Las organizaciones civiles estamos obligadas a rendir cuentas de nuestro quehacer. Es parte de una seria política de transparencia. En ese ánimo podemos informar que los principales resultados de nuestro trabajo en 2017 fueron:

• Mantener la recuperación gradual del salario mínimo. Y reforzar la exigencia para que cubra al menos el costo de la canasta básica para una persona, como un primer paso para su recuperación gradual.

• Alertar a la opinión pública sobre el intento de triunfalismo al darse a conocer las nuevas cifras de pobreza de CONEVAL y documentar el operativo realizado por SEDESOL para inducir las respuestas a las encuestas de INEGI, así como las diversas formas de “maquillaje” para mejorar las cifras sin cambiar la realidad de fondo.

• Avanzar el diálogo con el gobierno de Chihuahua para establecer nuevas políticas frente a la pobreza, centradas en resultados medibles que generen desarrollo humano, movilidad social y cierren brechas de desigualdad.
• Colaborar con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para la elaboración de un estudio sobre derechos humanos y pobreza que ofrezca recomendaciones para impulsar el enfoque de derechos en las políticas públicas frente a la pobreza y la desigualdad, tanto a nivel nacional, como en la Costa Grande de Guerrero.
• Impulsar campañas para visibilizar los rostros y las exigencias de sectores de población con especial condición de exclusión, como las trabajadoras del hogar y las personas jóvenes en rezago educativo y sin opciones de trabajo digno.

• Y por supuesto, la tarea central de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza ha sido promover un nuevo modelo frente a la pobreza y la desigualdad: un proyecto para la Nación, centrado en reducir las brechas de desigualdad, en promover el ejercicio de derechos, en generar igualdad de oportunidades para todos, sin privilegios ni corrupción, un México con cohesión social.

Para 2018 estamos iniciando el proceso de planeación, de entrada reconocemos las siguientes prioridades:

• Colocar la agenda de la desigualdad y la pobreza en el centro del debate público y exigir a los candidatos a la presidencia, al Congreso, a las gubernaturas y a los gobiernos locales que asuman compromisos reales y efectivos para impulsar un nuevo modelo. Y que fijen medidas claras y precisas para romper la inercia actual de la “programitis” (dispersión en más de 6 mil programas), el paternalismo y el clientelismo de las políticas sociales y las políticas económicas excluyentes y generadoras de pobreza.
• Enfrentar el uso clientelista de los programas sociales en los procesos electorales y las diversas formas de coacción al voto y lucro político con la pobreza.
• Promover el enfoque de derechos y la urgencia de políticas públicas efectivas para el desarrollo del cerebro durante la primera infancia, el desarrollo de capacidades y empleabilidad para personas jóvenes y en particular la 2ª oportunidad para quienes padecen rezago educativo y condiciones de desocupación o empleo precario, y el fomento a la economía social a través de cooperativas y otras formas de empresas sociales que permiten la asociación de pequeños productores, comunidades rurales e indígenas y trabajadores.

@FrenteaPobreza