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Frente a la Pobreza
Por Acción Ciudadana
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza es una agrupación formada por más de 65 organizaciones de... Acción Ciudadana Frente a la Pobreza es una agrupación formada por más de 65 organizaciones de la sociedad civil. Su finalidad es promover la nueva visión de Cohesión Social para lograr mejores resultados frente a la pobreza y la desigualdad. El horizonte de la Cohesión Social es una sociedad con igualdad de oportunidades y sin privilegios. La Cohesión Social sólo puede avanzar reduciendo brechas de desigualdad. Los objetivos de Cohesión Social que trazan rumbo: Economía incluyente. Derechos Garantizados. Capacidades Estatales. Corresponsabilidad Ciudadana. www.frentealapobreza.mx Twitter: @Frenteapobreza Facebook: Frentealapobreza (Leer más)
Más programas sociales con pocos resultados frente a la pobreza
La multiplicación de programas genera dispersión, dispendio y abre espacios a la corrupción y la discrecionalidad. Generalmente está motivada por intereses clientelares y muchas veces se basa en “ocurrencias” buscando el aplauso de un público que carece de elementos para diferenciar entre las intenciones declaradas y los resultados obtenidos.
Por Acción Ciudadana
13 de julio, 2016
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El CONEVAL contabiliza 6 mil 751 programas y acciones de desarrollo social en su Inventario. La versión anterior identificaba 5 mil 917.  Hay más de 800 nuevos programas en el nuevo recuento dado a conocer en fecha reciente.

Con una mirada ingenua o poco informada se diría que esto puede ser una buena noticia.  De hecho, cada vez que un gobernante o político anuncia un nuevo programa se le aplaude y se le reconoce su “sensibilidad” y “compromiso”.  La “nota periodística” cuando se anuncia un nuevo programa o acción tiende siempre a ser positiva. Pareciera que crear programas es una buena medida para hacer frente a tantos problemas sociales como estamos viviendo.

Sin embargo, esto no es así. La multiplicación de programas genera dispersión, dispendio y abre espacios a la corrupción y la discrecionalidad.  Generalmente está motivada por intereses clientelares y muchas veces se basa en “ocurrencias” buscando el aplauso de un público que carece de elementos para diferenciar entre las intenciones declaradas y los resultados obtenidos.

Una mirada a los datos que ofrece el Inventario de CONEVAL ofrece información suficiente para saber que la proliferación de programas no es buena noticia.  Más aún, la multiplicación de programas se está convirtiendo en un obstáculo para generar políticas sociales efectivas que garanticen derechos sociales y logren resultados frente a la pobreza y la desigualdad.

Desafortunadamente, el Inventario de programas de los gobiernos estatales no ha sido actualizado desde 2012, por lo que esta información puede haber empeorado. Con los datos disponibles hoy sabemos que:

  • Los gobiernos estatales ejecutan 3 mil 788 programas y acciones sociales (2012).
  • En los gobiernos municipales se han identificado 2 mil 730 programas y acciones (2014-15).
  • En el gobierno federal hay 233 programas y acciones sociales.

Programas estatales sin reglas y que no rinden cuentas

El nivel de opacidad y falta de cumplimiento con los aspectos más básicos de transparencia e institucionalidad de los programas estatales y municipales es muy alto:

  • 7 de cada 10 programas de los gobiernos estatales carecen de un documento normativo.
  • 3 de cada 4 programas de los gobiernos estatales no reportan en la cuenta pública estatal.

Esto significa que son programas con grandes espacios de discrecionalidad y opacidad. También esto abre amplios espacios para la corrupción.

Y por inferencia también se puede afirmar que los programas de los gobiernos estatales tienen con muy baja consistencia técnica en su diseño y en su ejecución.  Dado que la mayoría no cuenta con un documento normativo que establezca con precisión su objetivo, la población a la que va dirigido (destinatarios) y sus indicadores de resultados.

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Los gobiernos estatales con mayor discrecionalidad y bajo nivel institucional en sus programas y acciones sociales, de acuerdo con el Inventario de CONEVAL para las entidades federativas (2012), pues tienen el mayor número de programas sin un documento normativo son: Chiapas, Nuevo León, Nayarit, Veracruz y Durango, donde alrededor de 8 de cada 10 programas carecen de él.

 

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Los gobiernos estatales con más opacidad, falta de transparencia y rendición de cuentas en sus programas y acciones sociales, de acuerdo con el Inventario de CONEVAL (2012), pues ninguno de sus programas reportan a la cuenta pública estatal son: Guerrero (138), Coahuila (123), Campeche (118), Tamaulipas (114), Durango (111) , Quintana Roo (93), Baja California (90), Nuevo León (89), Baja California Sur (67), Tabasco (57), Tlaxcala (40), Querétaro (27). Destaca especialmente Hidalgo sólo un programa se reporta en la cuenta pública y 164 programas (el mayor número en esta lista) no se reportan en la cuenta pública estatal.  Y por lo tanto no son fiscalizables.

La dispersión se incrementa con acciones y programas municipales

A nivel municipal, el panorama es muy similar, afortunadamente el recuento está mucho más actualizado, pues se refiere a 2014-2015 y se acaba de dar a conocer.  En el caso de los programas y acciones municipales, sólo se contabilizan aquellos para los que hay información pública en sitios de Internet y ofrecen información sobre sus acciones y presupuesto.

De los 2 mil 461 municipios del país, sólo mil 40 tienen página Web. Son menos de la mitad. Afortunadamente en ellos habita el 84% de la población.  Por lo tanto son muy relevantes.

En esos mil 40 municipios con información pública en Internet, se identificaron 2 mil 730 programas y acciones sociales ejecutadas por estos gobiernos municipales y cuya información se ubica en alguno de estos documentos: Programas de Desarrollo Municipal, Informes de Gobierno, Ley Municipal de Egresos y Cuenta Pública Municipal.

Efectos de la proliferación de programas (“programitis”)

Algunos de los principales efectos negativos de la multiplicación y dispersión de programas y acciones sociales, que afectan el ejercicio de derechos sociales y utilizan recursos públicos escasos para acciones con pocos resultados son:

  • Poco impacto y coberturas mínimas.  La gran mayoría de los programas tienen presupuestos muy limitados.  Los gobiernos multiplican acciones de bajo alcance y cobertura.  No se considera la dimensión del problema, lo importante parece ser “hacer algo”.  De esta manera, los políticos pueden argumentar que “sí están atendiendo el problema” aunque si ese problema afecta a cientos de miles y solo se atienden a decenas de miles o menos, se puede siempre argumentar que es por falta de presupuesto.
  • Baja institucionalidad y gran espacio a la discrecionalidad, la corrupción y el uso electoral.  Al carecer de reglas o documentos normativos, estos programas permiten gran discrecionalidad en su ejecución. Esto a su vez abre amplios espacios para la discrecionalidad, para la desviación de los recursos, para los negocios y el tráfico de influencias o para el uso electoral buscando comprar votos.
  • Baja capacidad técnica y no se usa la evidencia. La multiplicación de programas también trae aparejada un mayor deterioro de la capacidad institucional.  No hay profesionales con experiencia y capacidad suficiente para cubrir y atender todos estos programas.  La proliferación de programas conlleva en sí misma una dispersión de esfuerzos, de recursos, de talento y de enfoque, esenciales para obtener resultados y lograr impactos sustantivos.  La gestión por resultados recomienda enfocarse a las prioridades y tener la capacidad de administrar el esfuerzo (y los recursos) hacia las actividades que tienen mayor rendimiento, mayor impacto y que pueden producir mejores resultados.  Todo esto queda obstaculizado y hasta impedido por la proliferación de programas.

La propuesta: políticas integradas para garantizar derechos

Nuestro país no requiere más programas.  Requiere políticas integradas, de gran escala, con planes de cobertura total de la población objetivo, con mecanismos de monitoreo y evaluación que permitan generar aprendizajes y corregir desviaciones, ejecutados desde entidades con buena capacidad técnica e institucional.

La Acción Ciudadana Frente a la Pobreza por eso centra su propuesta de transformación de la “programitis” en la construcción de un sistema de seguridad social integrado, universal, de cobertura progresiva, que permita al menos garantizar servicios de salud, esquema de ingreso garantizado basado en un esquema de pensiones por edad avanzada, discapacidad, incapacidad y desempleo, servicios de cuidado y esquemas de ahorro y financiamiento para la vivienda, con independencia de la condición laboral.

Este sistema no será posible mientras se mantengan los incentivos a la proliferación de los programas y mientras siga siendo políticamente redituable crear más programas aunque carezcan de los más mínimos elementos para tener resultados sustantivos.

Un primer paso en este camino sería la construcción del “padrón único” como vía de acceso a los programas sociales.  En muchos de los países de América Latina ya han dado este paso para generar una vía transparente, objetiva, ágil y planificada de acceso que sea única para el conjunto de programas que subsidian la prestación de servicios o transfieren recursos a los hogares y/o las personas.

En México, hay mucha confusión porque se ha dado en llamar “padrón único” a la integración “a posteriori” de los padrones de cada uno de los programas sociales.  En realidad, un auténtico “padrón único” es un  registro de población “a priori”, que funcione como “puerta de entrada” a los programas, es decir, que sea la base de datos o registro de población que permita asignar de manera transparente, racional, objetiva y regulada la asignación de subsidios, transferencias y apoyos sociales.

 

@FrenteaPobreza

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