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Hojas en el cenicero
Por Carlos Escoffié
Carlos Luis Escoffié Duarte es miembro investigador del Centro de Estudios de Derechos Humanos d... Carlos Luis Escoffié Duarte es miembro investigador del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Yucatán. Litigante independiente en colaboración con distintas organizaciones de derechos humanos, entre ellas Techo México y el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes. Trabajo temas de derecho a la vivienda, derecho a la verdad e igualdad y no discriminación. Iba a ser escritor de ciencia ficción pero me lastimé la rodilla. Twitter: @kalycho. (Leer más)
El Apartheid matrimonial en Yucatán
Yucatán es el único estado en la Península del sureste que se resiste a reconocer el matrimonio igualitario. La realidad de Víctor y Diego es la de miles de parejas en esa entidad, así como en las otras diecisiete del país en las que solo se reconocen uniones entre un hombre y una mujer.
Por Carlos Escoffié
4 de marzo, 2019
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“Me estoy encabronado de solo leer esto”, me dijo Víctor mientras sostenía la demanda. No es que él no supiese que en Yucatán aún no se permite el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, ni que ignorase que tenía que iniciar un juicio de amparo para casarse con Diego –unas semanas antes me había llamado justamente para que lo acompañe en ese proceso-. Su reacción, al menos así la interpreté, fue por palpar la realidad que le tocaba afrontar: tenía que explicarle a un juez por qué tiene derechos, por qué no afecta a nadie con el ejercicio de su orientación sexual y por qué todas las familias, absolutamente todas, deben ser protegidas por la ley.

Pareciera que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) marcó el fin del debate sobre el matrimonio igualitario a nivel nacional. Por si fuera poco, su reconocimiento en hasta ahora catorce entidades pudiera dar la impresión de una tendencia irreversible e indómita. Pero en distintas zonas del país la realidad es otra y la igualdad jurídica sigue siendo motivo de activismo, luchas sociales y, sobre todo, de frustración para la población LGBT.

Yucatán es el único estado en la Península del sureste que se resiste a reconocer el matrimonio igualitario. La realidad de Víctor y Diego es la de miles de parejas en esa entidad, así como en las otras diecisiete del país en las que solo se reconocen uniones entre un hombre y una mujer. Si bien la protección familiar por medio de figuras legales como el matrimonio es un asunto de derechos, persisten voces que lo ven como un capricho sin importancia.

“Quintana Roo no está lejos, está a cuatro horas de aquí; Campeche está a dos horas de acá, entonces no es un impedimento para que ellos vayan y se casen”. Esa fue la respuesta de Miguel Candila Noh, coordinador de la bancada de MORENA en Yucatán, en una entrevista reciente al medio Desde El Balcón. Esta declaración –así como su propuesta de llevar el tema a consulta pública–, se da en el marco del actual proceso legislativo al interior del Congreso de Yucatán para debatir, otra vez, una iniciativa de reforma que permitiría el matrimonio igualitario.

La propuesta de llevar el tema a una consulta pública fue secundada por Miguel Sabido Santana, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), -aunque posteriormente dijo que sus palabras habían sido sacadas de contexto-. Además, el ombudsman yucateco reiteradamente se ha negado a pronunciarse sobre el tema argumentando que excedería sus facultades. Desconozco si sus declaraciones responden a un desconocimiento de sus propias atribuciones o a la improvisación de un escudo mediático. Lo cierto es que el artículo 10.XI de la Ley de la CODHEY expresamente le reconoce la facultad para sugerir reformas legislativas que permitan un mejor ejercicio de los derechos humanos.

A mediados de junio del año pasado, me encontraba con Víctor y Diego en el Registro Civil del Estado de Yucatán para agendar la fecha de su boda. Tres semanas antes el Juzgado Quinto de Distrito en Mérida había emitido la sentencia favorable en su caso. Ahora era momento de ejecutarla. “Dejen pregunto por esa fecha”, nos dijo la persona que nos atendió. “Lo que pasa es que no todos los oficiales del Registro se ponen a disposición para este tipo de uniones”. No nos dio tiempo de ignorar el comentario cuando nos señaló que “faltaba” una copia certificada de la sentencia de amparo para poder agendarles fecha. Le explique que eso era pedir más requisitos que los contemplados en el Código de Familia y que el Registro ya tenía en sus manos la copia notificada por el Juzgado. Tuvieron que llamar a un abogado del área jurídica de la institución que, después de un breve desencuentro, me interrumpió para decirle a la persona que nos atendía que no había problema, que así estaba bien. Al fin, después de más de una hora de diligencia, la fecha de la boda estaba programada.

La última vez que el Poder Legislativo de Yucatán discutió el tema de matrimonio igualitario fue hace diez años. La diferencia con el debate actual radica en que ya no queda prácticamente ningún argumental jurídico que pudiese servir de escudo para posturas conservadoras. Por el contrario, existen desde hace tiempo estándares claros a favor de la diversidad familiar emitidos por la SCJN, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otras instancias nacionales e internacionales.

La discusión en el Poder Legislativo de Yucatán es un asunto de voluntad política, no de discusión jurídica. En este contexto, reacciones como las de Candila Noh, Sabido Santana y Felipe Cervera Hernández -coordinador de la bancada del PRI, de quien se rumora tiene gran influencia en la decisión de otros curules- tienen algo en común: la estrategia para oponerse al matrimonio igualitario es, ante la falta de argumentos jurídicos, evitar pronunciarse sobre el fondo, y ante la presencia de una inminente discusión de fondo, dilatar el asunto tanto como se pueda. Tal y como ocurrió recientemente en el Estado de México, cuando se dio un ausentismo colectivo en el Congreso para evitar la votación de una iniciativa sobre el mismo tema. Si bien es verdad que aún prevalecen voces como la yucateca Rosa Adriana Díaz Lizama -diputada panista que se opone a la iniciativa porque, según ella, el 99% de sus conocidos no está de acuerdo-, también lo es que hoy día son menos las autoridades dispuestas a pagar el costo político de ese tipo de declaraciones.

“¿Tienes la copia de la sentencia para que la lea?”, preguntó la Oficial del Registro Civil a menos de una hora de la boda. Por si no fuesen suficiente los nervios naturales de un día como ese, Víctor previó con una bocanada de aire la discusión que se anunciaba. “¿Para qué vas a leer la sentencia si ya me la notificaron? La orden que dio el Juez fue que me cases, no que me leas una sentencia”. “Es que en estas bodas lo que hago es leerles la sentencia”. “¿Para qué? Dime lo que dices en cualquier boda”. “Es que no traje las hojas de lo que digo en las otras bodas, es que en estas leo la sentencia”. “Pues si quieres con gusto te busco en internet lo que tienes que decir y te lo imprimo, pero no te vas a poner a leernos una sentencia el día de nuestra boda”. La Oficial del Registro Civil miró ambivalente a Víctor por unos instantes y finalmente cedió. “No te preocupes, sí me acuerdo de lo que digo siempre”. Con justificada desconfianza, Víctor le dijo que escribiese en una hoja lo que iba a decir para evitar cualquier sorpresa.

Que las parejas del mismo sexo puedan llevar un juicio de amparo para casarse no es ni siquiera un remedio. La falta de reconocimiento legal tiene no solo un impacto en el ejercicio de derechos, sino también una trascendencia simbólica. Si Congreso de Yucatán decide no aprobar el matrimonio igualitario, el mensaje que se enviaría es que ese tipo de relaciones “no son normales” o “son peligrosas” o “no deben ser permitidas”. Ese discurso de rechazo hacia la diversidad, por más sutil que pudiera parecer para algunos, está destruyendo a las familias: genera conflictos entre padres e hijos, entre hermanos, provocando que gente sea expulsada de su casa por su orientación o que se vean obligados a huir ante la constante incomprensión. Las afectaciones psicosociales que produce la discriminación por homofobia debieran ser motivo de alarma teniendo en cuenta que, conforme a los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Yucatán ocupa el primer lugar a nivel nacional en suicidios. El apartheid matrimonial no solo impide el bienestar legal, sino también emocional y social de muchas familias. De ahí la trascendencia real de este debate que tiene lugar ahora en el Congreso del Estado de Yucatán.

El día de la boda, durante su primer baile, Diego se aferró en un abrazo a Víctor como si el momento fuera a escapársele de un momento a otro. Ante la falta de credibilidad hacia sus ojos, aferró los párpados para que los otros cuatro sentidos le confirmasen que estaban los dos juntos, legalmente juntos como esposos, en un espacio en el que solo había miradas de alegría por la escena. Algo le dijo a Víctor que por supuesto no pude escuchar. Sea lo que sea, el mensaje parecía claro para todos los presentes. “Lo logramos”. Tengo la fuerte convicción de que fue eso. “Nunca pensé que estaríamos aquí, en nuestra boda, pero lo logramos”.

Con todo y una sentencia favorable, con todo y que ya poseen un acta de matrimonio, el juicio de amparo y el proceso de ejecución de sentencia significó una revictimización para Víctor y Diego. Si no se lleva el mismo proceso, no se tienen los mismos derechos. Eso sin mencionar que miles de parejas no tienen los medios para llevar un juicio de amparo. A estas alturas no hay forma de votar en contra del matrimonio igualitario si no es porque se cree que existen personas de segunda. Ojalá que, después de diez años, esto haya quedado más que claro para el Poder Legislativo de Yucatán y de los otros estados en los que solo se protege a un tipo de familia.

 

@kalycho

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