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FÁCTICO
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¿Cómo se puede medir la corrupción?
Por Horacio Ortiz Ríos
6 de noviembre, 2019
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La corrupción se ha convertido en uno de los temas centrales en el debate público nacional. Según la última edición de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, 57% de la población mayor a 18 años considera que la corrupción es uno de los principales problemas del país. Además, el combate a la corrupción se ha planteado como la primera prioridad de la actual administración federal1, y en el eje articulador de su diagnóstico sobre la realidad nacional. Frente a la relevancia que ha adquirido este problema, se plantea como urgente una reflexión detenida sobre sus características principales y sus causas, aunque este tipo de reflexión se enfrenta a diversos obstáculos.

La definición de una estrategia adecuada para la observación sistemática de la corrupción constituye el primer reto para su estudio en profundidad. Estas dificultades se deben principalmente a la naturaleza clandestina propia de las prácticas de corrupción, lo que dificulta la medición de la magnitud con que se presenta el problema en un espacio determinado. Ante este reto se han desarrollado distintas estrategias enfocadas en la medición de los niveles nacionales de corrupción.

En términos generales, existen tres estrategias para la medición de la corrupción: 1) la medición de la percepción sobre la magnitud del problema de corrupción, ya sea entre la comunidad de expertos o entre la población en general; 2) las evaluaciones sobre el desempeño gubernamental en el combate a la corrupción, mismas que pueden ser también de la población general o de expertos; y 3) la estimación de los niveles de corrupción mediante encuestas de victimización que preguntan sobre las experiencias de la población en general o de las empresas con el pago de sobornos.

Cabe mencionar que existe otra estrategia de medición que consiste en recuperar los registros administrativos sobre el seguimiento a delitos de corrupción que producen los sistemas de justicia de cada país. Sobre esta fuente alternativa de información, sin embargo, se debe advertir que se trata de información difícilmente compatible y comparable, dadas las diferencias que existen en la tipificación de las diversas prácticas de corrupción que hacen los códigos penales de cada país. Por otra parte, estos datos informarían más sobre el desempeño de las autoridades en la persecución de este tipo de delitos, que sobre los niveles nacionales de incidencia del problema.

La medición de los niveles nacionales de corrupción

Respecto de la primera estrategia de medición, las encuestas de percepción de corrupción, el indicador más usado es el Índice de Percepción de Corrupción (CPI), desarrollado por Transparencia Internacional. El CPI se publica anualmente desde 1995, aunque a partir de 2012 tuvo un importante cambio de metodología que dificulta la comparación de los años más recientes con los anteriores. Este indicador se construye mediante el levantamiento de entrevistas a expertos en el tema de corrupción en cada país, y la estandarización de sus resultados. El valor final del CPI es un número entre 0 y 100, donde los valores más bajos indican una peor percepción de corrupción en cada país, y los más altos indican un mejor desempeño. En las mediciones de este indicador en los últimos años destaca la caída de México, pues pasó de un puntaje de 35 en 2014 a un valor de 28 en 2018, con lo que se coloca en la posición 16 de los 20 países de América Latina.

Una estrategia alternativa para la medición de la corrupción es la identificación de experiencias de corrupción mediante encuestas de victimización aplicadas a la población en general. Este tipo de encuestas permiten estimar la prevalencia del problema más allá de los casos que efectivamente llegan a ser denunciados o registrados de alguna otra manera por las autoridades. La misma organización Transparencia Internacional tiene un proyecto paralelo al CPI, denominado Barómetro Global de la Corrupción (GCB). Este proyecto consiste en el levantamiento de encuestas a población en general de distintos países del mundo, en las que se pregunta sobre sus experiencias de corrupción. Las últimas ediciones de este indicador, levantadas en 2017 y 2019, permiten apreciar los cambios más recientes en la incidencia del pago de sobornos en América Latina. Según esta fuente, en 2017 en México 51% de las personas que tenían contacto con alguna autoridad reportaban haber pagado un soborno, mientras que en 2019 esa cifra bajó a 34%.

 

Los factores a los que responde la percepción de corrupción de la población aún están sujetos a discusión, pues se ha verificado que no hay una asociación sistemática entre dicha percepción y algunas medidas “objetivas” de corrupción.2 En América Latina, por ejemplo, el indicador de pago de sobornos no tiene una correlación significativa con las medidas de percepción de corrupción.

Los niveles subnacionales de corrupción: mediciones para los estados de México

De manera análoga a las mediciones de los niveles nacionales de corrupción, los niveles subnacionales pueden medirse mediante la percepción que tengan los ciudadanos de cada estado respecto de la gravedad del problema en su entidad. En México, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), elaborada bienalmente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informa sobre dichas percepciones. La pregunta que sirve para construir un indicador de percepción de corrupción para cada estado de la República Mexicana es si el encuestado considera que la corrupción es una práctica frecuente en su entidad. La proporción de la población que considera a la corrupción como algo muy frecuente presenta variaciones considerables entre los estados: mientras que en Querétaro sólo una de cada cuatro personas considera que en su estado la corrupción es muy frecuente, en la Ciudad de México esa proporción es de 68%. En orden descendente, a la Ciudad de México le siguen el Estado de México, Michoacán, Veracruz y Sinaloa.

Por otra parte, con la información disponible para México se puede construir un indicador de experiencias de corrupción. La misma ENCIG informa sobre las características de las interacciones de la población con las autoridades públicas de distintos ámbitos, e incluye preguntas sobre experiencias de corrupción en dichas interacciones. Así, la información que provee esta encuesta permite calcular una medida de la incidencia de los actos de corrupción: una tasa del número de actos de corrupción reportados por cada 100 ciudadanos que tuvieron alguna interacción con una autoridad pública. Esta tasa se calculó para cada una de las 32 unidades subnacionales del país. En la siguiente gráfica se aprecia cómo la entidad con el mayor valor es Sonora, en donde los ciudadanos reportan 62 actos de corrupción por cada 100 ciudadanos en contacto con alguna autoridad. En un distante segundo lugar se encuentra Durango, con una tasa de 46, seguido de Sinaloa y Chihuahua, ambas con un valor de 41 en este indicador. Entre las entidades federativas de México, la tasa de incidencia de corrupción en 2016 tuvo un promedio de 22 actos de corrupción por cada 100 ciudadanos en contacto con alguna autoridad.

Otra estrategia de medición de la corrupción consiste en recuperar los registros administrativos del sistema de justicia que refieren a actos de corrupción. Para el caso mexicano existe información pública sobre el número de delitos registrados en las investigaciones iniciadas por las autoridades de procuración de justicia en cada una de las entidades del país. Esta información es sistematizada por el INEGI y presentada anualmente en el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal. De esta fuente se puede extraer el número de actos de corrupción registrados en las investigaciones iniciadas en cada estado, anualmente de 2016 a 2018.

Para calcular este número consideramos las siguientes categorías de delitos incluidos en el Censo: ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, y otros delitos por hechos de corrupción. Sin embargo, algunas de las investigaciones por los delitos que pueden considerarse actos de corrupción suceden a nivel federal, no sólo estatal. En este sentido, consideramos también el número de actos de corrupción registrados en las investigaciones iniciadas por las autoridades federales de procuración de justicia. Esta información complementaria proviene del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal, también levantado por el INEGI. Finalmente, con el fin de favorecer la comparabilidad de estas cifras, el indicador se expresa como la tasa del número de investigaciones iniciadas por cada 100 mil habitantes. En la siguiente gráfica se presentan estas tasas para cada estado, con información de 2016 y 2017, en orden descendente según los valores en el año más reciente.

Respecto de este indicador, sobresale el caso de Baja California, con una tasa en 2016 de 112 investigaciones de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes en 2016, y un valor de 74 en la misma tasa en 2017. En este último año Nuevo León alcanzó una tasa de 46 investigaciones por actos de corrupción por cada 100 mil habitantes, mientras que en Colima la tasa tuvo un valor de 27. Una limitación de este indicador es que no es posible sostener que sus variaciones reflejan diferencias en los niveles estatales de corrupción, sino más bien las diferencias en el desempeño de las autoridades para investigar este tipo de delitos.

Todas las posibles mediciones de la corrupción que se han presentado aquí, ya sea a nivel nacional o subnacional, requieren de una reflexión paralela sobre sus alcances y limitaciones. La comprensión que se tenga del problema de la corrupción, sus patrones de incidencia y sus características principales, dependerá de la medida en que se asuma el reto de su medición sistemática. Estas mediciones a su vez permitirían evaluar el grado de efectividad de las distintas políticas públicas de combate a la corrupción, para así seleccionar las que resulten más efectivas. En resumen, un primer paso para mejorar el combate a la corrupción consiste en aprovechar la información existente para desarrollar indicadores sistemáticos sobre el problema, y en integrar este tipo de indicadores al proceso de toma de decisiones.

@MxDatalab

 

1 Primer Informe de Gobierno 2018-2019. Presidencia de la República.

2 Duarte Ortiz. Héctor. 2019. ¿Malas experiencias o coyuntura política? Una explicación a los altos niveles de corrupción que perciben los mexicanos. Blog del Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Victimización, Seguridad Pública y Justicia. Disponible aquí.

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