La cobertura de servicios públicos de salud para toda la población no se ha logrado. Es un mandato en la reforma a la Ley General de Salud en 2003 que debía cumplirse en 2010. Fue compromiso político prioritario del gobierno anterior, hubo spots y anuncios celebrando, pero han pasado 5 años del plazo legal y no se ha alcanzado.  Ciertamente hubo un notorio incremento por la afiliación al “Seguro Popular”, pero en 2012 había aún 21.5% de la población con carencia de acceso a servicios de salud, informó CONEVAL.

El acceso a servicios de salud es un derecho que debe ser garantizado por el Estado de acuerdo al art. 1º de nuestra Constitución.  Hay que exigir que se cumpla. Ahora que circulan rumores de “privatización” debe establecerse de manera firme y precisa que la salud debe ser un bien público y un derecho esencial garantizado por el Estado.

El equipo de análisis de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, aplicando la metodología de CONEVAL, estima que ha habido una leve mejora en cobertura, que resulta totalmente insuficiente. Para 2014 habría 18.2% de la población sin acceso a servicios de salud, es decir casi 22 millones de personas (1).

Entre los más pobres la carencia es mayor. Según la misma estimación, una de cada tres personas en pobreza extrema multidimensional  (33.8%) presenta carencia por acceso a la salud.

Pese al avance innegable entre 2004 y 2012, es imprescindible avanzar más.  Es grave que no haya un plan de la Secretaría de Salud para llegar a toda la población como lo establece la Ley General de Salud.

Es más grave aún, que la afiliación no garantice la atención.  El acceso efectivo a la salud implica que la población cubierta por el “Seguro Popular” pueda acudir a consultas, reciba los medicamentos completos, se le hagan los estudios médicos necesarios y reciba el tratamiento indicado, incluyendo posibles cirugías y otros tratamientos complicados.  Todo esto de acuerdo las intervenciones incluidas en el Catálogo del “Seguro Popular”, incluyendo el Fondo de Protección para Gastos Catastróficos.  Sin embargo no siempre sucede así.

El “Seguro Popular” en realidad es un mecanismo de financiamiento.  La prestación de los servicios corresponde a los Servicios Estatales de Salud, bajo la responsabilidad de los gobiernos estatales. El Sistema de Protección Social en Salud (nombre oficial del “Seguro Popular”) canaliza los recursos a las entidades federativas y estas son las responsables de contratar al personal, garantizar el equipamiento y los insumos y en general, gestionar la prestación de los servicios para la población afiliada.

De 2004 a 2013, los recursos para población no asegurada se multiplicaron, al pasar de 75 mil millones a 232 mil millones de pesos. Esto es un incremento de más del doble en términos reales (114%). Estos son los recursos que se canalizan a los servicios estatales de salud.

Existe suficiente evidencia de que la prestación del servicio no cumple con la calidad ni la oportunidad requerida y que el incremento sustancial de los recursos no se ha traducido en una mejora similar en el servicio que recibe la población afiliada.  Además hay padecimientos que no son cubiertos por el “Seguro Popular”.

No hay información periódica y clara sobre los problemas de atención. No hay una medición sobre acceso efectivo. El sistema de calidad de la SSA (INDICAS) no tiene información completa a nivel unidad de salud.  Y la población no tiene un medio al alcance para quejarse y resolver cuando se le niega el servicio.  El “Aval Ciudadano” de la SSA tiene buenos materiales, pero cero capacidad resolutiva y ninguna independencia.

Por eso, la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza ha planteado como una de sus primeras acciones la Campaña Cero Listas de Espera.  La campaña tiene como objetivo impulsar la mejora de los servicios de salud para lograr acceso efectivo y cobertura universal en salud.

Hemos presentado 5 exigencias para la mejora de los servicios de salud:

1. Cobertura universal. Un Plan multianual de la SSA para llegar a toda la población que aún presenta carencia de acceso a servicios. Iniciando por quienes viven en condición de pobreza.
2. Ampliación del Catálogo de intervenciones, incluyendo las intervenciones aún no cubiertas por el Fondo de Protección de Gastos Catastróficos, a fin de homologarlo con la cobertura de la seguridad social. El Estado Mexicano debe garantizar igualdad de trato en el ejercicio del derecho a la salud, conforme a los principios de universalidad y progresividad fijados en el art. 1º de nuestra Constitución.
3. Transparentar los recursos administrados por los gobiernos estatales. Abrir la información de manera clara y completa sobre el flujo de recursos destinados a la prestación de los servicios de salud, desglosados hasta cada unidad de salud, para conocer personal asignado, insumos, medicamentos, equipamiento y demás recursos necesarios para atender a la población.
4. Establecer un mecanismo de exigibilidad, de tal manera que ante la negación del servicio haya una forma de resolución y corrección inmediata –acorde con la urgencia y gravedad de los padecimientos- a fin de que las personas puedan quejarse y recibir una solución ante la negación del servicio.
5. Generar indicadores y evaluaciones de acceso efectivo a la salud. A fin de medir las variables principales a nivel de cada unidad de salud, para conocer el surtimiento completo de medicinas, el tiempo de espera para consultas, consultas especializadas, estudios médicos, tratamientos y cirugías (en días, semanas y meses, no solo horas en salas de espera).

La campaña “Cero Listas de Espera” tiene como una de sus actividades principales la realización de un ejercicio de medición independiente del acceso efectivo a la salud.  El ejercicio será realizado por observadores ciudadanos voluntarios que aplicarán “tarjetas de medición ciudadana” (conocidas internacionalmente como citizen scorecards) a usuarios de servicios de salud.  Este ejercicio se realiza durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre.

También se recibirán reportes sobre anomalías graves como los casos de hospitales cerrados, o sin personal, o con equipos que no funcionan y demás casos que han sido documentados en los medios de comunicación y muestran las graves irregularidades en la prestación de los servicios de salud.

La campaña no pretende responsabilizar al personal de salud, médicos, enfermeras, técnicos, por los problemas del servicio. Es evidente que la problemática surge en la administración de los recursos, iniciando por los niveles centrales de los gobiernos estatales.  No es casualidad que la Auditoría Superior de la Federación haya documentado varios casos de desviación de los recursos hacia otros fines.

El ánimo es propositivo. Grupos ciudadanos en todo el país están invitados a sumarse a esta campaña y sobretodo a participar en el ejercicio de observación. Con la medición tendremos mayor capacidad propositiva y se puede contribuir a la mejora desde el nivel de cada centro de salud, las jurisdicciones y los servicios estatales. Toda la información está disponible aquí.

Como bien dice la sabiduría popular, “lo primero es que haya salud”.  Estamos de acuerdo, construyamos entre todos la exigencia y la vigilancia ciudadana para garantizar el derecho a la salud para toda la población.

Desde la Base. Red por la Salud

Es un grupo de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la promoción del acceso a la salud en la agenda pública y en los planes de desarrollo local.

Desde 2013 trabaja en el diseño de estrategias que permitan empoderar al paciente en relación con sus derechos y deberes.

La Red por la salud tiene como eje rector el derecho de la ciudadanía de que todas las políticas y acciones estén encaminadas a la democratización de la salud; para que toda la población pueda acceder a los bienes y servicios sociales en materia de salud, independientemente de su capacidad de pago; así también para la protección de la salud sosteniendo que no debe ser considerada como mercancía, objeto de caridad o un privilegio, sino como un derecho social.

Fondo para la Paz

Es una Institución de Asistencia Privada que desde 1994 trabaja en la promoción del bienestar de comunidades rurales indígenas en situación de pobreza extrema en México.

A la fecha tienen presencia en los estados de Veracruz, Oaxaca, San Luis Potosí y Campeche en donde trabajan junto con 8 mil 908 familias compuestas por 44 mil 537 personas.

Han implementado un modelo de trabajo que fomenta el desarrollo integral de las comunidades encaminado a mejorar su calidad de vida.

Fondo para la Paz atiende desde las necesidades más elementales de población en pobreza extrema, como el acceso al agua en sus hogares, y también fomentan el desarrollo de las capacidades de cada persona.

Fondo para la Paz es una de las más de 60 organizaciones de la sociedad civil que integran el Consejo de Organizaciones de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza por lo que su experiencia en el trabajo Desde la Base, suma valor incalculable a esta iniciativa.

@FrenteaPobreza

Estimaciones del equipo de análisis de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, a cargo de Mónica Orozco C., con la colaboración de Cristian Franco y Brisna Beltrán, con datos de la ENIGH 2014, elaborada por el INEGI.