El próximo 1 de julio tendremos las elecciones más grandes de toda la historia para la renovación de gubernaturas, la jefatura de gobierno de Ciudad de México, congresos locales, ayuntamientos, juntas municipales y alcaldías, así como de la presidencia de la República, la Cámara de Senadores (128) y la de Diputados (500).

No es poco lo que está en juego. Sin embargo, existe un alto riesgo de que veamos durante el proceso electoral prácticas de clientelismo autoritario donde intermediarios políticos, funcionarios públicos o candidatos compran votos, reparten tarjetas o amenazan con eliminar programas o apoyos si las personas no votan a favor de determinado candidato o partido.

Por ello, llama poderosamente la atención lo que pasó durante septiembre y octubre de 2017 entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde el INE aprobó ejercer sus facultades para revisar lo que pasa en las elecciones de todo el país mediante su facultad de atracción justamente para hacer frente al riesgo del uso electoral de los programas sociales; sin embargo, el Tribunal Electoral le negó esta posibilidad a queja directa del PRI y del Partido Verde.

Así, de no tomarse las medidas necesarias para evitarlo, las condiciones parecen estar dadas para un uso masivo de recursos públicos, particularmente de los programas sociales, con fines electorales.

¿Qué pasó?

El 5 de septiembre de 2017 el Consejo General del INE aprobó por unanimidad una resolución en la que resolvió ejercer su facultad de atracción para revisar el cumplimiento de las disposiciones vigentes para garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y de equidad en la contienda para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.

Al ejercer su facultad de atracción, el INE tendría la posibilidad de revisar el cumplimiento o la violación de las disposiciones referentes a tres temas específicos:

1. El principio de imparcialidad;
2. La propaganda gubernamental; y
3. La operación de programas sociales.

El catálogo de conductas que podría revisar el INE y en las que ningún funcionario público debería incurrir por ser contrarias al principio de imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos incluían:

1. La entrega de programas sociales a cambio de la promesa de votar a favor de algún candidato o partido.
2. Amenazar, condicionar o suspender la entrega de recursos provenientes de programas sociales.
3. Recoger, retener o amenazar con hacerlo la credencial para votar.
4. Inducir a la abstención.
5. Ordenar, autorizar, permitir o tolerar el uso de recursos públicos (humanos, materiales o financieros que tenga a su disposición) para apoyar a determinado partido o candidato.
6. Comisionar al personal a su cargo para la realización de actividades político–electorales o permitir que se ausenten de sus labores para esos fines.
7. Asistir en día hábil a eventos que tengan como finalidad promover o influir en el voto a favor de algún candidato o partido.
8. Utilizar medios de transporte de propiedad pública para asistir a eventos político-electorales para promover o influir en el voto a favor de algún candidato o partido.

La resolución del INE también contemplaba la posibilidad de revisar el cumplimiento con criterios para la propaganda gubernamental que podría ser difundida desde el inicio del Proceso Electoral y hasta la conclusión de la Jornada Electoral, tales como:

1. Que tenga carácter institucional y fines informativos, por lo que no está permitida la exaltación o promoción de ningún programa o logro obtenido en los gobiernos local o federal ni de ninguna administración específica.
2. Que se abstenga de incluir frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral, o bien elementos de propaganda personalizada de cualquier servidor público alguno.
3. Que se limite a identificar el nombre de la institución, su escudo oficial como medio identificativo sin hacer alusión a ninguna de las frases, imágenes, voces o símbolos de cualquier índole que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral.

Finalmente, con respecto a la operación de los programas sociales el INE podría vigilar que:

1. Los programas sociales que no cuenten con reglas de operación o que no se ciñan estrictamente a las mismas, representan un claro indicio para considerar que su uso pudiera tener fines electorales.

2. A partir del inicio del Proceso Electoral y hasta el último día de 2018 aquellos programas que no cuenten con padrón de beneficiarios, dependencias y entidades correspondientes deberán notificar al INE la convocatoria abierta por la que convocan e integran a sus beneficiarios.

3. Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, no podrán operarse programas federales no contemplados ni crearse nuevos programas sociales. En caso contrario, representarán un claro indicio para considerar que su uso pudiera tener fines electorales.

4. Para el caso de las entidades federativas, no podrán operar programas sociales no contemplados ni crear nuevos una vez aprobado el respectivo presupuesto de egresos.

5. Previo al inicio de las precampañas, los Poderes Ejecutivos de los tres órdenes de gobierno deberán informar al INE y a las respectivas autoridades electorales locales sobre qué programas sociales están en ejecución, las reglas de operación, el padrón de beneficiarios y los calendarios de entrega o reparto, así como los mecanismos a través de los cuales se pretende llevar a cabo la entrega de bienes o servicios vinculados a éstos. La implementación de programas sociales que no sean informados a la autoridad electoral en los plazos señalados se considerarán que tienen una finalidad electoral.

6. La modificación del padrón de beneficiarios de cualquier programa social con fines y en términos distintos a los establecido en las reglas de operación aplicables es contraria al principio de imparcialidad y, en consecuencia, afecta la equidad en la contienda y el efectivo ejercicio del derecho al voto libre.

7. Se considera violatoria la entrega de tarjetas u otro tipo de instrumentos durante el desarrollo del Proceso Electoral que impliquen el ofrecimiento de un beneficio personal directo o la incorporación a un programa social en un futuro mediato o inmediato condicionado a un determinado resultado electoral.

Es importante señalar que los criterios definidos por el INE tenían como objetivo primordial establecer reglas claras para determinar qué actos serían considerados contrarios a los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y de equidad en la contienda para el Proceso Electoral Federal 2017-2018. Además, todos y cada uno de los criterios contenidos en la resolución del Instituto tenían precedente en el INE o en el TEPJD, con la excepción de dos.

Sin embargo, tan sólo un mes después de ser aprobada por unanimidad por el Consejo General del INE, el PRI y el Partido Verde presentaron un recurso de apelación y revocación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual, sin entrar al análisis del fondo de la cuestión sino únicamente a la forma, decidió revocar la resolución del INE, dejándola sin efecto.

A pesar de que la discusión pública se centró en el tema de la entrega de las tarjetas, esta decisión tiene un impacto negativo en el desarrollo de las campañas y en el desarrollo de todo el proceso electoral ya que lo que se buscaba era inhibir conductas que vulneran la equidad en la contienda y que han sido motivo recurrente de quejas ante la autoridad electoral.

La democracia que queremos

Tal parece que el escenario no podría ser peor. Ante la ausencia de reglas claras y efectivas sólo queda la veleidad del poder. Estas prácticas tan arraigadas en la política tienen el doble efecto de pervertir el significado más profundo de la democracia y de perpetuar las condiciones de desigualdad imperantes en nuestra sociedad.

En última instancia, la pobreza y la desigualdad encuentran su correlato en la corrupción e impunidad. La pobreza y la desigualdad son el reflejo de una realidad donde la mayoría está en desventaja frente a una minoría privilegiada.

A todxs quienes participan en el proceso electoral de 2018, gobiernos y candidatos que tengan aspiraciones de gobierno, les convocamos a que asuman un compromiso público, abierto y formal de cara a toda la sociedad para cumplir con estos criterios. De lo contrario, su silencio u omisión será prueba más que suficiente que forman parte de ese México corrupto del cual queremos salir.

@FrenteaPobreza