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¿Cuál es la relación entre corrupción e impunidad en México?
La información empírica confirma que en cierta medida los fenómenos de corrupción e impunidad varían en conjunto; ahí donde hay más experiencias de corrupción con los MP, las víctimas de los delitos suelen denunciar menos, se abren menos investigaciones y, en consecuencia, se obtienen menos resultados en la procuración de justicia. Sin embargo, este nivel de evidencia empírica es limitado de muchas maneras.
Por Horacio Ortiz Ríos
20 de noviembre, 2019
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En la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad (ENPS) 2018-2024, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 2019, la actual administración federal enlista los ejes prioritarios que definen su política de seguridad ciudadana. Este documento fue aprobado por el Senado de la República, y con él se pretende orientar la colaboración entre el Gobierno Federal y los gobiernos estatales y municipales.

El primer eje de actuación de la ENPS lleva por título “Erradicar la corrupción y reactivar la Procuración de Justicia”. Así, la primera prioridad del Gobierno de México en materia de seguridad ciudadana consiste en producir una cadena de efectos deseables que comienza por combatir las prácticas de corrupción entre las autoridades encargadas de la procuración de justicia y termina por reducir los niveles delictivos en general. Sin embargo, la ENPS no ahonda en los mecanismos generativos que vinculan un fenómeno con el otro, es decir, las razones por las que se considera que la acción propuesta tendría los resultados esperados. Este planteamiento vuelve necesario explorar algunas cuestiones en mayor profundidad: ¿cuáles son los procesos intermedios que vinculan los niveles de corrupción en los estados con la efectividad del sistema de justicia? ¿En qué parte del proceso de procuración de justicia se genera la impunidad que es atribuible a la corrupción, y cómo se puede caracterizar mejor la relación entre estos dos fenómenos? Y, finalmente, ¿cuáles son los patrones de asociación que existen realmente entre estos dos fenómenos en nuestro país?

Una primera aproximación a estos cuestionamientos consiste en definir con mayor detalle la cadena de efectos deseables que la administración federal propone generar con el combate a la corrupción. Este proceso comienza por aumentar la efectividad de la persecución de los delitos que tipifican a los actos de corrupción en los distintos códigos penales estatales, por ejemplo ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, y tráfico de influencias. Además, se contempla el aumento de las penas correspondientes a estos delitos, al pasar a considerarse como delitos graves. Según la propuesta de la ENPS, estas primeras operaciones tendrían como consecuencia la reactivación de la procuración de justicia. La lógica que subyace a este vínculo propuesto parece ser que la reducción de la impunidad relativa a las prácticas de corrupción tendría el efecto de inhibir este tipo de comportamientos, y la reducción en la frecuencia de estas prácticas a su vez aumentaría la efectividad y eficacia de las autoridades de procuración de justicia en el cumplimiento de sus funciones. Con esto, el último efecto de este proceso consistiría en una reducción de la impunidad de manera más general para los otros tipos de delitos.

Con el fin de profundizar en el conocimiento de este proceso, resulta conveniente llevar a cabo una breve exploración de los patrones de asociación que efectivamente se pueden observar entre estos dos fenómenos en nuestro país. Dado que en México son las autoridades estatales las encargadas de la investigación y persecución de los delitos de fuero común, estos patrones empíricos deben buscarse precisamente al nivel de las entidades federativas. En los términos más simples, el planteamiento que se puede poner a prueba mediante esta exploración es que los estados en donde hay mayores niveles de corrupción son sistemáticamente aquellos que también presentan los mayores niveles de impunidad en delitos del fuero común.

La medición de la impunidad refiere al agregado de todas aquellas experiencias de victimización delictiva que no tuvieron seguimiento por parte de las autoridades del sistema de justicia. Esta falta de seguimiento puede deberse a distintos problemas a lo largo del proceso de procuración e impartición de justicia. En primer lugar, conforman el agregado de victimizaciones impunes aquellas que ni siquiera fueron denunciadas ante las autoridades, ya sea por parte de la víctima o por alguna otra persona. El segundo filtro de victimizaciones que escapan del seguimiento de las autoridades refiere a aquellos casos que aunque fueron denunciados no generaron una averiguación previa o carpeta de investigación. Finalmente, se puede obtener una medida final que refiere al porcentaje de delitos que efectivamente derivaron en un expediente de investigación respecto del total de delitos captados.

Para este ejercicio exploratorio se construyeron dos indicadores: el primero refiere al porcentaje del total de delitos que fueron denunciados, y el segundo al porcentaje de ese mismo total para los que se inició una investigación. Estos indicadores se construyeron a partir de la información de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad (ENVIPE) 2019, publicada por el INEGI. En el siguiente mapa se presentan los quintiles de estados según el porcentaje de victimizaciones en las que la víctima reportó que el Ministerio Público inició una investigación. Los valores más altos de delitos investigados corresponden a Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Campeche y Quintana Roo.

Por su parte, la medición del fenómeno de la corrupción da lugar a una extensa discusión sobre las mejores estrategias para su observación sistemática. Para el ejercicio exploratorio que se propone aquí se seleccionaron tres indicadores sobre este problema: 1) el porcentaje de la población que percibe a los Ministerios Públicos como corruptos; 2) la percepción de que los actos de corrupción son algo frecuente en su estado, y 3) una medida de incidencia de actos de corrupción que se expresa en la tasa de sobornos declarados dado el tamaño de la población que estuvo en contacto con alguna autoridad en cada estado. En el siguiente mapa se presenta la distribución en quintiles del porcentaje de la población que considera corruptos a los Ministerios Públicos. El quintil de mayores valores en este indicador lo componen los estados del centro del país, más Tabasco y Quintana Roo. En los valores más bajos se encuentran Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato y Querétaro.

 

Una forma sencilla de explorar la asociación que existe entre la corrupción y la impunidad consiste en calcular el coeficiente de correlación que describe la relación entre las distintas medidas de ambos fenómenos. Dicho coeficiente caracteriza el patrón de asociación que existe entre las variables a partir de un valor que varía entre -1 y 1. Los valores más cercanos a cero indican que no hay asociación sistemática entre los fenómenos, y aquellos más cercanos a los extremos de -1 o 1 indican patrones de asociación negativos o positivos, respectivamente. Entre las medidas consideradas, las medidas de asociación más sustanciales se obtuvieron para el cruce de la medida de percepción de corrupción con ambos indicadores de impunidad. El sentido negativo de estas asociaciones, mismas que se reportan en la tabla siguiente, pueden interpretarse como que aquellas entidades en que la población percibe en mayor medida que los actos de corrupción son algo frecuente, se caracterizan también por ser las entidades con menor porcentaje de delitos denunciados e investigados.

A pesar de los valores limitados de las medidas obtenidas, en la tabla se confirma la asociación parcial a nivel estatal entre corrupción e impunidad: los observables construidos para ambos problemas están asociados significativamente y en el sentido que dicta la hipótesis planteada. En otras palabras, la información empírica confirma que en cierta medida los fenómenos de corrupción e impunidad varían en conjunto; ahí donde hay más experiencias de corrupción con los MP, las víctimas de los delitos suelen denunciar menos, se abren menos investigaciones y, en consecuencia, se obtienen menos resultados en la procuración de justicia. Sin embargo, este nivel de evidencia empírica es limitado de muchas maneras. En primer lugar, se trata de medidas simétricas de asociación que no informan sobre la dirección de la relación que se planteó hipotéticamente. Pero aún más relevante resulta la incapacidad de estas medidas bivariadas para descartar la posible influencia de otros fenómenos que suceden de manera simultánea a la corrupción y la impunidad en los estados del país. Una modelación más detallada de la relación que existe entre la corrupción y la impunidad entre las entidades federativas del país podría abonar a un mejor entendimiento del proceso que busca atender la actual administración como eje central de su política de seguridad ciudadana.

@MxDatalab

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