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Hojas en el cenicero
Por Carlos Escoffié
Carlos Luis Escoffié Duarte es miembro investigador del Centro de Estudios de Derechos Humanos d... Carlos Luis Escoffié Duarte es miembro investigador del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Yucatán. Litigante independiente en colaboración con distintas organizaciones de derechos humanos, entre ellas Techo México y el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes. Trabajo temas de derecho a la vivienda, derecho a la verdad e igualdad y no discriminación. Iba a ser escritor de ciencia ficción pero me lastimé la rodilla. Twitter: @kalycho. (Leer más)
Impunidad: obstáculo para las consultas indígenas
Las consultas indígenas que la nueva administración inicie, así como las que ya se encuentran en desarrollo, requerirán una tolerancia cero a toda acción u omisión que afecte los derechos de los pueblos originarios.
Por Carlos Escoffié
12 de diciembre, 2018
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Por: Carlos Luis Escoffié Duarte

El éxito o fracaso de un proceso de consulta a comunidades indígenas puede deberse a muchos factores. Pero rara vez son azarosos. En muchos casos, las acciones y omisiones de las autoridades encargadas de llevar a cabo el proceso constituyen un auto-sabotaje. El actual gobierno federal ha prometido combatir la corrupción, ser intolerante frente a violaciones a derechos humanos y garantizar plenamente los derechos de los pueblos originarios. Esos tres compromisos lo obligan inevitablemente a observar los procesos de consulta indígena en curso, no solo para identificar malas prácticas con miras a futuro, sino para castigar a los funcionarios responsables de obstaculizarlos y para reparar los daños.

De acuerdo con Impunidad Cero, en México la tasa de impunidad administrativa a nivel federal se encuentra entre el 86.6% y el 92.2%. El 40% de las sanciones impuestas corresponden únicamente a amonestaciones públicas o privadas. Por su parte, el Índice Global de Impunidad México 2018 señala que México es el país con mayor índice de impunidad en el continente americano.

Cuando se trata de actos de corrupción, estas cifras no solo impiden la garantía de derechos como la vida e integridad personal, sino de todo el catálogo de derechos fundamentales. No estoy, por supuesto, develando ningún libro negro: el impacto de la corrupción en su ejercicio ha sido abordado por instituciones públicas como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la cual recientemente abordó el tema en su columna de Animal Político.

Las consultas indígenas que esta nueva administración inicie, así como las que ya se encuentran en desarrollo, requerirán una tolerancia cero a toda acción u omisión que afecte los derechos de los pueblos originarios. Un ejemplo clave a tomar en cuenta -sobre todo para la construcción del Tren Maya-, es el actual proceso de consulta indígena para otorgarle a la empresa Monsanto el permiso de siembra de soya genéticamente modificada en el Municipio de Hopelchén en Campeche.

El pasado 28 de noviembre, diversas comunidades mayas presentaron denuncias ante los Órganos Internos de Control tanto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) como de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en contra de distintos funcionarios de la administración pasada. Entre las personas denunciadas se encuentran Sol Ortiz García –antes titular de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM)- y Marco Antonio Ramírez Velázquez –antes subdirector de Políticas y Normatividad Internacional de la CIBIOGEM-.

Desde el año 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la suspensión del permiso otorgado a la empresa Monsanto hasta que no se concluya el proceso de consulta. Sin embargo, durante los últimos años, las autoridades hoy denunciadas actuaron de manera negligente, omisa e incluso dolosa, en aras de convertir el proceso en un mero trámite para facilitarle el camino a la empresa Monsanto. A pesar de la suspensión del permiso ordenada por la SCJN, las autoridades de CIBIOGEM no han adoptado las medidas necesarias para evitar que continúe la siembra clandestina de soya transgénica. Además, sus actuaciones durante las sesiones del proceso de consulta han sido parciales, encaminadas a obstaculizar y buscando como objetivo prioritario emitir actas de asamblea hechas a modo que les sirvan como formalidad para “acreditar” que se está cumpliendo con la sentencia. Todo esto ha ocurrido sin consecuencias.

Las nuevas autoridades de CONACYT y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas –antes CDI-, así como el resto de las competentes, tendrán que enfrentar cuatro grandes retos frente al caso de la consulta indígena de Campeche. Primero, deberán garantizar que no haya impunidad para las autoridades que, ya sea por negligencia o corrupción, afectaron los derechos de las comunidades en su afán de convertir la consulta en una mera formalidad. Segundo, tendrán que reparar el daño causado. La suspensión de la SCJN ha sido tratado como un mero papel estéril: Campeche sigue plagándose clandestinamente de soya transgénica y de plaguicidas. Además, tendrán que reconstruir el tejido de confianza entre las comunidades mayas afectadas y las instituciones encargadas de llevar la consulta.

Por último, pero no menos importante: tendrán que garantizar que todas las inminentes consultas que se realicen por los próximos seis años aprendan de esta experiencia, sancionando toda acción u omisión de las autoridades que violen los derechos de las comunidades indígenas. Lograr esos cuatro objetivos sería, verdaderamente, una transformación en la relación entre el Estado Mexicano y los pueblos originarios, a quienes hemos excluido durante siglos.

 

@kalycho

 

Impunidad Cero. “Las responsabilidad administrativas en el sistema nacional anticorrupción”, por Luis Darío Ángeles González, abril de 2018, p. 8. Disponible en formato digital a través de este enlace.

Ibidem, p. 7.

IGI-MEX 2018. “La impunidad subnacional en México y sus dimensiones IGI-Mex 2018”, Fundación de la Universidad de las Américas Puebla, Juan Antonio Le Clercq Ortega y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara (coord.), p. 7. Disponible en formato digital a través de este enlace.

CNDH. “Agenda Básica de Derechos Humanos 2018”, pp. 21 y 25. Disponible en formato digital a través de este enlace.

Véase: CIDH. Resolución 1/2018 “Corrupción y derechos humanos”, aprobada en la ciudad de Bogotá, Colombia, en el marco de su 167 período de sesiones, a los dos días del mes de marzo de 2018. Disponible en formato digital a través de este enlace.

CMDPDH. “Corrupción y derechos humanos ¿por qué vincularlos?” por Magdalena Sepúlveda Carmona, publicado en Animal Político el 17 de septiembre de 2018. Disponible en formato digital a través de este enlace.

“Denuncian a funcionarios por violaciones a consulta indígena”, Comunicado conjunto, 28 de noviembre de 2018. Disponible en formato digital a través de este enlace.

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