El próximo 1 de julio tendremos las elecciones más grandes de toda la historia para la renovación de gubernaturas, la jefatura de gobierno de Ciudad de México, congresos locales, ayuntamientos, juntas municipales y alcaldías, así como de la presidencia de la República, la Cámara de Senadores (128) y la de Diputados (500).
No es poco lo que está en juego. Sin embargo, existe un alto riesgo de que veamos durante el proceso electoral prácticas de clientelismo autoritario donde intermediarios políticos, funcionarios públicos o candidatos compran votos, reparten tarjetas o amenazan con eliminar programas o apoyos si las personas no votan a favor de determinado candidato o partido.
Por ello, llama poderosamente la atención lo que pasó durante septiembre y octubre de 2017 entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde el INE aprobó ejercer sus facultades para revisar lo que pasa en las elecciones de todo el país mediante su facultad de atracción justamente para hacer frente al riesgo del uso electoral de los programas sociales; sin embargo, el Tribunal Electoral le negó esta posibilidad a queja directa del PRI y del Partido Verde.
Así, de no tomarse las medidas necesarias para evitarlo, las condiciones parecen estar dadas para un uso masivo de recursos públicos, particularmente de los programas sociales, con fines electorales.
¿Qué pasó?
El 5 de septiembre de 2017 el Consejo General del INE aprobó por unanimidad una resolución en la que resolvió ejercer su facultad de atracción para revisar el cumplimiento de las disposiciones vigentes para garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y de equidad en la contienda para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Al ejercer su facultad de atracción, el INE tendría la posibilidad de revisar el cumplimiento o la violación de las disposiciones referentes a tres temas específicos:
El catálogo de conductas que podría revisar el INE y en las que ningún funcionario público debería incurrir por ser contrarias al principio de imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos incluían:
La resolución del INE también contemplaba la posibilidad de revisar el cumplimiento con criterios para la propaganda gubernamental que podría ser difundida desde el inicio del Proceso Electoral y hasta la conclusión de la Jornada Electoral, tales como:
Finalmente, con respecto a la operación de los programas sociales el INE podría vigilar que:
Es importante señalar que los criterios definidos por el INE tenían como objetivo primordial establecer reglas claras para determinar qué actos serían considerados contrarios a los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y de equidad en la contienda para el Proceso Electoral Federal 2017-2018. Además, todos y cada uno de los criterios contenidos en la resolución del Instituto tenían precedente en el INE o en el TEPJD, con la excepción de dos.
Sin embargo, tan sólo un mes después de ser aprobada por unanimidad por el Consejo General del INE, el PRI y el Partido Verde presentaron un recurso de apelación y revocación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual, sin entrar al análisis del fondo de la cuestión sino únicamente a la forma, decidió revocar la resolución del INE, dejándola sin efecto.
A pesar de que la discusión pública se centró en el tema de la entrega de las tarjetas, esta decisión tiene un impacto negativo en el desarrollo de las campañas y en el desarrollo de todo el proceso electoral ya que lo que se buscaba era inhibir conductas que vulneran la equidad en la contienda y que han sido motivo recurrente de quejas ante la autoridad electoral.
La democracia que queremos
Tal parece que el escenario no podría ser peor. Ante la ausencia de reglas claras y efectivas sólo queda la veleidad del poder. Estas prácticas tan arraigadas en la política tienen el doble efecto de pervertir el significado más profundo de la democracia y de perpetuar las condiciones de desigualdad imperantes en nuestra sociedad.
En última instancia, la pobreza y la desigualdad encuentran su correlato en la corrupción e impunidad. La pobreza y la desigualdad son el reflejo de una realidad donde la mayoría está en desventaja frente a una minoría privilegiada.
A todxs quienes participan en el proceso electoral de 2018, gobiernos y candidatos que tengan aspiraciones de gobierno, les convocamos a que asuman un compromiso público, abierto y formal de cara a toda la sociedad para cumplir con estos criterios. De lo contrario, su silencio u omisión será prueba más que suficiente que forman parte de ese México corrupto del cual queremos salir.
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