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Hojas en el cenicero
Por Kalycho Escoffié
Actualmente dirige el Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Ha... Actualmente dirige el Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Ha participado en diversos litigios estratégicos con distintas organizaciones de derechos humanos y comunidades indígenas. Sus principales temas de trabajo son derecho a la vivienda, no discriminación y pueblos indígenas. Iba a ser escritor de ciencia ficción, pero se lastimó la rodilla. Twitter: @kalycho. (Leer más)
Legisladores de Yucatán: no están por encima de la Constitución
Es inadmisible que un Congreso local decida que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es tan solo un llamado a misa, o que le es ajena la obligación de no emitir ni tolerar cualquier tipo de legislación discriminatoria, como es el caso del matrimonio igualitario.
Por Kalycho Escoffié
29 de abril, 2019
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No todos los asuntos de derechos humanos deben ser resueltos en los tribunales. Pero hay ocasiones en las que el mal ejercicio de las funciones públicas no deja más caminos por tomar. Luego de que el pasado 10 de abril el Congreso de Yucatán rechazara una iniciativa de reforma que permitiría el matrimonio igualitario, un grupo de 36 personas presentamos dos demandas en contra del legislativo de Yucatán. Si bien pareciera un asunto meramente de interés local, el caso es en sí mismo un potencial detonante para algunos debates a nivel nacional.

La primera demanda de amparo fue presentada por el Colectivo por la Protección de Todas las Familias de Yucatán en conjunto con la organización Artículo 19 México. En ella se acusa el carácter antidemocrático de la decisión de la Mesa Directiva del Congreso de Yucatán de votar la reforma por medio de cédulas, impidiendo saber en qué sentido votó cada curul. Tanto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán como de su Reglamento se desprende que la votación por cédula -es decir, secreta- solo puede realizarse para el nombramiento de los miembros de la Mesa Directiva de ese Congreso.

Teniendo en mente ese impedimento legal, es plausible presumir que la motivación para elegir ese esquema encubierto fue evitar el costo político que pudiese generarle a cada diputada y diputado –independientemente de si esté a favor o en contra del matrimonio igualitario-. Curiosamente, la disonancia matemática pareciera evidenciar el temor de revelar la postura propia: a pesar de que la reforma tuvo 15 votos en contra y 9 votos a favor, 11 diputados han dicho que votaron a favor.

El Congreso de Yucatán violó los derechos tanto de quienes apoyamos el matrimonio igualitario como de quienes se oponen a él. No saber en qué sentido votó cada curul impide que las y los gobernados podamos hacer un escrutinio público de las actividades de quienes –al menos teóricamente- nos representan en el Poder Legislativo local. El derecho a la libertad de expresión no implica únicamente el derecho a decir lo que uno piensa, sino a recibir toda información –sobre todo aquella referente a las labores de las autoridades- que sea necesaria para formarse un criterio sobre los asuntos públicos, con el objetivo de participar directa o indirectamente en ellos.

Es decir, la medida defendida en Pleno por el diputado Martín Enrique Castillo Ruz, como miembro de la Mesa Directiva, fue antidemocrática y contraria a los estándares constitucionales e internacionales en materia de libertad de expresión y transparencia activa. Como precedente es en suma preocupante. Una sentencia favorable en el amparo evitaría que se envíe el mensaje de que las y los congresistas pueden ocultar sus decisiones para blindarse de las consecuencias frente a debates públicos álgidos.

El Colectivo por la Protección de Todas las Familias de Yucatán también presentó una demanda en contra del rechazo a la iniciativa de reforma. Es verdad, no en cualquier caso debiera proceder un amparo en contra de la decisión de la mayoría parlamentaria de no aprobar una ley. Pero en esta ocasión existen ciertos elementos que le otorgan un cariz especial.

Por un lado, porque ya hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que acusa de incompatible con los derechos humanos el impedir que las parejas de personas del mismo sexo puedan acceder a las mismas figuras de protección jurídica que las parejas de un hombre y una mujer.

Segundo, porque existe la obligación tanto constitucional como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de adecuar la legislación interna para permitir el pleno goce de los derechos humanos. Esto implica una obligación de hacer dirigida incluso a los Congresos estaduales, como es el caso del yucateco.

Tercero, porque la Constitución Federal prohíbe de manera expresa que las Constituciones de las entidades federativas vayan en contra de la Constitución Federal. En el presente caso, la Constitución Yucateca es la que manifiestamente señala que solo puede casarse un hombre y una mujer, siendo el principal candado que impide que se reforme también el Código de Familia.

Por último, porque no se está solicitando al Congreso que inicie un proceso legislativo, sino que éste ya estaba en curso. Es decir, no puede argumentar como en otras ocasiones que la complejidad del trámite de una reforma exige que se espere hasta que haya condiciones al interior del Poder Legislativo para modificar la legislación: en esta ocasión tuvo entre sus manos la oportunidad de cumplir finalmente con el Pacto Federal. Y se negó a hacerlo.

Es aquí cuando sostengo que el proceso iniciado en el sureste es de alcance nacional: necesitamos reafirmar la vocación constitucionalista de nuestro país. Sobre todo en estos tiempos, la Constitución Federal debe ser el pilar inamovible que defina los límites y alcances de todos los poderes públicos. Es inadmisible que un Congreso local decida que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es tan solo un llamado a misa, o que le es ajena la obligación de no emitir ni tolerar cualquier tipo de legislación discriminatoria.

El Congreso de Yucatán consumó algo que existía desde hace años, pero que hoy asumen como una decisión consciente y deliberada: hay un estado de cosas inconstitucional en la entidad. Más allá de las fronteras en las que convergen Campeche y Quintana Roo, la Carta Magna de la Federación Mexicana encuentra un muro de arbitrariedad que le impide hacerse presente en territorio yucateco. Las diputadas y los diputados locales erigieron un espacio jurídico alterno, en el cual es permitido que las leyes discriminen a las parejas de personas del mismo sexo.

Ojalá el Juzgado Primero de Distrito y el Juzgado Cuarto de Distrito, encargados de resolver ambas demandas, emitan sentencias que confirmen lo que en principio es obvio pero que hoy debe ser una consigna común: nadie, absolutamente nadie por encima de la Constitución Federal.

 

@kalycho

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