Semáforo del trabajo: EN ROJO
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Frente a la Pobreza
Por Acción Ciudadana
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza es una agrupación formada por más de 65 organizaciones de... Acción Ciudadana Frente a la Pobreza es una agrupación formada por más de 65 organizaciones de la sociedad civil. Su finalidad es promover la nueva visión de Cohesión Social para lograr mejores resultados frente a la pobreza y la desigualdad. El horizonte de la Cohesión Social es una sociedad con igualdad de oportunidades y sin privilegios. La Cohesión Social sólo puede avanzar reduciendo brechas de desigualdad. Los objetivos de Cohesión Social que trazan rumbo: Economía incluyente. Derechos Garantizados. Capacidades Estatales. Corresponsabilidad Ciudadana. www.frentealapobreza.mx Twitter: @Frenteapobreza Facebook: Frentealapobreza (Leer más)
Semáforo del trabajo: EN ROJO
De 75 millones de personas en edad y condición de trabajar, solo 9 millones tienen trabajo con condiciones decentes mínimas. 35.3 millones, casi la mitad, tienen trabajo, pero precario. Y 24.6 millones ni trabajo tienen. El semáforo del trabajo está en ROJO, y requiere cambios sustanciales para pasar a verde.
Por Acción Ciudadana
11 de julio, 2021
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El Semáforo de Trabajo Digno de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza muestra una realidad inaceptable. La economía no puede crecer de manera sostenida si quienes trabajan no ganan lo suficiente y carecen de condiciones mínimas como la afiliación a la seguridad social. La reactivación será mas lenta si no hay “mercado interno”.

El problema del mundo del trabajo es estructural y sistémico. Llevamos años con un deterioro creciente de las condiciones laborales. Mucho peor que las tendencias globales. Al privilegiar las exportaciones se descuido la estabilidad y sostenibilidad del mercado interno, que no es otra cosa, más que la capacidad de compra e ingreso de la población.

La reforma laboral y la nueva política salarial pueden revertir esta situación, si se aceleran y se consolidan. Pero tenemos una falla de origen que sigue intocada: un sistema de seguridad social que carga todo su costo al empleo.  El modelo “alemán” ideado en el siglo XIX por Bismark, se basa en financiar la protección social frente a riesgos, mediante cuotas obrero-patronales.

El “seguro social” fue un gran avance civilizatorio en su momento, dadas las precarias condiciones laborales de la clase obrera en Europa en el siglo XVIII y XIX donde fue creado por Bismark y también para el México del régimen “emanado de la Revolución”.

Pero hoy, en el siglo XXI, ya está probado que este modelo produce una estructura social, económica y laboral regresiva y excluyente, pues encadena el ejercicio de derechos humanos como la salud, la vivienda o los servicios de cuidado infantil al régimen laboral. Convierte en “prestación laboral” lo que en realidad es un derecho humano.

Y genera una carga económica en detrimento del trabajo y la creación de empleos dignos. Las cuotas “obrero-patronales” en realidad constituyen un impuesto a la nómina, una carga fiscal sobre el empleo. Por lo que se crean incentivos a la evasión para quienes contratan, o crea nuevos modelos de “trabajo independiente” como el trabajo creado a través de plataformas digitales.

En la práctica, el modelo segmenta, discrimina y mantiene excluida a más de la mitad de la población que debe conformarse con “programas sociales” para conseguir servicios de salud, estancias infantiles, apoyos para vivienda o pensión en edad avanzada.

Bases para cambiar el sistema laboral

Para superar el “semáforo en rojo”, hay que reordenar el sistema laboral. El principal cambio es poner los derechos laborales y una remuneración suficiente en el centro del modelo económico y por tanto de las regulaciones, políticas y programas de productividad, innovación y fomento de inversiones.

Hay mayor urgencia, sobre todo ahora, para lograr la reactivación económica de esta crisis, en que necesitamos que crezca el mercado interno y no solo las exportaciones.

Algunas medidas ya están en curso, de entrada, la puesta en marcha de los cambios aprobados en la reforma laboral debe acelerarse y fortalecerse:

  • Urge que el poder judicial acelere la creación y funcionamiento eficaz del nuevo sistema de justicia laboral. Es la vía para terminar con la corrupción, la negligencia, la simulación y la lentitud de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que en la práctica no defienden derechos laborales.

 

  • También urge que la Secretaría del Trabajo acelere los procesos para la legitimación de los contratos colectivos y para la elección democrática por voto secreto de las directivas sindicales. Esto permitirá acabar con la simulación de los contratos de protección y recuperar condiciones de negociación colectiva de trabajadores y trabajadoras para mejorar su remuneración y condiciones generales de trabajo.

 

  • La puesta en marcha de las medidas para erradicar la subcontratación abusiva (“outsourcing”) también contribuirán a terminar con modelos de negocios basados en violar derechos laborales.

Otras medidas están en proceso y requieren consolidarse, por ejemplo:

  • Consolidar la política de recuperación salarial. CONASAMI debe aprobar un plan multianual de recuperación gradual del salario mínimo, a fin de que alcance la meta de cubrir dos canastas básicas (la canasta “familiar”) a más tardar en 2024. Un plan multianual no elimina la revisión y aprobación formal anual. Y permitiría realizar ajustes a mediados de año, que solo incidan en el salario mínimo, mediante montos en pesos (monto independiente de recuperación – MIR).

 

  • Mejorar y dar continuidad del programa de empleabilidad para jóvenes (“Jóvenes Construyendo el Futuro”). La STPS debe promover una nueva etapa del programa, plenamente justificada por la crisis económica asociada a la pandemia, con ajustes de mejora basados en la experiencia de estos años, con el fin de (i) enfocarse en jóvenes con rezago educativo y las mayores desventajas (ii) involucrar a organizaciones civiles y entidades de capacitación que garanticen planes de formación para el desarrollo de habilidades “blandas”, técnicas y digitales y (iii) vincular a quienes egresan con servicios de intermediación laboral para promover su inserción laboral (de entrada con el Servicio Nacional de Empleo, que también es parte de la Secretaría del Trabajo).

Finalmente, está la reforma de fondo, para “romper el cordón umbilical” entre salud y trabajo. O, mejor dicho, para romper el vínculo estructural entre acceso a servicios de salud y régimen laboral. Iniciar con la salud sería el primer paso para la construcción de un sistema universal de protección social.

La ruptura de la cadena que vincula trabajo y protección social es indispensable para construir un “piso” de derechos sociales garantizados para todas las personas, sin importar su condición laboral (trabajen o no trabajen, tengan empleo o trabajen “por su cuenta”, trabajen tiempo completo o “a ratos” o por días) y financiado con impuestos progresivos generales (y ya no con cuotas obrero-patronales o impuestos de “nómina”).

Esta reforma para crear el sistema de protección social universal tiene que orientar el cumplimiento de la cobertura universal de salud y la creación del sistema nacional de cuidados promovidos por este gobierno.

Si se mantiene la segmentación y la distinción entre “derechohabientes” y “no derechohabientes” de la seguridad social, se mantendrá la condición de discriminación estructural que excluye a la mitad de la población y se conservarán (y seguramente se reforzarán) los incentivos para la “informalidad” y la evasión de la afiliación obligatoria al seguro social.(1)

Conclusión

La reactivación económica puede ser lenta o inercial, puede llevarnos al pasado o proyectar un futuro distinto y mejor. Trazar una ruta para “liberar” al sistema laboral de la carga de la “protección social” es urgente e indispensable para una reactivación económica incluyente y acelerada.

Para lograr esta reactivación, se debe asumir que salud, cuidado infantil, vivienda y sustento vital (en caso de accidente, enfermedad o discapacidad), son derechos humanos que requieren medidas de protección garantizadas por el Estado a toda su población y no deben ser consideradas “prestación laboral”.

Si no actuamos, el semáforo seguirá en rojo y la pobreza se mantendrá sin cambios, con su secuela de desigualdad y deterioro de la economía, la democracia, la seguridad y el bienestar de la mayoría de las personas.

En la conferencia de prensa para presentar el Semáforo del Trabajo Digno tratamos de explicar este dilema, les invitamos a verla

(1) Además de que parte de un error: los dos segmentos “formal” e “informal” de la población no son dos realidades estáticas. En la vida real, menos del 40% de la población permanece muchos años en uno de los dos segmentos, el restante 60% se mueve su vida laboral entre ambos polos, por lo que en la práctica la informalidad es la realidad mayoritaria abrumadora.

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