Sheinbaum no propuso un impuesto solo por usar las calles de la CDMX
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Sheinbaum no propuso un impuesto solo por usar las calles, es un cobro enfocado en apps de entregas

La iniciativa propone establecer un cobro de 2% sobre las ganancias de plataformas y aplicaciones de entrega y envío de mercancías.
9 de diciembre, 2021
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En redes sociales difunden que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, propuso un nuevo impuesto por usar las calles de la Ciudad de México. Esta información fue sacada de contexto.

En la publicación, que se está difundiendo en Twitter y Facebook, se afirma que se trata de un impuesto a todos los ciudadanos por “usar las calles”, y se especula que después se cobrará “por respirar”. Pero estas afirmaciones son engañosas.

En la sesión ordinaria del Congreso capitalino del pasado 30 de noviembre, la secretaría de Administración y Finanzas, Luz Elena González, presentó el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2022, la iniciativa de la Ley de Ingresos y la iniciativa del Código Fiscal de la Ciudad de México.

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Para el Código Fiscal, a propuesta de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se prevé adicionar el artículo 307 TER, en el que se establece que empresas y personas que operen, utilicen o administren aplicaciones o plataformas de entrega de paquetería, alimentos, víveres o mercancías tienen que pagar por un concepto de aprovechamiento de la infraestructura de la Ciudad de México, el 2% del cobro total por cada entrega que realicen.

Como se señala en la iniciativa, este cobro afectaría a quienes operan las aplicaciones y plataformas que ofrecen este tipo de servicios y a usuarios de éstas. Es falso que se vaya a cobrar a la población en general por usar las calles, como se intenta hacer creer en las redes sociales.

¿A quién afecta la iniciativa?

Especialistas en Derecho Fiscal consultados por El Sabueso precisan que esta iniciativa afectaría en primera instancia a las aplicaciones y plataformas de entrega y envío, pero posteriormente también a los usuarios de éstas.

Técnicamente la propuesta va dirigida a las plataformas que se dedican a esta actividad. A ellos se les cobraría el 2% sobre la venta total que representa el valor de sus productos que van a entregar”.

“Sin embargo, ese 2% que se calculará sobre las ventas va a repercutir tarde o temprano en el consumidor o los usuarios porque de manera natural encarecerá el precio del servicio”, precisa Juvenal Lobato, especialista en Derecho Tributario y académico de la Facultad de Derecho de la UNAM.

A la letra, la iniciativa sobre el impuesto señala:

Las personas físicas o morales que operen, utilicen y/o administren aplicaciones y/o plataformas informáticas para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, a través de las cuales los usuarios puedan contratar la entrega de paquetería, alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancía con entrega en el territorio de la Ciudad de México, siempre que actúen con carácter de intermediarias, promotoras o facilitadoras, deberán pagar mensualmente por concepto de aprovechamiento por el uso y explotación de la infraestructura de la Ciudad de México el 2% del cobro total antes de impuestos por cada entrega realizada. 

El aprovechamiento a que se refiere este artículo, deberá pagarse en las formas y medios que establezca la Secretaría, a más tardar el día quince de cada mes por el total que corresponda al mes inmediato anterior, especificando el número de entregas en el periodo indicado.

El doctor Carlos Espinosa, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, explica que la redacción de la iniciativa es imprecisa porque señala a quienes operen, utilicen o administren estas plataformas y al mismo tiempo indica que sólo aplica para quienes actúen como intermediarias, promotoras o facilitadoras. Por lo que serían varios los afectados.

“En términos generales lo que es claro es que las operaciones digitales van a ser las afectadas. Al final todos sabemos que el consumidor es el que va a acabar pagando. Si al intermediario le aumentan un 2% de impuesto eso va a terminar repercutiendo en el consumidor final”, observa.

Errores en la propuesta

De acuerdo con los especialistas, la iniciativa presenta imprecisiones que la vuelven ilegal e injusta.

Por ejemplo, el que se cobre el 2% total por cada entrega y no sobre la ganancia real de la plataforma hace que el cobro no sea proporcional.

“Si compramos en un supermercado a través de uno de estos servicios de envío un pastel de 100 pesos, le cobrarían a la plataforma el 2% de esos 100 pesos. La pregunta es ¿esa fue la ganancia de la plataforma? La respuesta es no. La ganancia fue una comisión que la app cobró al usuario”, explica Juvenal Lobato.

Para el también presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Coparmex, lo correcto sería que se cobrara sobre la ganancia utilidad y no sobre las ventas totales, como establece la iniciativa, porque hacerlo de esa manera sería ilegal, inconstitucional y no es proporcional.

Al respecto, Carlos Espinosa señala que jurídicamente es muy grave que esta iniciativa de cobro no se maneje como una contribución, sino como un “aprovechamiento”. Ya que “al ser un aprovechamiento no tendría que cumplir con los requisitos que establece la Constitución de proporcionalidad y equidad”.

Espinosa puntualiza que este impuesto sería en realidad una contribución, el pago de un derecho por el uso de bienes de dominio público de la ciudad.

Sin embargo, la iniciativa sólo contempla a los medios digitales, no a otros que realizan la misma actividad y que no hacen uso de estos medios. Por ejemplo, a una empresa que haga envíos o reparta comida a domicilio, pero que no emplee plataformas o aplicaciones no le cobrarían. Lo que sería injusto, considera Espinosa.

“Una característica de las contribuciones es que tienen que ser generales, no puedes gravar a unos y a otros no, siendo la misma actividad, deben cobrarse exactamente igual”, comenta.

Otra injusticia, indica, es que se cobre el 2% sobre el producto y no se permita la deducción de ningún tipo para estas plataformas. Lo que lo volvería más desproporcional.

Efectos colaterales

En la justificación de la propuesta se plantea que esta iniciativa surge derivada de la pandemia y las políticas sanitarias de movilidad y propagación, así como el incremento del comercio electrónico y los servicios de entregas y envíos.

De acuerdo con el Inegi, el PIB de los servicios de mensajería y paquetería se incrementaron 21.4% en 2020, en contraste con el PIB de la economía nacional, que registró una caída de 8.2%. También destaca que se duplicó el comercio electrónico en los últimos años.

Al respecto, el maestro Juvenal Lobato señala que con esta iniciativa las personas podrían dejar de usar estos servicios o que a las plataformas no les convenga ofrecerlo, debido a este cobro extra que se propone.

Esto también obligaría a que las personas prefieran salir a comprar, lo que sería contrario a las medidas sanitarias por las que en un principio surgió la propuesta.

El doctor Carlos Espinosa considera que no tiene sentido poner como justificación la contingencia sanitaria, ya que en ese caso esta iniciativa debió surgir hace un año o más, cuando las condiciones sanitarias eran más delicadas. No ahora que el Semáforo Epidemiológico se encuentra en verde y la propuesta se plantea a futuro, con un panorama sanitario diferente.

¿Aprovechamiento o impuesto?

Desde un punto de vista político, Juvenal Lobato advierte que es engañosa la manera en la que presentan esta iniciativa.

“Lo están haciendo ver como un aprovechamiento para decir, en lo político, que no es un impuesto y que no están creando impuesto nuevos, pero la realidad es que es claramente un impuesto disfrazado”, afirma.

El Congreso de la Ciudad de México tendrá hasta el 15 de diciembre para analizar esta y las otras iniciativas planteadas para el Código Fiscal capitalino.

En caso de que se apruebe la adición del artículo 307 TER, los especialistas consideran que lo más probable es que las plataformas y aplicaciones que ofrecen estos servicios impugnen la decisión mediante diversos juicios de amparo. Posteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación sería la que determinaría al final si este cobro es válido o no.

En conclusión, esta iniciativa aplica para las plataformas, servicios digitales y usuarios de éstas, no para todas las personas que utilicen las calles. 

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