Anuncian liberación de personas encarceladas; medidas están en la ley
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Gobernación anunció un decreto para liberar personas encarceladas, pero esas medidas ya están en la ley

El gobierno de López Obrador propuso un decreto que establece puntos que ya existen en las leyes actuales, en un contexto opaco sobre la implementación de otros proyectos de atención penitenciaria.
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30 de julio, 2021
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La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que “por orden del presidente” presentará la próxima semana un decreto para liberar a las personas encarceladas que aún no han recibido una sentencia, las que son mayores de 70 años, las que son mayores de 60 años y padecen una enfermedad crónico-degenerativa y quienes han sufrido tortura. 

Sin embargo, dichas propuestas ya se encuentran establecidas en diferentes leyes, desde la Constitución hasta el Código Penal Federal. Incluso, lo previamente establecido es más benéfico para las personas encarceladas que lo propuesto en la conferencia matutina.

Especialistas entrevistadas por Animal Político alertaron sobre dicho decreto y calificaron el anuncio como contradictorio ya que “desde el Ejecutivo se está reconociendo que no se ha cumplido la ley”, pero durante este gobierno se impulsó la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, que principalmente afecta a las mujeres, la población de bajos recursos y a los indígenas. 

A decir de Viridiana Valgañón, abogada e integrante de la organización Equis Justicia para las mujeres, el anuncio del decreto podría interpretarse solo como “un alarde populista” que intenta “promover como nuevo algo que ya existe”. 

Lo que ya existe

“El decreto que nos está solicitando el señor presidente es que (a) toda la población penitenciaria que tenga más de 75 años… (se) les conceda la excarcelación y seguir, digamos, en su casa en prisión domiciliaria”, dijo Sánchez Cordero.

La titular de la Secretaría de Gobernación también dijo que “los mayores de 65 años, también privados de su libertad, pudieran obtener este beneficio de la prisión domiciliaria si están en condiciones de vulnerabilidad por enfermedad, si tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa”.

En su artículo 144, la Ley Nacional de Ejecución Penal Federal indica que se “podrá sustituir la pena privativa de la libertad por alguna pena o medida de seguridad no privativa de la libertad… cuando esta fuere innecesaria o incompatible con las condiciones de la persona privada de la libertad por senilidad, edad avanzada, o su grave estado de salud”.

Así mismo, el Código Penal Federal en el artículo 55 establece que “en el caso de que el imputado sea una persona mayor de setenta años de edad o afectada por una enfermedad grave o terminal, el Órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute en el domicilio”.

Después de la intervención de Sánchez Cordero, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador dijo que los “internos en las cárceles federales del fuero federal que en 10 años no hayan sido sentenciados y estén en la cárcel por delitos no graves van a ser liberados”.

Pero en el artículo 20 de la Constitución Mexicana se establece que la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo máximo de la pena que se le haya fijado al acusado por un delito y que “en ningún caso será superior a dos años” a menos que su proceso de defensa continúe. “Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato”. 

En este sentido, señalan las abogadas consultadas por este medio, lo que se propone desde el Ejecutivo no solo contradice la Constitución sino que además propone ampliar el plazo para que una persona tenga una sentencia, de dos a 10 años.

“Y cuarto”, dijo López Obrador, “todo interno en cárceles federales que haya sido torturado, y se compruebe mediante el Protocolo de Estambul, va a ser liberado”.

Al respecto del último punto propuesto para el decreto que se planea presentar la próxima semana, Viridiana Valgañón de Equis Justicia dijo que “es preocupante porque el Estado no cuenta, hasta ahora, con protocolos de seguimiento a las denuncias de tortura y sabemos por casos que hemos acompañado que los jueces y las fiscalías ignoran las denuncias de tortura”.

“Se hace el llamado desde la Secretaría de Gobernación a que las fiscalías en los Estados remitan la información sobre los casos de tortura, pero lo que van a enviar son un montón de protocolos con datos falsos porque se están encubriendo a ellos mismos, porque las mismas autoridades son quienes cometen las torturas”, insiste Viridiana. 

La especialista también recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación impulsó que un protocolo de atención para los casos de tortura. 

Esfuerzos opacos

Frida Ibarra, abogada y directora de Incidencia de la organización México Unido Contra la Delincuencia, coincide con Viridiana en que “la oportunidad” de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador de “demostrar su interés por los derechos humanos” de las personas encarceladas fue la Ley de Amnistía que él mismo propuso. 

En abril de 2020, el Senado de la República aprobó de forma urgente la Ley de Amnistía bajo el argumento de que ayudaría a despresurizar los penales ante el creciente riesgo de la pandemia sanitaria por COVID-19. Pero durante su primer año de aplicación el gobierno federal solo concedió dicho beneficio a cinco personas cuyo sexo, origen, edad y tiempo que pasaron presas, se desconoce. 

Desde el anuncio en abril de la liberación de esas cinco personas Gobernación no ha publicado información que permita saber cuáles fueron los criterios que esos casos sí cumplieron para verse beneficiados y en qué fallaron las más de 800 solicitudes restantes. Animal Político solicitó conocer más detalles al respecto y al momento no ha recibido respuesta.

“Se observa que la información disponible en materia de solicitudes no cuenta con un mecanismo único y eficiente de datos y consulta que permita darle un seguimiento puntual al número de solicitudes presentadas, a los procesos de determinación y a las amnistía otorgadas o negadas asimismo, es difícil conocer los datos desagregados por sexo, edad, tipo de delito y grupo beneficiario”, se lee en un reporte del Instituto Belisario del Senado de la República.

Lee: Ley de Amnistía solo ha beneficiado a 5 personas en un año; sobrepoblación aumentó

La Ley de Amnistía prometía ser un parteaguas para el acceso a la justicia de personas que, en razón de sus contextos de precarización o vulnerabilidad no tuvieron acceso a la justicia en condiciones de igualdad y se encuentran privadas de la libertad injustamente, entre ellas mujeres y personas indígenas.

La opacidad en los procesos de liberación de personas encarceladas no solo se refleja en  la Ley de Amnistía; por ejemplo, pasa lo mismo con el plan de preliberación implementado durante la pandemia por COVID-19 para reducir el riesgo de contagio.

La abogada de México Unido Contra la Delincuencia explica que ellos preguntaron a las fiscalías, a la autoridad judicial y penitenciaria qué ejercicios de preliberación implementaron por COVID-19 “y la respuesta fue muy triste porque para empezar no tienen la información ni completa ni confiable de quién se está beneficiando con esas medidas. Además la poca información que nos brindaron fue contradictoria”. El informe detallado se publicará en la primera semana de agosto.

Las especialistas reconocen que la Ley de Amnistía y el programa de preliberación han sido buenas iniciativas, pero que carecen de transparencia en su ejecución y los resultados son cuestionables; por ello, dicen, dudan que el decreto anunciado por Gobernación y el mismo presidente pueda aportar algo más de lo que ya se tiene en las leyes actuales. 

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