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Entendiendo las desapariciones
Por Observatorio Desaparición e Impunidad
El Observatorio sobre Desaparición e Impunidad es un programa de investigación que busca compre... El Observatorio sobre Desaparición e Impunidad es un programa de investigación que busca comprender las dinámicas locales de las desapariciones en México con el fin de contribuir a la búsqueda de verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición para las víctimas y avanzar en la construcción de políticas que den respuestas adecuadas a este problema. Entender las desapariciones es una de las tareas claves para prevenirlas y erradicarlas. Esta tarea es nuestra y es de todas. (Leer más)
La noción de desaparición forzada y las desapariciones en México
El fenómeno de las desapariciones ya no sólo es el resultado de la acción directa del Estado como perpetrador o facilitador, la impunidad en los casos de desaparición, las omisiones en el registro de fosas y la cantidad insuficiente de identificaciones forman parte del fenómeno y lo potencian.
Por Daniel Mata Lugo
15 de junio, 2021
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Uno de los aspectos más discutidos de las desapariciones en México es el quiebre de la noción ‘tradicional’ de desaparición vinculada a la figura del detenido-desaparecido. Hablar de las personas detenidas-desaparecidas evoca un periodo particular de la historia latinoamericana, el de las dictaduras del cono-sur y los regímenes autoritarios apoyados por Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XX. Las desapariciones de este periodo se caracterizaban por seguir una lógica de persecución política contra militantes y opositores de izquierda y un patrón más o menos claro.

En la mayoría de los casos alguna autoridad militar, policial o ambas, detenía a una o varias personas, las trasladaba a un centro de detención en el que se las retenía incomunicadas sin la posibilidad de recurrir a ningún tipo de defensa legal, posteriormente la autoridad negaba su paradero o incluso el haberlas detenido. Muchas de estas personas fueron torturadas y asesinadas, sus cuerpos, ocultados en fosas comunes o lanzados al mar en “vuelos de la muerte”. Estos casos de desaparición fueron una experiencia tristemente compartida por miles de familias a lo largo de la región y fue a partir de ella que se conformó el cimiento sobre el cual se delimitó el concepto de desaparición forzada que recogen la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, entre otras.

A grandes rasgos se puede decir que estamos frente a una desaparición forzada cuando: i) hay una detención; ii) realizada por miembros del Estado o particulares que cuentan con el beneplácito del Estado; iii) seguida de una negación del paradero de la persona detenida; y iv) queda impedida la defensa de los derechos de la persona detenida previstos en la ley. Estos elementos hacen de la participación del Estado un rasgo central en las desapariciones y lo colocan ya sea en el lugar del perpetrador o del ‘facilitador’.

Después del inicio de la Guerra contra las drogas hemos visto que las desapariciones en México ya no siguen este único modelo o patrón.1 En realidad hay varios patrones que entretejen muchas lógicas, algunas sí de persecución política, pero también otras delictivas, económicas, migratorias e incluso personales, que involucran a su vez a otros actores/perpetradores. Desde el crimen organizado y fuerzas de seguridad, hasta civiles armados, la delincuencia común, pandillas y empresas. Algunas veces actuando solos y otras en conjunto.

Este aspecto se corresponde con la multiplicidad de perfiles de las personas desaparecidas, así como de sus trasfondos sociales, personales, políticos y profesionales. Del mismo modo, se diversifican las posibilidades y lugares de búsqueda: reclusorios, centros nocturnos, morgues, fosas clandestinas, centros/campos de trabajo forzado, montes, estaciones de policía y campos militares, por mencionar algunos. En este sentido, las desapariciones se han tornado un fenómeno mucho más amplio e intrincado que en el pasado. Sin embargo, pese a que la irrupción de las lógicas señaladas puede ser algo no antes visto, la participación del Estado en las desapariciones continúa siendo central. En tanto las lógicas y actores involucrados se han multiplicado, la impunidad que envuelve las desapariciones se torna un componente importante del fenómeno.

Fig.1: Nube de palabras de las ocupaciones de personas desaparecidas registradas en la base del CENAPI

 

La cuestión de las fiscalías

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas de 2017 fue un paso en el reconocimiento de la complejidad que implicaba la superposición de las lógicas detrás de las desapariciones. Desde la delimitación de otros perpetradores, como en la ‘desaparición cometida por particulares’, hasta la inclusión de aspectos jurisdiccionales y de coordinación entre instituciones del nivel federal y el estatal que a menudo requiere una búsqueda. A este fin se dispuso la participación de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las Fiscalías Estatales, entre otras, además de la creación del Sistema Nacional de Búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda y sus homólogas estatales.

Tanto la FGR como las fiscalías/procuradurías estatales tienen un papel fundamental en el esquema de búsqueda planteado en la ley (búsqueda e investigación penal van de la mano). Sin embargo, existen deficiencias. Por ejemplo, a nivel local se han encontrado fosas clandestinas en estados cuyas fiscalías negaron la existencia de casos o registro. El Informe sobre la situación de fosas clandestinas en el estado de Guanajuato muestra que durante varios años la fiscalía ha negado reiteradamente contar con registro de fosas clandestinas en el Estado en sus respuestas a solicitudes de transparencia, pese a que la prensa ha documentado el hallazgo de las fosas en aquella entidad.2 Recientemente integrantes de la Brigada Nacional de Búsqueda se encontraron con restos presuntamente humanos en Barranca de los Zúñiga, Querétaro, lo que indica que el lugar posiblemente sea una fosa clandestina.3 Anteriormente la fiscalía estatal ha respondido en solicitudes de transparencia que “no se cuenta con registro de fosas clandestinas encontradas” en el Estado.4 Toda distancia guardada, ambos casos muestran que el trabajo de las fiscalías es una parte importante para solucionar el problema de la desaparición de personas.

Otro aspecto que atraviesa a las fiscalías es el de la identificación de las personas halladas en fosas clandestinas. De acuerdo con las respuestas de 20 fiscalías estatales que hemos procesado hasta el momento,5 cerca de 3,519 personas fueron recuperadas de fosas clandestinas. De éstas, se ha reportado haber identificado cerca del 35.6% de los cuerpos/restos, alrededor del 40% continuaban sin ser identificados al momento que respondieron a la solicitud. Se trata de un porcentaje bastante bajo de identificaciones. Esto sin contar que tampoco sabemos qué ocurrió con el 24% sin información suficiente sobre el estado de las identificaciones.

En resumen, el fenómeno de las desapariciones ya no sólo es el resultado de la acción directa del Estado como perpetrador o facilitador, la impunidad en los casos de desaparición, las omisiones en el registro de fosas y la cantidad insuficiente de identificaciones forman parte del fenómeno y lo potencian. Se trata de problemas que guardan estrecha relación con la actuación de las fiscalías. Este hecho es importante a la luz de la reciente aprobación de la Ley de la FGR en la cámara de diputados, pues pone en entredicho el papel que se le había asignado en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada. Aunque aún estará en el Senado, el desempeño del estado mexicano en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas dependerá en gran medida de lo que suceda con la FGR y del posible efecto que esta reforma pueda tener -también- en las fiscalías/procuradurías estatales, cuyo desempeño hasta ahora tampoco ha sido ideal.

* Daniel Mata Lugo es excolaborador del @ObDesaparicion e investigador de la @CMDPDH.

 

 

 

 

1 Ver: Robledo, C. El laberinto de las sombras: desaparecer en el marco de la guerra contra las drogas. Estudios Políticos 47, 2015.

2 Ver: Ruiz, Jorge. Loruso, Fabrizzio. Elton, Óscar. Informe sobre la situación de fosas clandestinas en el estado de Guanajuato (enero de 2009 a julio de 2020). Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Data Cívica, Universidad Iberoamericana León, POPLab, Sembrando Comunidad. Disponible acá.

3 Ruiz, A. Barranca de los Zúñiga, fosa clandestina en Querétaro. Pie de página. Disponible acá.

4 Folio de solicitud número 00124020.

5 Esto es un trabajo en proceso. Hasta ahora recibimos respuestas de las fiscalías/procuradurías de Aguascalientes (#00089120), Baja California (#00155020), Baja California Sur (#00061720), Campeche (#0100109420), Chihuahua (#016302020), Colima(#00057020), Durango (#00095720), Michoacán (#00197320), Nuevo León (#00219520), Oaxaca (#00142020), Puebla (#00342720), Quintana Roo (#00138520), Sonora (#00197320), Tamaulipas (#00171420), Veracruz (#00464820) y Zacatecas (#00089420), que reportaron cuerpos recuperados de fosas halladas entre el 1ero de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2019. No todas las fiscalías respondieron, algunas dijeron que no contaban con registro, otras enviaron archivos poco legibles, con información no muy detallada. Para los Estados de Coahuila (#0530119), Jalisco (#03296919), Morelos (#00416619), Tlaxcala (#00083020), la información abarca del 1ero de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2018.

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