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Entendiendo las desapariciones
Por Observatorio Desaparición e Impunidad
El Observatorio sobre Desaparición e Impunidad es un programa de investigación que busca compre... El Observatorio sobre Desaparición e Impunidad es un programa de investigación que busca comprender las dinámicas locales de las desapariciones en México con el fin de contribuir a la búsqueda de verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición para las víctimas y avanzar en la construcción de políticas que den respuestas adecuadas a este problema. Entender las desapariciones es una de las tareas claves para prevenirlas y erradicarlas. Esta tarea es nuestra y es de todas. (Leer más)
Las Fiscalías, instituciones opacas frente al acceso a la información en casos de desaparición de personas
las Fiscalías/Procuradurías persisten en el argumento de que las investigaciones se encuentran bajo reserva como regla. Lo anterior resulta conveniente para ellos pues así no es posible saber qué están haciendo y, más importante, si lo están haciendo bien.
Por Mayra Ortiz Ocaña
30 de marzo, 2021
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Una de las características de la desaparición de personas es la omisión de las autoridades de proveer información sobre la suerte y paradero de quien desapareció (Corte IDH 2019). Si bien este es un elemento de los casos individuales, la falta de información se ha trasladado a otras dimensiones institucionales que rodean a la desaparición. El Estado mexicano se ha destacado por la falta y negativa de proveer información pública en torno a las desapariciones. La atención de la problemática es clave pues el derecho de acceso a la información pública puede coadyuvar a alcanzar verdad, justicia y reparación para las personas desaparecidas y sus familias.

El acceso a la información pública es un derecho que se encuentra vinculado al control de la actuación de las autoridades estatales pues permite, mediante solicitudes de información, pedir datos para conocer qué están haciendo las y los servidores públicos y divisar si las funciones públicas se realizan de forma adecuada. Por ejemplo, si alguien pide una sentencia penal puede apreciar la actuación del juez y hacerse una idea de los argumentos que le hicieron determinar si una persona era responsable o no. Así, el derecho de acceso a la información puede ser una herramienta poderosa para obtener datos del contexto en torno a la desaparición en una unidad territorial determinada, por ejemplo si se piden números de eventos en lugares específicos; o permitir conocer los elementos que tienen los casos exitosos que lograron obtener sentencias. En ese sentido, en términos de los procesos de justicia sobre desapariciones es posible usar y estudiar esta información para diseñar tanto estrategias de investigación como de litigio.

Existen múltiples complejidades en torno al acceso a la información pública en los casos de desaparición que dependen del tipo de información que se solicite o de la autoridad a la que va dirigida. En esta ocasión me referiré a una problemática de una institución clave en los procesos penales en casos de desaparición de personas: la opacidad característica de las Fiscalías o Procuradurías.

En primer lugar es importante señalar que las Fiscalías o Procuradurías tienen un amplio margen de discrecionalidad relacionado con la función que se les ha encargado: la investigación de delitos. Por lo anterior, tal y como señala el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales (en adelante CNPP), los actos de investigación dentro de una averiguación previa o carpeta de investigación son estrictamente reservados por lo cual únicamente las partes dentro de un proceso pueden acceder a ellos. Esta norma entra en colisión con el acceso a la información que tiene como premisa el derecho de todas las personas de conocer cualquier información a manos del Estado.

Esta aparente colisión no es un tema nuevo. Desde 2013 el entonces IFAI determinó que en casos de violaciones graves de derechos humanos estos criterios de reserva no son aplicables. Incluso la Segunda Sala de la Suprema Corte en 2017 emitió una sentencia en la que señaló que la desaparición forzada constituye una violación grave a derechos humanos y que “en tanto que existe un interés preponderante de la sociedad, en su conjunto, de conocer la verdad de lo sucedido, pues sólo así podrá informarse acerca de las acciones emprendidas por el Estado para cumplimentar con su deber de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar y reparar las violaciones graves de derechos fundamentales1. No obstante las Fiscalías/Procuradurías persisten en el argumento de que las investigaciones se encuentran bajo reserva como regla. Lo anterior resulta conveniente para ellos pues así no es posible saber qué están haciendo y, más importante, si lo están haciendo bien.

En un trabajo del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México en el que se realizaron solicitudes de información a todos los estados de la República donde se requerían acceso a las carpetas de investigación, las entidades federativas respondieron de la siguiente forma que permite organizarlos en cinco grupos:

Grupo 1.  Estados sin respuesta a la solicitud.

Grupo 2. Estados sin carpetas de desaparición forzada de acuerdo con la primer solicitud.

Grupo 3. Estados que en la primera solicitud señalan tener carpetas y en la segunda niegan contar con alguna.

Grupo 4. Estados que niegan acceso a carpetas de investigación

Grupo 5. Estados que conceden acceso a carpetas de investigación

Tabla 1 Respuestas a solicitudes de investigaciones

La negativa de la mayoría de los estados dentro del Grupo 4 estaba basada en el artículo 218 del CNPP, manifestando que como la persona solicitante no es parte del proceso no era posible dar acceso a las investigaciones. Es decir, la regla era aplicada sin considerar las excepciones para casos de violaciones graves a derechos humanos. Pero más allá de los criterios jurídicos a los que deben atender las Fiscalías/Procuradurías, es importante pensar en las resistencias institucionales hacia el régimen de transparencia. Por mucho tiempo esta institución se ha escudado en la reserva reglamentaria para actuar de forma opaca y sin control.

Incluso en el nacimiento del régimen de transparencia en México las Fiscalías se configuraron como la excepción a la regla de apertura de datos, que es perfectamente entendible pues el sigilo es necesario para la investigación de delitos. Sin embargo esta excepción a la transparencia ha sido adoptada por estas autoridades como un pase libre para no entregar información que debería ser brindada a la sociedad, como en el caso de violaciones graves a derechos humanos en general y de la desaparición de personas en particular como un crimen generalizado dentro de nuestro país.

Por lo anterior resulta necesario exigir transparencia por distintas vías a esta institución opaca, con costumbre de secrecía que le ha permitido actuar como una caja negra. Solo así podremos tener una noción más cercana de las dinámicas de la desaparición y controlar la actuación de una autoridad fundamental para avanzar hacia la verdad y la justicia para las personas desaparecidas y su familias.

* Mayra Ortiz Ocaña (@MayrillaO) es Integrante del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad.

 

1 Tesis: 2a. LIV/2017 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Segunda Sala, Libro 41, Abril de 2017, Tomo I, Pag. 1068, Tesis Aislada (Constitucional, Administrativa).

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