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Entendiendo las desapariciones
Por Observatorio Desaparición e Impunidad
El Observatorio sobre Desaparición e Impunidad es un programa de investigación que busca compre... El Observatorio sobre Desaparición e Impunidad es un programa de investigación que busca comprender las dinámicas locales de las desapariciones en México con el fin de contribuir a la búsqueda de verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición para las víctimas y avanzar en la construcción de políticas que den respuestas adecuadas a este problema. Entender las desapariciones es una de las tareas claves para prevenirlas y erradicarlas. Esta tarea es nuestra y es de todas. (Leer más)
Sólida denuncia ante la Corte Penal Internacional
El pasado 29 de junio se presentó una denuncia formal ante la CPI, por la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad de 47 personas, la cual señala como principal responsable al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda.
Por Roberto X. Ochoa Gavaldón
11 de agosto, 2021
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La impunidad a gran escala y los fenómenos de macrocriminalidad que vienen asociados han rebasado, desde hace años, cualquier esfuerzo del Estado mexicano por poner fin a la violencia criminal que destruye nuestra convivencia. Cada vez es más necesario el apoyo complementario de instancias internacionales si realmente queremos salir de la crisis de derechos humanos en que estamos atrapados. En particular, considero que las condiciones están dadas para que, por fin, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) se decida a abrir un Examen Preliminar, análogo a lo que en el derecho penal mexicano sería una carpeta de investigación, sobre la probable comisión de crímenes contra la humanidad en México. Si así ocurre, se atraerá la atención internacional hacia México y, como sucedió con el caso de Colombia, esto podría desencadenar procesos y mecanismos de justicia transicional.

El pasado 29 de junio de 2021 se presentó la comunicación más reciente ante la CPI, lo que en el derecho penal mexicano equivale a una denuncia formal, por la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad de 47 personas. En ella, de conformidad con los artículos 7(1)(i) y 15 del Estatuto de Roma, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la organización mexicana I(DH)EAS Litigio estratégico en Derechos Humanos señalan al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, detenido en México el 6 de junio de 2021 por delitos patrimoniales, como el principal responsable de los crímenes cometidos en 2017, durante los últimos meses de su mandato.1

Se trata de la denuncia más reciente ante la CPI por de crímenes contra la humanidad en nuestro país. Anteriormente la FIDH, en colaboración con diversas organizaciones mexicanas, había presentado ya 3 denuncias, en 2014, 2016 y 2018 por crímenes contra la humanidad en los estados de Baja California, Coahuila y Chihuahua respectivamente. Sin embargo, ninguna de esas denuncias fue lo suficientemente convincente como para que la Fiscalía de la CPI se decidiera a abrir el Examen Preliminar sobre la situación en México.

El objetivo no es nada sencillo de lograr. La CPI enfrenta a su vez muchos desafíos que la obligan a ser excesivamente minuciosa respecto a la selección de casos sobre los que decide iniciar investigaciones. A pesar de ello, la situación de México está abiertamente bajo consideración.2 Probablemente, la denuncia que comentamos en este artículo cerrará la pinza y permitirá al nuevo Fiscal, el británico Karim Khan, abrir finalmente las investigaciones.

El 27 de marzo de 2017 el entonces Fiscal General de Nayarit, Edgar Veytia Cambero, también conocido como “El Diablo”, fue detenido en San Diego, California por agentes del FBI, la DEA y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, acusado de participar en el tráfico de drogas entre enero de 2013 y febrero de 2017. 3 Este hecho puso al descubierto la estructura criminal creada por Sandoval y Veytia, incrustada en la Fiscalía General de Nayarit, y que durante seis años fue responsable de numerosos crímenes, incluyendo homicidios, tortura, despojos, amenazas, extorsiones y desapariciones forzadas. El escándalo condujo a la derrota electoral de Sandoval en junio de 2017, por lo que, a partir de esa fecha, la violencia del grupo criminal, dirigida a mantener control del narcotráfico, se intensificó.

Los 26 eventos documentados ante la CPI, ocurridos entre el 12 de junio y el 23 de septiembre de 2017, y que corresponden con los últimos meses del gobierno de Sandoval, se inscriben dentro de un fenómeno más amplio de desapariciones, pues según el Colectivo Familias Unidas por Nayarit, alrededor de 300 personas habrían desaparecido en el estado durante el año 2017. 4 En los 26 eventos documentados, personas pertenecientes a la Fiscalía General del Estado de Nayarit o a la Policía de Nayarit actuaron de manera pública, en distintas horas del día, privando de libertad a habitantes de Tepic y pueblos vecinos en sus viviendas, lugares de trabajo, viviendas de familiares, amigos o personas conocidas, o cuando transitaban por la vía pública. El modus operandi de las, por lo menos, 47 desapariciones forzadas refleja que se trató de un ataque llevado a cabo de manera planificada, organizada y coordinada, y que muy difícilmente pudo haberse realizado sin contar con la voluntad del Gobierno estatal de Nayarit.

La denuncia esta jurídicamente muy bien planteada y tiene la enorme virtud de exponer un caso criminal específico, que en un tiempo relativamente breve podría ser llevado exitosamente a juicio por parte de la Fiscalía. Tres elementos principales hacen factible que la actual denuncia pueda prosperar: 1) Por primera vez, de entre las denuncias presentadas por la FIDH ante la CPI, existe claridad meridiana respecto del funcionario a quien se puede imputar directamente por los crímenes; 2) además, dado que el acusado se encuentra ya en prisión, esto facilitaría en mucho los trabajos de la Fiscalía de la CPI, que a lo largo de su historia ha batallado mucho para que sean detenidos los sospechosos y puedan ser llevados a juicio, y 3) a diferencia de lo que también ha ocurrido históricamente con las sentencias de la CPI, el acusado cuenta con recursos económicos más que suficientes, obtenidos por su actividad criminal, lo que haría factible que, en un momento dado, lo que le sea confiscado sirva como uno de los componentes básicos para la reparación integral a las víctimas.

Un caso así relativo a México, con este nivel de detalle, no le ha sido presentado antes a la Fiscalía de la CPI, por lo que permite augurar que en este mismo 2021, o a más tardar en 2022, se decidirá a abrir un Examen Preliminar sobre la situación en nuestro país. Si así ocurriera, la mirada internacional se posaría entonces sobre México y al fin podría reconocerse que los crímenes que se están cometiendo no atentan solo contra nosotros los mexicanos, sino contra la humanidad en su conjunto. De esto trata la denuncia y así se busca la justicia.

* Roberto X. Ochoa Gavaldón es abogado especializado en Derecho Penal Internacional. Intelectual y activista formado con Javier Sicilia en torno a las revistas Ixtus y Conspiratio. Desde 2019 radicado en La Haya.

 

 

1 Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) e I(DH)EAS Litigio Estratégico por los Derechos Humanos A.C., México. Estructura criminal en la Fiscalía General del Estado de Nayarit y crímenes de lesa humanidad, La Haya, Junio de 2021. Consultar aquí.

2 Ver el pronunciamiento de despedida de le ex Fiscal. Fatou Bensouda, “‘Without Fear and Favour’: Reflections on my term as Prosecutor of the International Criminal Court”, Fiscalía de la Corte Penal Internaional, La Haya, 15 de junio de 2021. Consultar aquí, p. 10.

3 En 2019 fue condenado a 20 años de prisión por la Corte del Distrito Este de Nueva York por los delitos de importación, fabricación y distribución de droga.

4 Ver ‘El infierno de las fosas en Nayarit, la herencia de “El Diablo”’; Milenio, 31 de enero de 2018, ‘Ola de violencia en Nayarit; suman casos de desaparición’, El Debate, 17 de septiembre de 2017; Karina Cancino, ‘2017 en Nayarit, marcado por la violencia y la corrupción’, Aristegui Noticias, 29 de diciembre de 2017. Es posible que las cifras sean aún más altas, según otros informes.

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