Qué sanción impuso el Tribunal Electoral por el ‘diezmo’ de Morena
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Caso Texcoco: Lo que definió el TEPJF sobre Delfina y Morena, a quién sancionó y por qué

Aunque solo se sancionó a Morena en fiscalización la resolución del Tribunal no deslindó a Gómez del esquema de retenciones ilegales.
8 de agosto, 2022
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La designación de Delfina Gómez como la próxima candidata de Morena en el Estado de México reavivó los señalamientos sobre los ‘diezmos’ solicitados a más de 500 trabajadores de Texcoco para beneficiar a su partido, cuando ella era alcaldesa.

Y es verdad que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al analizar el caso, rechazó responsabilizar a Gómez en lo individual y en el rubro electoral, como lo exigió el PAN, señalando que no se obtuvieron elementos para acreditar que esos descuentos del 10% en los salarios, entre 2013 y 2015, terminaron beneficiando directamente sus campañas políticas a una diputación y a la gubernatura. 

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En la resolución, en materia de fiscalización, sólo se responsabilizó al partido Morena por actuar de forma dolosa y no reportar el gasto de 2 millones 264 mil pesos que se comprobó estuvieron ligados a sus operaciones, de un total de 13 millones retenidos a empleados.

Sin embargo, en el proyecto del magistrado Indalfer Infante Gonzáles que aprobó el Tribunal este año, se corroboró el resultado de la investigación que hizo la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, y no se deslindó a Gómez.

En la argumentación se valida que en dicho cobro ilegal del ‘diezmo’ a favor de Morena participaron, además de Delfina, el ahora director de Aduanas y entonces secretario del ayuntamiento Horacio Duarte; quien fue Tesorero, Alberto Martínez, y el ahora senador Higinio Martínez, líder de la organización a la que llegaron los recursos.

“Todos los operadores del sistema de descuentos o retenciones, no solo eran servidores públicos del ayuntamiento de Texcoco (presidenta municipal, secretario y tesorero y las titulares de las cuentas a las que las retenciones de los trabajadores se hacían), durante el periodo 2013-2015, sino que además, todos ellos eran militantes de ese partido y antes lo eran de la asociación política denominada Movimiento de Regeneración Nacional, sin que estos indicios hayan sido desvirtuados por MORENA ante esta autoridad jurisdiccional”, señaló la sentencia aprobada por unanimidad. 

En el caso de Delfina y Duarte, incluso se señaló la existencia de pólizas de cheques firmados por ellos, para desviar los recursos al partido, y en cuanto a Gómez, se refirió que ella misma corroboró su participación en este esquema irregular, en una entrevista con Carmen Aristegui.

Sobre por qué no se sancionó en lo individual a Delfina Gómez, el Tribunal indicó en el proyecto aprobado que no había elementos que comprobaran que los recursos desviados beneficiaron sus campañas, en específico.

“Aun cuando esos recursos se hubieran dispersado durante la época en que Delfina Gómez estaba en campaña para una diputación federal en el Estado de México, no existe prueba en autos que permita deducir que se usaron para beneficiar su campaña, ni menos el Partido Acción Nacional (que es el que denunció el caso) lo evidencia”, señaló la Sala Superior del Tribunal en el proyecto avalado el 12 de enero de 2022.

El único responsable en materia de fiscalización es el partido Morena, se insistió en el documento.

Sin embargo, en la misma sentencia se refiere que “lo anterior, no prejuzga de algún tipo de responsabilidad diversa a la de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, ya que, como acertadamente concluyó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ante la posibilidad de responsabilidad en otras materias, lo procedente era dar vista, para que las autoridades competentes, resuelvan lo que en derecho corresponda”.

“Está acreditado ese mecanismo (las retenciones) y se está dando vista a las autoridades competentes, porque nuestra competencia da cuando esos recursos están utilizados en partidos políticos, en campañas electorales, o para financiar partidos políticos o candidaturas. Ése es nuestro margen de competencia, por eso nadie está desconociendo que es ilegal”, dijo en su participación la consejera Karla Humphrey. 

Al discutir su resolución sobre el tema, los consejeros del INE refirieron que se había dado vista sobre el caso, entre otras instancias, tanto al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México como a la Fiscalía General de Justicia de la entidad.

Esto, por presuntas infracciones en materia de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y conductas que pudieran configurar delitos perpetrados por servidores públicos. Del mismo modo, indicó el Tribunal, se dio vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

En la sentencia del TEPJF se menciona que la autoridad fiscalizadora solicitó un informe a la Fiscalía mexiquense, y esta informó sobre “la existencia de 5 escritos de denuncia que narran que en la administración de Delfina Gómez Álvarez, presidenta del municipio de Texcoco, se ordenó el descuento del 10% a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco, a beneficio del grupo político denominado “Grupo de Acción Política”, dirigido por Higinio Martínez Miranda y a favor del partido político Movimiento de Regeneración Nacional, por lo que se integraron las carpetas de investigación correspondientes”.

Hasta la fecha no se ha emitido un informe sobre el resultado de esas investigaciones.

En el artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, se refiere que se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que, entre otros hechos, “solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política”.

En su momento, el representante de Morena ante el INE, Eurípides Flores, negó que existiera algún vínculo entre Morena y el llamado Grupo de Acción Política (GAP), que recibió los montos de descuentos salariales, aunque la investigación de la Unidad de Fiscalización del Instituto corroboró el nexo, y también la propia Delfina Gómez, en la entrevista mencionada.

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