Caso Karla Patricia: “mi mamá era una mujer valiente y amorosa”, su hija Brisa exige reclasificarlo como feminicidio
Karla Patricia Cortés Cervantes era una mujer aguerrida y trabajadora. Hace cuatro años se hizo socia conductora de Uber, antes era consultora de belleza. Sacó adelante a sus dos hijas: Brisa, la más grande, la describe como una madre amorosa, a quien le encantaba la cumbia y el rock.
“Mi mamá era una mujer muy fuerte, aguerrida, trabajadora, luchona, como todas las mamás mexicanas. Ella era nuestra reina maga, de mí y mi hermana. Fue muy valiente ella, apuesto que cuando pasó lo que pasó ella se defendió con todo lo que pudo, porque ella no no quería irse, ella obviamente quería pelear por nosotras”, relata Brisa.
El 29 de diciembre de 2024, Karla Patricia salió a la 1:30 de la tarde a trabajar como todos los días, sin embargo ya no regresó a casa, la encontraron sin vida en la alcaldía Azcapotzalco. A su hija le notificaron al día siguiente.
Brisa exige justicia para su madre, quien fue asesinada con arma de fuego, y pide que el caso sea reclasificado de homicidio a feminicidio, además de que las autoridades no le vayan a dar carpetazo.
“Tenía 41 años de edad. Tenía dos hijas. A mí me tuvo a los 17 años, ella sola, de Veracruz vinimos acá para una nueva vida, buscar nuevas cosas, nuevas oportunidades, mi mamá nos sacó adelante a mi hermana y a mí. Ella sola sin la ayuda de nadie ni del asqueroso Estado”, indica.
Brisa recuerda que su mamá “era muy amorosa, muy cariñosa, y alegre. Cuando se enojaba explotaba, pero ella era muy feliz, muy hermosa”. Karla, además de encargarse de sus hijas, apoyó a Brisa en su transición a mujer trans.
¿Quién era Karla Patricia, conductura de app asesinada?
Karla Patricia nació en Veracruz, de joven se mudó a la Ciudad de México junto con sus hijas, para darles una vida diferente. Llegó a Iztapalapa, ahí se quedó y adoptó al barrio.
“También era muy de barrio. Somos de Iztapalapa, nos gustaba la cumbia, la guaracha y los sonideros. A ella le gustaba mucho el rock. Íbamos mucho a bailar, pero ahora que ya no está vamos a recordarla mucho con toda esa música”.
Y eso hizo este lunes 6 de enero para visibilizar el caso y lograr justicia. Brisa y su red de apoyo realizaron una protesta frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde ella reprodujo por medio de una bocina la música que a su mamá le gustaba, mientras un grupo de amigas y activistas gritaron consignas e hicieron pintas como “Justicia para Karla” y “Uber feminicida”.
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“Todavía no se sabe nada. Salió a trabajar a la 1:30 de la tarde como todos los días, mi hermana no estaba en la ciudad, se fue de vacaciones, ella es menor de edad y pues pido justicia”.
Después del asesinato, Uber emitió un boletín en el que señaló que en cuanto tuvieron la información de contacto se comunicaron con la hija de la víctima para informarle sobre la cobertura de seguro que tienen los viajes realizados en su plataforma. Además, la empresa reiteró su disposición de colaborar para la investigación del caso.
No obstante, Brisa reclamó a la empresa que haya sido muy escueto su comunicado y exigió que se posicione de nuevo ante el asesinato de su mamá e implemente medidas de protección para las mujeres conductoras, ya que, comenta, no fue la primera vez que era víctima de la delincuencia, igual que otras mujeres.
“Quiero que se posicione nuevamente porque su comunicado está muy burdo, pareciera que nada más dijeron sí, ya hablamos con ella, pero no, yo quiero que se implementen medidas de seguridad para las mujeres conductoras que trabajan en la aplicación de Uber y en todas las aplicaciones que están en México y en el mundo”, dijo.
Frente al edificio de la Fiscalía ubicado en la colonia Doctores, también conocido como “El Búnker”, las manifestantes colocaron pancartas y tomaron el altavoz para expresar su enojo y exigencia de justicia.
“Estamos aquí protestando para que nos hagan caso porque mataron a una de las nuestras: a una mujer trabajadora, una mujer con una hija menor de edad. Ella salió a trabajar, no era la primera vez que le querían quitar el carro”.
Durante la protesta, la Fiscalía de la Ciudad de México emitió un comunicado en el que señaló que ha obtenido datos de prueba, los cuales ha integrado a la carpeta de investigación para judicializarla “lo más pronto posible”.
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La ley Laken Riley podría entrar en vigor antes de que comience su mandato Donald Trump, que ha prometido mano dura contra la inmigración ilegal.
Para los migrantes irregulares en Estados Unidos, una acusación de hurto o robo será motivo de arresto y probablemente deportación.
Lo recoge una nueva y polémica ley que podría entrar en vigor incluso antes de que el próximo lunes 20 de enero Donald Trump inicie su mandato como presidente del país norteamericano.
El aún proyecto de ley Laken Riley, que en este momento se encuentra en fase de debate en el Senado, es obra del Partido Republicano de Trump pero también cuenta con el apoyo de numerosos congresistas y senadores demócratas.
La ley también permitirá a los estados demandar al gobierno federal si libera a un indocumentado bajo custodia o no aplica ciertas leyes migratorias.
Sus defensores creen que aumentará la seguridad ciudadana, mientras las voces críticas aseguran que contradice los valores constitucionales y viola la presunción de inocencia de los migrantes.
Analizamos en qué consiste esta ley, cuáles serán sus repercusiones y por qué es tan polémica.
Así es la ley
El nombre de la ley, Laken Riley, es el de una estudiante de enfermería de 22 años brutalmente asesinada en febrero del año pasado en el estado de Georgia.
El venezolano de 26 años José Ibarra interceptó a Riley mientras hacía ejercicio en el campus de la Universidad de Georgia en Athens, intentó violarla y, como la víctima se resistía, la golpeó hasta la muerte, según lo revelado en el juicio.
Ibarra, quien fue condenado a cadena perpetua en noviembre, es un migrante indocumentado venezolano que tenía pendientes acusaciones previas de al menos dos delitos menores en Estados Unidos, uno de ellos el hurto de varios productos en un supermercado.
El caso generó conmoción en la sociedad estadounidense. Los conservadores argumentaron que, si el agresor hubiera sido detenido y expulsado por sus casos previos, Laken Riley todavía estaría viva.
Esto llevó al Partido Republicano a proponer, un mes después del suceso, una ley específica para evitar casos similares.
De hecho, bajo la ley Laken Riley el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estará obligado a detener a extranjeros en situación migratoria irregular que hayan sido arrestados previamente por robo, hurto y similares.
La ley se alinea con las políticas de línea dura que Trump previsiblemente aplicará en su próximo mandato.
El republicano prometió llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos, enfocándose inicialmente en inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.
La ley Laken Riley, según algunos expertos, facilitará la deportación de quienes estén acusados de cometer estos delitos menores, que se tramitará durante su arresto y sin necesidad de juicio.
Según la actual legislación, solo están sujetos a una posible deportación los migrantes a quienes un tribunal haya condenado en firme por al menos dos delitos menores.
Por otro lado, las autoridades de cada estado podrán demandar al gobierno federal si creen que no está aplicando correctamente las leyes sobre migración.
Los incumplimientos denunciables de Washington incluirían liberar a migrantes en custodia, no arrestar a personas con orden de expulsión, otorgar libertad condicional de forma inadecuada a irregulares o no aplicar restricciones de visados a los países que rechacen recibir a sus ciudadanos deportados desde EU.
La tramitación
La ley Laken Riley fue aprobada por primera vez en la Cámara de Representantes en marzo de 2024, pero se estancó en el Senado controlado por los demócratas y regresó a la cámara baja.
El pasado 7 de enero los congresistas la volvieron a aprobar con 264 votos a favor, (entre ellos 48 demócratas) y avanzó de nuevo al Senado.
Allí corrió mejor suerte que en la primera ocasión, ya que todos los senadores republicanos y una mayoría de demócratas (en total 84 votos a favor y 9 en contra) aceptaron someter a debate el texto para su posible enmienda y aprobación.
Expertos señalan que la derrota en las elecciones de 2024, en las que la inmigración fue un tema central de campaña, ha llevado a muchos demócratas a respaldar propuestas más restrictivas en esta materia, e incluso el propio partido está cambiando su enfoque al respecto.
“Estoy a favor de dar a las autoridades las herramientas para prevenir tragedias como ésta mientras trabajamos en soluciones integrales para nuestro sistema roto”, afirmó recientemente John Fetterman, senador del Partido Demócrata por Pensilvania, uno de los “estados péndulo” que cambiaron su voto a republicano el pasado noviembre.
La fase de deliberación en la cámara alta podría prolongarse por unas pocas semanas o incluso días, y según analistas, existe la posibilidad de que la ley se apruebe antes de que Trump se instale el día 20 en la Casa Blanca.
En todo caso, está en fase de deliberaciones y existen discrepancias entre republicanos y demócratas sobre su contenido final.
Mientras los republicanos defienden aprobar el texto íntegro original, los demócratas han señalado su intención de enmendar aspectos controvertidos, como la posibilidad de detener y deportar, sin necesidad de pruebas ni juicio, a migrantes acusados de pequeños delitos.
Por qué es polémica
La aparente violación de la presunción de inocencia de los detenidos es el aspecto más polémico de esta nueva ley, que ha generado una oleada de críticas de quienes la consideran incompatible con los valores democráticos y constitucionales de Estados Unidos.
Sus defensores argumentan que, al privar de libertad o expulsar a presuntos delincuentes, se protegerá a las comunidades de delitos cometidos por personas en situación irregular.
También sostienen que la posibilidad de deportación por delitos menores disuadirá a los migrantes indocumentados de involucrarse en actividades ilegales.
Mientras, las voces críticas la consideran una amenaza a las protecciones constitucionales y un retroceso en los principios de justicia.
“Es esencialmente una autopista hacia la deportación masiva; se puede detener a cualquier cantidad de personas y meterlas en el sistema de justicia penal simplemente por haber sido acusadas, sin condena ni admisión de culpabilidad”, declaró este domingo en un programa televisivo Pramila Jayapal, una de los congresistas que han criticado el proyecto de ley en el dividido Partido Demócrata.
Los detractores de esta polémica legislación argumentan que la detención sin fianza de cualquier migrante acusado -aunque no necesariamente condenado- de delitos menores como el hurto eliminaría el derecho a audiencias individualizadas, algo garantizado incluso en casos de delitos graves en el sistema de justicia penal.
Esto plantea serias preocupaciones sobre la presunción de inocencia y el debido proceso, según el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC por sus siglas en inglés).
El NILC también advierte que obligar a las autoridades migratorias a detener a las personas antes de que puedan asistir a sus audiencias penales podría obstaculizar gravemente el trabajo de los fiscales, aumentar el caos en los tribunales y complicar la resolución de casos criminales.
Los detractores de la ley también creen que la avalancha de trabajo que caería sobre jueces y fiscales por delitos menores como hurtos o robos les restaría tiempo y recursos para abordar casos de delitos más graves.
La organización Voto Latino argumenta que la ley no mejorará la seguridad pública ya que no hay evidencia de una correlación entre el estatus migratorio y la criminalidad.
Esta ONG considera la ley Laken Riley una herramienta política para estigmatizar a los migrantes y acentuar las divisiones sociales.
Otro aspecto polémico es la capacidad que la ley otorga a los estados para demandar al gobierno federal sobre acciones relacionadas con políticas migratorias.
Según el NILC, esto podría convertir los tribunales en escenarios de interminables disputas entre los estados y Washington, obstaculizando la implementación efectiva de la ley.
Sus defensores, sin embargo, alegan que permitirá a las autoridades locales, que conocen más de cerca los problemas de sus comunidades, participar de forma más activa a la hora de aplicar y supervisar las leyes de inmigración.
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