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FÁCTICO
Por DATALABMX
DATALABMX es un centro de investigación interdisciplinario y apartidista, centrado en el anális... DATALABMX es un centro de investigación interdisciplinario y apartidista, centrado en el análisis científico de datos (data analytics) que, junto con investigación académica, crea políticas públicas confiables, efectivas e innovadoras. Este espacio comparte información oportuna y veraz, así como análisis científico de los problemas que enfrentamos los mexicanos. Su objetivo es dar elementos que permitan una mejor toma de decisiones de política pública. (Leer más)
Victimización e impunidad en México: una medición desde la experiencia de la víctima
De cada 100 victimizaciones que ocurrieron en México durante 2018, sólo en 10 se presentó denuncia ante las autoridades, en seis se inició una investigación y, según las víctimas, únicamente en tres casos dicha investigación sigue en curso o tuvo algún resultado.
Por Horacio Ortiz Ríos
9 de octubre, 2019
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El conocimiento de la realidad delictiva de los espacios que habitamos es un primer requisito para diseñar mejores estrategias de prevención, tanto públicas como privadas. Sin embargo, la tarea de desarrollar información válida y confiable sobre este problema constituye un reto, principalmente debido a la naturaleza clandestina de las mismas prácticas delictivas. La información que más comúnmente se emplea como indicador de los niveles delictivos proviene de los registros administrativos de las autoridades encargadas de su investigación. Esta fuente, sin embargo, está sesgada de origen, pues sólo algunos casos de características muy peculiares terminan por conformar sus registros. Frente a esta dificultad, desde la criminología se propuso la estrategia de preguntar directamente a la población acerca de sus experiencias de victimización delictiva, así como las características de sus interacciones con las autoridades de procuración de justicia. Este tipo de encuestas de victimización se aplican de manera regular en algunos países desarrollados desde la década de 1970, y en nuestro país encuentran su equivalente en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad (ENVIPE), realizada anualmente por el INEGI desde 2011.

La ENVIPE permite estimar aspectos clave de la realidad delictiva del país y del desempeño de las autoridades en la materia, mismos que de otra manera permanecerían ignorados. De esta manera sabemos que, según la edición 2019 de esta encuesta, de cada 100 victimizaciones que sucedieron en México durante 2018, únicamente en 10 la víctima o alguien más presentó una denuncia ante las autoridades, en seis se inició una investigación, y sólo en tres la investigación sigue en curso o tuvo algún resultado.

El alarmante panorama que ofrecen estas cifras hace referencia a distintos momentos en el proceso de procuración de justicia en los que se puede producir impunidad. Así, desde el punto de vista de la víctima de un delito, la primera decisión que se enfrenta es la de denunciar o no el delito ante las autoridades. Sobre este primer momento de impunidad, la ENVIPE nos informa que el 31.7% de quienes decidieron no denunciar lo hicieron porque consideraron que era una pérdida de tiempo, mientras que el 17.4% citaron como razón que desconfiaban de las autoridades. Por su parte, la victimizaciones que sí se denunciaron no entran de manera automática en el mecanismo de procuración de justicia, sino que deben aún pasar el filtro que significa la aperturación de una averiguación previa o una carpeta de investigación.

Si nos concentramos en esta primera parte del proceso, el panorama de impunidad presenta variaciones considerables: mientras que en Baja California y Campeche se investiga más del 11% de las victimizaciones, en Guerrero esa cifra es de sólo 2%. Además, si comparamos los distintos momentos del proceso de procuración de justicia se presentan algunos contrastes de interés. Michoacán, por ejemplo, tiene uno de los más altos niveles de denuncia entre las entidades federativas, de más de 12%, aunque sólo la mitad de esas denuncias fueron investigadas. Esta situación es muy distinta de lo que sucede en Aguascalientes, que tiene un nivel menor de denuncia, pero en donde el 80% de las denuncias generan investigaciones.

Por otra parte, la ENVIPE también informa sobre lo que sucedió con las investigaciones que iniciaron los Ministerios Públicos, según reportan las mismas víctimas de los delitos. Al respecto, las opciones de respuesta que se ofrecen a los encuestados consisten en las diversas soluciones que una investigación iniciada puede tener, como el otorgamiento del perdón, la recuperación de los bienes o la disposición de un inculpado frente a un juez. La víctima del delito también puede responder que la investigación sigue en trámite. En los casos en que se obtuvo alguna de estas opciones de respuestas, puede considerarse que la investigación fue efectiva o que aún tiene la posibilidad de serlo en el futuro. Alternativamente, las víctimas pueden responder que no pasó nada con la investigación del delito. En este sentido, la proporción de las investigaciones iniciadas que siguen en curso o tuvieron algún resultado puede considerarse como un indicador de la efectividad de las investigaciones en el sistema de procuración de justicia.

Atendiendo al indicador propuesto, la entidad que mejor desempeño alcanzó en 2018 fue Sinaloa, en donde tres cuartas partes de las investigaciones se mantienen activas o alcanzaron algún resultado. A continuación, se encuentran Aguascalientes y Puebla, con un estimado de aproximadamente seis investigaciones efectivas de cada 10 iniciadas. Estas entidades se encuentran en situaciones muy distintas de los últimos lugares, ocupados por Michoacán y Chiapas, donde sólo una de cada cuatro investigaciones llegó a algún resultado o sigue en curso.

Finalmente, mediante la información que proveen las mismas víctimas de los delitos podemos conocer algunas características de estos episodios. Al respecto cabe aclarar que las encuestas de victimización permiten indagar solamente los delitos más representativos del fuero común, como el robo en calle o transporte público, el robo total o parcial de vehículos, las lesiones dolosas, agresiones sexuales, fraude al consumidor o extorsiones. Desafortunadamente, esta herramienta no genera información acerca de otros delitos, como los cometidos por funcionarios públicos o aquellos en donde no hay una única víctima claramente identificable.

A partir de esta información sabemos, por ejemplo, que los 9.4 millones de robos en la calle o en transporte que se estima sucedieron en 2018 corresponden a una tasa nacional de 7 mil 500 robos por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, la incidencia delictiva medida con esta tasa también presenta grandes variaciones entre entidades federativas. En la Ciudad de México esta cifra alcanza los 23 mil 800 robos por cada 100 mil habitantes, una cifra tres veces mayor a la tasa nacional que contrasta con los 1 mil 150 robos por cada 100 mil habitantes que presenta Zacatecas. La única entidad que se posiciona cerca del nivel de la Ciudad de México respecto de este problema es el Estado de México, en donde se registraron 21 mil robos por cada 100 mil habitantes

Además de medidas generales de incidencia delictiva, las víctimas ofrecen importantes insumos de información que permiten caracterizar en mayor detalle la realidad delictiva nacional. Entre estos aportes se puede resaltar la información acerca de las afectaciones económicas y de salud que sufrieron las víctimas de los delitos. Así, se puede estimar que sólo los robos en la calle o en el transporte costaron en total a la población pérdidas económicas por 37 mil millones de pesos. El rango de pérdidas económicas más común en este tipo de experiencias es de entre 500 y mil pesos. Sin embargo, en la mitad de estos episodios, las víctimas reportan haber sufrido pérdidas económicas mayores a 2 mil 700 pesos, esto sin contar cualquier gasto en salud que haya sido generado por el mismo incidente.

Las cifras con las que nos informamos acerca de los problemas públicos constituyen un primer insumo de gran importancia para la toma de decisiones más efectivas en su solución. Así, el conocimiento de las mejores técnicas de producción y análisis de la información se convierte en una tarea urgente. La ENVIPE es una encuesta diseñada en apego a los estándares internacionales en la materia, mismos que son definidos por la ONU mediante manuales bastante detallados para la adecuada producción de los instrumentos requeridos. En este sentido, se trata de una fuente invaluable de información que debe ser aprovechada en la definición de las políticas de prevención delictiva. La calidad y disponibilidad de esta información permite conocer de manera detallada y sistemática la realidad delictiva nacional, estatal, y de las principales áreas metropolitanas del país. Más aún, a partir de esta información es posible desarrollar indicadores alternativos para evaluar el desempeño de las autoridades en materia de procuración de justicia. Si se cambia, por ejemplo, la evaluación de los Ministerios Públicos basada en el número de denuncias a una basada en la reducción de la cifra negra, se podrían evitar aquellos comportamientos que apuntan solamente a desincentivar la denuncia por parte de la ciudadanía. Si se incentiva a las autoridades de procuración de justicia a aumentar la proporción de delitos que son denunciados e investigados, mediante la incorporación de estos indicadores en los instrumentos de evaluación, podrían generarse una cascada de efectos positivos: fomento a la denuncia por parte de autoridades, mayor confianza en los servidores públicos por parte la ciudadanía, y en general un mejor sistema de procuración de justicia y la reducción de la impunidad.

@MxDatalab

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