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Frente a la Pobreza
Por Acción Ciudadana
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza es una agrupación formada por más de 65 organizaciones de... Acción Ciudadana Frente a la Pobreza es una agrupación formada por más de 65 organizaciones de la sociedad civil. Su finalidad es promover la nueva visión de Cohesión Social para lograr mejores resultados frente a la pobreza y la desigualdad. El horizonte de la Cohesión Social es una sociedad con igualdad de oportunidades y sin privilegios. La Cohesión Social sólo puede avanzar reduciendo brechas de desigualdad. Los objetivos de Cohesión Social que trazan rumbo: Economía incluyente. Derechos Garantizados. Capacidades Estatales. Corresponsabilidad Ciudadana. www.frentealapobreza.mx Twitter: @Frenteapobreza Facebook: Frentealapobreza (Leer más)
Urge un plan integral con medidas efectivas para las emergencias de salud y económica
Ante la emergencia económica, hay que dar subsidios y créditos con recursos suficientes para el tamaño del problema y no “aspirinas para un cáncer”.
Por Acción Ciudadana
4 de abril, 2020
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COVID-19 y su impacto han producido dos crisis: sanitaria y económica. Estas crisis impactan a todas las personas, pero en particular a aquellas personas que viven en pobreza.

En días pasados un grupo plural y multidisciplinario de personas expertas en el campo del desarrollo, la superación de la pobreza, la salud pública y las políticas contra la desigualdad pudimos reflexionar y elaborar de manera colaborativa un documento conjunto.

El documento inicia por el diagnóstico sobre el contexto en que se presenta la emergencia, y su intención central es ofrecer propuestas para evitar que se incremente la desigualdad y quienes viven en pobreza resulten más perjudicados por la situación. Se propone que haya apoyos económicos que estén bien dirigidos, sean suficientes y lleguen a quienes más lo necesitan.

Las propuestas se ofrecen para los gobiernos, en especial para el gobierno federal, pero también para empresarios y otros actores de la sociedad, en especial las organizaciones civiles.

Desde Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, consideramos que la propuesta central es que el gobierno federal acuerde y asuma el liderazgo de un plan integral de acciones en lo sanitario y en lo económico, tanto para la etapa de emergencia como para la fase de recuperación.

El criterio indispensable es que las medidas sean efectivas, por su escala, por su magnitud y alcance, y por su capacidad de apoyar a quienes realmente lo requieran.

Las acciones generalizadas como posponer pagos de impuestos o suspender pagos de servicios “parejo” resuelven poco y pueden consumir recursos importantes que se requieren para esta emergencia.

Por ejemplo, una cadena farmaceutica difícilmente enfrenta caída de ventas, tampoco los super mercados, en cambio los restaurantes y los hoteles están vacíos. No se les puede tratar igual. Una gran empresa con utilidades superiores en decenas o centenas de millones de pesos tiene más reservas y condiciones de resistencia que pequeñas empresas que salen al día en sus ingresos y egresos.

¿Por qué tendrían que posponer sus pagos al IMSS o a la CFE los primeros? Pero sobretodo, ¿Qué tanto resuelve el problema de los segundos no cubrir cuotas esta bimestre o no pagar la luz, si la caída de ingresos es total y no hay recursos para la nómina?

Ante la emergencia económica se requieren tiros de precisión y no escopetazos. Hay que dar subsidios y créditos con recursos suficientes para el tamaño del problema y no con “aspirinas para un cáncer”.

Entre las propuestas para el plan, “Frente a la Pobreza” espera que las medidas que anunciará el gobierno este domingo, estén centrados en apoyar a quienes más lo necesitan con un enfoque de equidad y derechos, por lo que consideren al menos:

  • Atención en salud igual para todas las personas, sin importar su afiliación o derechohabiencia. Poniendo bajo coordinación de la Secretaría de Salud todos los recursos (personal, camas, respiradores, unidades de terapia intensiva y demás) disponibles en todo el sistema, incluidos los hospitales privados.
  • Apoyos económicos bien dirigidos con la condición de conservar empleos. Con subsidios y otras medidas como créditos, compras anticipadas y otras, que estén basadas en datos disponibles (declaraciones mensuales al SAT, pagos mensuales al IMSS), siempre y cuando haya un compromiso de mantener al personal con sueldo completo.
  • Apoyo económico directo a personas que pierden su fuente de ingreso. Mediante una especie de seguro de desempleo para quienes sean despedidos y un esquema de transferencias para quienes pierden su fuente de ingresos “por cuenta propia” (taxistas, vendedores de calle, pequeños negocios).
  • Recursos fiscales suficientes, mediante reasignaciones presupuestales y déficit fiscal razonable y responsable, ejercido con total transparencia, para las medidas anteriores.
  • Participación de los 3 órdenes de gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil, de manera coordinada y permitiendo que cada actor aporte sus fortalezas a la construcción de la solución ante la emergencia y también para la recuperación.

El documento del grupo multidisciplinario ofrece elementos de diagnóstico que fundamentan muy bien todas las propuestas y que permiten comprender el contexto crítico en el que se presenta la pandemia del Covid19.

Presentamos una versión casi completa de esa sección diagnóstico del documento, que se puede consultar completo aquí.

Contexto en el que se da la emergencia

El COVID-19 no conoce fronteras socioeconómicas ni geográficas. Los mecanismos básicos de su impacto en la salud y economía de las poblaciones son iguales en todo el mundo. Sin embargo, el contexto de cada país determina y matiza el énfasis y tipo de intervenciones necesarias para mitigar el impacto presente y futuro de la pandemia.

En el caso de México, resaltamos cuatro situaciones a considerar en la propuesta de intervenciones, tanto inmediatas como en el medio plazo, y para confrontar tanto la crisis sanitaria como la económica:

(i) Las personas en situación de pobreza representan una proporción importante de la población y viven en condiciones que las hace particularmente vulnerables a los efectos de la pandemia.

(ii) El sistema de salud está fragmentado, es desigual e inequitativo en la respuesta a los problemas de salud de la población, y presenta deficiencias en la calidad de los servicios.

(iii) El país se encuentra en un contexto económico y presupuestal adverso, y

(iv) Las condiciones de trabajo de millones de mexicanos ya eran precarias antes de la pandemia.

1. Las personas en situación de pobreza pueden resultar más afectadas por el COVID-19

Para las personas que viven en pobreza, las recomendaciones de prevención son muy difíciles o imposibles de cumplir.

“Quedarse en casa”. No todas las personas pueden “quedarse en casa”. Hay personas que no pueden dejar de salir a trabajar, ya que su ingreso se vería severamente reducido. Muchas de ellas deben salir porque “viven al día”.1 Por ello, tienen mayor riesgo de estar expuestas al virus, contagiarse y expandir el contagio, además del riesgo de agudización de los problemas de seguridad alimentaria en esas familias.

Por otra parte, también se exhorta a las instituciones educativas a que sigan sus actividades de forma remota, marcando un factor más que favorece el rezago educativo de las personas con menos recursos. Quienes no tengan computadora e internet, no podrán estudiar en casa.2

Tampoco podrán “quedarse en casa” quienes no tienen casa.

La importancia de lavarse las manos. Muchas personas en situación de pobreza no tienen acceso al agua y no podrán seguir medidas de prevención básica, como el lavado de manos. Una de cada tres viviendas no cuenta con dotación diaria de agua (34.4%).3 Estas viviendas se concentran en zonas rurales y urbanas con mayor rezago social.

Desigualdad en el acceso a los servicios de salud. Casi 6 de cada 10 personas no son derechohabientes a servicios de salud a través de la seguridad social (58%). Esta carencia es mayor para población indígena (78%), en zonas rurales (77%) y en los estados del sur del país Chiapas (83%), Guerrero (75%) y Oaxaca (76%).4

Sistema de protección social deficiente. La falta de un sistema de protección social, por ejemplo, mediante un seguro de desempleo u otras formas de transferencias en caso de pérdida drástica de ingresos, deja a millones de personas sin opción ante un shock inesperado, como el COVID-19.5

2. Sistema de salud fragmentado, desigual y de calidad deficiente

El Estado mexicano está enfrentando la emergencia sanitaria con un sistema de salud que no ha logrado cobertura universal, que no garantiza calidad de la atención y que arrastra condiciones de inequidad y segmentación estructurales.

La atención en salud se encuentra fragmentada en diferentes instituciones de salud; el ser derechohabiente que permite a las personas acceder a las prestaciones de la seguridad social, está atado a la situación laboral. Además, la atención ambulatoria de primer contacto se ha privatizado, de manera creciente, hacia consultorios adyacentes a farmacias.6

A su vez, las instituciones de salud ofrecen “paquetes” o coberturas de servicios médicos distintos dependiendo del régimen laboral. Por ende, hay una inequidad estructural y discriminación, entre quienes se atienden en los hospitales de Pemex o las Fuerzas Armadas (FFAA) (en un extremo) y quienes sólo tienen acceso a las unidades del IMSS Bienestar.7

Por otra parte, los estados con mayor pobreza tienen también menor infraestructura hospitalaria, necesaria para atender a los casos severos y graves de COVID-19. Chiapas, Guerrero y Oaxaca están en situación de desventaja, que se agudiza en zonas indígenas y de mayor rezago. La carencia de camas es muy probable que vaya paralela a la de unidades de cuidados intensivos y de ventiladores para quienes padecen deficiencias respiratorias graves, como las generadas por el COVID-19.

A los déficits estructurales se añade una deficiente calidad del sistema público de salud. El esfuerzo a veces heroico del personal de salud, como se ha demostrado en estas semanas, no compensa las fallas estructurales que se arrastran por décadas y que han impedido la atención oportuna y control de las enfermedades crónicas que hoy son el principal factor de riesgo para la complicación del COVID-19: diabetes, hipertensión, cáncer y los padecimientos que generan inmunodeficiencias.8

3. Contexto económico y presupuestal adverso previo

La pandemia del COVID-19 sucede en un contexto ya de por sí adverso para la economía mexicana.

En 2019, la economía se estancó, con una tasa de decrecimiento de 0.1%.9 A partir de la primera semana de marzo de 2020, el peso mexicano se encuentra en proceso de devaluación.10

Asimismo, el presupuesto público en México es de los más bajos de América Latina como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). Junto a eso, los ingresos estimados del petróleo para financiar el presupuesto público se han visto reducidos en más del 65% de su valor debido al desplome del precio del petróleo.11

Una recesión global y especialmente la de Estados Unidos12 afectará severamente a la economía mexicana por el desplome de las exportaciones, las remesas y el menor flujo de turismo.

En un reporte presentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en la reunión virtual del G-20 el 27 de marzo, se advierte que no es posible hacer pronósticos certeros de la caída anual del PIB de los principales países.13 Sin embargo, el impacto directo en el corto plazo para el PIB de Estados Unidos podría ser de una caída del 25% siendo el daño más fuerte en servicios profesionales e inmobiliarios, comercio al menudeo y mayoreo, y en hoteles, restaurantes y transporte aéreo, como en todas las economías.

Entre una muestra de 47 países de economías avanzadas y de mercados emergentes, el impacto en el PIB de México será de un 30% en el corto plazo, solo superado por Grecia (-34%).

Las proyecciones de caída del PIB de México se han vuelto negativas en 2020. Las calificadoras Standard & Poor’s (-2.0%), Moody’s (-3.7%), y distintos bancos como Bank of America (-8.0%), BBVA (-4.5%) y Scotiabank (-5.8%) así lo han hecho público; pero es muy probable que, por el deterioro de las expectativas, estos porcentajes se modifique a la baja en un futuro.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al dar a conocer los “Pre-Criterios 2021”, el 1 de abril anunció que su estimación, ya incluyendo los efectos del COVID-19 para este 2020, sería entre +0.1 y -3.9% del PIB. “La estrategia del Gobierno de México busca un balance entre la necesidad de apoyar e impulsar la economía y la disciplina fiscal”, lo que explica por qué las medidas de apoyo han sido más bien modestas.14

A pesar de la presión de los diversos sectores productivos para abrir la economía pronto y evitar el severo daño económico, cada vez se genera mayor conciencia y convicción de que no es posible en el corto plazo debido a la imperiosa necesidad de aplanar la curva de infección, a riesgo de hacer más extenso el daño económico; sin embargo, como lo han señalado las autoridades sanitarias, no se han acatado las medidas de aislamiento y contención en las personas urgidas de obtener ingresos para sobrevivir.15

4. Antes de la pandemia y la crisis económica, las condiciones de trabajo de millones de personas ya eran precarias

La emergencia pone en riesgo la precaria situación laboral de más de 40 millones de personas: 7.7 millones de personas en desempleo que tendrán aún menos oportunidad de adquirir un trabajo en los próximos meses; 12 millones que trabajan por su cuenta, muchos de quienes no cuentan con condiciones para generar ingresos por otros medios, y 21 millones que trabajan en micro y pequeñas empresas que podrían caer en el desempleo o ver sus derechos laborales amenazados por la fragilidad económica de este tipo de unidades económicas.16

El precario mercado de trabajo muestra ahora toda su gravedad:

  • Más de la mitad de quienes tienen empleo no tienen contrato estable, son 18 millones de personas que podrían ser despedidas sin liquidación.17
  • 21 millones de personas, casi la mitad de quienes trabajan, no ganan lo suficiente para mantener a su familia: 14.8 millones con empleo y 6.1 que trabajan por su cuenta.18

Esta situación afecta aún más a las mujeres que presentan más del doble de desempleo, que perciben menores ingresos por la brecha salarial y que además del trabajo asalariado, cuando lo tienen, realizan dobles y triples jornadas en tareas de cuidado y del hogar.19

@FrenteaPobreza

 

1 El 49% de la población carece de ingreso suficiente para adquirir la canasta básica. CONEVAL. Medición de la pobreza 2008 – 2018. Población en pobreza por ingresos.

2 Sólo el 56.4% de los hogares tienen conexión a Internet. Asimismo, el uso de Internet es desigual en contextos urbanos y rurales, con 73.1% y 40.6% de usuarios del servicio, respectivamente. (INEGI: Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares, ENDUTIH 2018.)

3 INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018. El 8% de las viviendas carecen de agua entubada dentro de su vivienda o el terreno de la vivienda. Del 92% que sí tiene conexión, el 29% no recibe la dotación diariamente.

4 CONEVAL. Medición de la pobreza 2008 – 2018. Población con carencia por seguridad social. La carencia es mayor, pues este dato contabiliza a personas adultas mayores que reciben programas sociales, los cuales no incluyen acceso a servicios de salud.

5 Los programas de transferencias del gobierno federal no fueron diseñados para enfrentar el desempleo o la pérdida drástica de ingresos. Los principales programas están destinados a adultos mayores de 68 años, a jóvenes sin trabajo y fuera de la escuela que se incorporan a un proceso de formación como aprendices por un máximo de 12 meses, a personas con discapacidad, y a estudiantes en zonas de mayor rezago social. En la mayoría de los casos, el monto de las transferencias no cubre el costo de la canasta básica, para una persona, mucho menos para una familia.

6 El 40% de usuarios de consulta de primer nivel acudieron a consultorios privados, pese a que alrededor del 70% estaba adscrito a la seguridad social o al “seguro popular”. INSP. Ensanut 2012. Consultorios médicos en farmacias privadas: efectos inesperados en servicios de salud y uso de medicamentos. Disponible aquí.

7 En 2017, el gasto público per cápita en salud para población sin seguridad social fue de $4,289 y para población con seguridad social fue de $5,043. La diferencia es $1,664, o 33% menos para población sin seguridad social. Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud (DGIS). Gasto en Salud por Fuente de Financiamiento, 1993-2017. Precios constantes de 2017. Consultado aquí.

8 Se estima que la mitad de los casos de diabetes mellitus e hipertensión no han sido detectados con diagnósticos oportunos. Y peor aún, entre quienes sí tienen un diagnóstico, el seguimiento más básico de control se aplica solo en la mitad de los casos para quienes tienen diabetes (52%) y a 8 de cada 10 en el caso de la hipertensión (78%), con importantes variaciones por estado. Datos del Sistema de Información en Enfermedades Crónicas. Consultado el 12/12/2019 aquí.

9 Consultado aquí.

10 El tipo de cambio pasó de $18.57 pesos por dólar (14/02/2020) a 25.34 pesos mexicanos (24/032020) Banco de México. Tipo de cambio publicado en el DOF. Consultado aquí.

11 Para el presupuesto 2020, los Criterios Generales de Política Económica estimaron el precio promedio del barril en US$55. A partir del 27 de marzo, el precio se ubica debajo de US$20. Ese día se cotizó en US$17.74.

12 Se estima que el PIB de Estados Unidos podría caer a una tasa mayor a registrada durante la gran recesión en 2009 (-2.8%)

13 OECD (2020); “ Evaluating the initial impact of COVID containment measures on activity”.

14 SHCP (2020); DOCUMENTO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. En el documento se destaca que los paquetes fiscales de emergencia en Estados Unidos, Reino Unido y España representan el 10, 15 y 20 por ciento de su PIB respectivamente.

15 Así vemos en el metro y otros medios de transporte público, pero también en otros espacios, personas que están en contacto cercano. Solo un comentario más: el metro de Wuhan, China donde fue el epicentro de la pandemia apenas reanudó operaciones el 28 de marzo y las autoridades de ese país restringieron los vuelos procedentes del extranjero, como medida para evitar la reactivación de la pandemia.

16 Datos del “Reporte Especial sobre Covid19” del Observatorio de Trabajo Digno de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, de próxima publicación. Con base en datos del INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2019-IV.

17 Ibidem.

18 Ibidem.

19 La brecha en la tasa de desempleo total, que incluye personas desocupadas y también a quienes están disponibles para trabajar, es más del doble: 18% para mujeres y 8% para hombres. La brecha salarial es de casi $800 al mes. Cada mujer tendría que trabajar 5 días más al mes para tener el mismo ingreso que los hombres. Las mujeres que trabajan dedican además casi 43 horas a tareas de cuidado y domésticas (en contraste con casi 17 horas de los hombres). Datos del Observatorio de Trabajo Digno de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, disponibles aquí, consultados el 27/03/2020.

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