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Entropista
Por Daniel Gershenson
Me llamo Daniel Gershenson. A falta de un término más exacto, podría decirse que soy emprended... Me llamo Daniel Gershenson. A falta de un término más exacto, podría decirse que soy emprendedor social. Me dedico a temas que hasta hace poco: antes del advenimiento de las redes sociales según [email protected], se consideraban ociosos. Presido dos ONG sin fines de lucro desde mediados del 2006: ALCONSUMIDOR, y ALARBO, AC. (Leer más)
Calderón, el desmemorioso
El caso de la Guardería ABC debió marcar un antes y un después en la impartición de justicia en México; debió haber sido parteaguas y cimbrado las conciencias, garantizando que un desenlace como el de aquel viernes cinco de junio no volviera a repetirse en estancias infantiles debidamente revisadas. Nada de eso sucedió.
Por Daniel Gershenson
14 de octubre, 2019
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Siendo excesivamente generosos, podría uno decir que la reacción institucional ante la enormidad del incendio de la Guardería ABC distó mucho de ser el mejor momento de una institución presidencial bajo la égida de Felipe Calderón Hinojosa (y para el caso, la extraoficial y muy simbólica, que en ese entonces dependía de la voluntad de su esposa y Primera Dama Margarita Zavala, parienta directa de una de las propietarias de la Guardería ABC allá en Sonora) la cual instrumentó –tal parece, a la luz de los resultados y de la historia desde entonces- un magno operativo de control de daños que compartieron el poder estatal que encabezaba Eduardo Bours y el municipal, a cargo de Ernesto Gándara (muy probable candidato del PRI a la gubernatura en tanto la solapadora de dueños de la Claudia Pavlovich termine su mandato en 2021).

Se había cumplido un año fatal desde el incendio; el presidente había invitado ya a un grupo no muy proclive a la confrontación (por decir lo menos, y en contraste con aquel que desde el principio había hecho de la búsqueda de una justicia contundente y expedita, su principal causa) de familias hermosillenses de niños fallecidos y lesionados a Los Pinos, el día 30 de abril de 2010: el Día del Niño, en una muestra adicional del nulo respeto y absoluta falta de empatía hacia las víctimas que sería la constante de su siniestro sexenio. La escueta crónica y las fotos acartonadas de la reunión, donde se veía a La Primera Pareja con el rictus de los culpables que tienen claro que (haiga sido como haiga sido), se saldrán irremisiblemente con la suya- junto a la ausencia de medios críticos que hubiesen cuestionado en esos momentos al panista, acreditaban el escepticismo de aquellos papás y mamás incómodos que adrede no fueron convocados al despacho presidencial.

En el flanco expuesto del Poder Judicial de la Federación, un grupo de Ministros que por desgracia fue minoritario –como pudo confirmarse más tarde, a la hora de las votaciones en el pleno a favor o en contra del proyecto de Arturo Zaldívar, actual presidente de la Suprema Corte, y que incluyó en su momento a Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza- había decidido hacer lo correcto. El caso de la Guardería ABC debió marcar un Antes y un Después en la impartición de justicia en México (algo equivalente a las decisiones cimeras de los años cincuenta que inauguraron la consolidación de Derechos Civiles largamente pospuestos en los Estados Unidos entre la población más vulnerable); debió haber sido parteaguas y cimbrado las conciencias, garantizando que un desenlace como el de aquel viernes cinco de junio no volviera a repetirse en estancias infantiles debidamente revisadas. Nada de eso sucedió: siguieron –siguen- muriendo niñas y niños en recintos #chatarra donde su cuidado no es prioritario, en virtud de que la negligencia criminal (esa que segó la vida de cuarenta y nueve criaturas, cuya edad promedio era menor a los tres años) constituye la estrategia de negocios más redituable. Han fallecido decenas más (algunos conteos llegan a noventa) en todo el territorio nacional, sin que se sepa que los propietarios, o autoridades cómplices, hayan pisado la cárcel o sufrido acaso la cancelación de sus permisos de operación.

Los recuerdos de aquella jornada que dos padres de niños muertos por el incendio dedicaron a diálogos parciales –en algunos casos, mínimos o inexistentes- con las y los Ministros en la sede de la Corte son dispersos y casi surreales. Un togado distinguido ni siquiera supo, a la hora de los saludos, que habían sido cuarenta y nueve las víctimas mortales. Otro ofreció fingidas condolencias, sólo para reiterar, de botepronto y sin la menor cortesía, que bajo ninguna circunstancia votaría a favor del proyecto de Arturo Zaldívar. Algunos ni se tomaron la molestia de atenderlos siquiera un par de minutos.

Esa semana la Suprema Corte fue prácticamente tomada por el gobierno federal. Todos los espacios y horarios de atención fueron copados por funcionarios directa o indirectamente involucrados en el incendio y/o sus secuelas. En oficinas o pasillos, los padres llegaron a toparse con Bours, Juan Molinar, Daniel Karam (publirrecionista y actual director de Hill and Knowlton en México, consorcio de relaciones públicas cuya filial norteamericana fue contratada por la empresa eléctrica californiana causante de los incendios gigantes en 2018 que devastaron comunidades y costaron la vida de más de sesenta personas), u otros servidores públicos devenidos en cabilderos/extorsionadores haciendo antesalas previas a interminables reuniones, evitando –eso sí- cualquier ínfima muestra de contrición o empatía. Supimos, porque así fueron informados los padres, que -en su calidad de secretario de Gobernación, luego echado sin contemplaciones por FCH, un mes después del sainete en la SCJN– Fernando Gómez Mont había amenazado de distintas formas a los que iban a juzgar la pertinencia del proyecto de avanzada que redactó Zaldívar, y que (por supuesto) fue rechazado en su totalidad por presiones gubernamentales. Cualquier análisis imparcial de medios afines al panista de esa época, arroja la misma intención: descalificar por completo a las familias. Darles la razón a las pretensiones olvidadizas de Calderón y su pandilla. No había nada que cuestionar, y cualquier cambio al régimen de subrogaciones equivalía a traicionar a la patria (exagero, pero sólo un poco).

Ahora que el daño es irreparable y que para efectos prácticos el expresidente ya no es nadie, Felipe Calderón (fiel a su estilo personal) pretende enmendar la plana y declararse víctima inocente de las presuntas ‘insidias’ de Arturo Zaldívar, para quien –a diferencia suya- el incendio de la Guardería ABC constituye una herida abierta; una deuda moral profunda y pendiente. La historia del segundo sexenio del PAN ya dictó su veredicto. Se informó con amplitud de las intensas presiones sufridas por los Ministros, prácticamente desde el momento que inició el asedio calderonista a la Suprema Corte. El michoacano, su esposa; Bours en Sonora y Gándara en Hermosillo -junto con el resto de sus respectivos gabinetes de habilitadores– tendrán que lidiar con ese estigma. Como otras atrocidades y crímenes sin castigo, la impunidad ya sentó sus reales. No así la execrable desmemoria.

@alconsumidor

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