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Evaluación y decisiones
Por CLEAR LAC - CIDE
En el Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados de América Latina y el Caribe, CLEA... En el Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados de América Latina y el Caribe, CLEAR LAC, nos dedicamos a promover la mejora de las políticas públicas mediante programas de formación en monitoreo y evaluación, investigación aplicada y difusión del conocimiento. CLEAR es una red global con seis centros en Asia, América y África, que promueve la toma de decisiones basadas en evidencia; buscamos que los gobiernos y las organizaciones mejoren su desempeño y logren mejores resultados para el beneficio de la población. CLEAR LAC es parte del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) desde 2012. (Leer más)
Chile: de las movilizaciones a la reforma, ¿qué dice la evaluación?
Al mercantilizar los derechos sociales, este reconocimiento para Chile ha sido a costa de mayor desigualdad, segregación territorial, enormes diferencias entre servicios básicos privados y públicos, y una clase media endeudada.
Por Arantza Rodríguez Fragoso
26 de febrero, 2021
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Por mucho tiempo, Chile ha sido considerado como un ejemplo de desarrollo, crecimiento económico y estabilidad sociopolítica para América Latina. En cuanto a desarrollo humano, el más reciente informe del PNUD lo posiciona en el lugar 44 a nivel mundial y el primero en la región, lo que se explica en parte por sus avances desde 1990: un crecimiento de 6.7 años en la expectativa de vida, un aumento de 2.5 años en la media de educación, un aumento crecimiento promedio de 4.5% del PIB, y una tasa de pobreza del 8.6%.

Estas cifras, a primera vista plausibles, son el resultado de un modelo de desarrollo neoliberal consagrado en la Constitución de 1980, elaborada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Las políticas públicas desarrolladas bajo este modelo dan cabida a la privatización, mientras que el Estado se posiciona como un ente subsidiario. Al mercantilizar los derechos sociales, este reconocimiento para Chile ha sido a costa de mayor desigualdad, segregación territorial, enormes diferencias entre servicios básicos privados y públicos, y una clase media endeudada.

Es justamente el Crédito Aval del Estado (CAE) una de las políticas públicas con sentido neoliberal que más afectados ha dejado. Creado en 2005, el CAE entrega créditos otorgados por el sistema financiero a estudiantes con dificultades económicas para financiar sus estudios universitarios. El número de alumnos matriculados desde la creación del CAE pasó de 663 mil a alrededor de 1,260,000 en 2019. Al mismo tiempo, expone que el resultado final ha sido un saldo de por lo menos 700 mil endeudados a causa de los acuerdos abusivos con altas tasas de interés que firman con los bancos, facultados estos últimos por el Estado.

El CAE ha tenido efectos negativos no solo para los particulares, sino que también para el Estado que se ha visto mermado por esta política pública. Cada vez que los estudiantes egresados no tienen cómo saldar su deuda con los bancos, debe asumir su papel como aval y sobreendeudarse para pagar el préstamo. Es difícil decir si es que el presidente Piñera cuando hablaba de “oasis” en América Latina se refería al endeudamiento de miles de jóvenes por acceder al derecho de educación, al endeudamiento del Estado con los bancos, o al éxito de la política social del crédito.

Como consecuencia, se ha provocado un descontento ciudadano constante, impulsado por esta política pública que, a través de los años, ha sido consolidada tanto por los gobiernos de izquierda como de derecha. Hasta este punto, han sido la Revolución Pingüina de 2006, el movimiento estudiantil de 2011 y el estallido social de 2019, los que han propuesto tumbar el actual sistema educacional. Y viéndolo a futuro, estos movimientos no van a parar hasta que se consolide un sistema más solidario, orientado hacia la gratuidad universal de la educación superior. Por su parte, el Estado no ha avanzado en esta propuesta, guiado por su fragilidad y por la necedad de las autoridades políticas.

La evaluación de esta política pública se ha hecho por medio de una marcada visión monetaria. La Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (Dipres), encargada de la evaluación de programas sociales y políticas públicas, ha funcionado con un enfoque costo-beneficio, considerando el CAE a partir de su utilidad a comparación de la educación gratuita. Indirectamente, la Dipres debe su funcionamiento a un minimalista rol del Estado en materia de derechos sociales. Por este motivo, las evaluaciones por parte del gobierno dejan ver una realidad diferente a las realizadas por organizaciones no gubernamentales, o por la misma ciudadanía a través de las protestas y movimientos sociales.

Mientras que las evaluaciones independientes confirman que miles de jóvenes presentan grandes deudas económicas a causa del CAE, los mismos gobiernos se han dado cuenta también de que, con el pasar de los años, generar mayores espacios para las entidades privadas para la entrega de derechos sociales ha debilitado las finanzas estatales. Esto ha llevado a que surjan dudas sobre si vale la pena continuar defendiendo una política pública basada en el endeudamiento, ya sea de los estudiantes o del Estado, en vez de seguir avanzando en una educación superior gratuita, invirtiendo los recursos en eso y no en el ajuste de cuentas con los bancos.

Sabemos que en una política pública siempre tendremos afectados y beneficiados. En el caso del CAE tenemos por una parte a miles de personas que pudieron ingresar al sistema universitario gracias a este crédito. Sin embargo, con el paso de los años, la mayoría de los mismos beneficiados terminaron siendo afectados bajo la promesa de movilidad social. En ese sentido, el uso relativamente limitado de la evaluación en Chile para políticas como esta, no implica que el gobierno sea “alérgico” a ella; de hecho, se ha intentado incorporar distintos mecanismos a lo largo de los años. A mi parecer, el problema se relaciona con la poca información que se considera valiosa para la gestión de recursos y el diseño de políticas públicas, donde se asume la superioridad del mercado y la incapacidad del Estado.

En este sentido, el estallido social de 2019 es una demanda de mayor inclusión de actores en el proceso de evaluación por parte de las autoridades, dejando atrás la visión presupuestaria. Además, confirma la necesidad de una nueva Constitución que no impida la implementación de mejores políticas públicas, con un enfoque más solidario y menos subsidiario.

* Arantza Rodríguez Fragoso (@ArantzaR_) es Gerente de proyectos en el CLEAR LAC (@Clear_Lac).

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