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Hojas en el cenicero
Por Kalycho Escoffié
Actualmente dirige el Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Ha... Actualmente dirige el Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Ha participado en diversos litigios estratégicos con distintas organizaciones de derechos humanos y comunidades indígenas. Sus principales temas de trabajo son derecho a la vivienda, no discriminación y pueblos indígenas. Iba a ser escritor de ciencia ficción, pero se lastimó la rodilla. Twitter: @kalycho. (Leer más)
Hacia una acción de inconstitucionalidad pública
Debiéramos reconocer el absurdo de que nuestro sistema jurídico permita leyes que por más que se declaran inconstitucionales, siguen siendo aplicadas.
Por Kalycho Escoffié
3 de agosto, 2020
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El pasado miércoles, los ojos del país se centraron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debido al juicio de amparo contra la penalización de la interrupción del embarazo en Veracruz. Entre otros debates que puso sobre la mesa este caso, quisiera hoy retomar uno que pudiera parecer técnico pero que es elemental para la protección de las personas en México: si debieran de existir o no acciones de inconstitucionalidad públicas para facilitar el acceso a la justicia cuando las leyes violan los derechos humanos de la población.

Las acciones de inconstitucionalidad son un mecanismo judicial que tiene como objetivo “desterrar” del sistema jurídico una norma general que contradice nuestra Constitución Federal, de tal manera que no pueda volver a ser aplicada en contra de nadie. Por ejemplo, esto fue lo que ocurrió cuando la SCJN declaró la invalidez absoluta de la entonces Ley de Seguridad Interior, la cual fue demandada con acciones de inconstitucionalidad.

El problema de este mecanismo es que no puede ser presentado por cualquier persona. En términos muy generales, únicamente pueden hacer uso de él -y en determinados casos- la Presidencia de la República, los partidos políticos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los organismos locales de derechos humanos, el Fiscal General de la República (FGR) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), así como el equivalente al 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores o del Congreso de algún estado. El resto de la población, no podemos.

Cuando una ley viola nuestros derechos humanos, quienes no ocupamos ninguno de esos cargos públicos no tenemos más opción que presentar una demanda de amparo. En caso de ganar el juicio, la persona o las personas que firmaron esa demanda quedarían blindadas de la norma inconstitucional, como si recibiesen una especie de “escudo jurídico de protección” contra ella. Sin embargo, esa norma seguiría funcionando para el resto de la población que no ha presentado una demanda de amparo. Esto ocurre, por ejemplo, con las parejas de personas del mismo sexo que desean casarse pero viven en estados como Yucatán, Querétaro o Baja California, en los cuales los Congresos locales no han adecuado sus códigos civiles y familiares a la Constitución Federal. Para casarse tendrían que iniciar un juicio de amparo, el cual sin duda lo ganarían. Pero la definición de matrimonio como la unión de “un hombre y una mujer” seguiría vigente para las demás parejas de mujeres u hombres. Por cada pareja tendría que haber una demanda, un juicio, un expediente y una sentencia, al menos hasta que los Congresos modifiquen su legislación.

Las acciones de inconstitucionalidad, en cambio, tienen un efecto “de raíz”: basta con presentar una y ganarla ante la SCJN para que la norma inconstitucional sea eliminada, no pudiendo afectar a nadie más en el territorio nacional –como ocurrió con la Ley de Seguridad Interior-. ¿No deberíamos plantearnos la posibilidad de que en México existan acciones de inconstitucionalidad populares, que puedan ser presentadas por cualquier persona, al menos en ciertos casos?

Una opción para lograr esto podría ser adoptar un modelo “a la colombiana”, por hacer referencia a la acción de inconstitucionalidad pública que existe en ese país sudamericano. Cualquier persona podría presentar una demanda de este tipo y, en caso de que la SCJN la considere fundada, eliminar del sistema jurídico la norma inconstitucional. Por supuesto, este esquema trae tanto beneficios como retos. Por un lado, le ahorraría al Poder Judicial de la Federación la carga laboral innecesaria hoy producida por juicios de amparo contra leyes ya declaradas inconstitucionales. Por otro lado, esta apertura no es un cambio que deba hacerse a la ligera: requeriría de un fuerte estudio sobre el impacto que pudiese tener en el personal y en los recursos de la SCJN, con el objetivo de garantizar que puedan atender este tipo de demandas sin generar rezago en sus otras actividades.

Otra opción sería crear un modelo “a la mexicana”, retomando los mecanismos ya existentes pero realizando algunos ajustes o “reacomodos”. Podríamos, por ejemplo, establecer como regla que con cinco sentencias que declaren la inconstitucionalidad de una norma se produzca una declaratoria general de inconstitucionalidad automática. Este tipo de declaratoria ya existe pero es potestativa de la SCJN y no una consecuencia obligatoria –de hecho, únicamente ha ejercido esa facultad una vez, en febrero de 2019-. Este esquema podría atender las preocupaciones de quienes no consideran sano que asuntos de gran trascendencia se resuelvan de manera definitiva en una sola oportunidad. Sin embargo, pondría sobre la población la carga de llevar cinco litigios contra una misma ley, la cual seguiría vigente mientras tanto.

Estas son solo algunas consideraciones e ideas detonadoras. Creo que el tema requiere un debate profundo para lograr un modelo garantista y a la vez viable en términos de ingeniería institucional. Pero debemos considerar la posibilidad de una justicia constitucional más accesible, que no dependa de la voluntad de un grupo reducido de autoridades para hacer propias las preocupaciones de distintos sectores sociales. Cuando menos debiéramos reconocer el absurdo de que nuestro sistema jurídico permita “leyes zombies”: aquellas que por más que se emiten sentencias de amparo declarando su inconstitucionalidad, siguen siendo aplicadas como si la justicia les hiciera lo que el viento a Juárez.

@kalycho

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