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Entendiendo las desapariciones
Por Observatorio Desaparición e Impunidad
El Observatorio sobre Desaparición e Impunidad es un programa de investigación que busca compre... El Observatorio sobre Desaparición e Impunidad es un programa de investigación que busca comprender las dinámicas locales de las desapariciones en México con el fin de contribuir a la búsqueda de verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición para las víctimas y avanzar en la construcción de políticas que den respuestas adecuadas a este problema. Entender las desapariciones es una de las tareas claves para prevenirlas y erradicarlas. Esta tarea es nuestra y es de todas. (Leer más)
Desaparición forzada en México: ¿qué historia cuentan los datos disponibles?
El fenómeno de las desapariciones forzadas ha ido adquiriendo dinámicas complejas con el paso de los años y muchas de las fallas en los registros estadísticos oficiales obedecen, en buena medida, al aumento de la violencia y de la impunidad. ¿Qué historia cuentan estos datos?
Por Georgina Flores-Ivich
30 de abril, 2021
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La desaparición forzada es una violación grave a los derechos humanos que presenta múltiples dificultades para documentarse. Los problemas en la conceptualización y medición de este fenómeno en México han sido señalados por organismos internacionales y grupos de la sociedad civil y se han intentado resolver mediante modificaciones en los códigos penales, la creación de leyes e instituciones y la introducción de ciertos cambios en las políticas de información. A pesar de estos esfuerzos, su documentación presenta fallas importantes que abarcan un espectro más amplio que el metodológico y que está marcada por importantes vacíos de información y falta de transparencia.

A pesar de que muchas de las violaciones a los derechos humanos pueden medirse con indicadores desagregados que son producidos por agencias gubernamentales, algunas de estas violaciones son parte de un conjunto más amplio de problemas que son llamados “daños invisibles” bastante difíciles de analizar porque tienden a no ser reportados, por lo tanto, la mayor parte del problema se encuentra oculto e invisibilizado (Sparrow, 2008). Las desapariciones, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales, son ejemplos en los que operan de manera muy clara estos daños invisibles, por lo tanto, los retos para establecer conclusiones sobre el progreso o el retroceso de estos derechos relacionados con la libertad personal son mucho mayores.

La paradoja de la información planteada por Clark y Sikkink (2013) intenta describir los efectos de la información y los patrones en los datos que se derivan del proceso de recopilación e interpretación. Esto, por ejemplo, refiere a la incapacidad de poder distinguir, a través de los datos existentes, si ha habido un aumento en las violaciones, si hay un aumento en las denuncias o si se trata de una combinación de ambas. Las violaciones a los derechos humanos son particularmente difíciles de documentar porque, a menudo, es el gobierno quien las comete. En el caso de las violaciones masivas de derechos humanos, el gobierno en su conjunto puede estar cometiendo las violaciones y haciendo todo lo posible por mantenerlas ocultas.

La elección de los datos, los procesos de recopilación de los mismos y el entorno de información dentro del cual ocurren las violaciones de los derechos humanos afectan potencialmente la capacidad de comprender la variación en los niveles de violaciones a lo largo del tiempo (Clark y Sikkink, 2013). Además, la medición del progreso (o retroceso) de los derechos humanos es afectado por un estándar cambiante de responsabilidad que ocurre cuando las personas activistas y abogadas defensoras empiezan a brindar información y a expandir la noción de lo que constituye una violación a los derechos humanos. En términos generales, se amplía el entendimiento del fenómeno y, con ello, la demanda de información.

Actualmente no es posible contar con indicadores confiables para evaluar de manera precisa la incidencia de la desaparición forzada. A pesar de la cantidad de esfuerzos realizados a lo largo de los años para contar con un registro confiable en materia de desapariciones, conocer el número de personas desaparecidas en México representa un reto complejo por las dinámicas que adquiere el fenómeno. Los registros estadísticos están estrechamente vinculados al sistema de justicia que, a su vez, presenta fallas estructurales para perseguir y sancionar este delito.

Los censos de procuración e impartición de justicia estatal elaborados por el Instituto Nacional de Geografía (INEGI) y las bases de datos elaboradas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) permiten contar con una aproximación a las respuestas estatales al delito de desaparición forzada, evaluar el funcionamiento del sistema de justicia, conocer los procesos iniciados, tener proxys de la prevalencia del delito y realizar comparaciones a nivel estatal o municipal. Estos datos permiten medir los resultados en términos de respuesta estatal e indican también las fallas sistémicas en el proceso de justicia.

Los datos para el delito de desaparición forzada se encuentran disponibles a partir de los censos de procuración e impartición de justicia publicados en 2015 (que documentan el año 2014). En los censos anteriores a este año, las desapariciones estaban agregadas en la categoría de “otros delitos que atentan contra la libertad personal”. Por su parte, en la base de incidencia delictiva del SESNSP, que es una de las más utilizadas (si no es que la más) para documentar los delitos en México, los datos para el delito de desaparición forzada no se encuentran disponibles ya que este se agregaba en la categoría de “otros delitos contra la libertad personal”.

Estas fuentes de datos miden la cantidad de procesos iniciados (averiguaciones previas o carpetas de investigación), así como los procesos abiertos (con diferentes categorías que siguen los casos en el proceso de justicia) y presentan importantes problemas en el registro, clasificación y categorización de los delitos contra la libertad personal. En la mayor parte de los estados de México, los porcentajes de delitos contra la libertad personal que son clasificados en la categoría de “otros” en las bases de datos del SESNSP, superan el 80 por ciento.

Esto puede significar que el personal de las fiscalías y procuradurías están teniendo dificultades para homologar los casos con el catálogo del SESNSP o que usan esta oportunidad para clasificarlos erróneamente y reducir artificialmente los delitos registrados (Frissard, 2019). Asimismo, en los censos de procuración e impartición de justicia, los patrones observados en el delito de desaparición forzada y de otros delitos contra la libertad personal indican problemas de registro en algunas entidades.

Algunos estados no reportan carpetas de investigación o averiguaciones previas iniciadas, pero cuentan con un número importante de casos de desapariciones forzadas de acuerdo con otras fuentes. En el censo de procuración de justicia estatal del INEGI destaca que en el año 2015, apenas ocho estados iniciaron procesos por este delito. Esta cantidad va aumentando gradualmente hasta el año 2019 en el que 19 entidades iniciaron procesos. La suma total de procesos iniciados por el delito de desaparición forzada en 2015 y en 2016 asciende a 429 y 622 procesos respectivamente, mientras que en los años 2017 y 2018 se registra una baja considerable con 118 y 147 procesos. Por último, en 2019 la cantidad asciende a 346 procesos.

La naturaleza de estos datos permite vincular el comportamiento de estas cifras con factores relacionados al funcionamiento de las procuradurías y fiscalías estatales. En este sentido, puede ser que estas instituciones no reconozcan este delito o que lo clasifiquen de manera errónea. Un ejemplo claro de ello son los datos del estado de Hidalgo que revelan un comportamiento atípico en los años 2015 y 2016. En estos años se reportan 328 y 402 procesos iniciados de desaparición forzada, respectivamente, mientras que en 2017, 2018 y 2019 se registraron cero procesos. Por su parte, los delitos clasificados como “otros delitos contra la libertad personal” en esta entidad ascienden a 743 en 2017, 903 en 2018 y 873 en 2019. Este tipo de patrones en el que se registra erróneamente el delito se observan también en otras entidades.

Asimismo, aunque en el censo de impartición la agregación de las distintas posibilidades procesales dificulta la tarea de evaluar el tránsito de los casos por el sistema de justicia y monitorear claramente el avance, se puede ubicar una tendencia de saturación de casos en las primeras etapas del proceso y un número mínimo en la parte final, es decir, en causas penales concluidas. Los censos de procuración e impartición de justicia reportan un aumento gradual en el número de entidades federativas que tienen, al menos, un proceso iniciado en procuración o abierto en impartición en el periodo 2015-2019. Sin embargo, en 18 de los 32 estados de México se reportan cero procesos abiertos en delitos de desaparición.

El fenómeno de las desapariciones forzadas ha ido adquiriendo dinámicas complejas con el paso de los años y muchas de las fallas en los registros estadísticos oficiales obedecen, en buena medida, al aumento de la violencia y de la impunidad. ¿Qué historia cuentan estos datos? Probablemente, aquellos estados que no reportan procesos iniciados o abiertos en materia de desaparición forzada, pero que reportan casos en otras fuentes muestran importantes deficiencias en materia de respuesta estatal y limitaciones importantes en el acceso a la justicia, ya sea por una falta de reconocimiento de la problemática, por la minimización de la severidad del delito o por la impunidad existente, entre otras razones. En el caso particular de las desapariciones forzadas, las paradojas de la información y los daños invisibles explican mucho de lo que está sucediendo con los datos disponibles.

* Georgina Flores-Ivich (@gefloresivich) es Profesora Investigadora de la Flacso México. Integrante del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad.

 

 

Fuentes:

Clark, A. M., & Sikkink, K. (2013). Information effects and human rights data: Is the good news about increased human rights information bad news for human rights measures?. Human Rights Quarterly, 539-568.

Sparrow, M. K. (2008). The character of harms: Operational challenges in control. Cambridge University Press.

Frissard, P. (2019). Homicidio, secuestro y extorsión, ¿qué dicen los datos? Nexos. Recuperado de acá.

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