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Hojas en el cenicero
Por Carlos Escoffié
Carlos Luis Escoffié Duarte es miembro investigador del Centro de Estudios de Derechos Humanos d... Carlos Luis Escoffié Duarte es miembro investigador del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Yucatán. Litigante independiente en colaboración con distintas organizaciones de derechos humanos, entre ellas Techo México y el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes. Trabajo temas de derecho a la vivienda, derecho a la verdad e igualdad y no discriminación. Iba a ser escritor de ciencia ficción pero me lastimé la rodilla. Twitter: @kalycho. (Leer más)
El Estado y el Diluvio
La lucha contra el cambio climático es también la lucha por darle vida real al derecho humano al medio ambiente, reconocido en muchas constituciones como la nuestra.
Por Carlos Escoffié
13 de mayo, 2019
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Somos David y nos enfrentamos a un goliático diluvio universal llamado cambio climático. ¿Qué hacer ante una embestida omnipresente que ningún ejército o poder político-económico ha podido contener? Entre pretenciosas teorías apocalípticas y la frialdad de los datos que arroja la ciencia, la esperanza de muchos naufraga estos días en espera de encallar. Sin embargo, los efectos de este fenómeno son también un asunto de justicia y, por lo tanto, deben ser entendidos desde las relaciones de poder.

Conforme a datos del gobierno de la Ciudad de México, al menos 20 incendios afectaron esa entidad entre el 10 y 11 de mayo pasados. De ahí una plausible explicación al registro de 137 puntos de ozono en la capital federal, la cual se ubicó –al menos oficialmente- al límite de la Fase 1 de la Contingencia Ambiental. El 11 de mayo también se registraron al menos siete incendios forestales en Morelos y cinco en Jalisco.

En Mérida las temperaturas de los últimos días superaron los 50°C –algunas publicaciones en redes aseguran una sensación térmica máxima de 58°C-. Si bien el ayuntamiento de la capital yucateca anunció que se sancionará a quien no posea al menos un árbol en su casa, esta medida resulta endeble frente a un negligente desarrollo urbano que ha olvidado los espacios verdes, generando interminables plataformas de concreto. Año con año, los termómetros de esa ciudad se esfuerzan por batir sus propios récords.

Pero este repertorio de titulares alarmantes no es exclusivo de México. A principios de mes, el gobierno de Indonesia anunció que se encuentra evaluando la posibilidad de cambiar de capital ante el hundimiento de Yakarta. Si bien el cambio climático no es la única causal de este fenómeno, sí ha sido señalada como una de las principales. Por si fuera poco, países insulares como Kiribati y Tuvalu son abatidos desde hace años por el constante elevamiento del nivel del mar que amenaza con reducirlos a atlantidas modernas.

Desde el Sahel africano hasta Bangladesh se han incrementado los registros de desplazamientos forzados por cuestiones ambientales. La comunidad de Napakiak en Alaska se ha movido de ubicación dos veces –gente, casas e incluso cementerio- debido a la erosión de las costas a causa del cambio climático. Sus habitantes se preparan ya para un tercer traslado.

Nada esperanzador resultan las últimas declaraciones de Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, respecto al futuro de la supervivencia en la tierra: “La paradoja es que a medida que las cosas empeoran en el terreno, la voluntad política parece estar desapareciendo”.

Mitigar –ya no digamos corregir- los efectos de este fenómeno requiere de cambios drásticos y definitivos en múltiples rubros de nuestro día a día: desde el modelo de desarrollo imperante y nuestro nivel de consumo, hasta nuestra alimentación y nuestros esquemas laborales. Frente a este panorama, hablar del papel del derecho y el fortalecimiento institucional pareciera ingenuo. Pero es aún un terreno en el que quedan batallas por librar. Sobre todo en un escenario en el que si bien ninguna alternativa es por sí misma suficiente, todas son en conjunto indispensables.

En países como los latinoamericanos, la corrupción impune y la devaluación de la legalidad no solo han generado pérdidas fiscales y debilidad institucional: también han generado modelos insostenibles de explotación que generan hábitats inhabitables.

La impunidad ambiental en México ha generado modelos de desarrollos hostiles que flagelan a municipios como Hopelchén, Campeche –el cual ocupa el primer lugar en deforestación a nivel nacional-, así como ciudades que se consumen a sí mismas, como ocurre hoy día en Ciudad de México y Mérida, en sus respectivos contextos.

El derecho no es la solución definitiva a nada, pero es un punto de encuentro que puede potenciar todas las demás medidas disponibles. Para transformar la forma en la que habitamos este mundo se necesitan también leyes ambientalmente justas y garantizar que se cumplan. En ese sentido, la lucha contra el cambio climático es también la lucha por darle vida real al derecho humano al medio ambiente, reconocido en muchas constituciones como la nuestra.

Hace poco más de un año, la Corte Suprema de Justicia colombiana generó un hito a nivel Latinoamérica y a nivel mundial: emitió una sentencia de tutela (equivalente al amparo mexicano) reconociendo que diversas autoridades habían violado el derecho al medio ambiente de las generaciones futuras por incumplir sus obligaciones frente al cambio climático, particularmente por el deterioro del Amazonas.

Esto no significa necesariamente un llamado a reproducir la experiencia colombiana y judicializar la lucha ambiental. Como toda acción judicial de alto impacto, esa sentencia (la 4360-2018, para la referencia) abre tantas posibilidades como obstáculos para su correcto cumplimiento. Pero hace un importante llamado a reconocer que, a diferencia de Moisés y las sombras pétreas de Pompeya, tenemos la posibilidad de prevenir la debacle natural desde la arena política: el origen de este proceso de degradación ambiental parte de los pesos y contrapesos del poder ejercido desde las instituciones o de los actores privados que operan con permiso o aquiescencia de éstas.

De manera puntual, los casos de Ciudad de México y de Mérida son botones de muestra de los retos institucionales que deben ser asumidos con urgencia. La Jefa de Gobierno de la capital federal, Claudia Sheinbaum, ha anunciado una revisión y actualización del programa de contingencias ambientales, sin dar aún detalles. En el caso de la capital yucateca, ni la alcaldía de Renán Barrera, ni el gobierno estatal de Mauricio Vila han dado aún propuestas para mitigar los efectos de un desarrollo inmobiliario voraz y una sobrepoblación automovilística que a lo largo de los años parecieran haber generado el calentamiento urbano.

De manera más global, el paisaje nacional y mundial que las noticias han plasmado en las últimas semanas nos obliga a exigir más que nunca el cumplimiento de la principal propuesta de campaña del actual presidente: combatir la corrupción, sin canonjías ni simulaciones. Y eso incluye atender el grave rezago que tenemos en impunidad ambiental.

Combatir el cambio climático es también un acto de justicia social. Y por lo tanto, una lucha política.

@kalycho

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