La descalificación hacia las organizaciones de la sociedad civil en estas últimas semanas es grave. No solo lo que se ha dicho desde la tribuna diaria del Presidente, con toda su carga institucional y simbólica, sino también por las decisiones institucionales derivadas de la “Circular No. 1”.

Con la “Circular 1” se ha cancelado la convocatoria de la Secretaría de Salud para apoyar refugios para mujeres víctimas de violencia. Tampoco el Programa de Coinversión Social podrá funcionar, pese a los recursos que le asignó la Cámara de Diputados. Y lo mismo se supone sucederá con el resto de convocatorias públicas, abiertas, con reglas transparentes: INMUJERES, IMJUVE, Patronato de la Beneficencia de la SSA.

Los dichos, pero sobretodo los hechos, merecen un debate público serio. Se ha generalizado acusando a las OSC de opacidad, discrecionalidad y corrupción; de ser intermediarias, de ser conservadoras. Estas generalizaciones son injustas e incorrectas.

Estas generalizaciones además muestran gran desconocimiento del trabajo de miles de organizaciones que con recursos muy precarios, sin apoyos de gobiernos, se la han jugado en defensa de la democracia, los derechos humanos, la protección del medio ambiente y los territorios, la igualdad y contra la discriminación, y un sinnúmero de causas sociales que hoy son parte de los activos de la Nación.  Ciertamente no son intermediarias, muchas no son conservadoras –y las que sí son tienen todo el derecho de serlo- y sobretodo –pese a escándalos y casos que no faltan- la mayoría son transparentes y pulcras en el manejo de los escasos recursos que consiguen.

Desde la sociedad civil organizada se requiere una respuesta lúcida. Porque no se trata sólo de  “poder recibir recursos públicos” sino del modelo de país que queremos.

Necesitamos una respuesta que vaya más lejos y sea de fondo. El horizonte deseable es la gobernanza. Un régimen político donde la ciudadanía, con la organización que libremente decida, pueda participar en los asuntos públicos y concretamente en las decisiones y en las políticas públicas, de manera más cotidiana y cercana, no sólo mediante el voto o los partidos políticos.

¿Habrá condiciones de avanzar en este contexto? Pensamos que sí. Va una propuesta:

Por el derecho a la participación ciudadana

En México no existe el reconocimiento expreso al derecho a participar en los “asuntos públicos”. Los derechos de los ciudadanos están muy acotados hacia la participación político-electoral.

La Constitución enlista como derechos ciudadanos: votar, ser votado, organizarse para participar en asuntos políticos, “tomar las armas en defensa de la República”,  ejercer el derecho de petición, ocupar cargos públicos, votar en consultas y promover iniciativas legislativas (Art. 35 de la Constitución).

La propuesta para dar un paso hacia delante en este contexto adverso es lograr el reconocimiento al derecho a participar mediante una reforma constitucional.

Por su contenido y por su propósito, es claro que la mejor manera de impulsar esta reforma a la Constitución es desde la propia sociedad, como iniciativa legislativa popular y no desde una iniciativa que presenten senadoras (es) o diputadas (os) de un partido o grupo de partidos.

Apenas desde 2012, la ciudadanía tienen la posibilidad de proponer iniciativas legislativas de manera formal. Para ello se requiere reunir el respaldo del 0.13% de la Lista Nominal de Electores.

La propuesta operativa es articular una gran movilización plural, diversa, descentralizada y muy operativa, para conseguir el respaldo de 120 mil ciudadanos que firmen a favor de la iniciativa por el derecho a participar.

El impulso a la iniciativa “por el derecho a participar” permite nutrir la deliberación pública sobre el papel de la sociedad civil. Permite también visibilizar el valor público del trabajo de las OSC y acudir a quienes se benefician de muchas maneras de las acciones y servicios de las OSC para que reconozcan y apoyen con su firma la iniciativa legislativa.  Esta iniciativa constituye un proceso de construcción de ciudadanía.

El texto de la iniciativa legislativa se puede afinar con juristas.  El propósito y sentido está claro: se trata de lograr que la Constitución reconozca “el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos” y establezca la consiguiente “obligación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno de facilitar y fomentar la participación ciudadana en la formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas públicos”.  

Con base en esa disposición constitucional, el acceso a recursos públicos –por vías transparentes y en función de resultados medibles de beneficio social tangible- sería consecuencia de un derecho. No sería una concesión, una dádiva o fruto de una decisión arbitraria basada en cálculo político o económico.

Esta disposición será el fundamento del nuevo modelo de relación para darle sustancia y vida a la gobernanza en México y superar este ambiente de descalificación donde pareciera que el propósito de la sociedad civil sea “vivir del presupuesto público”.

¿Quién le entra para impulsar esta iniciativa?   

Anexo informativo: ¿Qué son y qué hacen las organizaciones de la sociedad civil?

La participación social o ciudadana tiene muchas modalidades y expresiones de organización. Va desde los movimientos sociales espontáneos, las organizaciones sociales más tradicionales como los sindicatos o cámaras empresariales, las diversas formas de organización vecinal, gremial y por intereses (organizaciones campesinas, cooperativas, uniones de colonos, etc.) y las organizaciones de la sociedad civil, no lucrativas y al servicio de terceros, estas son las “OSC”.

También el campo de las OSC es muy plural y diverso. Entre las OSC no lucrativas y trabajan al servicio de terceros, hay muchas diferencias. Aunque se podría decir que la mayoría tienen recursos precarios, son independientes de partidos políticos y expresan muchas ideologías y posiciones. En su gran mayoría cumplen con principios de transparencia y rendición de cuentas adecuados.  Lamentablemente las que se conocen más son las que tienen mayores recursos, más voz o han estado metidas en escándalos.

Las OSC generan valor social público. Uno de los grandes aportes de las OSC profesionales, con enfoque de derechos, es que generan “modelos de cambio social” (antes se decía de “modelos de intervención”) para enfrentar problemas sociales relevantes.

• Desde las OSC se han construido modelos para impulsar el desarrollo del cerebro los primeros mil días de vida, etapa crucial para la formación de capacidades cognitivas, motrices y afectivas para todas las personas.
• Hay OSC con modelos para promover la inserción de jóvenes excluidos del sistema educativo y sin opciones de trabajo.  
• OSC que impulsan empresas productivas con modelos asociativos tipo cooperativo formadas por pequeños productores del campo e indígenas, muchas de ellas con esquemas de agricultura orgánica, diversificación, cuidado forestal, y un enfoque ambiental sustentable.  
• También las OSC han impulsado modelos y acciones de defensa ante violaciones graves de derechos humanos, como la tortura, la desaparición, los feminicidios.
• Y por supuesto hay OSC que vigilan presupuestos públicos, que evalúan las políticas y programas, que generan propuestas para enfrentar la corrupción, para lograr seguridad ciudadana y enfrentar la violencia, son las organizaciones de incidencia.

Y habría cientos de ejemplos más… El año pasado Acción Ciudadana Frente a la Pobreza recogió en un libro 55 ejemplos de organizaciones de la sociedad civil (OSC) que llevan años y algunas de ellas décadas trabajando de manera directa frente a la pobreza y la desigualdad. Es buen momento para conocerlas. 

@FrenteaPobreza