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Hojas en el cenicero
Por Carlos Escoffié
Carlos Luis Escoffié Duarte es miembro investigador del Centro de Estudios de Derechos Humanos d... Carlos Luis Escoffié Duarte es miembro investigador del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Yucatán. Litigante independiente en colaboración con distintas organizaciones de derechos humanos, entre ellas Techo México y el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes. Trabajo temas de derecho a la vivienda, derecho a la verdad e igualdad y no discriminación. Iba a ser escritor de ciencia ficción pero me lastimé la rodilla. Twitter: @kalycho. (Leer más)
A la puta calle: los silenciosos desalojos en Ciudad de México
De acuerdo con Dunia Ludlow, titular de la Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México, el 40% de las personas en esta zona capitalina no tienen escrituras de sus viviendas, lo que representa un estado constante de incertidumbre jurídica.
Por Carlos Escoffié
26 de marzo, 2019
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Los están desalojando. Ahí en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Sobre la Calle Zapata, pero también en Revillagigedo y en Bucareli. En Mensones, Regina, en Arcos de Belén y en República de El Salvador. Desalojos legales, desalojos ilegales. Algunos con actuarios judiciales, otros con desconocidos armados que toman departamentos vacíos para presionar a los residentes que se niegan a dejar su hogar. Todo eso está ocurriendo en la capital. Pero ahora, además, pretenden desalojarlos en la ley, reduciendo las garantías a los habitantes que resisten en los edificios.

“El hogar es el escenario de la memoria personal”, señala Juhani Pallasmaa (1). No es de extrañarse que ante contextos de desahucios y desalojos masivos, como ha ocurrido durante la crisis de vivienda española (2), se registren altos índices de cuadros de ansiedad, depresión e incluso suicidios. Un reciente estudio de la Universidad de Granada entorno a los procesos de desahucios en el país ibérico revela que el 88% de las personas afectadas presentan ansiedad y nueve de cada diez sufren de depresión (3).

Perder la vivienda no es solo perder una propiedad inmueble. Es encontrarse los cuadros sobre la escarpa, los utensilios de cocina atrincherados en la delta urbana, la ropa amontonada creando fantasmas con las siluetas de los muebles. La identidad protegida por ese universo personal se vuelve anárquica, un cúmulo de piezas desinfladas que no alcanzan a tener la forma de la vida pasada, aqueda que se quedó atrapada en los muros y pasillos ahora inalcanzables. Cuando uno es desalojado, el guión personal debe ser reescrito ante la incertidumbre de lo que puede ocurrir. La pérdida de la vivienda compromete las posibilidades de ejercer otros derechos humanos (4), como la salud y el derecho a un proyecto de vida.

Esa es una de las muchas razones por las que la Constitución Política de la Ciudad de México (Constitución CdMX) ha sido un hito en el constitucionalismo estadual mexicano, sobre todo en la protección al derecho a la vivienda a través de un catálogo robusto de disposiciones que reconocen el carácter multidimensional de ese derecho (5). Lo mismo ha ocurrido con la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México (LCDHGCDMX), la cual impone estándares a los procesos de desalojos para que, cuando estos sean inevitables, puedan mitigarse las afectaciones a las personas.

Por ejemplo, el artículo 60 de la LCDHGCDMX establece que las autoridades deben garantizar el adecuado realojamiento de las personas sin recursos desalojadas, en un radio no mayor a 15 kilómetros tomando como centro el lugar de origen (6). Ese sencillo pero poderoso artículo llegó a formar parte de la ley como iniciativa de organizaciones como Movimiento Urbano Popular, Plataforma Juárez 06600, Habitat International Coalition, Chanti Ollín y Casa 13 MonX del Trevi. Todas ellas propusieron los distintos estándares del artículo 60 a partir de su experiencia de acompañamiento y documentación de distintos desalojos violentos e irregulares tanto en el Centro Histórico de la Ciudad de México como en las colonias Juárez, la Doctores, la Obrera, la Roma-Condesa, la Santa María la Ribera y en la San Rafael.

Sin embargo, el 7 de marzo de este año, fue publicada en la Gaceta Legislativa de la Ciudad de México una iniciativa de reforma a la LCDHGCDMX presentada por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda de MORENA (7). Entre otros muchos cambios, se prevé pasar de una redacción que determina la obligación de reubicar a las personas sin recursos desalojadas, a una que entiende esa necesidad como una mera opción que puede ser cumplida “en la medida de capacidades” de las autoridades.

Es verdad, los derechos cuestan y la vivienda no es una excepción. Sin embargo, como lo ha reconocido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, los desalojos no deberían dar lugar a que los afectados queden sin vivienda, por lo que los Estados deben adoptar las medidas necesarias para proporcionar “otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda” (8), dando especial atención a los casos en los que se vean involucrados mujeres, niños, personas mayores, personas con discapacidad, así como a otros individuos o grupos que sufran discriminación sistémica o estén en una situación de vulnerabilidad (9).  

Además, como ha señalado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que las autoridades señalen que no tienen recursos suficientes para cumplir con algún derecho económico, social y cultural –como la vivienda- sino que deben de demostrarlo (10).

Por otro lado, la reforma propuesta por el Diputado Martín del Campo Castañeda también plantea eliminar la obligación de que dicha reubicación sea dentro de un radio no mayor a 15 kilómetros, lo cual podría dar pie a que grupos históricamente excluidos sean desalojados y trasladados a áreas lejanas a sus centros de trabajo y de sus redes de apoyo, agravando su situación.

Preocupa que este tipo de modificaciones, así parezcan insignificantes, de pie a desmantelar poco a poco las victorias en materia de derecho a la vivienda que han logrado organizaciones, grupos de vecinos y colectivos de personas desalojadas, tanto en la Constitución CdMx como en el artículo 60 de la LCDHGCDMX.

Mientras tanto, el contexto de desalojos forzosos en Ciudad de México continúa en aparente silencio mediático. Sobre la Calle Zapata número 68, doña Rufina Galindo (64 años) se niega a abandonar el edificio en el que vive desde que era niña. Una persona que se dice propietaria de la torre ha buscado desalojar a los inquilinos, uno por uno. La señora Galindo reporta que el pasado 12 de febrero, alrededor de 50 personas desconocidas entraron a tomar control de los departamentos vacíos, generando situaciones intimidatorias y hechos de violencia, incluyendo amenazas contra la vida e integridad de doña Galindo y su familia, en lo que pareciera ser un caso de mobbing inmobiliario (es decir, acoso para obligar a inquilinos a abandonar su hogar).

De acuerdo con Dunia Ludlow, titular de la Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México, el 40% de las personas en esta zona capitalina no tienen escrituras de sus viviendas (11), lo que representa un estado constante de incertidumbre jurídica. Las mafias inmobiliarias, la corrupción, la gentrificación y otras dinámicas en las que intervienen actores públicos y privados amenazan constantemente el derecho a la vivienda de quienes habitan la Ciudad de México. No solo existen deudas pendientes para establecer mayores garantías y protección a los inquilinos u ocupantes, sino que las organizaciones acompañantes de personas desalojadas temen el inicio de un backlash inmobiliario, generando retrocesos en los logros obtenidos a partir de la Constitución CdMX del año 2017.

La ciudad parece no saberlo, pero muchas personas como Doña Galindo dormirán hoy pensando que, al menos por ahora, han ganado una noche más con el techo mediándolos a la noche.

 

1 Pallasmaa, Juhani, “Habitar”, traducción de Alex Giménez Imirizaldu, Editorial Gustavo Gili, Barcelona 2016, p. 21.

2 Hipertextual. “¿Cómo ha evolucionado la salud mental de los españoles durante la crisis?” por Esther Samper, 24 de mayo de 2019. Disponible en formato digital a través de este enlace.

3 Robles-Ortega, H., Guerra, P., González-Usera, I., Mata-Martín, J.L., Fernández-Santaella, M.C., Vila, J., Bolívar-Muñoz, J., Bernal-Solano, M., Mateo-Rodríguez, I. & Daponte-Codina, A. (2017). Post-Traumatic Stress Disorder Symptomatology in People affectedby Home Eviction in Spain. The Spanish Journal of Psychology, 20, e57.

4 Comité DESC, Comunicación 05/2015, E/C.12/61/D/5/2015, 21 de julio de 2017, párr. 15.1

5 Constitución Política de la Ciudad de México, artículos 9.E, 11.E, 16.B.3.C, 16.C.3, 16.C.5.B, 16.7.A, 16.E, entre algunos otros.

6 Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, artículo 60.

7 Congreso de la Ciudad de México. Gaceta Parlamentaria, Año 1, /Segundo Ordinario 07/03/2019, No.95. Disponible en formato digital aquí.

8 Comité DESC, Comunicación 05/2015, E/C.12/61/D/5/2015, 21 de julio de 2017, párr. 15.2. Véase también: Comité DESC, Observación General núm. 7 (1997) sobre el derecho a una vivienda adecuada (art. 11, párr. 1 del Pacto): los desalojos forzosos, párr. 16.

9 Comité DESC, Comunicación 05/2015, E/C.12/61/D/5/2015, 21 de julio de 2017, párr. 15.2.

10 SCJN. Segunda Sala, Amparo en revisión 378/2014, 15 de octubre de 2014. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero.

11 Reporte Indigo. “La otra cara de la gentrificación” por Laura Islas y Erick Miranda, 19 de marzo de 2019. Disponible aquí en formato digital. 

 

@kalycho

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