieron los especialistas, el presidente se salta el papel del secretario de Gobernación, Adan Augusto, ya que que en la Ley de Amnistía se señala que la dependencia a su cargo es la que debe ayudar y dar el visto bueno en el caso de los indultos solicitados por el presidente. 

“Como (el indulto) solo es competencia para los delitos que son en los tribunales federales y la inmensa mayoría de los delitos que se cometen en México y se procesan en México son del ámbito local, ahí de entrada, tienes una limitación brutal de lo que podría hacer”, enfatiza Javier Martín Reyes. 

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021 del INEGI, al menos en 24 de las 32 entidades federativas más del 80% de las personas recluidas que ya tienen sentencia están encarceladas por delitos del fuero común, no del fuero federal.

Los entidades federativas por debajo del 80% son Durango (69.6), Guanajuato (78.2), Guerrero (72.5), Michoacán (76.1), Morelos (78.9), Nayarit (70.5), Tlaxcala (74.5), Veracruz (79.1) y Zacatecas (74.4). 

La misma encuesta revela que en el caso de las personas acusadas de cometer un delito sin sentencia, al menos en 25 de las 32 entidades federativas más del 70% están recluidas por delitos del fuero común. 

Existen otras dependencias que podrían accionar mecanismos, a fin de liberar a personas que son inocentes. Pero son instancias de un poder distinto, el Judicial. 

“Es decir, es algo que está en la cancha de la Fiscalía, que son quienes acusan, de los jueces y las juezas de la judicatura que son los que llevan el proceso, o un poco de la defensoría pública que depende del Consejo de la Judicatura Federal”, agrega Javier Martín Reyes. 

Sobre esto, el presidente de la República señaló que en el país no se tiene un buen sistema de defensoría pública, pero aún así insistió en defender la prisión preventiva oficiosa, que encarcela más a la gente de escasos recursos.

“El Poder Judicial no los defiende, el Poder Judicial debería de tener un buen sistema de defensoría de oficio y debería de funcionar muy bien, que no funciona, el Consejo de la Judicatura”, dijo el 26 de agosto.

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Para cuáles casos funciona la Ley de Amnistía 

Como te lo contamos en esta nota, hasta el pasado 3 de mayo se había logrado la liberación de 79 personas y se contaba con 659 solicitudes pendientes de resolver por parte de la Comisión de Amnistía. 

La Ley de Amnistía surgió en 2020, y establece que funcionará para personas imputadas o sentenciadas solo bajo ciertos delitos del fuero federal. 

Por ejemplo, el delito de aborto. Pero no será el caso en delitos contra la vida, secuestro,  el uso de armas de fuego o cualquiera establecido en artículo 19 de la Constitución Mexicana, que son los delitos catalogados con prisión preventiva oficiosa. 

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