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Hojas en el cenicero
Por Carlos Escoffié
Carlos Luis Escoffié Duarte es miembro investigador del Centro de Estudios de Derechos Humanos d... Carlos Luis Escoffié Duarte es miembro investigador del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Yucatán. Litigante independiente en colaboración con distintas organizaciones de derechos humanos, entre ellas Techo México y el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes. Trabajo temas de derecho a la vivienda, derecho a la verdad e igualdad y no discriminación. Iba a ser escritor de ciencia ficción pero me lastimé la rodilla. Twitter: @kalycho. (Leer más)
La cabecera, según FONATUR
No son las comunidades mayas quienes destruyen las reservas de la biósfera: son las autoridades que toman decisiones sin consultarles, imponiendo un conocimiento científico sin tomar en cuenta su conocimiento y prácticas tradicionales, tardando más de 20 años en expedir programas de manejo, y haciendo una muy deficiente administración de las áreas por falta de recursos y de personal.
Por Carlos Escoffié
7 de febrero, 2019
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Por: Carlos Luis Escoffié Duarte y Ximena Ramos Pedrueza

Cuenta la voz popular que Napoleón Bonaparte, durante una cena en la residencia de unos acaudalados anfitriones, decidió sentarse en uno de los costados de la larga mesa que los esperaba con los aperitivos. Los desconcertados asistentes no entendían porqué el militar galo había roto con el protocolo que le reservaba un lugar especial en la cabecera (a la cabeza del imperio, a la cabeza de la mesa). Al sugerirle tomar su sitio de honor, el hierático personaje respondió: “la cabecera de la mesa está donde esté yo”.

Como es de imaginarse, la anécdota podría no ser más que un mito. Así lo creemos nosotros. Histórico o no, el relato refleja la diferencia entre una afirmación falsa y un decreto implícito del nuevo orden de las cosas. En la hipotética noche de manteles, Napoleón no ponía a debate dónde estaba físicamente la cabecera de la mesa: indicaba el nuevo punto de referencia sobre el cual tendría que reacomodarse todo el orden previo.

Leer: Tren Maya: el beneficio social compensa el impacto ambiental, justifica FONATUR

Esperamos estar equivocados, pero pudiera ser que algo similar ocurrió durante la reciente entrevista acerca del Tren Maya hecha por Animal Político a Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR). ¿Estaba este funcionario anunciando el nuevo sitio en el que se ubicará la “cabecera” de las consultas indígenas y del derecho ambiental?

A estas alturas, consideramos ocioso hacer un inventario de los criterios legales a nivel internacional y nacional que sustentan la obligación de consultar a las comunidades indígenas de manera previa, libre e informada sobre cualquier proyecto o acción que se realice en sus territorios. La Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos: varias son las fuentes que coinciden, a grandes rasgos, cómo deben de realizarse estos procesos de participación de los pueblos originarios en el desarrollo.

Insistimos: esperamos estar equivocados y arrepentirnos de estas líneas en un par de meses. Pero el hecho de que Jiménez Pons afirme que el Tren Maya es ya un proyecto decidido, pero que se consultará a las comunidades, pero que al mismo tiempo no se consultará para los trayectos en los que ya hay vías, no necesariamente se deba a un desconocimiento de cómo deben ser las consultas indígenas. En México hay ya más de 60 experiencias de este tipo de procesos. ¿Realmente ninguno de sus asesores se ha percatado de esto? ¿Realmente, a pesar de los artículos, comunicados, comentarios y debates académicos generados desde el anuncio del Tren Maya, nadie en FONATUR se ha percatado de que, conforme a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, la consulta debe ser previa al inicio del proyecto? ¿O es que ahora “eso” será un proceso de consulta, por decisión de esa instancia?

Preocupa también que, de la lectura de la entrevista, pareciera que el funcionario estaría considerando al Tren Maya como el esfuerzo prioritario para atender la exclusión histórica en la que se encuentra la mayoría de la población maya en la Península de Yucatán. Bajo la ya rancia falsa dicotomía “desarrollo o pobreza”, postula al proyecto turístico como una medida estratégica que generará una inevitable mejora en la calidad de vida.

No importa si se carecen de elementos para establecer ese nexo causal: la cabecera de la mesa está en ese lado, a pesar que fue ese el mismo discurso sostenido durante la proyección y creación de Cancún. Tras casi 50 años de la creación de la ciudad turística, la consecuencia anunciada como inminente continúa sin avenirse, dejando cifras aún mayores de desigualdad. A pesar de esta experiencia, no se ha optado por explorar opciones alternativas como modelo de desarrollo. Sobre todo para el desarrollo humano.

Ya muchas de las comunidades indígenas han buscado y adoptado alternativas al “desarrollo” que promueve el gobierno, que van desde el ecoturismo comunitario, la pesca sustentable, prácticas agroecológicas, ecotecnias, entre otras. De hecho, es gracias a mujeres y hombres indígenas que hoy podemos disfrutar de bosques, selvas, ríos, manantiales, lagunas, cenotes y hasta semillas como el maíz, pues son quienes se han encargado de cuidarlos.

No son las comunidades mayas quienes destruyen las reservas de la biósfera: son las autoridades que toman decisiones sin consultarles, imponiendo un conocimiento científico sin tomar en cuenta el conocimiento y las prácticas tradicionales, tardando más de 20 años en expedir programas de manejo (como sucedió en la reserva ecológica Yum Balam) y haciendo una muy deficiente administración de las áreas por falta de recursos y de personal, por mencionar algunos ejemplos.

Finalmente, nos sorprende que el titular de una FONATUR asegure que un proyecto va, asumiendo que otras dependencias -como la SEMARNAT, así como los ministerios estatales en materia ambiental- otorgarán todos los permisos para llevarlo a cabo, olvidando que aquellas tienen facultades y obligaciones que no necesariamente se alinean a sus intereses. Sobre todo tratándose de un proyecto de tal magnitud, en el que las autoridades ambientales tienen que tomar en cuenta no solo el tramo de vía férrea que se construirá en ruta a Calakmul, sino realizar una evaluación integral del proyecto como un todo, especialmente en sus impactos sinérgicos y acumulativos. Solo bajo estas condiciones es posible determinar si realmente el proyecto va: si es viable adoptando determinadas medidas de mitigación y compensación, o si definitivamente el proyecto es inviable, teniéndose que cancelar o repensar.

Como mencionamos en un inicio, esperamos estar totalmente equivocados. Pero la duda causada por la entrevista bien vale la pena advertir que no es posible el decreto a la desobediencia de las obligaciones frente a derechos humanos: en materia ambiental y de derechos de los pueblos indígenas, la cabecera está donde esté la protección más amplia. No estamos proponiendo, como señala el titular de FONATUR, un “mayismo falso histórico” o de “modernidades hipster a ultranza”. Lo que proponemos es fortalecer el Estado democrático de Derecho, donde los derechos humanos deben ser el eje del actuar de todas las autoridades.

* Con la colaboración de Ximena Ramos Pedrueza, abogada especialista en derecho ambiental.

 

@kalycho

 

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