México cuenta con un diagnóstico preciso y detallado sobre la pobreza y la desigualdad, pero el tratamiento se pospone indefinidamente o peor aún, se “recetan” tratamientos inadecuados. Los políticos y funcionarios cuentan con datos duros suficientes, con evaluaciones y estudios de organismos oficiales, con análisis especializados de organismos internacionales, académicos y centros de investigación independientes que no se toman en cuenta.